Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción

Inicio
 
Imprimir

SUSPENSION PROVISIONAL - Sanción disciplinaria / SUSPENSION PROVISIONAL - No sustentó en debida forma la solicitud

Estudiada la situación presentada por la demandante, que no suministra información precisa sobre las razones que la llevan a impetrar la suspensión provisional de las actuaciones acusadas, más que la afirmación sobre la vulneración al debido proceso, a la legalidad y a la seguridad jurídica, y, confrontada su reclamación con la realidad que brota del expediente,  no es posible establecer de facto una violación o vulneración al ordenamiento jurídico  por razón de las decisiones adoptadas en  primera y segunda instancia dentro del trámite disciplinario que concluyó con la imposición de la sanción allí contenida, ya que de la mera  confrontación normativa  lo evidente es el apego a los principios  que regulan su  expedición. Además, omitió el deber de acreditar, siquiera sumariamente, el perjuicio que la ejecución de los actos le causa, al tenor de lo previsto por el     numeral 3º del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 152

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION A

Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012).

Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00391-00(1501-12)

Actor: MARIA CARLINA URIBE GARCIA

Demandado: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

La Sala precisa que la decisión que se adopta a continuación se halla sustentada en el procedimiento establecido por el Decreto 01 de 1984, en aplicación del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011[1].

Procede la Sala a avocar el conocimiento de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho remitida por competencia por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, Nariño,  y a emitir el pronunciamiento respectivo sobre la admisión  de la demanda y la solicitud de  suspensión provisional, previas las siguientes consideraciones:

En ejercicio de la acción consagrada por el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la señora MARÍA CARLINA URIBE GARCÍA, por conducto de apoderado judicial, demanda la nulidad de la decisión proferida en primera instancia el  6 de Septiembre de 2006 por el  Vice Procurador General de la Nación, por  la cual se impuso una sanción disciplinaria de destitución del cargo que ocupaba como Secretaria Delegataria con funciones de Gobernadora del Departamento de Putumayo y Secretaria de Infraestructura Departamental e inhabilidad general por 13 años,  y de la providencia de segunda instancia dictada el 20 de Octubre de 2006 por la Procuraduría General de la Nación,  por la cual se  confirmó la decisión sancionatoria adoptada en el trámite de la investigación  disciplinaria adelantada en su contra.

Como restablecimiento del derecho reclama la demandante el pago de perjuicios materiales y morales irrogados con ocasión de la sanción impuesta, así como la anulación de las anotaciones disciplinarias realizadas por razón de la sanción impuesta.

Dentro del mismo libelo y en acápite separado[2], solicita la demandante la suspensión provisional de los actos acusados, afirmando de manera genérica que su expedición vulnera el derecho al debido proceso, a la legalidad y a la seguridad jurídica, sin precisar en cada caso las razones de sus afirmaciones.

Para resolver la solicitud de suspensión provisional, se CONSIDERA:

 

De conformidad con el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, para que proceda la suspensión provisional de los actos administrativos es necesario que la transgresión de las normas superiores invocadas surja de manera ostensible, es decir, de la simple comparación entre estas y los actos acusados o con documentos públicos aducidos con el libelo, sin necesidad de profundos razonamientos.

Bajo esta premisa se procede a resolver la solicitud de suspensión provisional del acto acusado:  

Estudiada la situación presentada por la demandante, que no suministra información precisa sobre las razones que la llevan a impetrar la suspensión provisional de las actuaciones acusadas,  más que la afirmación sobre la vulneración al debido proceso, a la legalidad y a la seguridad jurídica, y, confrontada su reclamación con la realidad que brota del expediente,  no es posible establecer de facto una violación o vulneración al ordenamiento jurídico  por razón de las decisiones adoptadas en  primera y segunda instancia dentro del trámite disciplinario que concluyó con la imposición de la sanción allí contenida, ya que de la mera  confrontación normativa  lo evidente es el apego a los principios  que regulan su  expedición. Además, omitió el deber de acreditar, siquiera sumariamente, el perjuicio que la ejecución de los actos le causa, al tenor de lo previsto por el     numeral 3º del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.

En conclusión, el análisis que permite establecer o desestimar la violación alegada, excede los términos de procedencia de la figura procesal solicitada.

Estas breves consideraciones son suficientes para denegar la medida provisional de suspensión ya que no se dan las precisas condiciones exigidas por el artículo 152 citado.

Por lo demás, aprecia la Sala que se dan las condiciones para la admisión de la demanda, ya que se ajusta a los requisitos previstos en los artículos 136  y 137 ibídem,  no se ha estructurado la figura de la caducidad al haber sido formulada la demanda dentro del término previsto por el artículo 136-2 del Código Contencioso Administrativo[3] y no es exigible el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009[4], dada la fecha de presentación de la demanda.

Se dispondrá comunicar a la accionante la renuncia del poder expresado por su apoderado[5], para los fines del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, advirtiendo que esta circunstancia no suspende el trámite del proceso, ya que el renunciante cesa en sus obligaciones tan sólo hasta 5 días después de la comunicación.   No es posible tener como nuevo apoderado de la demandante al abogado CESAR ANDRES SANTOFIMIO GAMBOA, ya que el escrito que reposa al folio 218 carece de la correspondiente nota de presentación personal, como lo exige el artículo 65, armonizado con el artículo 84 ibídem.

Por lo anterior, la Sala,

RESUELVE:

  1. AVOCAR el conocimiento de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho remitido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, Nariño.
  2. ADMITIR LA DEMANDA presentada en ejercicio de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por la señora MARÍA CARLINA URIBE GARCÍA en contra de la Procuraduría General de la Nación.
  3. NOTIFICAR PERSONALMENTE al Procurador General de la Nación, o quien haga sus veces, en la forma prevista por el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo.  
  4. NOTIFICAR PERSONALMENTE al Agente del Ministerio Público.
  5. FIJAR el negocio en lista por el término de diez (10) días, para los efectos previstos en el numeral 5º del artículo 207 ibídem, modificado por el artículo 58 de la Ley 446 de 1998.
  6. DENEGAR la solicitud de SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos acusados, acorde con lo explicado en la motivación anterior.
  7. No hay lugar a solicitar el envío de los antecedentes administrativos de los actos acusados, ya que reposan en el expediente en 33 cuadernos anexos.
  8. REQUERIR   a la parte demandante para que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación del presente auto por estados, consigne en la cuenta respectiva la suma de $13.000.oo con miras a realizar la notificación personal de rigor.  El actor deberá acreditar la cancelación de dicha suma dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo otorgado, so pena del desistimiento de la demanda, al tenor de lo reglado por el inciso segundo del numeral 4º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo.
  9. ACEPTAR la renuncia que del poder conferido por MARÍA CARLINA URIBE GARCÍA hace el abogado JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, acorde con su manifestación contenida en escrito que reposa al folio 219.  Comuníquese esta decisión a la poderdante en la forma señalada en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, advirtiendo al renunciante que los efectos de su manifestación se surtirán con arreglo a la norma en cita, esto es, cinco días después de la correspondiente comunicación.
  10. DENEGAR el reconocimiento de personería para el abogado CESAR ANDRÉS SANTOFIMIO GAMBOA, ya que el escrito que reposa al folio 218 del presente cuaderno carece de la nota de presentación de su poderdante, como lo exige el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 84 ejúsdem.

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN

ALFONSO VARGAS RINCÓN          LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

Relatoria: JORM/Lmr.

[1] Art. 308: "El presente Código comenzará a regir el dos (2) de Julio de 2012.  Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior".(subraya fuera de texto)

[2] Folios 51 a 53.

[3] La decisión de segunda instancia fue notificada a la demandante por edicto el 14 de Noviembre de 2006 (fecha de des fijación del edicto, folio 369 cuaderno anexo) y la demanda fue presentada en sede judicial el 6 de Marzo de 2007 (sello de presentación folio 1 cuaderno principal.

[4] La decisión de segunda instancia fue notificada  personalmente a la demandante  MARÍA CARLINA URIBE GARCÍA el 20 de enero de 2011 (por error se consignó 2010, folio 82), formuló solicitud de conciliación prejudicial el 20 de Mayo de 2011 (el último día hábil previo al vencimiento del término de los 4 meses de que trata el artículo 136-2 del Código Contencioso Administrativo), fue declarada fallida el día 11 de Agosto siguiente (constancia que obra a folio 84)  y al día siguiente, 12 de Agosto de 2011, fue presentada la demanda en sede judicial (constancia folio 113 vuelto).

[5] Escrito que obra al folio 219 del presente cuaderno.

Ir al inicio

logoaj
Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©
"Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación"
Última actualización: 8 de julio de 2019

Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.