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DECRETO 753 DE 2019

(abril 30)

Diario Oficial No. 50.940 de 30 de abril 2019

<Entra en vigencia el 30 de octubre de 2019>

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en desarrollo del artículo 2o de la Ley 1918 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 1918 de 2018, se adicionó el artículo 219 C de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), para establecer una inhabilidad en cabeza de las personas que han sido condenadas por la comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de persona menor de 18 años, establecidos en el Título IV de dicha ley, para desempeñar cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

Que la citada norma legal, en su artículo 2o, atribuyó competencia al Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para definir aquellos cargos, oficios o profesiones que teniendo una relación directa y habitual con menores de edad son susceptibles de la aplicación de la inhabilidad por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra los mismos.

Que atendiendo al marco de protección reforzada de los niños, niñas y adolescentes, y la prevalencia de sus derechos sobre los demás, la enunciación de los cargos, oficios, o profesiones afectos a la inhabilidad responde al marco de protección integral, que involucra los ámbitos educativos, culturales, deportivos, recreativos, de salud, religiosos, entre otros.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 3o de dicha ley, le corresponderá al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, recibir de los despachos judiciales que profieran sentencias en última instancia el reporte de las personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y, conforme a la normatividad de hábeas data, administrar la base de datos personales de quienes hayan sido declarados inhabilitados por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra menores de edad, e implementar el mecanismo de consulta en línea que permita el acceso a la información sobre dichos antecedentes judiciales, por parte de las entidades públicas o privadas obligadas, previa y expresamente autorizadas por el ICBF.

Que la solicitud de certificado de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, deberá efectuarse mediante aplicativo virtual que deberá contener la identificación de la persona natural o jurídica solicitante, la naturaleza del cargo u oficio a desempeñar por la persona sujeta a verificación, la autorización previa del aspirante al cargo para ser consultado en las bases de datos, los datos del consultado, la aceptación bajo la gravedad de juramento que la información suministrada será utilizada de manera exclusiva para el proceso de selección personal en los cargos, oficios, profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de 18 años.

Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4o de la Ley 1918 de 2018, el servidor público que omita el deber de verificación en los términos de dicha ley y contrate a las personas que hayan sido condenadas por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra menores de edad, será sancionado por falta disciplinaria gravísima.

Que las entidades públicas o privadas obligadas a consultar en línea los antecedentes judiciales contentivo de las inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que omitan la verificación de los datos del aspirante, serán objeto de sanción consistente en multa equivalente al valor de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual será impuesta por el ICBF mediante el procedimiento sancionatorio regulado por la Ley 1437 de 2011 y recaudada a través de la prerrogativa de cobro coactivo por el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

Que mediante el Decreto 0233 del 1 de febrero de 2012, se modificó parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, y se asignó una nueva función a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, consistente en la organización, implementación y gestión de los mecanismos de consulta en línea que permitan el acceso a la información sobre los antecedentes judiciales que reposen en los registros delictivos.

Que a través del Decreto 019 de 2012, artículo 93 se suprimió el certificado judicial, y en su defecto se habilitó la consulta en línea de antecedentes judiciales (artículo 94), la que a la fecha se encuentra disponible en la página web de la Policía Nacional.

Que para efectos del suministro de algún dato sobre la información registrada en la base de datos correspondiente a la inhabilidad a la que alude el presente decreto, se observará lo establecido en las Leyes Estatutarias 1581 de 2012, y 1712 de 2014 y demás normatividad rectora del tratamiento de datos.

Que de acuerdo con la competencia atribuida en la Ley 1918 de 2018, se

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN DE CARGOS, OFICIOS O PROFESIONES QUE INVOLUCREN UNA RELACIÓN DIRECTA Y HABITUAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. Se consideran como cargos, oficios o profesiones susceptibles de la aplicación de la inhabilidad especial por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, aquellos desarrollados en los ámbitos: educativo, recreativo de cuidado, protección, asistencia, salud, nutrición, bienestar, cultural, religioso, seguridad, entre otros que puedan implicar un trato directo y habitual con los niños, niñas y adolescentes.

Para efectos del presente Decreto, se entenderá por trato directo y habitual con niños, niñas y adolescentes, aquella interacción o trato personal o a través de cualquier medio tecnológico, que se genere en el ejercicio del empleo, oficio o profesión que comporte un contacto con los menores de edad que tenga carácter habitual, es decir, que se genere con frecuencia.

Se relacionan a continuación de manera enunciativa algunos de los cargos, oficios o profesiones afectos a la inhabilidad, a saber:

1. Docentes, directivos docentes, coordinadores, orientadores, personal administrativo y demás vinculado a instituciones de educación formal (inicial, preescolar, básica primaria o secundaria, media o superior).

2. Formadores, instructores y demás personal vinculado a educación para el trabajo y el desarrollo humano (antes denominada educación no formal).

3. Personal de atención directa al público en servicios culturales, de recreación y deporte, entre otros (Ludotecas, bibliotecas, parques, clubes deportivos o centros de diversiones).

4. Personal de transporte escolar.

5. Personal de atención directa al público en servicios de hotelería y turismo.

6. Agentes educativos institucionales y comunitarios de modalidades y estrategias enmarcadas en el servicio público de bienestar familiar, bien sea en prevención o protección (Incluye Hogares de Paso y servicios de Albergue y Cuidado).

7. Personal médico, de psicología, de enfermería, odontología o demás personal de salud, de atención directa al público.

8. Personal de servicios de limpieza de atención directa y similar.

9. Sacerdotes, pastores, catequistas y guías espirituales.

10. Personal de ventas y comercio, de atención directa al público (Más aún cuando se trata de almacenes cuyo público objetivo es población infantil).

11. Personal de servicios de cuidados personales en ámbito institucional o a domicilio, (incluye auxiliares de enfermería, acompañantes o cuidadores especializados en la atención de personas).

12. Agentes de protección y seguridad. (Incluye personal vinculado a empresas de seguridad privada, servicios de logística y seguridad en eventos públicos, otros).

13. Personal civil vinculado a cuerpos de salvamento y defensa de la población (Defensa Civil, Bomberos, otros).

PARÁGRAFO. Los cargos, oficios o profesiones enunciados con antelación, pueden ser ejecutados tanto en el seno de una relación de carácter remunerado, como bajo la figura del voluntariado, es decir, de la participación no remunerada en una causa o actividad que desarrolla una entidad pública o privada.

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ARTÍCULO 2o. ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS OBLIGADAS A CONSULTAR EL CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El ICBF, en el marco de sus competencias constitucionales y legales y de acuerdo con la definición efectuada en el artículo anterior, sobre los cargos, oficios o profesiones que involucran una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes, autoriza a las entidades públicas y privadas a consultar en línea el registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales contra los mismos, en los procesos de selección de su personal, en aquellos empleos que se desarrollen en los ámbitos educativos, recreacionales, de cuidado, protección, asistencia, salud, nutrición, bienestar, cultura, religioso, seguridad, entre otros, en cuyo ejercicio impliquen un trato directo y habitual con menores de edad.

PARÁGRAFO 1o. Se encuentran legitimados para hacer la consulta en línea del registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en términos de lo establecido en la Ley 1918 de 2018, las entidades públicas y privadas. Por tanto las consultas que se efectúen desconociendo el régimen general de protección de datos personales, a voces del parágrafo 3, artículo 5o ibídem, serán sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal y disciplinaria a la que haya lugar.

PARÁGRAFO 2o. Será responsabilidad de las entidades públicas y privadas obligadas a consultar el registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales contra niños, niñas y adolescentes, obtener la autorización previa, expresa y escrita del aspirante al cargo, u oficio, la cual deberá reposar dentro de la documentación correspondiente al proceso de selección dirigido a su vinculación laboral, contractual o reglamentaria, según el caso.

La omisión en la obtención de la autorización del titular de la información, dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el parágrafo 3 del artículo 5o de la Ley 1918 de 2018.

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ARTÍCULO 3o. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE NO CONSULTEN EL CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. La imposición de la sanción de multa equivalente al valor de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las entidades públicas o privadas que omitan la consulta en línea de la inhabilidad por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales contra niños, niñas y adolescentes al momento previo a la selección de su personal, o su actualización cada cuatro meses posteriores al inicio de la relación contractual, laboral o reglamentaria, será impuesta previo agotamiento del procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el Capítulo III del Título III de la Parte Primera de Ley 1437 de 2011, según reglamentación que expida sobre el particular el ICBF.

La graduación de la sanción de multa a que refiere el artículo 5o de la Ley 1918 de 2018, se fijará, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, en cuanto resulten aplicables.

El valor de las multas será recaudado por el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional a través de la prerrogativa de cobro persuasivo y coactivo, e incorporado al Presupuesto de la entidad encargada del funcionamiento y promoción del registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Los actos administrativos sancionatorios expedidos por el ICBF serán remitidos siguiendo el procedimiento establecido en circular expedida por el ICBF y el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

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ARTÍCULO 4o. FORMA DE ADMINISTRAR EL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. Corresponde al Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional - Dirección de Investigación Criminal e Interpol, administrar la base de datos de quienes hayan sido sancionados con inhabilidad por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

En desarrollo de dicha función, le corresponderá organizar, actualizar y conservar los registros, una vez reciba copia de la sentencia condenatoria ejecutoriada en la que se imponga como sanción la inhabilidad que para el efecto deberán remitirle las autoridades judiciales competentes, conforme a la Constitución Política y a la ley.

PARÁGRAFO 1o. En la consulta en línea de antecedentes judiciales, se implementará una sección especial que permita el acceso a la información sobre estas inhabilidades, garantizando que la información contenida en las bases de datos mantenga los niveles de seguridad requeridos, la cual estará habilitada al momento de entrada en vigencia del presente Decreto.

PARÁGRAFO 2o. Con la consulta en línea de los antecedentes judiciales por parte de los funcionarios de las correspondientes entidades, se entiende aceptada bajo la gravedad de juramento, que la información suministrada será utilizada en forma exclusiva para el proceso de selección de personal al que alude el presente decreto.

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ARTÍCULO 5o. FUNCIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL REGISTRO DE INHABILIDADES. La Policía Nacional en su anteproyecto de presupuesto, asignará la apropiación para el funcionamiento y la promoción del registro de inhabilidades con los recursos recaudados correspondientes a las multas impuestas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en consonancia con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 5o de la Ley 1918 de 2018.

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ARTÍCULO 6o. VIGENCIA. El presente Decreto entrará en vigencia seis (6) meses después de la fecha de su publicación, tiempo durante el cual se llevará a cabo su socialización y pedagogía.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2019

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Defensa Nacional,

Guillermo Botero Nieto.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

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Última actualización: 8 de julio de 2019

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