Bogotá, 26 de octubre de 2010 . Como resultado de la queja presentada por la Procuraduría General de la Nación ante el Consejo Superior de la Judicatura , por la actuación de jueces de la República que de manera irregular fallaron tutelas que afectaban Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) de Telecom, se han adelantado investigaciones disciplinarias y en el caso de la Juez Promiscua Municipal de Arboletes, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico profirió pliego de cargos por la presunta responsabilidad en la comisión a título de dolo de prevaricato por acción, la cual constituye una falta gravísima.

Antecedentes

En el marco del proceso de liquidación de Telecom, se constituyó el Patrimonio Autónomo Remanente (PAR), encargado de administrar, enajenar y sanear los activos no afectos al servicio, garantizar la administración, conservación, custodia y transferencia de los archivos, atender la obligaciones remanentes y contingentes, y los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio.

En el año 2009 se registró una “avalancha” de acciones de tutela interpuestas por ex servidores de Telecom, quienes reclamaban por terminación indebida de contratos, inobservancia del Retén Social, entre otros aspectos que a su juicio afectaron sus derechos fundamentales.

En varios juzgados del país, especialmente en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia , se aceptaron estos argumentos y se ordenaron multimillonarios embargos a los recursos del PAR. Una vez se proferían dichos fallos de tutela, inmediatamente se desembolsaban los recursos a los beneficiarios; cuando los procesos pasaban a segunda instancia y se negaban las pretensiones de quien instauraba la tutela, ya los dineros se habían entregado.

El gerente del PAR puso el tema en conocimiento de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social , que procedió a interponer denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación y queja ante el Consejo Superior de la Judicatura.

La acción de la Procuraduría ha evitado que a través de nuevos fallos de tutela improcedentes se ordene el desembolso de cuantiosas sumas que generan detrimento patrimonial, el cual hasta el 2009 ascendía a 600.000 millones de pesos.

El anuncio fue hecho por el canciller José Antonio García Belaúnde durante una rueda de prensa para presentar la tercera cumbre América del Sur-Países Árabes que tendrá lugar en Lima entre el 14 y el 16 de febrero, y fue visto en Lima como un gesto hacia los países árabes. 

El canciller dijo luego ante los periodistas que su Gobierno habría preferido que el reconocimiento del Estado palestino se hubiera hecho de forma unánime en toda Suramérica, a través de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) porque "las condiciones están maduras", pero estos reconocimientos se han ido produciendo de forma separada y paulatina. 

Perú se suma así a los reconocimientos del Estado palestino por parte de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Costa Rica, mientras Uruguay anunció su intención de hacerlo, y, según fuentes palestinas, se espera que Paraguay lo haga próximamente. 

García Belaúnde aseguró que no teme la reacción de Israel -que hasta ahora ha criticado los reconocimientos expresados por otros Gobiernos americanos- pues "la posición de Perú es consistente desde 1947", y se basa en afirmar el derecho de Israel a vivir en fronteras seguras junto a un Estado palestino. 

Y en efecto, un comunicado de la Cancillería emitido posteriormente recuerda que Perú también "reconoce el indeclinable derecho del Estado de Israel para desarrollarse en paz y armonía con todos sus vecinos (...) libre de cualquier amenaza contra su pueblo", e incluso hace un llamamiento a los países que no lo hayan hecho a "reconocer plenamente al Estado de Israel". 

El canciller precisó a los periodistas que con este reconocimiento Perú no toma postura en el asunto de la territorialidad del Estado palestino, cuestión que según él "tiene que ser resuelto en el marco de Naciones Unidas y dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad". 

En Perú coexisten una embajada de Israel y una oficina de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), pero hasta el momento ninguna de las dos se ha manifestado respecto al anuncio hecho este lunes. 

Vicepresidente se pronunció frente a informe anual de Derechos Humanos de Human Rights Watch.

En su informe anual, la ONG señaló que la violencia contra el sindicalismo en Colombia, uno  de los obstáculos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sigue siendo un grave problema.

De hecho, el fenómeno viene en aumento desde el 2007, según afirma Human Rights Watch en su evaluación anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, que fue entregado en Washington.

Ante esto, el vicepresidente Angelino Garzón señaló: "Seguiremos recibiendo con respeto cualquier observación o crítica que nos hagan. Mientras haya uno solo sindicalista que sea asesinado en Colombia, no sólo lo condenaremos, sino que reiteraremos el compromiso del presidente Santos de avanzar en una política integral de prevención y respeto de los derechos humanos".

Garzón, además, pidió un frente común que "nos permita combatir y erradicar ese tipo de prácticas que son una vergüenza para la democracia".

El informe de la ONG coincidió con el inicio de la gira del vicepresidente Garzón, que estará toda la semana en Washington.

Uno de los ejes de su visita es demostrar al Congreso y a otras autoridades que la realidad ha cambiado en Colombia y empujar por la aprobación del TLC.

Hay cambio de tono en Colombia, pero situación sigue crítica

Así lo afirmó el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

"Si bien hay un cambio de actitud y tono por parte del gobierno Santos, no hemos visto cambios en la trayectoria de abusos en Colombia, que siguen siendo muy graves", dijo Vivanco, al comentar la situación del país.

La ONG expresó, a su vez, preocupación por los ataques a defensores de Derechos Humanos y los llamados "falsos positivos" que, dice, aún persisten.

Homicidios de sindicalistas

Vivanco subrayó que Human Rigths Watch se seguirá oponiendo a la ratificación del Tratado de Libre Comercio mientras no se cumplan dos condiciones: que se pueda verificar la disminución de la violencia contra el sindicalismo y que haya una mejoría en las investigaciones para esclarecer esos casos.

"Al contrario,vemos un incremento (de la violencia) y no vemos mejoras en cuanto a impunidad", dijo Vivanco.

HRW sostiene que  Colombia continúa siendo el país con el mayor número de asesinatos en todo el mundo, en su mayoría atribuidos a paramilitares y sus grupos sucesores.

"Si bien la cantidad de homicidios se redujo a 39 en 2007, las estadísticas continúan siendo alarmantes: según la Escuela Nacional Sindical, se produjeron 52 asesinatos en 2008, 47 en 2009, y 36 entre enero y el 15 de septiembre de 2010. Las amenazas contra sindicalistas han aumentado desde 2007", dice la ONG.

Para la ONG, la impunidad en estos casos "sigue siendo la regla: sólo el 25 por ciento de los más de 2.800 asesinatos de sindicalistas documentados por la ENS están siendo investigados por la Fiscalía.

"Si bien la Fiscalía ha iniciado investigaciones de más de 1.300 casos de violencia anti-sindical, sólo ha obtenido condenas en el 14 por ciento de estos casos", dice HRW, que se declaró 'decepcionado' por el funcionamiento de la unidad del ente acusador encargada de esclarecer esos crímenes.

Algunos avances

El reporte, sin embargo, resalta proyectos como la "Ley de Víctimas", que busca resarcir a los afectados por el conflicto. Aún así, anota, es prematuro  avalar su gestión pues los resultados no se ven.   

"El Presidente Santos ha impulsado un proyecto de ley para restituir las tierras a las personas desplazadas y resarcir a las víctimas de abusos cometidos por agentes del estado, manifestó en forma pública que respetaba la independencia del poder judicial y denunció amenazas contra defensores de derechos humanos. 
No obstante, aún no puede determinarse si esta postura se traducirá en resultados concretos a la luz de los graves abusos que continúan cometiéndose", dice el reporte.

Menciona, a su vez, que el repudio de Santos a las amenazas contra defensores de derechos humanos "suponen una mejora respecto de su estigmatización durante el gobierno del Presidente Uribe".

Según la ONG, aunque la cantidad de los llamados "falsos positivos" se redujo de manera significativa desde 2009, "el problema persiste". 

De acuerdo con el reporte, a mayo de 2010 "la Fiscalía estaba investigando 1.366 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, que dejaron un saldo de más de 2.300 víctimas. Sólo se han dictado sentencias en 63 casos".

Denuncia, a su vez, "la resistencia del sistema de justicia militar" a remitir los casos a los tribunales ordinarios y dice que entre enero y septiembre de 2010 solo se enviaron 7 casos comparado con los 266 del 2009.

En el caso de los defensores de Derechos Humanos cita estadísticas de la ONG  "Somos Defensores" en las que se registran  7 defensores asesinados y 51 amenazados durante la primera mitad de 2010. Luego menciona cifras de una colación de ONG colombianas e internacionales según la cual entre julio y el 15 de octubre de 2010 fueron asesinados otros  30 defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Sobre la guerrilla el reporte afirma que siguieron cometiendo graves abusos contra civiles. "Las Farc-dice HRW- en particular, se ven involucradas frecuentemente en asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños para el combate".

También dedica un aparte separado a los paramilitares y sus sucesores y dice que la "tolerancia" de la fuerza pública frente a estos nuevos grupos  "es uno de los factores decisivos que han permitido su crecimiento".

Para HRW, al igual que los paramilitares del pasado, estos grupos participan en narcotráfico, cometen abusos como masacres, asesinatos, violaciones sexuales,  desplazamientos forzados y atacan de manera reiterada a defensores, sindicalistas y grupos de víctimas que reclaman justicia y la restitución de tierras.

 "Los grupos sucesores de los paramilitares...ejercen el control territorial de algunas regiones y cometen atrocidades contra civiles en forma generalizada. La Policía Nacional de Colombia informó que en julio de 2010 los grupos tenían 3.749 miembros. Sin embargo, la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz calcula que los grupos cuentan con 6.000 combatientes armados y han ampliado sus operaciones a 29 de los 32 departamentos del país",  dice el reporte.

El informe también critica los resultados de la llamada Ley de Justicia y Paz al decir que 5 años después de su entrada en vigor sólo se han registrado dos condenas y se ha recuperado "una fracción ínfima de los millones de acres de tierras que fueron tomadas por los paramilitares".

WASHINGTON

Vicepresidente se pronunció frente a informe anual de Derechos Humanos de Human Rights Watch.

En su informe anual, la ONG señaló que la violencia contra el sindicalismo en Colombia, uno  de los obstáculos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sigue siendo un grave problema.

De hecho, el fenómeno viene en aumento desde el 2007, según afirma Human Rights Watch en su evaluación anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, que fue entregado en Washington.

Ante esto, el vicepresidente Angelino Garzón señaló: "Seguiremos recibiendo con respeto cualquier observación o crítica que nos hagan. Mientras haya uno solo sindicalista que sea asesinado en Colombia, no sólo lo condenaremos, sino que reiteraremos el compromiso del presidente Santos de avanzar en una política integral de prevención y respeto de los derechos humanos".

Garzón, además, pidió un frente común que "nos permita combatir y erradicar ese tipo de prácticas que son una vergüenza para la democracia".

El informe de la ONG coincidió con el inicio de la gira del vicepresidente Garzón, que estará toda la semana en Washington.

Uno de los ejes de su visita es demostrar al Congreso y a otras autoridades que la realidad ha cambiado en Colombia y empujar por la aprobación del TLC.

Hay cambio de tono en Colombia, pero situación sigue crítica

Así lo afirmó el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

"Si bien hay un cambio de actitud y tono por parte del gobierno Santos, no hemos visto cambios en la trayectoria de abusos en Colombia, que siguen siendo muy graves", dijo Vivanco, al comentar la situación del país.

La ONG expresó, a su vez, preocupación por los ataques a defensores de Derechos Humanos y los llamados "falsos positivos" que, dice, aún persisten.

Homicidios de sindicalistas

Vivanco subrayó que Human Rigths Watch se seguirá oponiendo a la ratificación del Tratado de Libre Comercio mientras no se cumplan dos condiciones: que se pueda verificar la disminución de la violencia contra el sindicalismo y que haya una mejoría en las investigaciones para esclarecer esos casos.

"Al contrario,vemos un incremento (de la violencia) y no vemos mejoras en cuanto a impunidad", dijo Vivanco.

HRW sostiene que  Colombia continúa siendo el país con el mayor número de asesinatos en todo el mundo, en su mayoría atribuidos a paramilitares y sus grupos sucesores.

"Si bien la cantidad de homicidios se redujo a 39 en 2007, las estadísticas continúan siendo alarmantes: según la Escuela Nacional Sindical, se produjeron 52 asesinatos en 2008, 47 en 2009, y 36 entre enero y el 15 de septiembre de 2010. Las amenazas contra sindicalistas han aumentado desde 2007", dice la ONG.

Para la ONG, la impunidad en estos casos "sigue siendo la regla: sólo el 25 por ciento de los más de 2.800 asesinatos de sindicalistas documentados por la ENS están siendo investigados por la Fiscalía.

"Si bien la Fiscalía ha iniciado investigaciones de más de 1.300 casos de violencia anti-sindical, sólo ha obtenido condenas en el 14 por ciento de estos casos", dice HRW, que se declaró 'decepcionado' por el funcionamiento de la unidad del ente acusador encargada de esclarecer esos crímenes.

Algunos avances

El reporte, sin embargo, resalta proyectos como la "Ley de Víctimas", que busca resarcir a los afectados por el conflicto. Aún así, anota, es prematuro  avalar su gestión pues los resultados no se ven.   

"El Presidente Santos ha impulsado un proyecto de ley para restituir las tierras a las personas desplazadas y resarcir a las víctimas de abusos cometidos por agentes del estado, manifestó en forma pública que respetaba la independencia del poder judicial y denunció amenazas contra defensores de derechos humanos. 
No obstante, aún no puede determinarse si esta postura se traducirá en resultados concretos a la luz de los graves abusos que continúan cometiéndose", dice el reporte.

Menciona, a su vez, que el repudio de Santos a las amenazas contra defensores de derechos humanos "suponen una mejora respecto de su estigmatización durante el gobierno del Presidente Uribe".

Según la ONG, aunque la cantidad de los llamados "falsos positivos" se redujo de manera significativa desde 2009, "el problema persiste". 

De acuerdo con el reporte, a mayo de 2010 "la Fiscalía estaba investigando 1.366 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, que dejaron un saldo de más de 2.300 víctimas. Sólo se han dictado sentencias en 63 casos".

Denuncia, a su vez, "la resistencia del sistema de justicia militar" a remitir los casos a los tribunales ordinarios y dice que entre enero y septiembre de 2010 solo se enviaron 7 casos comparado con los 266 del 2009.

En el caso de los defensores de Derechos Humanos cita estadísticas de la ONG  "Somos Defensores" en las que se registran  7 defensores asesinados y 51 amenazados durante la primera mitad de 2010. Luego menciona cifras de una colación de ONG colombianas e internacionales según la cual entre julio y el 15 de octubre de 2010 fueron asesinados otros  30 defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Sobre la guerrilla el reporte afirma que siguieron cometiendo graves abusos contra civiles. "Las Farc-dice HRW- en particular, se ven involucradas frecuentemente en asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños para el combate".

También dedica un aparte separado a los paramilitares y sus sucesores y dice que la "tolerancia" de la fuerza pública frente a estos nuevos grupos  "es uno de los factores decisivos que han permitido su crecimiento".

Para HRW, al igual que los paramilitares del pasado, estos grupos participan en narcotráfico, cometen abusos como masacres, asesinatos, violaciones sexuales,  desplazamientos forzados y atacan de manera reiterada a defensores, sindicalistas y grupos de víctimas que reclaman justicia y la restitución de tierras.

 "Los grupos sucesores de los paramilitares...ejercen el control territorial de algunas regiones y cometen atrocidades contra civiles en forma generalizada. La Policía Nacional de Colombia informó que en julio de 2010 los grupos tenían 3.749 miembros. Sin embargo, la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz calcula que los grupos cuentan con 6.000 combatientes armados y han ampliado sus operaciones a 29 de los 32 departamentos del país",  dice el reporte.

El informe también critica los resultados de la llamada Ley de Justicia y Paz al decir que 5 años después de su entrada en vigor sólo se han registrado dos condenas y se ha recuperado "una fracción ínfima de los millones de acres de tierras que fueron tomadas por los paramilitares".

WASHINGTON