Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00320-00 (Principal)
11001-03-28-000-2022-00321-00 (Acumulado)
11001-03-28-000-2022-00322-00 (Acumulado)
11001-03-28-000-2022-00324-00 (Acumulado)
Demandante: GIOVANNY RAFAEL DECOLA VÁSQUEZ, PAMELA
MELISSA HERNÁNDEZ CABRERA, MARÍA ANGÉLICA
GARCÍA SARMIENTO Y NICOLÁS YOUN DÍAZ
Demandado: ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA ? MAGISTRADO
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Temas: Requisitos para ser magistrado del Consejo Nacional
Electoral. Los extremos temporales inicial y final para
verificar el cumplimiento del requisito de experiencia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control
de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, promovido
por Giovanny Rafael Decola Vásquez, Pamela Melissa Hernández Cabrera, María
Angélica García Sarmiento y Nicolás Youn Díaz, contra la elección de Altus
Alejandro Baquero Rueda como magistrado del Consejo Nacional Electoral.
I. ANTECEDENTES
Los ciudadanos Giovanny Rafael Decola Vásquez, Pamela Melissa Hernández
Cabrera, María Angélica García Sarmiento y Nicolás Youn Díaz, instauraron
demandas con radicados 11001-03-28-000-2022-00320-00 (Principal),11001-03-
28-000-2022-00321-00, 11001-03-28-000-2022-00322-00 y 11001-03-28-000-
2022-00324-00, respectivamente, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del acto de
elección del señor Altus Alejandro Baquero Rueda como magistrado del Consejo
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1
Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
Nacional Electoral, contenida en el acta del 30 de agosto de 2022 expedida por el
Congreso de la República .
1.1 Hechos comunes a los procesos acumulados
Informan los demandantes en sus escritos introductorios, que el Congreso de la
República expidió la Resolución 04 del 11 de agosto de 2022, por medio de la
cual se convocó a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, o
a las coaliciones que llegasen a conformarse para dichos efectos, con el fin de
que postularan sus candidatos en orden a proveer los cargos de magistrado del
Consejo Nacional Electoral, conforme lo dispone el artículo 264 de la Constitución
Política. Así mismo, en esta resolución se estableció el cronograma que regiría el
proceso de elección, cuyas actividades y fechas se transcriben, para una mejor
ilustración:
Mediante Resolución 05 de 11 de agosto de 2022, el Congreso modificó el acto
de convocatoria, con el fin de precisar que la postulación que debían efectuar los
partidos o movimientos políticos o las coaliciones que se conformaran para tal
efecto, debía recaer sobre «al menos dos candidatos». Posteriormente, a través
de la Resolución 06 de 18 de agosto de 2022, se varió la fecha para llevar a cabo
1
Publicada en la Gaceta del Congreso 1185 de 3 de octubre de 2022.
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2
Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
la elección de los magistrados del CNE, por lo que se dispuso para el 24 de agosto
de 2022, a las 9:00 a. m.
En el marco de esta convocatoria, los partidos Colombia Humana, Movimiento
Alianza Democrática Amplia, Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS),
Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica UP, Liberal Colombiano,
Conservador Colombiano, Partido de la Unión por la Gente - Partido de la U,
Cambio Radical, Alianza Verde, Comunes, Alianza Social Independiente (ASI),
Nuevo Liberalismo, Liga de Gobernantes Anticorrupción - Liga, MIRA, Movimiento
de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Colombia Justa Libres, Colombia
Renaciente, Dignidad y Partido Demócrata Colombiano, decidieron postular bajo
la figura de la coalición de partidos y movimientos políticos a diferentes candidatos
de esas colectividades que integrarían una plancha única, para lo cual, cada una
de estas organizaciones escogieron sus aspirantes, conforme a sus mecanismos
internos.
Para tal efecto, el Partido Liberal Colombiano, mediante las Resoluciones 7134
del 10 de agosto; 7135 de 12 de agosto y 7136 de 16 de agosto, todas de 2022,
expidió las reglas internas para la escogencia de sus aspirantes que serían «los
dos (2) candidatos con las mejores votaciones en orden de mayor a menor»,
según la votación interna efectuada por los parlamentarios de dicha colectividad.
Este proceso de escogencia se llevó a cabo el 17 de agosto de 2022, arrojando
el siguiente resultado: Benjamín Ortiz Torres: 46 votos, Altus Alejandro Baquero
Rueda: 38 votos, Harry Giovanny González García: 7 votos, Ángel María Preciado
Vidal: 2 votos. Por esta razón, fueron postulados los señores Benjamín Ortiz
Torres y Altus Alejandro Baquero Rueda, en representación de la citada
colectividad.
Se informa en las demandas, que el 24 de agosto de 2022, las comisiones
conjuntas de acreditación documental del Senado de la República y de la Cámara
de Representantes, expidieron el documento denominado «Dictamen de las
Comisiones de acreditación documental del Congreso de la República, dentro de
la revisión de las hojas de vida de los postulados al cargo de magistrado del
Consejo Nacional Electoral para el período 2022-2026». En este documento se
afirma que el señor Altus Alejandro Baquero Rueda «CUENTA CON MÁS DE 15
AÑOS» de experiencia profesional que lo habilita para participar de esta elección.
En este orden, señalan que el 30 de agosto de 2022, fecha finalmente convocada
para la elección de los magistrados, ante el pleno del Congreso de la República,
se leyó el citado dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de acreditación
documental. Seguidamente, el secretario general del Congreso procedió a
informar cuáles eran las planchas presentadas por los diferentes partidos y
movimientos políticos, de forma individual y por coaliciones, para la elección los
magistrados del CNE, precisando que fueron inscritas las siguientes: plancha 1
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3
Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
por coalición de partidos, como anteriormente se describió, y plancha 2 por el
partido Centro Democrático.
Precisado lo anterior, los congresistas procedieron a realizar la respectiva
votación, arrojando como resultado 254 votos por la plancha uno (1) y 31 votos
por la plancha dos (2), siendo la cifra repartidora 28.22 votos, en consideración a
lo cual, fueron elegidos los siguientes postulados:
Aspirantes elegidos como magistrados
del CNE
2
Presentada por los partidos políticos: Colombia Humana, Movimiento Alianza Democrática
Amplia, Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Polo Democrático Alternativo, Unión
Patriótica UP, Liberal Colombiano, Conservador Colombiano, Partido de la Unión por la Gente -
Partido de la U, Cambio Radical, Alianza Verde, Comunes, Alianza Social Independiente (ASI),
Nuevo Liberalismo, Liga de Gobernantes Anticorrupción - Liga, MIRA, Movimiento de Autoridades
Indígenas de Colombia (AICO), Colombia Justa Libres, Colombia Renaciente, Dignidad y Partido
Demócrata Colombiano.
3
Presentada por el partido político Centro Democrático.
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4
Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
Fabiola Márquez Grisales
Benjamín Ortiz Torres
Alfonso Campo Martínez
Cristian Ricardo Quiroz Romero
César Augusto Lorduy Maldonado
Alba Lucía Velásquez Hernández
Maritza Martínez Aristizábal
Altus Alejandro Baquero Rueda
Álvaro Hernán Prada Artunduaga
1.2 Cargos formulados en las demandas acumuladas
Como quiera que los cargos que se plantean en algunas demandas, resultan
comunes, seguidamente se tratarán, de forma conjunta, los motivos de
impugnación, para que haya una mayor claridad al resolver el asunto sometido a
consideración de la Sala.
- El demandado no cumplió el requisito de los 15 años de experiencia
profesional previsto en los artículos 264 y 232 de la Constitución
Política
Este cargo se planteó, en similares términos, en los procesos con radicado 2022-
00320-00, 2022-00321-00, 2022-00322-00 y 2022-00324-00, en los cuales se
aduce que el acto acusado desconoció los artículos 264 y 232 de la Constitución
Política, conforme a los cuales, quien aspire a ser magistrado del Consejo
Nacional Electoral, debe cumplir con las mismas calidades y requisitos para ser
magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Específicamente, se debe acreditar
15 años de experiencia en la «Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber
ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la
cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos
oficialmente».
Particularmente, en la demanda con radicado 2022-00320-00 se precisa que, para
efectos de computar el requisito de experiencia, debe tenerse en cuenta que el
parágrafo 1º del artículo 128 de la Ley 270 de 1996 prescribe que la experiencia
para el desempeño de cargos de funcionarios de la rama judicial es aquella
adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades
jurídicas. Además, el artículo 24 del Decreto 196 de 1971 dispone que «no se
podrá ejercer la profesión de abogado ni anunciarse como tal sin estar inscrito y
tener vigente la inscripción», norma esta última que debe preferirse a la primera,
en tanto el artículo 5°, numeral 1° de la Ley 57 de 1887, estatuye que «La
disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general».
4
Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía.
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5
Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
Bajo esta última tesis, el demandante destaca que, según la certificación 459006
del 16 de agosto de 2022, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, la
tarjeta profesional del señor Altus Alejandro Baquero Rueda, correspondiente al
número 161.616, fue expedida el 20 de septiembre de 2007, y dado que la fecha
de cierre para la postulación de candidatos a ser magistrado del Consejo Nacional
Electoral correspondió al 17 de agosto de 2022, se concluye que era imposible
para el demandado cumplir con los 15 años de experiencia. Por lo tanto, así el
señor Baquero Rueda hubiere laborado en actividades propias del ejercicio de la
profesión de abogado, de manera ininterrumpida, desde el 20 de septiembre de
2007, fecha de expedición de su tarjeta, hasta el día de su inscripción, le habrían
faltado 33 días para completar el requisito en mención.
Agrega que, aun acogiendo la tesis que sustentan los otros demandantes, en el
entendido de que la experiencia debe contabilizarse a partir de la obtención del
título de abogado, le faltarían cinco (5) días para completar los quince (15) años
de experiencia profesional, tal como lo exige la norma constitucional, pues la
fecha del acta de grado es del 22 de agosto de 2007.
De otra parte, en el proceso 2022-00320-00 se afirma que el señor Altus Alejandro
Baquero, al momento de ser postulado, allegó una hoja de vida en la que se
consignan veintidós (22) certificaciones que sustentan la experiencia laboral que
nunca fue reportada en la hoja de vida inscrita con anterioridad en el SIGEP . Por
ejemplo, al momento de iniciar labores como director técnico de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (06- sep-2016 ? 28-feb-2017), el
demandado informó, en dicho sistema, que su primera vinculación fue con la
Registraduría Nacional del Estado Civil (17-en-2008 ? 30-jun-2008); sin embargo,
sorpresivamente, desde el 9 de septiembre de 2020, en el SIGEP II, figura como
primer empleo aquel desarrollado en la empresa ENERGEX S.A (01-jul-2007 ?
10-ene-2008), de la cual no existe información alguna en el Registro Único de
Afiliados ? RUAF, pese a haber relacionados otros diez (10) empleos vinculados
con la misma sociedad, por lo que concluye que dichos documentos son falsos .
Finalmente, los demandantes en los procesos 2022-00320-00 y 2022-00322-00,
en similares términos, alegan que hay otras tres (3) vinculaciones laborales con
la empresa «Fortaleza Legal SAS», cuyo representante legal es la señora Mónica
Andrea Lozano Torres, las cuales no corresponden a la realidad, pues se trata de
una sociedad ubicada en la ciudad de Florencia ? Caquetá, lugar donde jamás ha
residido ni ha estado domiciliado el demandado. Tampoco, en los trabajos
anteriores, reportó estas experiencias en la hoja de vida. De otro lado, agregan
5
6
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
Esta presunta y puntual irregularidad frente a la experiencia del demandado también es alegada
por el demandante del proceso 2022-00322-00
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6
Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
que la señora Lozano Torres certificó ocho (8) vinculaciones adicionales que le
acreditan el ejercicio profesional como abogado cumplidas en la oficina particular
de esta última, de las cuales no hay registro anterior en el SIGEP ni aportes al
sistema de seguridad social que permita dar crédito a esas certificaciones.
En suma, se adujo que ninguna de esas veintidós (22) certificaciones de
experiencias laborales pueden ser tenidas en cuenta, pues a pesar de que
refieren a que laboró como abogado, no tienen ningún soporte; en otros casos,
no se certificaron las funciones u obligaciones de los cargos que se aducen, por
lo tanto, son irregulares y puede tratarse de una falsedad. El demandado,
entonces, tan solo acreditó un total de 14 años, 1 mes y 27 días.
- Se desconocieron los artículos 13, 209 y 127 de la Constitución
Política y 60 de la Ley 5 de 1992 al elegir al demandado
El demandante del proceso 2022-00320-00 señaló que al haberse elegido al
señor Baquero Rueda en las condiciones anotadas, se vulneró el derecho de
igualdad previsto en el artículo 13 superior, pues se le dio un trato preferente, sin
justificación alguna, frente a los demás participantes del proceso de selección.
Además, se desconocieron los principios de transparencia, eficacia e
imparcialidad previsto en el artículo 209 de la Carta, en la medida que el
demandado, en su calidad de secretario general de la Defensoría del Pueblo,
tenía la facultad de nombrar o contratar familiares o allegados de los congresistas.
De esta manera, se advierte que pudo haber existido presión sobre los
congresistas que intervinieron en su elección, por lo que se concluye que sobre
el señor Altus Baquero pesaba una inhabilidad para postularse y ser elegido
magistrado del CNE.
De otro lado, se afirma que el señor Baquero Rueda, en su condición de servidor
público, le estaba vedado participar en política y su postulación no era otra cosa
que una clara, necesaria e inexorable intervención en política partidista, en tanto
fue propuesto finalmente por el Partido Liberal Colombiano. Por lo tanto, se
vulneró el artículo 127 constitucional que prohíbe a los empleados públicos
participar de las actividades de los partidos y movimientos políticos.
Por último, se indicó que en la sesión plenaria del 30 de agosto de 2022 del
Congreso de la República, fecha en que fueron elegidos los magistrados, fue leído
el informe de la Comisión de Acreditación Documental Conjunta. Sin embargo, su
dictamen jamás fue evaluado y menos votado por la corporación legislativa, tal
como lo dispone el artículo 60 de la Ley 5 de 1992, lo cual puede verificarse en el
acta de dicha sesión, entre los minutos 2:04:10 y 2:14:03 del vídeo completo de
esta.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
- Desconocimiento de la cuota de género por parte del Partido Liberal
al postular sus candidatos para proveer el cargo de magistrado del
CNE
En el proceso 2022-00321-00, la parte actora anotó que, mediante oficio de 17 de
agosto de 2022, el Partido Liberal Colombiano envió al Congreso de la República
la lista de postulados para proveer el cargo de magistrado del Consejo Nacional
Electoral, la cual estaba compuesta por dos (2) hombres, a saber: a) Benjamín
Ortiz Torres y, b) Altus Alejandro Baquero Rueda. Así mismo, en caso de
presentarse alguna novedad, presentaron como candidatos suplentes en su
orden, a Harry Giovanny González García y Ángel María Preciado Vidal. De este
modo, se desconoció la cuota de género de que trata la Ley 581 de 2000, pues el
partido en comento postuló solo candidatos hombres, desconociendo el esfuerzo
que se ha hecho por el reconocimiento de la mujer en los altos cargos del Estado.
Incluso si el referido partido hubiere postulado a una mujer, en la lista supletoria,
tampoco habría cumplido la carga, por cuanto debió incluirse dicha representación
en la lista principal, lo anterior para garantizar la efectiva participación femenina
en este proceso de elección.
- Configuración de una posible inhabilidad
El demandante del proceso 2022-00322-00 indicó que se presentó la irregularidad
anteriormente reseñada en razón a que no se aplicaron, en debida forma, las
disposiciones que regulan los requisitos para ser magistrado del Consejo Nacional
Electoral, por lo que se quebrantó el artículo 40 Superior y el 23.c. de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, a pesar de que la
Constitución Política señala un mínimo de experiencia profesional de 15 años
para ejercer dicho cargo, en tanto el artículo 264 superior exige los mismos
requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se eligió al señor
Altus Alejandro Baquero Rueda, sin acreditar dicha experiencia.
De otra parte, coincide con el demandante del proceso 2022-00324-00 al señalar
que el acto de elección desconoce a su vez el artículo 5º de la Ley 190 de 1995,
que establece el deber de revocar los nombramientos cuando no se cumple con
los requisitos legales ; lo anterior, por haberse realizado el nombramiento del
7
ARTÍCULO 5o. En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o
empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el
cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se
procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la
infracción.
Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentación falsa para sustentar la
información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria
a que haya lugar, el responsable quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3)
años.
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11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
señor Altus Alejandro Baquero Rueda como magistrado del Consejo Nacional
Electoral, sin el lleno de los requisitos de ley. Además, se aportó documentación
presuntamente falsa para sustentar la información suministrada en la hoja de vida,
razón por la cual, estaba incurso en la causal de inhabilidad a que se refiere dicha
norma.
- Falsa motivación y expedición irregular
La parte actora en el proceso 2022-00322-00 mencionó que es evidente que el
acto de elección del señor Altus Alejandro Baquero Rueda, como magistrado del
Consejo Nacional Electoral, está incurso en «falsa motivación», por cuanto no
corresponde a la realidad que el demandado cumplía con el mínimo de
experiencia profesional de quince (15) años, tal como lo exige la norma
constitucional. A través de la certificación expedida por la Comisión de
Acreditación Documental del Congreso de la República se materializó dicha
irregularidad en tanto se incorporó un presupuesto espurio que constituye un vicio
de validez del acto de elección, esto es, la falsa motivación, al tenerse por
satisfecho un requisito que no se encontraba cumplido.
La parte actora del proceso 2022-00324-00, en su escrito introductorio manifestó,
en relación con este mismo aspecto, que se configuró una «expedición irregular»
del acto de elección, pues no se aplicó, en debida forma, las normas superiores
que establecen los requisitos para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral,
pues el señor Altus Alejandro Baquero Rueda fue elegido sin acreditar la
experiencia mínima exigida, lo cual, de paso, constituye una posible inhabilidad.
1.3 Contestaciones de la demanda
1.3.1 Demandado ? Altus Alejandro Baquero Rueda
Mediante apoderado el demandado se opuso a las pretensiones de la demanda
conforme a los siguientes argumentos:
En primer lugar, señaló que el requisito de experiencia para ser elegido miembro
del CNE, fue debatido en la sentencia del 9 de marzo de 2017, que resolvió la
nulidad de la elección del defensor del pueblo, en el cual se tuvo como punto de
partida, para contabilizar el extremo inicial, la terminación de materias. En efecto,
trae a colación el siguiente apartado «[comoquiera que] el demandado terminó
materias el 6 de junio de 1987, la experiencia profesional que se tendrá en cuenta
es la que adquirió a partir de esa fecha, relacionada con la profesión de
8
Actuaciones 57 (Proceso 2022-00320-00), 29 (Proceso 2022-00321-00), 59 (Proceso 2022-
00322-00) y 39 (Proceso 2022-00324-00) del sistema de gestión judicial SAMAI.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
abogado» , por lo que estima que este debe ser el parámetro a tener en cuenta
en el presente caso.
Sin embargo, agrega que de no acogerse este pronunciamiento, debe tener en
cuenta que el parágrafo del artículo 128 de la Ley 270 de 1996, prevé que la
experiencia profesional para cargos de funcionarios en la rama judicial, aplicable
a los magistrados del CNE, por remisión expresa del artículo 264 de la Carta, es
aquella adquirida desde la fecha de obtención de título de abogado. En
consecuencia, el argumento del demandante, según el cual, el límite inicial de la
experiencia profesional contabilizada a partir de la expedición de la tarjeta
profesional, no tiene fundamento alguno.
Así mismo, relacionó cada una de las certificaciones aportadas con su postulación
para el cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral, para precisar que, el
demandado contaba con una experiencia profesional de abogado de quince (15)
años y noventa y cinco (95) días, desde la terminación de sus materias y hasta la
fecha de la elección, y, subsidiariamente, de quince (15) años y ocho (8) días
desde la obtención de su título profesional y hasta la fecha de la elección en
cuestión. Así mismo, que no podían desestimarse estos documentos por el hecho
de que no se hubiere acompañado el soporte de pago de aportes a seguridad
social, salarios, comprobantes, cheques o copia de contratos de prestación de
servicios, ni mucho menos que estos fueran falsos por no estar publicados con
anterioridad en la hoja de vida alojada en el SIGEP.
De otra parte, respecto al trámite previsto en la ley 5 de 1992, sobre el
sometimiento del informe de la Comisión de Acreditación Documental a la
aprobación del Congreso de la República señaló que este se realizó el 3 de
octubre de 2022, según reza en la Gaceta del Congreso de dicha fecha, edición
año XXXI ? 1185 (Anexo 6), a folio 28.
En segundo lugar, respecto de la supuesta inhabilidad derivada de la posible
incursión en la prohibición de participar en política, prevista en el del artículo 127
superior, señaló que no existe ninguna causal de inelegibilidad para quien, siendo
empleado público, aspire a ser elegido magistrado del CNE. En este orden,
agrega que el demandante confunde la actividad legítima en procura de ser
postulado para integrar este órgano constitucional, con la conducta prohibitiva de
participar en las controversias políticas de que trata el artículo 127 constitucional.
Tampoco su condición de secretario general de la Defensoría del Pueblo, con
facultad nominadora, constituyó una inhabilidad, ni siquiera en el hipotético caso
de que se hubiere utilizado su cargo para promocionar su candidatura, como
9
Consejo de Estado, sentencia del 9 de marzo de 2017, MP Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad.
11001-03-28-000-2016-00064-00 (Acto de elección del Defensor del Pueblo).
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
erróneamente concluye el demandante. Agrega, que esta censura, por demás, es
falaz, en tanto carece de toda prueba.
En tercer lugar, respecto del alegado desconocimiento de la ley de cuotas, dijo
que tal garantía no resulta aplicable al presente caso, por cuanto la Sala Electoral
mediante providencia del 30 de mayo 2019, radicación 11001-03-28-000-2018-
00608-00 (2018-00609-00 y 2018-00626-00), MP Alberto Yepes Barreiro, indicó:
«el abanico de candidatos se constituye por el número de planchas que los
partidos o movimientos políticos con personería jurídica, presenten a
consideración de la plenaria del Congreso, lo que impone concluir que en la
postulación de candidatos intervienen varias voluntades y, por ende, la inclusión
de mujeres no es una obligación inexorable».
Finalmente, anotó que la nulidad electoral, como medio de control abstracto de
legalidad, tiene también un «mínimo e irreductible carácter subjetivo» por lo que
bien puede acudirse a los postulados de la buena fe y la confianza legítima para
definir este asunto, las cuales no han sido ajenas a la jurisprudencia de la Sección
Quinta. En tal sentido, alegó que el señor Altus Baquero Rueda actuó bajo la firme
convicción de que cumplía los requisitos legales para ser elegido magistrado del
Consejo Nacional Electoral y la confianza legítima que le generó el concepto
radicado 20226000240691 del 5 de julio de 2022, proferido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.
1.3.2 Congreso de la República
10
El secretario general del Senado de la República, actuando en nombre del
Congreso de la República, se pronunció frente a las pretensiones en los
siguientes términos:
Alegó que contrario a lo señalado por la parte demandante, el señor Altus
Alejandro Baquero Rueda acreditó más de quince (15) años de experiencia
profesional, desde el grado como abogado (22 de agosto de 2007) hasta el
momento en el que fue elegido magistrado del Consejo Nacional Electoral (quince
(15) años y ocho (8) días). Para el efecto, precisó que tal información podía
constatarse con la hoja de vida aportada al proceso de elección y que se adjunta
con la contestación de la demanda.
Destacó que, si bien el demandante se extiende en su argumentación sobre la
presunta falsedad de algunas certificaciones aportadas, con fundamento en que
presuntamente aparecieron recientemente en su historial laboral, lo cierto es que
se trata de un argumento falaz, en razón a que el hecho de que no hubieran sido
10
Actuaciones 56 (Proceso 2022-00320-00) y 37 (Proceso 2022-00324-00) del sistema de gestión
judicial SAMAI.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
aportadas tales constancias de manera previa no implica que deban considerarse
falsas. De ser así, se desconocería la presunción de buena fe y de autenticidad
de las actuaciones particulares; además, no existe en el plenario ni siquiera una
prueba sumaria que pueda dar cuenta de la falsedad de los antecedentes
profesionales allegados por el señor Baquero Rueda al Congreso de la República,
sino tan solo conjeturas y suposiciones del demandante.
1.4 Trámite procesal
A continuación, se detallan las actuaciones procesales que dan cuenta cómo la
resolución de la presente litis se ha extendido en el tiempo, en primer lugar, debido
a los trámites adicionales propios de las acumulaciones procesales y, en segundo
término, por la interposición de diferentes mecanismos procesales al cual han
acudido las partes, especialmente el demandado.
1.4.1 Actuaciones previas a la acumulación
El proceso 2022-00320-00, surtió el siguiente trámite: 1) 11/10/2022 - Radicación
demanda; 2) 11/11/2022 - Auto que corre traslado solicitud de medida cautelar; 3)
27/01/2023 - Auto que ordena sorteo de conjuez, porque el proyecto que decreta
la suspensión provisional no obtuvo la mayoría para su aprobación; 4) 07/02/2023
- Sorteo de conjuez; 5) 16/02/2023 - Auto que admite demanda y niega medida
cautelar; 6) 22/02/2023 - Recurso parcial de reposición presentado por Giovanny
Rafael Decola Vásquez; 7) 24/08/2023 - Auto que repone y dispone: «Estarse a
lo resuelto en el auto del 25 de mayo de 2023, en relación con la medida cautelar
de suspensión provisional»; 8) 01/09/2023 - Auto que remite para estudio de
posible acumulación de procesos; 9) 05/09/2023 - Recurso de reposición del
señor Altus con el fin de que no se acumule; 10) 02/10/2023 No repone auto del
01/09/2023.
En el proceso 2022-00321-00 se surtieron las siguientes actuaciones: 1)
12/10/2022 - Radicación demanda; 2) 18/10/2022 - Auto que inadmite demanda
para su corrección; 3) 20/10/2022 - Subsanación; 4) 16/11/2022 - Auto que admite
demanda; 5) 21/11/2022 - Reforma de la demanda; 6) 10/03/2023 - Rechaza
reforma en cuanto cargos nuevos y admite respecto a las pruebas; 7) 01/09/2023
- Auto que remite para estudio de posible acumulación de procesos.
El proceso 2022-00322-00 trasegó así: 1) 12/10/2022 - Radicación demanda; 2)
21/10/2022 - Auto que inadmite demanda; 3) 25/10/2022 - Subsanación; 4)
02/11/2022 - Auto que corre traslado solicitud de medida cautelar; 5) 27/01/2023
- Auto que ordena sorteo de conjuez, porque el proyecto que decreta la
suspensión provisional no obtuvo la mayoría para su aprobación; 6) 07/02/2023 -
Sorteo de conjuez; 7) 17/02/2023 - Auto que ordena pasar al siguiente consejero
en turno, por cuanto el proyecto que decretaba la suspensión provisional no
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
obtuvo la mayoría para su aprobación; 8) 23/02/2023 - Auto que admite y niega la
medida cautelar; 9) 01/03/2023 - Recurso de reposición presentado por María
Angélica García Sarmiento; 10) 03/03/2023 - Salvamento conjunto de los
magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil y Carlos Enrique Moreno Rubio; 11)
14/03/2023 - Al despacho de Luis Alberto Álvarez Parra cuaderno de medidas
cautelares; 12) 14/04/2023 - Auto que remite para estudio de posible acumulación
de procesos; 13) 25/05/2023 - Auto que repone y decreta la medida de suspensión
provisional; 14) 30/05/2023 - Incidente de nulidad presentado por el apoderado
de Altus Alejandro Baquero Rueda; 15) 31/05/2023 - Solicitud de aclaración del
auto presentada por el apoderado de Altus Alejandro Baquero Rueda; 16)
01/06/2023 - Recurso de reposición presentado por el apoderado suplente de
Altus Alejandro Baquero Rueda; 17) 09/06/2023 - Auto que corre traslado de
nulidad; 18) 27/07/2023 - Auto que niega aclaración frente al auto del 25 de mayo
de 2023 por medio del cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra
el auto del 23 de febrero de 2023, que resolvió la solicitud de medida cautelar; 19)
31/07/2023 - Auto que niega la solicitud de nulidad procesal formulada por el
apoderado del señor Altus Alejandro Baquero Rueda; 20) 10/08/2023 - Auto que
rechaza por improcedente el recurso de reposición con del auto de 25 de mayo
de 2023 que decidió el recurso de reposición presentado frente a la providencia
que negó la medida cautelar solicitada.
En el proceso 2022-00324-00 se surtieron las siguientes actuaciones: 1)
13/10/2022 - Radicación demanda; 2) 20/10/2022 - Auto que inadmite demanda;
3) 26/10/2022 - Subsanación; 4) 09/12/2022 - Auto que corre traslado solicitud de
medida cautelar; 5) 24/08/2023 - Auto que admite y dispone: «Estarse a lo
resuelto en el auto del 25 de mayo de 2023, en relación con la medida cautelar
de suspensión provisional»; 6) 19/10/2023 - Auto que remite para estudio de
posible acumulación de procesos.
1.4.2 Actuaciones procesales posteriores a la acumulación de los procesos
Una vez proferido el auto del 26 de octubre de 2023, mediante el cual se
acumularon los procesos, se llevó a cabo la diligencia de sorteo de ponente,
correspondiéndole al Dr. Luis Alberto Álvarez Parra continuar con la sustanciación
conjunta de los expedientes. Después, el magistrado sustanciador, expidió el
auto del 16 de noviembre de 2023 , en el que dio aplicación a la figura de la
sentencia anticipada y adoptó las siguientes decisiones:
- Fijó el litigio en los términos que más adelante se precisarán.
- Incorporó formalmente las pruebas documentales allegadas por las partes.
- Negó las pruebas solicitadas por los demandantes.
- Negó el trámite de tacha de falsedad formulado por uno de los
11
Actuación 100 del sistema de gestión judicial SAMAI (Proceso 2022-00320-00).
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
demandantes, Giovanny Rafael Decola Vásquez .
- Ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera su concepto.
Posteriormente, el proceso se desarrolló así: 1) 22/11/2023 Con solicitud de
corrección del auto que dio trámite a sentencia anticipada presentada por el
apoderado de Altus Alejandro Baquero Rueda; 2) 22/11/2023 - Recurso de
reposición y súplica presentado por María Angélica García Sarmiento; 3)
23/11/2023 - Recurso de reposición y súplica Giovanny Rafael Decola Vásquez;
4) 19/12/2023 - Auto que no repone, corrige nombre del apoderado del
demandado y concede la súplica; 5)16/01/2024 - Recurso de reposición
presentado por el apoderado de Altus Alejandro Baquero Rueda; 6) 05/02/2024 -
Auto que rechaza por extemporáneo el recurso de reposición; 7) 05/03/2024 -
Auto rechaza recurso de súplica por extemporáneo; 8) 05/04/2024 - Al despacho
para sentencia; 9) 12/04/2024 - Escrito de solicitud de unificación jurisprudencial,
presentado por el apoderado de Altus Alejandro Baquero Rueda; 10) 21/05/2024
- Auto de Sala Plena decide no avocar; 11) 28/05/2024 - Escrito de solicitud de
adición del referido auto, presentado por el apoderado de Altus Alejandro Baquero
Rueda; 12) 05/06/2024 ? Auto resuelve no adicionar la providencia.
De lo anterior se colige que la Sección Quinta no incurrió en negligencia o
descuido alguno en el trámite del presente proceso, como se afirma en el Auto
846 de 2024, proferido por la Corte Constitucional, que resolvió dejar sin efectos
el Auto del 25 de mayo de 2023, mediante el cual se suspendió los efectos del
acto de elección del señor Altus Baquero Rueda, en el trámite de la medida
cautelar.
1.5 Alegatos de conclusión
Los demandantes Giovanny Rafael Decola Vásquez, Pamela Melissa Hernández
Cabrera y María Angélica García Sarmiento, presentaron sus alegatos de
conclusión dentro del término concedido en los que reiteraron, en gran parte, los
argumentos expuestos en sus demandas.
Por su parte, el apoderado del señor Altus Alejandro Baquero Rueda, dentro de
la oportunidad legal, presentó sus alegatos de conclusión en los que reafirmó los
argumentos de defensa que había planteado en las diferentes contestaciones de
la demanda.
La delegada del Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
12
En esa ocasión se determinó que la tacha tenía fundamento en una falsedad ideológica, la cual,
según se explicó en el proveído de la referencia, solo puede ser formulada cuando la falsedad
alegada es de carácter material. Por consiguiente, no se dio trámite a la tacha propuesta.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
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11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 149 de la Ley
1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta es competente para pronunciarse
de fondo en única instancia en el presente proceso acumulado.
2. El acto de elección acusado
El acto objeto de impugnación es el «Acta de Congreso Pleno sesión del día
martes 30 de agosto de 2022», a través del cual el Congreso de la República
eligió al señor Altus Alejandro Baquero Rueda como magistrado del Consejo
Nacional Electoral.
3. Problema jurídico
De conformidad con la fijación del litigio efectuada mediante proveído del 16 de
noviembre de 2023, el problema jurídico se circunscribe a determinar si el acto
acusado está incurso en las causales de nulidad previstas en el artículo 137 y 275
numeral 5 de la Ley 1437 de 2011, por no reunir las calidades y requisitos legales
y encontrarse inhabilitado el señor Altus Baquero Rueda, para ser elegido
magistrado del CNE. En dicho proveído se precisaron los siguientes aspectos que
deben ser resueltos por la Sección Quinta, así:
i) Si el señor Altus Alejandro Baquero Rueda cumplió el requisito de
experiencia de quince (15) años en el ejercicio de la profesión de
abogado, para ser elegido magistrado del CNE, conforme a lo previsto
en el artículo 232 y 264 de la Carta.
ii) Si se desconocieron, en consecuencia, los artículos 13, 40, 209, 60 de
la Ley 5 de 1992; y 23, literal c) de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
13
Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (...)
4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras
y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la
Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y las
comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del Viceprocurador
General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal General de la
Nación y del Vicedefensor del Pueblo.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
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Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
iii) Si el demandado incurrió en la prohibición del artículo 127 superior,
mediante el cual se prohíbe a los empleados públicos participar en
política, dado que, antes de su elección, se desempeñaba como
secretario general de la Defensoría del Pueblo.
iv) Si se desconoció la cuota de género prevista en la Ley 581 de 2000,
por cuanto el Partido Liberal escogió dos hombres como aspirantes
principales y dos más como aspirantes hombres en su calidad de
suplente para ser postulados como magistrados del CNE.
En orden a resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará, previamente,
las siguientes temáticas: i) Calidades y requisitos para ser magistrado del Consejo
Nacional Electoral; ii) El procedimiento de elección de los magistrados del
Consejo Nacional Electoral iii) Análisis de los cargos de las demandas.
4. Calidades y requisitos para ser magistrado del Consejo Nacional
Electoral
El primer organismo electoral de carácter nacional creado en nuestro país, se
denominó «Gran Consejo Electoral», creado por la ley 7ª de 1888, con funciones
escrutadoras en todo el territorio colombiano, instituido fundamentalmente para la
elección del Presidente y Vicepresidente de la República. Este organismo estaba
compuesto por seis (6) miembros nombrados así: dos (2) por el Senado, dos (2)
por la Cámara de Representantes y dos (2) por el Presidente de la República, con
sus respectivos suplentes, para períodos de un año.
Después de varias modificaciones atinentes a su estructura y a la forma de
elección, la Ley 7ª de 1932 introdujo una nueva modificación al Gran Consejo
Electoral, y en relación con las calidades y requisitos de sus miembros el artículo
6º dispuso lo siguiente:
Artículo 6°. Para formar parte del Gran Consejo Electoral se requiere tener una
profesión liberal.
Para formar parte de los Consejos Departamentales se requiere cualquiera de las
siguientes condiciones:
a) Tener una profesión liberal.
b) O haber sido o ser Senador, Representante, Diputado, Consejero Municipal,
Profesor Universitario; o haber sido Personero, Notario o Registrador, Ministro,
Gobernador, Secretario de Gobernación de Ministerio, Magistrado, Juez o Fiscal
de Tribunal o Juzgado Superior.
Posteriormente, el Gran Consejo Electoral dio paso a la denominada «Corte
Electoral» creada por la Ley 89 de 16 de diciembre de 1948 , en cuyo artículo 3º
14
Sobre organización electoral.
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dispuso que estaría integrada «por el más antiguo ex - Presidente de la
República, en capacidad de ejercer las funciones señaladas a los miembros de
este organismo; por los dos Magistrados más antiguos de la Corte Suprema de
Justicia, de diferente filiación política; por el Rector de la Universidad Nacional y
por el Gerente del Banco de la República.» De acuerdo con esta reforma, la
primera Corte Electoral fue integrada por Alfonso López Pumarejo, como
expresidente de la República; los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Ricardo Hinestrosa Daza y Eleuterio Serna; como rector de la Universidad
Nacional, el doctor Luís López de Mesa y como Gerente del Banco de la
República el doctor Luís Ángel Arango.
Tiempo después, bajo el marco normativo del Código Electoral de 1979 , se
dispuso que para ser magistrado de la Corte Electoral se requerían las "mismas
calidades que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o la entidad
que haga sus veces y, además, no ser empleado público» (Art. 15). Tal exigencia
fue conservada parcialmente en el actual Código Electoral que data de 1986, en
cuanto se suprimieron las expresiones «o la entidad que haga sus veces» y,
además, «no ser empleado público». Así, el artículo 150 de la Constitución
Política de 1886, era la norma que señalaba dichos requisitos:
Artículo 150. Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere ser colombiano
de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, haber cumplido treinta y cinco años
de edad y haber sido Magistrado de alguno de los Tribunales Superiores de
Distrito o de los antiguos Estados, o haber ejercido con buen crédito, por cinco
años a los menos, la profesión de abogado o el profesorado en Jurisprudencia en
algún establecimiento público. (subrayado fuera de texto).
Ahora bien, bajo el régimen de la Constitución Política de 1991, se conservó esa
remisión normativa en punto a las calidades de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, al precisarse en el artículo 264 del texto original que los
magistrados del Consejo Nacional Electoral debían «reunir las calidades que
exige la Constitución para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia». Esta
remisión normativa se mantuvo vigente en las reformas contenidas en el Acto
Legislativo 1 de 2003 y 2 de 2015, precisándose que «sus miembros serán
servidores públicos de dedicación exclusiva» y tendrán las mismas «calidades,
inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia.» .
Por su parte, el artículo 232 de la Constitución Política de 1991, señaló:
15
16
Ley 28 del 16 de mayo de 1979.
Sobre la pacífica aplicación de los requisitos de los magistrados de las Altas Cortes a otros
cargos de la Nación, véase: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de octubre de
2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00078-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil, Demandado: Carlos
Ernesto Camargo Assis (defensor del Pueblo). Consejo de Estado, sentencia del 24 de abril de
2008 Rad. 11001-03-28-000-2006-00175-01, MP Filemón Jiménez Ochoa Demandados:
Magistrados del CNE.
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ARTICULO 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:
1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2. Ser abogado.
3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad,
excepto por delitos políticos o culposos.
4. Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el
Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la
profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en
establecimientos reconocidos oficialmente. (Subrayas y negrillas de la Sala)
Posteriormente, mediante el Acto Legislativo 02 de 2015, se modificó esta
disposición y en punto al numeral 4 del artículo 232 de la constitución se dispuso:
4. Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en
el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la
profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en
establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria
deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área
de la magistratura a ejercer. (Subrayas y negrillas de la Sala)
La norma transcrita aumentó de diez (10) a (15) quince años, la experiencia
requerida para ser magistrado de cualquiera de estas altas corporaciones de la
justicia de nuestro país y, además, cualificó la cátedra universitaria bajo el
entendido que solo sería válida aquella ejercida en disciplinas jurídicas
relacionadas con el área de la magistratura a la cual se aspire. Dichas exigencias
hoy se mantienen vigentes para ser elegido magistrado de alta corte y por
remisión expresa del artículo 264 de la Carta se extienden a los magistrados del
Consejo Nacional Electoral.
De lo anterior se concluye que los requisitos para ser magistrado del Consejo
Nacional Electoral han variado, y desde hace más de 30 años se ha propugnado
por enaltecer esta función y elevar la calidad de sus integrantes, que comenzaron
siendo calidades de menor rigor ?como el solo hecho de tener una profesión
liberal ? hasta llegar a requerirse las más altas exigencias, como las que deben
acreditar los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado.
17
(...) puede articularse la idea de profesión liberal como aquella que tiene un contenido
estrictamente intelectual, para la que se precisa una titulación, reconocida por el Estado, y
amparada en el artículo 26 constitucional, en la que rige la lex artis, entendida como un contenido
ético y técnico científico que dirige la labor, la cual tiene especial trascendencia social y que está
marcada por la autonomía (Concepto 382951, Departamento Administrativo de la Función Pública,
2022).
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5. El procedimiento de elección de los magistrados del Consejo Nacional
Electoral
Sea lo primero señalar que el artículo 264 de la Constitución Política dispuso que
los magistrados del Consejo Nacional Electoral son elegidos «por el Consejo de
Estado para un período de cuatro años, de ternas elaboradas por los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica. El Consejo deberá reflejar la
composición política del Congreso». Posteriormente, con la expedición del Acto
Legislativo 1 de 2003, dicha competencia electoral se le otorgó al Congreso de la
República quien actualmente, tiene la función de elegirlos «para un período
institucional de cuatro (4) años, mediante el sistema de cifra repartidora, previa
postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por
coaliciones entre ellos».
De lo anterior se colige que el sistema de elección de los magistrados del Consejo
Nacional Electoral varió a partir de la reforma constitucional de 2003, no solo en
relación con la autoridad que tiene a su cargo la elección, sino el mecanismo
adoptado para postular sus candidatos, lo que incide en la forma como se
entienden representadas las colectividades políticas con personería jurídica, en
este órgano electoral. Veamos estas modificaciones:
En primer lugar, se destaca que los magistrados ya no son elegidos por el Consejo
de Estado a través de un sistema de ternas remitidas por los partidos y
movimientos políticos, sino por el Congreso de la República, mediante el sistema
de cifra repartidora, por lo cual se pasó de un sistema de elección uninominal, que
comportaba la elección de un solo integrante de la terna, a una elección
plurinominal en la cual se inscriben listas de candidatos por parte de los partidos
y movimientos políticos con personería jurídica, bien sea, de forma individual o
conjunta, es decir, por coalición entre ellos, para que sea el Congreso en pleno
quien proceda a la elección.
En segundo lugar, en relación con el mecanismo de selección se implementó el
sistema de cifra repartidora, que es un elemento del sistema de elección que
cambió la representación de los partidos y movimientos políticos en este órgano
electoral, en tanto, opera como un juego de fuerzas políticas que tiene como
sustento, los votos que obtiene cada lista. La cifra repartidora consiste,
básicamente, en calcular el número de votos mínimo que una lista requiere para
alcanzar una curul o escaño; esto quiere decir que cada lista participante en una
elección obtiene tantas curules, cuantas veces quepa el valor de la cifra
repartidora en el total de votos la susodicha lista. Según el artículo 263 de la Carta,
dicho guarismo surge de aplicar un cálculo aritmético basado en el resultado de
dividir el total de votos de cada una de las listas, por uno, por dos, por tres, por
cuatro, hasta llenar el total de curules a proveer. Lo anterior arroja un número total
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de resultados que, ordenados de mayor a menor, según el número de escaños
por proveer, el último de estos resultados es la cifra repartidora.
En tercer lugar, al haber guardado silencio la norma constitucional en punto al
procedimiento detallado para dichos efectos, impera acudir a la Ley 5 de 1992,
por medio de la cual se expide el Reglamento del Congreso, que rigen las
actuaciones de ese cuerpo legislativo para las elecciones que deba efectuar en el
ámbito de su competencia. El capítulo II de la ley ibidem, trae un acápite
denominado «De los funcionarios elegidos por el congreso», que en su artículo
21 prescribe:
ARTÍCULO 21. CONVOCATORIA. Los candidatos propuestos a la consideración
del Congreso pleno serán presentados oficialmente por las corporaciones o
instituciones postulantes o por los miembros del Congreso, en el término que
señalen las disposiciones vigentes. Se adjuntarán copias auténticas de los
documentos que acrediten las calidades exigidas para desempeñar el cargo, las
que serán calificadas por la respectiva comisión.
El Presidente del Congreso citará, en forma personal y por escrito, con ocho (8)
días de anticipación, a los Senadores y Representantes a una reunión especial
del Congreso pleno, con el solo fin de proceder a la elección de que se trate.
La citación deberá contener el día y la hora de cumplimiento de la sesión y los
nombres del candidato o candidatos postulados.
A su turno, el artículo 60 de la Ley 5ª de 1992, dispone:
ARTICULO 60. Integración y funciones. Previa a la sesión inaugural de las
Cámaras Legislativas, la autoridad electoral enviará a cada una de ellas la lista de
los Congresistas electos, quienes deberán identificarse ante el Presidente de la
Junta Preparatoria. Con posterioridad se hará ante el Presidente de la
correspondiente Cámara.
En cada una de las Cámaras se dispondrá la integración de la Comisión de
Acreditación Documental a razón de cinco (5) miembros por cada corporación, y
por el período constitucional. Los documentos que acrediten las calidades
exigidas de quienes aspiran a ocupar cargos de elección del Congreso o de las
Cámaras Legislativas, serán revisados por la Comisión dentro de los cinco (5)
días siguientes a su presentación. El informe respectivo será evaluado por la
plenaria de la corporación, antes de proceder a la elección del caso. (Subrayas
de la Sala)
Por último, el artículo 61 prevé la posibilidad de abrir una etapa de objeción frente
a los documentos allegados por los aspirantes, cuando se encuentre que estos
no están ajustados a la ley. Así, señala la disposición:
ARTICULO 61. Objeciones. Cuando el respectivo Presidente objetare los
documentos por no hallarlos en la forma legal, el Congresista a quien esa
credencial se refiera no tendrá voz ni voto en las deliberaciones hasta tanto se
haga claridad en ello. En tratándose de objeciones a otros documentos
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presentados, éstos se remitirán a la autoridad postulante para que proceda a su
corrección en el término de los ocho (8) días siguientes, o para que disponga el
envío de acreditación de quien ha de reemplazar. (Subrayas de la Sala)
Es de advertir que de las dos normas transcritas anteriormente se contemplan
dos situaciones claramente diferenciadas: i) unos supuestos que son exclusivos
de la sesión inaugural de las cámaras legislativas, que operan antes de iniciarse
el período constitucional relacionada con los congresistas electos y, ii) unas
reglas referidas a la conformación de la Comisión de Acreditación Documental y
el procedimiento para dictaminar sobre el cumplimiento de los requisitos y
calidades para cualquier clase de elección que deba efectuar el Congreso de la
República.
Una vez la Comisión Conjunta de Acreditación Documental del Congreso de la
República elabora el dictamen o informe, el artículo 61 de la Ley 5ª de 1992
prescribe que el mismo debe ser remitido a la plenaria de la Corporación para que
esta lo evalúe, con anterioridad a abordarse la fase de elección. A su turno, el
artículo 136 de la Ley 5ª de 1992, describe el acto de elección que se puede
sintetizar así: i) designación de comisión escrutadora; ii) votación; iii) escrutinio,
lectura de papeletas y entrega de resultado por parte de la comisión; iv)
declaratoria de haberse elegido con apego a la constitución y a la ley al candidato
que obtuvo la mayoría de votos; v) toma de juramento.
Ahora bien, al margen de las diferentes fases que hacen parte del proceso
eleccionario, anteriormente explicadas, la Sala concluye que del artículo 264
superior se desprenden dos grandes etapas a saber: la postulación y la elección,
constituyendo cada una de ellas una expresión de diferentes potestades que el
constituyente le otorgó a los partidos políticos y al Congreso de la República,
respectivamente, las cuales otorgan a cada una de esas autoridades unos
deberes.
En este sentido, la postulación impone a los partidos políticos el derecho-deber
de «postular» a candidatos, bien sea de forma individual o en coalición, que
tengan las condiciones de elegibilidad que en este caso impone el artículo 232 de
la carta política por vía de la remisión que efectúa el artículo 264 ibidem en punto
a los requisitos necesarios para ser magistrado del CNE. Se enfatiza en que dicha
elegibilidad no se puede traducir en otra cosa distinta que la «Cualidad de
elegible» , de tal manera que ese acto de postulación tiene como presupuesto
ontológico que el candidato de la colectividad tenga el carácter de elegible de cara
a las exigencias constitucionales, lo que supone la consecuente acreditación de
esas calidades para ese momento .
18
19
https://dle.rae.es/elegibilidad?m=form
En este mismo sentido, ya la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse, por
ejemplo, en materia de concursos públicos, ha dicho: «Aunque la persona que cumple los
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A su turno, la elección, tal como se vio en las normas referenciadas en párrafos
anteriores, implica para el Congreso de la República una etapa preliminar de
verificación de las documentales que los partidos allegan con la postulación y que
dan cuenta del cumplimiento de los requisitos constitucionales de los candidatos
inscritos en las listas, para posteriormente ejercer propiamente la potestad
eleccionaria en aras de conformar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral
con estricta sujeción al sistema de cifra repartidora.
En suma, la etapa de postulación se materializa en un acto dispositivo y autónomo
por medio del cual las colectividades políticas postulan listas de candidatos cuya
vocación de elegibilidad debe ser acreditada para ese momento. Mientras que la
elección se produce al seno de un escenario de deliberación y votación
democrática.
6. Análisis de los cargos de las demandas
Bajo el marco normativo analizado en los acápites anteriores, la Sala abordará
los diferentes tópicos que se anunciaron en la fijación del litigio, con el fin de
determinar si el acto de elección demandado está incurso en alguna de las
causales de nulidad que se le endilgan.
6.1 Acreditación del requisito de experiencia de quince (15) años
Previo a contabilizar la experiencia que adjuntó el demandado para la postulación
que el Partido Liberal hizo ante el Congreso de la República, resulta necesario
precisar cuáles son los extremos inicial y final que delimitan ese cómputo de
tiempo. Efectuado esto, se verificará si el señor Altus Alejandro Baquero Rueda
cumplió con la exigencia constitucional.
6.2.1 El extremo inicial a tener en cuenta para el cómputo de la experiencia
de quince (15) años que contempla el artículo 232, numeral 4 de la
Constitución Política
En este aspecto, se recuerda que el artículo 232, numeral 4, de la Constitución
Política dispone que la experiencia requerida para ser magistrado de la Corte
Suprema de Justicia es de quince (15) años, no obstante, la norma superior no
precisa desde cuándo debe contabilizarse aquella. Es por dicho silencio de la
norma constitucional que el demandado trae a colación unos pronunciamientos
que, según su parecer, sugieren que ese extremo inicial lo sea la fecha de
requisitos fijados en la convocatoria no tiene por ese solo hecho mérito, sí tiene derecho a
concurrir al concurso una vez cumpla los requisitos de la convocatoria y a que esta
concurrencia no se interfiera arbitrariamente.» (Corte Constitucional, sentencia C-386 de 2022,
MP Jorge Enrique Ibáñez Najar).
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terminación de materias, tesis que no acogerá esta Sala con fundamento en las
razones que se irán exponiendo en los párrafos subsiguientes.
El demandado referencia el Concepto 240691 de 2022 emitido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, en el cual se atiende una
consulta del Ministerio del Interior, tendiente a que se le precise «si se considera
procedente que la experiencia profesional de un abogado se contabilice a partir
de la terminación y aprobación de la totalidad de materias que conforman el
pensum académico, de tal manera que se determine el cumplimiento de requisitos
para acceder al cargo de Magistrado del Consejo Nacional Electoral».
Ante dicho interrogante, la citada entidad emite una respuesta afirmativa en punto
a considerar que para el cargo consultado sí es posible contabilizar la experiencia
a partir de la terminación y aprobación de las materias del pensum académico.
Sustenta dicha tesis en la literalidad del artículo 229 del Decreto Ley 019 de
2022 .
La Sala coincide en parte con el ejercicio interpretativo que sugiere el demandado,
bajo el entendido de que ante la falta de previsión del constituyente debe acudirse
a la analogía legis, conforme a la cual es posible aplicar una ley a una situación
no contemplada explícitamente en ella . No obstante, no es posible dar aplicación
al artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2022, dado que en relación con la forma
como se contabiliza la experiencia profesional para ocupar cargos en la rama
judicial, existe una norma especial, esto es, el parágrafo 1º del artículo 128 de la
Ley 270 de 1996 , que regula de forma específica diferentes aspectos de la
administración de justicia, que en lo pertinente prescribe:
ARTÍCULO 128. REQUISITOS ADICIONALES PARA EL DESEMPEÑO DE
CARGOS DE FUNCIONARIOS EN LA RAMA JUDICIAL. Para ejercer los cargos
de funcionario de la Rama Judicial deben reunirse los siguientes requisitos
adicionales, además de los que establezca la ley:
1. Para el cargo de Juez Municipal, tener experiencia profesional no inferior a dos
años.
2. Para el cargo de Juez de Circuito o sus equivalentes: tener experiencia
profesional no inferior a cuatro años.
3. Para el cargo de Magistrado de Tribunal: tener experiencia profesional por lapso
no inferior a ocho años.
20
ARTÍCULO 229. Experiencia profesional. Para el ejercicio de las diferentes profesiones
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a
partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. (...)
21
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.
22
Frente a la aplicación de esta figura, consúltese: Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 1995,
MP Carlos Gaviria Díaz.
23
Estatutaria de la Administración de Justicia.
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Los delegados de la Fiscalía deberán tener los mismos requisitos exigidos a los
funcionarios ante los cuales actúan.
PARÁGRAFO 1º. La experiencia de que trata el presente artículo deberá ser
adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en
actividades jurídicas ya sea de manera independiente o en cargos públicos
o privados o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso, para estos
efectos computará como experiencia profesional la actividad como empleado
judicial que se realice con posterioridad a la obtención del título de abogado.
(Negrillas no pertenecen al texto).
Así las cosas, por vía de analogía, ante el vacío del artículo 232, numeral 4 de la
Constitución Política, debe acudirse al parágrafo anteriormente transcrito, que
establece que, para los cargos desempeñados por los funcionarios de la rama
judicial, el cómputo de la experiencia profesional debe contabilizarse a partir de la
obtención del título de abogado.
Ahora bien, aunque la norma no hace referencia específica a la experiencia de
los magistrados de alta corte, sino que alude a la experiencia para los cargos de
juez municipal, juez de circuito y magistrado de tribunal, el sentido teleológico de
la disposición, permite afirmar que lo que quiso establecer el legislador estatutario
fue una regla especial y de mayor exigencia para efectos de contabilizar la
experiencia para los cargos de funcionarios de la rama judicial. En consecuencia,
nada obsta para que esta misma regla sea aplicable a los magistrados que
integran las altas cortes de justicia del país, quienes por la misma condición, están
en la cúspide del poder judicial.
Pensar que la exigencia de computar la experiencia profesional a partir de la
obtención del título de abogado, no es aplicable a los magistrados de los órganos
de cierre, sugiere un tratamiento diferenciado que no resulta adecuado, razonable
ni justificado. En este punto, vale recordar que la doctrina constitucional admite
tratos diferenciados cuando los mismos i) atienden a un fin constitucionalmente
válido, ii) el trato diferenciado es adecuado al fin que se persigue y iii) sean
conducentes y proporcionales de cara a los valores, principios y derechos que se
pretenden garantizar . En el presente caso, no se observa que esta distinción
cumpla estas reglas y, por el contrario, su aplicación a los magistrados de alta
corte, se aviene perfectamente al principio de igualdad, transparencia e
imparcialidad que debe guiar el acceso a los cargos públicos.
Es por lo anterior que en los casos originados en las demandas formuladas contra
la elección de los señores Carlos Alfonso Negret Mosquera y Carlos Ernesto
24
25
Corte Constitucional, sentencia C-084 de 2020
Consejo de Estado, sentencia del 9 de marzo de 2017, MP Carlos Enrique Moreno Rubio,
11001-03-28-000-2016-00064-00, demandado: Carlos Alfonso Negret Mosquera ? defensor del
pueblo.
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Camargo Assís , elegidos en su oportunidad por la Cámara de Representantes
para el cargo de defensor del pueblo, se dio aplicación al parágrafo 1º del artículo
128 de la Ley 270 de 1996, teniendo en cuenta que, para el ejercicio de ese
empleo, la constitución exige acreditar las mismas calidades para ser magistrado
de alta corte.
En relación con los casos que se referencian, el demandado defiende su postura
conforme a un extracto de la sentencia que definió la legalidad del acto de elección
del señor Carlos Alfonso Negret Mosquera, que literalmente dice «(...) el
demandado terminó materias el 6 de junio de 1987, la experiencia profesional que
se tendrá en cuenta es la que adquirió a partir de esa fecha, relacionada con la
profesión de abogado». A este respecto, debe señalarse que, en efecto, en dicha
providencia se consignó esta afirmación, pero se trató de una imprecisión que no
se compagina con lo dicho en la ratio decidendi del fallo en la que se concluyó:
Así las cosas, por aplicarse al Defensor del Pueblo las mismas calidades exigidas
a los magistrados de altas cortes, la experiencia de los 15 años debe contarse a
partir de la obtención del título profesional de abogado.
(...)
Por tal razón, el análisis debe centrarse en determinar si acreditó el ejercicio de la
profesión de abogado por más de 15 años después de la obtención del título.
(Negrillas y subrayados de la Sala)
Tampoco las expresiones que destaca el autor se acompasan con el análisis de
fondo que se hizo de la experiencia del señor Negret Mosquera, pues, justamente,
no se tuvo como válida aquella obtenida en el Ministerio de Agricultura, cuando
se afirmó «ya que fue anterior a la fecha de obtención del título de abogado,
puesto que estuvo vinculado a esa entidad desde el 13 de julio de 1981 hasta el
27 de julio de 1982.» .
Acorde con los anteriores razonamientos, se concluye que el extremo inicial para
la contabilización de la experiencia contemplada en el artículo 232.4 superior, es
aquella obtenida con posterioridad a la obtención del título de abogado.
6.2.2 El extremo final a tener en cuenta para el cómputo de la experiencia de
quince (15) años que contempla el artículo 232, numeral 4 de la Constitución
Política
El demandado y el apoderado del Congreso de la República, en relación con el
extremo final, plantean que los requisitos para ser magistrado del Consejo
Nacional Electoral deben acreditarse al momento de la elección, lo que tendría
26
Consejo de Estado sentencia 14 de octubre de 2021, M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad.
11001-03-28-000-2020-00078-00, demandado: Carlos Ernesto Camargo Assis ? Defensor del
Pueblo
27
Pág. 32 de la sentencia.
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sustento en la taxatividad del artículo 232 Superior en tanto utiliza las expresiones
«Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo de Estado se requiere (...)» (Subrayado de la Sala). Así, de los
vocablos destacados, se podría entender que se es magistrado el día en que el
postulado es elegido en esa dignidad; por consiguiente, resulta factible pensar
que las exigencias constitucionales se podrían acreditar hasta el día de la
designación.
Sin embargo, la Sala debe ser enfática en señalar que esta postura no resulta
ajustada al ordenamiento jurídico, ni al verdadero alcance de la disposición
constitucional, en tanto la norma superior tan solo tuvo como propósito señalar
los requisitos para ser magistrado de alta corte, sin que haya aludido al momento
en que los mismos se deban cumplir. Por lo tanto, la interpretación que más se
adecúa a las normas que regulan esta elección y los principios propios de la
función administrativa, como pasa a explicarse, seguidamente, es que los
requisitos para aspirar a ser magistrado del CNE, deben cumplirse al momento
de la postulación de la lista candidatos efectuada por el partido o movimiento
político ante el Congreso de la República.
Esta tesis tiene como fundamento el análisis de las normas a partir de una
interpretación sistemática y teleológica de la Constitución Política, la Ley 5ª de
1992 y de algunas disposiciones de la convocatoria expedida para elegir los
magistrados del CNE, que rigieron el presente proceso, tal como se explicará en
los párrafos subsiguientes.
En primer lugar, el artículo 21 de la Ley 5ª de 1992, que refiere a la fase de
convocatoria para las elecciones de dignatarios en el Congreso de la República,
establece:
ARTÍCULO 21. CONVOCATORIA. Los candidatos propuestos a la consideración
del Congreso pleno serán presentados oficialmente por las corporaciones o
instituciones postulantes o por los miembros del Congreso, en el término que
señalen las disposiciones vigentes. Se adjuntarán copias auténticas de los
documentos que acrediten las calidades exigidas para desempeñar el cargo, las
que serán calificadas por la respectiva comisión. (subrayado fuera de texto).
28
Conforme a esta herramienta hermenéutica se «...considera a la norma como parte de un todo
cuyo significado y alcance debe entonces fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece,
es decir, que supone una lectura de la norma que se quiere interpretar, en conjunto con las demás
que conforman el ordenamiento en el cual aquella está inserta.» (Consejo de Estado, Sección
Segunda, sentencia del 14 de abril de 2016, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad.
215001333301020130013401)
29
«Se denomina a la técnica mediante la cual la aplicación de cualquier texto legal requiere una
previa identificación del propósito o valor que la norma busca proteger.» (Tomado del texto Módulo
de interpretación constitucional, LOPEZ, Diego, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Pág. 38)
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11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
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Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
En este orden, al señalar la norma que los candidatos propuestos a consideración
del Congreso pleno serán presentados oficialmente por las corporaciones o
instituciones postulantes «en el término que señalen las disposiciones vigentes»,
se colige claramente que hay una única oportunidad en la cual se debe hacer la
respectiva postulación por parte del partido o movimiento político o la coalición
conformada por estos para la elección de estos dignatarios, al tiempo que este
término constituye el límite para acreditar las calidades y condiciones personales
que habilitan a los integrantes de la lista inscrita para participar de este proceso
de elección.
Así mismo, al señalar la disposición que los candidatos propuestos a la
consideración del Congreso pleno, serán presentados oficialmente por las
corporaciones o instituciones postulantes, y «deberán adjuntar las copias
auténticas de los documentos que acrediten las calidades exigidas para
desempeñar el cargo», se extrae, lógicamente, que esta acreditación solo puede
hacerse en el plazo fijado por la convocatoria, es decir, en el interregno que se
precisa como límite para la postulación, lo cual está ligado al cumplimiento de los
requisitos legales de idoneidad del aspirante que integra la respectiva lista.
Un entendimiento distinto, como el que propone el demandado, según el cual, el
extremo final para acreditar la experiencia profesional corresponde a la fecha de
la elección, alteraría las reglas de la convocatoria, que constituye la ley del
proceso de selección, en tanto permitiría abrir la puerta para que los postulados
pudieran allegar documentos con posterioridad al cierre de esta etapa. Por lo
tanto, debe entenderse que el plazo para la postulación de listas de candidatos
por parte de las colectividades políticas para la elección de miembros del CNE,
es improrrogable y vincula tanto a la administración como a los participantes y su
desconocimiento constituye una clara afrenta de los derechos de quienes sí
cumplieron a cabalidad con la acreditación plena de los requisitos en la etapa
correspondiente, afectando la confianza y la seriedad del proceso.
De otra parte, al señalar el legislador que los documentos serán «calificados» por
la respectiva comisión, ?entiéndase la Comisión de Acreditación Documental?
debe entenderse, como lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, que dicha expresión, consiste en «Expresar o declarar un juicio sobre
algo o alguien» . Por tanto, el juicio o declaración atribuida a la mencionada
comisión, solo podría hacerse a partir de los documentos que dicha instancia tuvo
en su poder al momento de hacer la calificación, esto es, aquellos que fueron
allegados al efectuarse la postulación.
Sería absurdo pensar que la calificación pudiera hacerse sobre calidades,
requisitos y experiencias futuras del candidato que integra la lista, o exigir a esta
30
Acepción extraída de la página oficial de la Real Academia Española (https://dle.rae.es/calificar).
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comisión hacer un pronóstico sobre lo que sucederá respecto del postulado
después del cierre de la etapa de acreditación. De ahí la importancia de la función
que cumple la Comisión de Acreditación Documental, en cuanto otorga certeza
sobre validación del cumplimiento de los requisitos exigibles a los participantes al
momento del cierre de esta etapa, conforme a los documentos acompañados con
el acto de postulación.
Ahora bien, conforme a esta interpretación sistemática y finalística de las
disposiciones aplicables al caso, también resulta importante destacar el artículo
60 de la Ley 5ª de 1992 que prescribe que:
Los documentos que acrediten las calidades exigidas de quienes aspiran
a ocupar cargos de elección del Congreso o de las Cámaras Legislativas,
serán revisados por la Comisión dentro de los cinco (5) días siguientes a
su presentación. El informe respectivo será evaluado por la plenaria de la
corporación, antes de proceder a la elección del caso. (Subrayas no
pertenecen al texto)
De lo anterior se colige que el sentido de esta disposición, es señalar que la
documentación allegada por la entidad u organismo postulante, en este caso, por
el partido o movimiento político, debe dar cuenta del cumplimiento de la totalidad
de los requisitos, calidades o condiciones habilitantes de los postulados, desde el
mismo momento en que la colectividad política presenta ante la secretaria del
congreso, la lista de candidatos para ser magistrado del Consejo Nacional
Electoral.
En efecto, el alcance de la expresión serán revisados por la Comisión «dentro de
los cinco (5) días siguientes a su presentación», denota que dicha comisión solo
podrá hacer la evaluación de las hojas de vida con los soportes radicados hasta
el momento de su «presentación» o postulación por parte la colectividad política,
siendo improcedente computar experiencia adicional y posterior a dicha fecha,
por lo que quien no ha completado para ese momento los quince años (15) años
de experiencia profesional para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral,
no podría ser considerado como candidato hábil.
Por último, se precisa que el apartado de la norma que señala que el informe
respectivo «será evaluado» por la plenaria de la corporación, antes de proceder
a la elección, no puede entenderse como una posibilidad de reabrir la etapa de
acreditación de requisitos, como lo pretende hacer ver el demandado. En efecto,
el verbo «evaluar» se circunscribe a «Estimar, apreciar, calcular el valor de
algo» que, para el caso concreto, debe entenderse como aquella labor
31
Acepción extraía de la página oficial de la Real Academia Española
(https://dle.rae.es/evaluar?m=form).
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efectuada sobre los documentos que dan fe de la aptitud legal del integrante de
la lista, radicados con la postulación.
Además, esta norma debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en el
artículo 61 de la Ley 5ª de 1992, en cuanto prevé la posibilidad de que la plenaria
objete cualquier documento allegado por los aspirantes, cuando no los encuentre
ajustados a la ley:
ARTICULO 61. Objeciones. (...) En tratándose de objeciones a otros documentos
presentados, éstos se remitirán a la autoridad postulante para que proceda a su
corrección en el término de los ocho (8) días siguientes, o para que disponga el
envío de acreditación de quien ha de reemplazar. (Subrayas de la Sala)
Tampoco de esta disposición puede derivarse la posibilidad de perfeccionar o
complementar, con posterioridad al cierre de la postulación, los requisitos o la
experiencia profesional inicialmente acompañada con el acto de inscripción de
hojas de vida, por el solo hecho de permitirse al congreso remitir los documentos
a la autoridad postulante para que «proceda a su corrección». Lo anterior por
cuanto debe entenderse que tal ejercicio recae solamente sobre los mismos
documentos que la Comisión de Acreditación tuvo la oportunidad de examinar,
que bien podría referirse a defectos formales en su elaboración, piénsese en
imprecisiones tipográficas (error en el nombre, cédula, cargo, ausencia de firma
de la autoridad competente etc.) o enmendaduras que pudieran generar dudas o
un problema de ilegibilidad de algún dato que deba ser corroborado.
La tesis contraria significaría que la expedición del acto de elección estaría
siempre condicionada en el tiempo hasta tanto el postulado acreditara con
certificaciones posteriores el ejercicio de la profesión durante 15 años. Sin duda,
esto daría al traste con principios fundantes del acceso al empleo público ?
particularmente, la transparencia?, comoquiera que no puede convocarse y
tramitarse un proceso de elección en torno a un determinado ciudadano, frente al
cual, se espera que «algún día» cumpla con el referido requisito, lo que sin duda
se agrava ante un hecho que si es conocido y determinado, cual es la terminación
del período de los magistrados del CNE que impone que la elección se efectúe
sin dilaciones algunas.
De igual manera, la estructura del proceso de elección de los magistrados del
CNE, conformada por fases, momentos o etapas de que da cuenta la
convocatoria, contenidas en las Resoluciones 4 y 5 del 11 de agosto de 2022,
32
Esta última modificó el artículo 1 de la Resolución 4 de 2022, quedando en los siguientes
términos: «Convóquese a los Partido o Movimientos Políticos con personería jurídica o por
coaliciones entre ellos, para que postulen ante el Congreso de la República al menos dos
candidatos para proveer los cargos de Magistrados del Consejo Nacional Electoral. Adóptese el
siguiente cronograma para los efectos de la presente Resolución». El cronograma inicial no fue
modificado.
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emitida por la mesa directiva del Congreso, precisan que la fase de «inscripción
de las hojas de vida» es del 12 al 17 de agosto de 2022, lo cual, no permite tener
como tiempos de servicios prestados para acreditar la experiencia profesional,
aquellos cumplidos con posterioridad a la fecha de postulación. Ello desconocería
la naturaleza preclusiva de los términos, que supone siempre un inicio y un fin, y
que una vez agotada la etapa correspondiente, no puede retrotraerse o reabrirse
la oportunidad, bajo ningún pretexto, salvo para corregir irregularidades de forma,
como lo prescribe el artículo 41 del CPACA.
Así las cosas, el análisis sistemático y teleológico aquí efectuado da cuenta que
la tesis esbozada no resulta, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, pues, a
la vez que armoniza las normas superiores analizadas con el procedimiento
electoral establecido en la Ley 5 de 1992, delimita con mayor ahínco las etapas
de postulación y elección que, como vimos en el acápite 5 de esta providencia,
implican para los partidos políticos y para el Congreso de la República unas
facultades específicas.
Aunado a lo anterior, tal compresión de la normativa, tampoco afecta el derecho
de acceso al cargo público, frente al cual, vale la pena recordar su contenido y
alcance:
(...) La jurisprudencia constitucional ha señalado que el ámbito de protección del
derecho de acceso a cargos públicos comprende cuatro dimensiones: (i) el
derecho a posesionarse, reconocido a las personas que han cumplido con los
requisitos establecidos en la Constitución y en la ley para acceder al cargo.
Como se expuso, dentro de estos requisitos se encuentra el no estar incurso en
causales de inhabilidad o incompatibilidad; (ii) la prohibición de establecer
requisitos adicionales para tomar posesión de un cargo, diferentes a las
establecidas en el concurso de méritos; (iii) la facultad de elegir, de entre las
opciones disponibles, aquella que más se acomoda a las preferencias de quien
ha participado y ha sido seleccionado en dos o más concursos; y (iv) la prohibición
de remover de manera ilegítima a quien ocupa el cargo público.
57. El derecho a acceder a cargos públicos no es absoluto, por el contrario está
sujeto a límites y requisitos constitucionales, legales y reglamentario. En efecto,
el artículo 123 de la Constitución señala que los servidores públicos ejercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Por ello,
quienes pretendan acceder al desempeño de funciones públicas deben
someterse al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias que procuran la
realización del interés general y garantizan el cumplimiento de los principios de la
función pública dispuestos en el artículo 209 de la Constitución . (Negrillas no
pertenecen al texto)
Acorde con el anterior extracto, se tiene que la interpretación normativa que aquí
se efectúa, lejos de restringir el ejercicio derecho de acceso a los cargos públicos,
33
Corte Constitucional, sentencia C-393 de 2019 del 28 de agosto de 2019, MP Carlos Bernal
Pulido.
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más bien se acompasa con el carácter relativo de los derechos subjetivos en
cuanto debe prevalecer el interés general y los principios constitucionales, los
cuales, en el sub examine, se materializa en el imperativo de que todos los
aspirantes participen en igualdad de condiciones y que aquel que resulte elegido
cumpla con los requisitos de experiencia contemplado en el artículo 232.4 de la
Constitución Política de 1991.
Por lo anteriormente expuesto, se impone concluir que debe tenerse como
extremo final para efectos del cómputo de la experiencia profesional de que trata
el artículo 232 numeral 4 de la Constitución política, la fecha en que el partido o
movimiento político postula la lista de candidatos ante el Congreso de la
República.
6.2.3 Análisis de la situación particular del demandado
Una vez sentada la tesis de la Sala Electoral en punto a los extremos inicial y final
que marcan el derrotero para efectos de verificar el cumplimiento del requisito de
la experiencia de quince (15) años de que trata el artículo 232 de la Carta, en
armonía con el artículo 264, se analizará si el demandado cumple con esta
exigencia.
Sea lo primero señalar que los demandantes aluden que algunas de las
certificaciones allegadas por el demandado al trámite electoral son falsas, en
cuanto se aduce que las vinculaciones que allí se enuncian no existieron, mismo
argumento conforme al cual se formuló tacha de falsedad. Sin embargo, no
existen pruebas en el expediente que den cuenta de la falsedad ideológica
aludida, así como tampoco se podrían descartar las referidas certificaciones, pues
al no darse trámite a la tacha de falsedad, la presunción de autenticidad de esas
documentales se mantiene incólume.
En el caso concreto, se tiene que el demandado se graduó como abogado el 22
de agosto de 2007 (extremo inicial). Lo anterior se advierte de la certificación
obrante en el plenario, del siguiente tenor :
34
Anotación 22 del sistema de gestión judicial SAMAI (2022-00322-00).
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De otro lado, está acreditado en el expediente que la coalición de partidos y
movimientos políticos, integrada, entre otros, por el Partido Liberal Colombiano,
al que pertenecía el señor Altus Alejandro Baquero Rueda, radicó la lista de
inscritos ante la secretaria general del Congreso, el 17 de agosto de 2022
(extremo final), es decir, el último día de las inscripciones. Por lo tanto, en esta
fecha se materializó la postulación del demandado como integrante de lista para
ser elegido como magistrado del Consejo Nacional Electoral.
Acorde con lo anterior, sería del caso proceder a valorar cada una de las
vinculaciones laborales que el demandado acompañó con el acto de postulación
efectuada por la coalición de partidos para establecer si cumple con los quince
(15) años de experiencia. Sin embargo, el solo cálculo del tiempo transcurrido
entre el 22 de agosto de 2007 (día la obtención del título) y el 17 de agosto de
2022 (postulación), sin interrupción alguna, arroja como resultado un total de
catorce (14) años, once (11) meses y veinticinco (25) días, de lo que se concluye
fácilmente que el demandado no acreditó la experiencia exigida en el artículo 232
numeral 4, en concordancia con el artículo 164 de la Constitución Política.
En este orden, salta a la vista que incluso en el supuesto que entre ambas fechas
jamás se hubiere interrumpido sus vinculaciones laborales, el señor Altus
Alejandro Baquero Rueda no acreditaría el requisito de experiencia que exige la
norma constitucional, razón por la cual, se advierte que la Comisión de
Acreditación Documental Conjunta del Congreso de la República, incurrió en un
yerro al certificar, en el informe técnico respectivo, que el postulado Altus
Alejandro Baquero cumplía con la experiencia de quince (15) años de ejercicio de
la profesión de abogado; error que dada su magnitud no podía generar ni siquiera
un asomo de confianza legítima para el demandado de ser elegido en el cargo.
35
Anotación 11 del sistema de gestión judicial SAMAI (Proceso 2022-00322-00).
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Acorde con el análisis de la censura estudiada, la Sala concluye que el acto de
elección del demandado Altus Alejandro Baquero Rueda está incurso en las
causales de nulidad del artículo 137 (infracción de las normas en que debería
fundarse, falsa motivación y expedición irregular ) y 275.5 (incumplimiento de
calidades y requisitos constitucionales y legales) del CPACA, por haberse
vulnerado los artículos 264, 232, 13 y 209 de la Constitución Política; artículo 60
de la Ley 5ª de 1992, y las Resoluciones 4 y 5 del 11 de agosto de 2022,
expedidas por la mesa directiva del Congreso de la República, por lo que se
impone declarar la nulidad del mismo, sin perjuicio del estudio que seguidamente
se hará de los demás reparos expuestos por los demandantes.
6.3 Violación del artículo 127 superior, por haber intervenido en política y
utilizado el empleo para respaldar su interés eleccionario
En relación con la intervención en política, se señala en la demanda con radicado
2022-00320-00, donde funge como parte actora Giovanny Rafael Decola
Vásquez, que la sola inscripción del señor Baquero Rueda como precandidato
constituye una clara e inexorable participación en política, en este caso, bajo al
amparo del Partido Liberal Colombiano, al promover él mismo su candidatura,
razón por la cual se vulneró el artículo 127 constitucional que le prohíbe a los
servidores públicos participar de las actividades partidistas.
En cuanto a la utilización del empleo para respaldar su propia causa, se aduce
que el demandado, en su calidad de secretario general de la Defensoría del
Pueblo, con facultad de nombrar y contratar familiares o allegados de los
congresistas «ya estaba ejerciendo presión» sobre quienes eran competentes
para intervenir en su elección, por lo que se concluye que sobre el señor Altus
Baquero pesaba una inhabilidad para postularse y ser elegido magistrado del
CNE. Por lo anterior, se afectó el derecho de igualdad y los principios de
transparencia, moralidad, imparcialidad y eficacia, previstos en el artículo 13 y 209
constitucional. Agrega, que es materialmente imposible que el señor Baquero
Rueda, se haya inscrito y hubiere obtenido 38 votos de 47 parlamentarios liberales
(quienes podían votar hasta por 2 candidatos distintos), sin haber intervenido en
política.
A este respecto, impera precisar el alcance de los incisos 2º y 4º del artículo 127
de la Constitución Política:
ARTICULO 127. (...)
A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los
órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en
las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin
perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza
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Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el
artículo 219 de la Constitución.
(...)
La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa
o campaña política constituye causal de mala conducta.
Referente al primero de los incisos transcritos, la Corte Constitucional ha tenido
la oportunidad de pronunciarse sobre esta limitación de los servidores públicos,
de cara a las normas internacionales que protegen la libertad de expresión y la
participación política. Al respecto, en la sentencia C-794 de 2014, se precisó:
(...) Para evitar una interpretación excesiva o deficiente, la Corte considera que la
prohibición que enuncia el inciso segundo del artículo 127 de la Carta comprende
la conducta dirigida a intervenir activa o pasivamente en las diferentes disputas
con incidencia electoral directa, apoyando o rechazando, una causa, una
organización política o un candidato. No hace parte del significado constitucional
de las expresiones "actividades de los partidos y movimientos" y "controversias
políticas", comportamientos que al margen de un debate electoral o de una disputa
partidista, tienen como resultado o pueden ser interpretados como la emisión de
una opinión o la presentación de una postura respecto de un asunto de interés
general. Esta conclusión se fundamenta en varias razones.
(...)
Es claro que la Constitución en esta materia no se opone a que los ciudadanos,
incluso quienes sirven al Estado, intervengan en controversias que reflejan
disputas ciudadanas ?sin propósitos electorales o partidistas directos- alrededor
de los propósitos que debe perseguir el Estado y los medios para alcanzarlos. Los
problemas de la comunidad conciernen a todos y, en esa medida, el Estado debe
facilitar la participación de todos en la vida política (art. 2) y los ciudadanos cumplir
ese deber (art. 95.5).
Conforme a lo anterior, el correcto entendimiento del inciso 2º del artículo 127
superior, sugiere que la prohibición constitucional se enmarca en las actividades
y controversias estrictamente políticas, esto es, aquellas dirigidas a favorecer una
causa partidista con fines netamente electorales. En otros términos, la conducta
prohibitiva se inscribe en el desarrollo de un certamen electoral, en la cual los
partidos políticos participan para obtener el favor popular. Una interpretación más
amplia, como lo indica el alto tribunal, vulneraría otros derechos que, lejos de ser
reducidos a su mínima expresión, deben ser armonizados con este tipo de
mandatos constitucionales.
En el presente caso, no estamos en la referida hipótesis, pues, se trata
simplemente del legítimo derecho que le asiste a cualquier persona de someter
su nombre para acceder a un cargo público. El sistema de elección de los
magistrados del CNE, comporta una etapa de postulación que hacen los partidos
y movimientos políticos, a través de listas, ya sea de forma individual o por
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coaliciones, para que el Congreso proceda a su elección. Este ejercicio, en sí
mismo, dista claramente de la prohibición constitucional prevista en el inciso 2 del
artículo 127 superior, pues, como se indicó, esta limitación de los empleados del
Estado, está dirigida a asegurar que la función pública no se ponga al servicio de
los intereses electorales propios de los partidos o movimientos políticos que
hacen campaña en los certámenes democráticos. Por lo tanto, las actividades que
llevó a cabo el señor Altus Baquero Rueda con el fin de conseguir el apoyo
necesario para su elección no podrían considerarse como una indebida
participación en política.
De otro lado, en relación con el inciso 4º del artículo 127 en comento, que
prescribe que: «La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a
respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta.»,
debe entenderse en el mismo sentido, es decir, que se trata de una actividad
irregular en la cual el servidor público «presiona», «constriñe» o «determina», por
la fuerza, a los ciudadanos electores para que acompañen una determinada
causa o campaña política que se presenta en el marco de los procesos
democráticos.
Así entonces, en el presente caso, no se observa la configuración de ninguno de
los elementos que comporta la prohibición normativa, ni mucho menos de una
eventual situación de inhabilidad, por encontrarnos ante un procedimiento
eleccionario en el que el demandado podía participar, tal como ya se precisó.
Ahora bien, frente a la supuesta presión que el señor Baquero Rueda pudo ejercer
por el hecho de que, previo a su elección se desempeñaba como secretario
general de la Defensoría del Pueblo, con facultades de nominación y contratación,
esta es una inferencia que hace el demandante, sin respaldo probatorio alguno.
En efecto, el demandante hace consistir este cargo en que, en su calidad de
secretario general de la Defensoría del Pueblo, con facultad de nombrar y
contratar familiares o allegados de los congresistas «ya estaba ejerciendo
presión» sobre quienes eran competentes para intervenir en su elección. Esta es
una percepción que tiene el demandante, que no acompaña con pruebas ni
evidencias, razón por la cual se desestima por la Sala.
6.4 Desconocimiento de la cuota de género en la conformación de la lista de
postulados que remitió el Partido Liberal Colombiano
La demandante Pamela Melissa Hernández Cabrera, en el proceso 2022-00321-
00, expresa que el Partido Liberal Colombiano, mediante oficio de 17 de agosto
de 2022, envió al Congreso de la República una lista para proveer el cargo de
magistrado del Consejo Nacional Electoral compuesta por dos hombres, a saber:
Calle 12 No. 7-65 ? Tel: (57-1) 601350-6700 ? Bogotá D.C. ? Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
a) Benjamín Ortiz Torres y, b) Altus Alejandro Baquero Rueda y como suplentes
de igual manera, otros dos participantes del mismo género. Al respecto, dice que
esa lista desconoce la cuota de género establecida en la Ley 581 de 2000,
aplicable a la elección de la referencia, en tanto la citada colectividad postuló solo
a candidatos hombres.
Debe señalar la Sala, a este respecto, que por la forma como está instituida la
elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, por «listas de
candidatos» que pueden presentar los partidos o movimientos, en forma individual
o por coalición, entre ellos, para que por el sistema de cifra repartidora el al
Congreso de la República, seleccione los integrantes de este órgano electoral, el
30% de que trata la Ley 581 de 2000, no puede predicarse de la escogencia que
hizo el partido Liberal, sino de la «lista de coalición» que, finalmente fue
presentada al Congreso de la República, dentro de la cual los candidatos del
Partido Liberal fueron inscritos.
Según las pruebas allegadas al plenario, el partido Liberal no presentó una lista
individual como colectividad, sino que integró la lista de coalición, integrada por
los partidos Colombia Humana, Movimiento Alianza Democrática Amplia,
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Polo Democrático Alternativo,
Unión Patriótica UP, Liberal Colombiano, Conservador Colombiano, Partido de la
Unión por la Gente - Partido de la U, Cambio Radical, Alianza Verde, Comunes,
Alianza Social Independiente (ASI), Nuevo Liberalismo, Liga de Gobernantes
Anticorrupción - Liga, MIRA, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia
(AICO), Colombia Justa Libres, Colombia Renaciente, Dignidad y Partido
Demócrata Colombiano. En esta lista por coalición, fueron inscritas tres (3)
mujeres de una lista de diez (10) integrantes, a saber: Fabiola Márquez Grisales,
Alba Lucía Velásquez Hernández y Maritza Martínez Aristizábal, por lo tanto,
concluye la Sala que no se vulneró la cuota de género de que trata la Ley 581 de
2000.
En un caso similar, esta Sección Quinta, mediante sentencia del 7 de septiembre
de 2015, MP Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-28-000-2014-00134-
00, arribó a la misma conclusión, cuando se censuraba la escogencia que hizo el
partido de la U de sus precandidatos, que finalmente fueron inscritos por la
coalición de partidos conformada para dichos efectos. Allí se indicó:
(...) como bien lo precisó el agente del Ministerio Público, es necesario resaltar
que en el caso particular del partido de la U, está demostrado que el procedimiento
de selección de los precandidatos a magistrados del Consejo Nacional Electoral
se reglamentó mediante la Resolución No. 028 de 2014 y que se efectuó una
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En ese mismo oficio el Partido Liberal Colombiano también enlistó los nombres de Harry
Giovanny González García y Ángel María Preciado Vidal, para que en caso de alguna novedad
frente a los postulados principales, ocuparan el lugar de estos últimos.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-000320-00 (Ppal.),
11001-03-28-000-2022-000321-00, 11001-03-28-000-2022-000322-00 y
11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
convocatoria pública y abierta para todos los militantes que cumplieran con los
requisitos que exige la ley para ocupar dicho cargo.
Dentro de ese trámite se presentaron 9 candidatos de los cuales sólo dos eran
mujeres (las doctoras Astrid Sánchez Montes y Liliana Cardona), quienes dentro
de la votación que efectuó la bancada obtuvieron 9 y 6 votos respectivamente,
con lo cual ocuparon los puestos 4º y 5º dentro de todos los aspirantes.
Es decir, fue la decisión de la mayoría de la bancada, dentro de un proceso
democrático que se adelantó con las garantías del caso, la que determinó el orden
en que se inscribiría la "pre-lista de candidatos" de ese partido político (dentro de
la cual se incluyó a las citadas señoras), lo cual posteriormente sirvió de base
para configurar la plancha No. 1 que se presentó mediante la concertación con
los demás integrantes de la Unidad Nacional. Ese trámite fue objetivo, público,
transparente e imparcial, en el cual gozaron de las mismas oportunidades y
garantías de inscripción y postulación, tanto los aspirantes del sexo masculino
como las del sexo femenino.
El anterior análisis resulta perfectamente aplicable al caso concreto, dadas las
similitudes fácticas, pues la postulación que finalmente hizo la coalición de
partidos, anteriormente reseñada, fue precedida de una escogencia interna que
hizo el Partido Liberal donde se escogieron dos (2) precandidatos que finalmente
entraron a hacer parte de la lista inscrita (plancha 1) junto con los demás
postulados de otras colectividades. Así las cosas, no prospera la censura dirigida
a demostrar el desconocimiento de las previsiones contenidas en la Ley 581 de
2000.
6.5 El demandado se encontraba incurso en una inhabilidad en los términos
del artículo 5º de la Ley 190 de 1995
Los demandantes María Angélica García Sarmiento y Nicolás Youn Díaz,
alegaron que el acto de elección desconoce a su vez el artículo 5º de la Ley 190
de 1995, por haberse realizado el nombramiento del señor Altus Alejandro
Baquero Rueda como magistrado del Consejo Nacional Electoral, sin el
cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo. Aunado a esto, dicen
que se aportó documentación, presuntamente falsa, para sustentar la información
suministrada en la hoja de vida, razón por la cual está incurso en la causal de
inhabilidad a que se refiere dicha norma.
Para analizar esta censura, es pertinente traer a colación la norma cuyo
desconocimiento se alega:
ARTÍCULO 5o. En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en
un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con
la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo
o la celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación,
según el caso, inmediatamente se advierta la infracción.
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11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
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Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentación falsa
para sustentar la información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la
responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugar, el responsable quedará
inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) años.
El primer supuesto de la norma ?inciso primero?, el cual no puede erigirse como
una infracción que pueda constituir una causal de nulidad del acto de elección, se
refiere, específicamente, a un deber que tiene los nominadores de revocar el
nombramiento efectuado a una persona, sin el lleno de requisitos legales. En este
sentido, la norma no tiene que ver con el trámite regulado para la realización de
un nombramiento o algún elemento de validez de la elección, sino de la
consecuencia que acarrea para quien profiere la designación, cuando se advierta
que ésta resulta contraria a derecho.
En relación con el segundo aparte del precepto, lo que allí se contempla es una
inhabilidad para ejercer funciones públicas a consecuencia de ocultar información
o allegar documentación falsa que sirva de sustento a la hoja de vida, supuestos
que no se advierten en el sub examine, pues, en el plenario no se allegó una
prueba que demuestre la presunta falsedad alegada por los demandantes
respecto de los documentos que sirvieron para soportar esta censura.
En suma, no se advierte la configuración de vicio alguno en punto al alegado
desconocimiento del artículo 5º de la Ley 190 de 1995.
7. Conclusión
Acorde con los razonamientos expuestos en los numeral 6.2.2 y 6.2.3, la Sala
concluye que el acto de elección del Altus Alejandro Baquero Rueda como
magistrado del Consejo Nacional Electoral está incurso en las causales de nulidad
contempladas en los artículos 275.5 y 137 ?particularmente, infracción a norma
superior y falsa motivación?. Por consiguiente, este colegiado declarará la nulidad
del mismo.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la elección del señor Altus Alejandro
Baquero Rueda, como magistrado del Consejo Nacional Electoral, contenida en
el acta del 30 de agosto de 2022 del Congreso de la República.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
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11001-03-28-000-2022-000324-00 (Acum.)
Demandantes: Giovanny Rafael Decola Vásquez y otros
Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda ? magistrado del CNE
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Salva voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
"Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081".
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