CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO BARBANI DUARTE Y OTROS*
VS. URUGUAY

SENTENCIA DE 13 DE OCTUBRE DE 2011
(Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Barbani Duarte y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces^{(1)  (2)}:

Diego García-Sayán, Presidente;

Manuel E. Ventura Robles, Juez;

Margarette May Macaulay, Jueza;

Rhadys Abreu Blondet, Jueza, y

Eduardo Vio Grossi, Juez;

presente⁽³⁾ además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte⁽⁴⁾ (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:

Tabla de Contenido                                                                                             Párrafos

I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA	1
II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE	7
III. COMPETENCIA	15
IV. PRUEBA	16
A. Prueba documental, testimonial y pericial	17
B. Admisión de la prueba	19
B.1 Admisión de la prueba documental	21
B.2. Admisión de la prueba testimonial y pericial	27
V. CONSIDERACIONES PREVIAS	31
A. Respecto de los hechos del presente caso	32
B. Sobre la determinación de las presuntas víctimas	42
C. Sobre los alegatos de “Inexistencia del agotamiento de las vías internas”	52
VI. DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, LA PROTECCION  JUDICIAL Y LA IGUALDAD ANTE LA LEY, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS	60
A. Hechos probados en relación con las alegadas violaciones a las  garantías del debido proceso y la protección judicial	61
A.1. Contexto de la crisis bancaria ocurrida en el Uruguay	62
A.2. Hechos relacionados con el Banco de Montevideo, el procedimiento bajo el artículo 31 de la Ley No. 17.613 y las presuntas víctimas del presente caso	65
B. Derecho a ser oído y debidas garantías procesales 115 B.1. Ámbito material del derecho a ser oído en el proceso ante el órgano administrativo (Banco Central)	115
B.2. Debidas garantías procesales ante el Banco Central y elTribunal de lo Contencioso Administrativo	129
B.2.a) Alegada “presunción del consentimiento” por aplicación de “criterios descalificantes”	148
B.2.b) Alegado nuevo criterio aplicado por la Comisión Asesora de forma arbitraria en beneficio de 22 casos	149
B.2.c) Garantía procesal de una debida motivación	165
B.2.d) Alegada falta de información en materia probatoria	173
C. Protección judicial	186
C.1. La acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo	195
C.2. Otros presuntos recursos judiciales disponibles	221
D. Conclusión de la Corte del Capítulo VI	232
VII. DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS
Alegatos de las partes	233
Consideraciones de la Corte	236
VIII. REPARACIONES (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA)	239
A. Parte Lesionada	242
B. Medidas de reparación	243
B.1. Medida de satisfacción y Garantía de no repetición
B.1.a) Garantizar un debido proceso y protección judicial en la determinación de los derechos de las victimas	244
B.1.b) Publicación y difusión de la Sentencia	252
B.2. Indemnización Compensatoria por daño inmaterial	254
B.3. Otras pretensiones de reparación	261
B.4. Costas y gastos	266
C. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados	273
IX. PUNTOS RESOLUTIVOS	280
ANEXO SOBRE VÍCTIMAS

Voto Disidente del Juez Eduardo Vio Grossi y Votos Concurrentes de los Jueces Diego García-Sayán, Margarette May Macaulay y Radhys Abreu Blondet.

I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

1. El 16 de marzo de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) en relación con el caso 12.587. La petición inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana el 17 de octubre de 2003 por las señoras Alicia Barbani Duarte y María del Huerto Breccia Farro, en su nombre y en representación de un grupo de clientes del Banco de Montevideo S.A. en el Uruguay (en adelante “Banco de Montevideo” o “BM”). El 27 de octubre de 2006 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Admisibilidad No. 123/06⁽⁵⁾, y el de noviembre de 2009 aprobó el Informe de Fondo No. 107/09, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana⁽⁶⁾. Dicho informe fue transmitido al Estado el 16 de diciembre de 2009 y se fijó un plazo de dos meses para que éste informara acerca de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones allí formuladas. El 12 de marzo de 2010 la Comisión Interamericana consideró que el Estado no había dado cumplimiento a las recomendaciones del Informe de Fondo, por lo que decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana designó como delegados a la Comisionada María Silvia Guillén y al Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton, y como asesoras legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Christina Cerna y Lilly Ching, abogadas de la Secretaría Ejecutiva.

2. De acuerdo a la Comisión, el presente caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por “la falta en proporcionar a un grupo de ahorristas del Banco de Montevideo una audiencia imparcial para sus reclamos ante la Comisión Asesora creada en virtud de la Ley 17.613 Ley de Reforma del Sistema Financiero o ante el Tribunal [de lo] Contencioso Administrativo en relación con la transferencia de sus fondos del Banco de Montevideo [...] al Trade and Commerce Bank [en las Islas Caimán] sin consultarles, [así como] la falta en proporcionar a las [presuntas] víctimas un recurso sencillo y rápido para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa ante sí”.

3. La Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado del Uruguay por la violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación, así como el pago de las costas y gastos.

4. La demanda fue notificada al Estado y a las representantes el 8 de julio de 2010. En dicha oportunidad se informó a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.3 del Reglamento anterior de la Corte⁽⁷⁾, aplicable a este caso según lo dispuesto en el artículo 79.2 del actual Reglamento, en el caso de las presuntas víctimas que no tuvieren representante legal debidamente acreditado, “la Comisión ser[á] la representante procesal de [esas] presuntas víctimas como garante del interés público bajo la Convención Americana, de modo a evitar la indefensión de las mismas”.

5. El 2 de septiembre de 2010 las señoras Alicia Barbani Duarte y María del Huerto Breccia Farro, presuntas víctimas y representantes de una parte de las presuntas víctimas en este caso (en adelante “las representantes”), presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), conforme al artículo 40 del Reglamento de la Corte. Las representantes indicaron que coincidían “plenamente” con los hechos presentados en la demanda y solicitaron al Tribunal que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales), 25.1 (Protección Judicial), 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado. En consecuencia, requirieron a la Corte que ordene diversas medidas de reparación.

6. El 26 de noviembre de 2010 Uruguay presentó ante la Corte su escrito de contestación al escrito de demanda y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”). En dicho escrito, el Estado rechazó como parte del objeto del presente caso las presuntas violaciones a los artículos 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la Convención, alegadas por las representantes en su escrito de solicitudes y argumentos, en virtud de que dichas supuestas violaciones no habían sido incluidas por la Comisión Interamericana en su demanda ni se consideraron configuradas por dicho órgano en su Informe de Fondo. Asimismo, controvirtió la totalidad de las pretensiones presentadas por la Comisión Interamericana y los hechos en que las mismas se fundan, así como los hechos alegados por las representantes de las presuntas víctimas; rechazó su responsabilidad internacional por las alegadas violaciones a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las presuntas víctimas identificadas en el escrito de demanda, así como, subsidiariamente rechazó su responsabilidad internacional por las alegadas violaciones a los artículos 21 y 24 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las presuntas víctimas identificadas en el escrito de demanda. En relación con las reparaciones solicitadas por la Comisión y las representantes, el Estado solicitó a la Corte que las desestimara en todos sus términos. El 13 de agosto de 2010 el Estado designó a los señores Carlos Mata como Agente titular y al señor Daniel Artecona y la señora Vivina Pérez Benech como Agentes alternos.

II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

7. Luego de la presentación de los escritos principales (supra párrs. 1, 5 y 6), así como de otros remitidos por las partes, el Presidente de la Corte ordenó, mediante su Resolución de 31 de enero de 2011⁽⁸⁾, recibir las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) de siete testigos, tres de los cuales fueron propuestos por las representantes y cuatro por el Estado. La Comisión, las representantes y el Estado tuvieron oportunidad de formular preguntas a los referidos testigos previamente a la rendición de las declaraciones respectivas, así como de presentar observaciones sobre dichos testimonios⁽⁹⁾. Asimismo, mediante la referida Resolución, el Presidente solicitó al Estado la presentación de determinada prueba documental, conforme al artículo 58.b del Reglamento. Igualmente, convocó a las partes a una audiencia pública para recibir las declaraciones de dos testigos, uno propuesto por las representantes y otro por el Estado, y de dos peritos, una propuesta por la Comisión Interamericana y otro por el Estado, así como las observaciones y alegatos finales orales de la Comisión Interamericana, las representantes y el Estado, respectivamente, sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso.

8. El 4 de febrero de 2011 las representantes remitieron una prueba documental que alegadamente versaba sobre hechos supervinientes relevantes para el presente caso. El 14 de febrero de 2011 el Estado presentó sus observaciones con respecto a la alegada prueba superviniente presentada por las representantes, así como también aportó la prueba documental solicitada por el Presidente del Tribunal en su Resolución (supra párr. 7) y sus observaciones con respecto a esta última. La Comisión Interamericana no presentó observaciones respecto a la supuesta prueba superviniente ni en relación con la prueba para mejor resolver solicitada al Estado por el Presidente de la Corte en su Resolución (supra párr. 7).

9. El 16 de febrero de 2011 las representantes y el Estado remitieron las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). El 28 de febrero de 2011 el Estado y las representantes presentaron sus observaciones a las declaraciones remitidas por la otra parte. En esa misma oportunidad, las representantes presentaron sus observaciones con respecto a la prueba para mejor resolver presentada por el Estado (supra párrs. 7 y 8). Asimismo, el 28 de febrero de 2011 la Comisión Interamericana manifestó que no tenía observaciones que formular con respecto a los affidávits remitidos por el Estado y las representantes.

10. La audiencia pública fue celebrada los días 21 y 22 de febrero de 2011 durante el 90 Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la sede del Tribunal⁽¹⁰⁾. Durante esta audiencia el Tribunal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58.a) de su Reglamento, requirió a las partes que presentaran determinada documentación y explicaciones para mejor resolver.

11. El 8 de marzo de 2011 el Presidente del Tribunal solicitó a las partes la presentación de determinada información, documentación y explicaciones para mejor resolver, alguna de ella relativa a la determinación de las presuntas víctimas(¹¹⁾.

12. El 23 de marzo de 2011 las representantes y el Estado remitieron sus alegatos finales escritos y la Comisión Interamericana presentó sus observaciones finales escritas al presente caso. Asimismo, en dicha oportunidad las representantes y el Estado dieron respuesta a las preguntas formuladas por los jueces durante la audiencia pública (supra párr. 10), así como a la solicitud de prueba para mejor resolver realizada por el Presidente del Tribunal, mediante notas de las Secretaría de la Corte de 8 de marzo de 2011 (supra párr. 11). La Comisión no presentó toda la información solicitada por el Presidente de la Corte en la referida nota de la Secretaría. Tales escritos fueron transmitidos a las partes, a quienes se dio oportunidad para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes a la información y anexos remitidos en respuesta a las solicitudes de prueba para mejor resolver de la Corte y su Presidencia (supra párrs. 10 y 11).

13. El 25 de abril de 2011 la Comisión presentó sus observaciones a determinada información y documentos nuevos remitidos por las otras partes, algunos de los cuales habían sido solicitados por el Presidente del Tribunal como prueba para mejor resolver (supra párrs. 11 y 12). Las representantes remitieron sus observaciones los días 25 de abril y 13 de mayo de 2011, mientras que el Estado las presentó los días 6 y 13 de mayo de 2011. Las representantes y el Estado, junto con sus observaciones, remitieron determinada información y documentación nueva en relación con las presuntas víctimas en este caso, por lo cual se dio oportunidad a las partes para presentar las observaciones que estimaran pertinentes. El 15 de junio de 2011 la Comisión, las representantes y el Estado presentaron sus observaciones respectivas.

14. El 23 de septiembre de 2011 el Presidente de la Corte solicitó a la Comisión Interamericana, a las representantes y al Estado determinada información y documentación con respecto a la determinación de las presuntas víctimas, así como en relación con prueba aportada sobre las mismas. Las representantes y el Estado presentaron la información solicitada el 29 de septiembre de 2011. La Comisión Interamericana dio respuesta a dicha solicitud el 7 de octubre de 2011, pero no se refirió a toda la información que le fue requerida por el Presidente del Tribunal.

III. COMPETENCIA

15. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención para conocer el presente caso, en razón de que el Uruguay es Estado Parte de la Convención Americana desde el 19 de abril de 1985 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte en esa misma fecha.

IV. PRUEBA

16. Con base en lo establecido en los artículos 46, 47 y 50 del Reglamento, así como en su jurisprudencia respecto de la prueba y su apreciación(¹²⁾, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales, así como los testimonios y los dictámenes periciales rendidos mediante declaración jurada ante fedatario público (affidávit) y en la audiencia pública ante la Corte, así como las pruebas para mejor resolver solicitadas por el Tribunal o su Presidente (supra párr. 12). Para ello el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente(¹³⁾.

A. Prueba documental, testimonial y pericial

17. El Tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión Interamericana, las representantes y el Estado adjuntos a sus escritos principales (supra párrs. 1, 5 y 6). Asimismo, la Corte recibió las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) de los testigos que se indican en el presente apartado, sobre los temas que se mencionan a continuación:

1) Marcelo Arámbulo, testigo propuesto por las representantes, quien declaró sobre la alegada responsabilidad del Banco Central del Uruguay, su alegada omisión de contralor y demás supuestas ilegalidades producidas con ocasión de la asistencia brindada a algunas de las instituciones en problemas en la crisis del año 2002;

2) Victor Rossi, testigo propuesto por las representantes, quien declaró sobre la actuación de la Comisión Investigadora Parlamentaria creada con ocasión de la crisis del año 2002;

3) Julio Herrera, testigo propuesto por las representantes, quien declaró sobre el proceso de aprobación de la Ley No. 17.613 y, en particular, sobre cuál fue la intención del cuerpo legislativo al adoptar esa ley y su artículo 31;

4) Fernando Barrán, testigo propuesto por el Estado, quien declaró sobre las circunstancias que rodearon la crisis bancaria del año 2002 en Uruguay, el desempeño del Banco Central del Uruguay, las medidas adoptadas durante dicha crisis, el régimen de supervisión global consolidada, y las operaciones de Banco de Montevideo como comisionista en las colocaciones de clientes en el Trade and Commerce Bank;

5) Jorge Xavier, testigo propuesto por el Estado, quien declaró sobre la situación del Banco de Montevideo antes y después de su intervención y suspensión de actividades, y la forma de operar de dicho banco en la colocación a clientes del producto Trade and Commerce Bank de las Islas Caimán;

6) Rosolina Trucillo, testigo propuesta por el Estado, quien declaró sobre la situación del Banco de Montevideo S.A. antes y después de su intervención y suspensión de actividades, y la forma de operar de dicho banco en la colocación a clientes del producto Trade and Commerce Bank de las Islas Caimán, y

7) Julio de Brun, testigo propuesto por el Estado, quien declaró sobre lo actuado por el Directorio del Banco Central cuando fue Presidente de dicha institución, en relación con las peticiones instruidas de conformidad con el artículo 31 de la Ley No. 17.613.

18. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las declaraciones de las siguientes personas:

1) Julio Cardozo, testigo propuesto por las representantes, quien declaró sobre el proceso de aprobación de la Ley No. 17.613 y, en particular, sobre cuál fue la intención del cuerpo legislativo al adoptar esa ley y su artículo 31;

2) Augusto Durán Martínez, testigo propuesto por el Estado, miembro de la Comisión Asesora creada por el artículo 31 de la Ley No. 17.613, quien declaró sobre el funcionamiento de dicha Comisión, los criterios adoptados para determinar la admisibilidad o rechazo de las peticiones, el régimen del procedimiento administrativo al que estaba sometida e impugnación de sus resoluciones, tanto en vía administrativa como jurisdiccional;

3) Nélida Mabel Daniele, perita propuesta por la Comisión Interamericana, especialista en Derecho Administrativo y Derechos Humanos, quien declaró sobre las garantías que deben estar presentes en los procesos administrativos, las garantías que deben ser aplicadas por tribunales ad hoc en procesos administrativos y aquéllas necesarias para la determinación de los derechos de las personas a la luz de la Convención Americana, y

4) Daniel Hugo Martins, perito propuesto por el Estado, especialista en Derecho Administrativo, quien declaró sobre el régimen jurídico del Banco Central del Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Poder Judicial, posición institucional, atribuciones, sistema recursivo de sus actos, régimen del procedimiento administrativo y jurisdiccional.

B. Admisión de la prueba

19. En sus alegatos finales escritos el Estado indicó que la prueba consistente en testimonios y documentos sobre las presuntas violaciones a los artículos 21 y 24 de la Convención alegadas por las representantes era “impertinente”, debido a que dichas alegadas violaciones no formaban parte del objeto del presente caso. Asimismo, al presentar la prueba documental solicitada por el Presidente del Tribunal en su Resolución de 31 de enero de 2011 (supra párrs. 7 y 8), la cual consistía en un peritaje elaborado en el marco de un proceso penal interno por el señor Marcelo Arámbulo sobre la alegada responsabilidad de las autoridades del Banco Central del Uruguay por la crisis bancaria del Uruguay en el 2002, el Estado señaló que “los hechos a los que se refiere el citado informe pericial [eran] ajenos al objeto del presente proceso”, por lo cual debía considerarse “la impertinencia de la prueba ofrecida [...] en la oportunidad procesal respectiva”. Igualmente, en relación con determinada documentación presentada por las representantes junto con sus alegatos finales escritos, el Uruguay indicó “la absoluta improcedencia e inconducencia de la presentación de dos sentencias de naturaleza penal, referidas a dos ex funcionarios del Banco Central del Uruguay”, debido a que “los hechos puntuales que dier[o]n lugar a esas sentencias penales [... n]o tienen la más mínima relación” con los hechos del presente caso.

20. Al respecto, la Corte estima que para pronunciarse sobre las observaciones del Estado le corresponde determinar en la consideración previa respectiva de esta Sentencia (infra párrs. 32-41) si los hechos que se busca probar con esos documentos y testimonios hacen parte o no del objeto del caso. Para ello la Corte determinará el marco fáctico de este caso y luego se pronunciará sobre la admisibilidad de la referida prueba.

B.1 Admisión de la prueba documental

21. En el presente caso, como en otros, el Tribunal otorga valor probatorio a aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda(¹⁴⁾. Los documentos solicitados por el Tribunal o su Presidente como prueba para mejor resolver (supra párr. 12) son incorporados al acervo probatorio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento.

22. La Corte advierte que no es admisible la prueba remitida fuera de las debidas oportunidades procesales, salvo en las excepciones establecidas en el artículo 57.2 del Reglamento, a saber, fuerza mayor, impedimento grave o si se tratare de un hecho ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales. En el presente caso, la Corte admite de oficio, conforme al artículo 58 del Reglamento, aquellos documentos remitidos por las partes fuera de las debidas oportunidades procesales que no fueron controvertidos u objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda, exclusivamente en la medida en que sean pertinentes y útiles para la determinación de los hechos y sus eventuales consecuencias jurídicas.

23. La Corte observa que en sus escritos de observaciones de 6 de mayo y 15 de junio de 2011 (supra párr. 13) el Estado presentó observaciones a los alegatos finales escritos de la Comisión y las representantes, así como alegatos adicionales y pruebas no solicitadas por el Tribunal. En sus observaciones de 15 de junio de 2011, las representantes solicitaron que las observaciones del Uruguay a sus alegatos finales escritos y a los de la Comisión fueran “rechazada[s] por improcedente[s], por no existir oportunidad procesal para la[s] misma[s]”. Al respecto, esta Corte hace notar que lo que se solicitó a las partes fueron observaciones a la información y anexos remitidos por las partes, “en respuesta a las preguntas formuladas por los jueces del Tribunal al finalizar la audiencia pública [...] y por el Presidente de la Corte mediante nota de la Secretaría de 8 de marzo de 2011”, siendo que “[c]ualquier otro alegato adicional no ser[ía] considerado por la Corte”. Por tanto, la Corte considera que los referidos alegatos adicionales presentados por el Estado en sus escritos de 6 de mayo y 15 de junio de 2011 no son admisibles, por lo cual no serán considerados por el Tribunal en su decisión.

24. Asimismo, el Tribunal toma nota que el 4 de febrero de 2011 las representantes remitieron un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas adoptado el 19 de octubre de 2010, en relación con una petición individual interpuesta por el señor Juan Peirano Basso, y solicitaron que “se agregue como prueba”, puesto que “[e]n el mismo se explicitan con claridad algunos aspectos esenciales que resultan relevantes para probar la violación de [los] derechos [de las presuntas víctimas]”. Las representantes señalaron que, debido a que presentaron su escrito de solicitudes y argumentos en septiembre de 2010, “no pod[ían] tener acceso a este documento que se adoptó recién en octubre del mismo año”. Respecto de dicha prueba documental, el Estado indicó que “no correspond[ía] su admisión conforme a lo dispuesto por el artículo 57.2 del Reglamento de la Corte [...], ya que dicho documento tampoco guarda ninguna relación con el objeto del presente proceso”, pues “los hechos a que se refiere el citado dictamen son ajenos al objeto del presente proceso”, además de que “es extemporánea la prueba que se pretende agregar”. Al respecto, en primer lugar el Tribunal reitera lo señalado supra en cuanto a que corresponde al Tribunal determinar en la consideración previa respectiva (infra párrs. 32 a 41) si los hechos relacionados con el presente documento hacen parte o no del marco fáctico del caso. En segundo lugar, la Corte considera que en virtud de que el referido dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue aprobado con posterioridad a la presentación por parte de las representantes de su escrito de solicitudes y argumentos, la referida prueba documental cumple con los requisitos formales para su admisibilidad como prueba sobre hecho superviniente, conforme al artículo 57.2 del Reglamento, y la incorpora al acervo probatorio para su valoración, según las reglas de la sana crítica y habida cuenta de las objeciones señaladas por el Estado.

25. Las representantes observaron que la presentación por parte del Estado de la decisión de la Suprema Corte de Justicia que resuelve el recurso de casación en el caso de la representante y presunta víctima María del Huerto Breccia “es extemporánea, por estar fuera de los plazos que le concediera la [...] Corte al Estado a estos efectos”. Al respecto, el Tribunal hace notar que dicha prueba fue presentada por el Estado en respuesta a un pedido del Presidente de que remitiera copia de las sentencias internas que se hubieren dictado con posterioridad a la presentación de su escrito de contestación (supra párr. 11). Si bien el Estado presentó dicha sentencia siete días después de vencido el plazo para presentar la prueba para mejor resolver, ello obedece a que la sentencia fue emitida unos días después de vencido ese plazo. Asimismo, la Corte ha constatado que dicha sentencia interna fue dictada cinco meses después de que el Estado presentara su escrito de contestación el 26 de noviembre de 2010 (supra párr. 6). Con base en lo anterior, el Tribunal considera que la referida prueba documental cumple con los requisitos formales para su admisibilidad como prueba sobre hecho superviniente, conforme al artículo 57.2 del Reglamento, y la incorpora al acervo probatorio para su valoración, según las reglas de la sana crítica.

26. Con posterioridad a la celebración de la audiencia pública, la Comisión y el Estado remitieron versiones escritas de los peritajes rendidos por los peritos convocados a declarar en el presente caso, los cuales fueron transmitidos a las demás partes. El Tribunal admite estos documentos en lo que se refieran al objeto oportunamente definido por el Presidente del Tribunal para las declaraciones respectivas (supra párr. 18), porque los estima útiles para la presente causa y no fueron objetados, ni su autenticidad o veracidad puestas en duda.

B.2. Admisión de la prueba testimonial y pericial

27. En cuanto a las declaraciones de los testigos y a los dictámenes rendidos en la audiencia pública y mediante declaraciones juradas, la Corte los estima pertinentes sólo en lo que se ajusten al objeto que fue definido por el Presidente del Tribunal en la Resolución mediante la cual se ordenó recibirlos (supra párrs. 7, 17 y 18). Éstos serán valorados en el capítulo que corresponda, en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio y tomando en cuenta las observaciones formuladas por las partes(¹⁵⁾.

28. En sus observaciones a las declaraciones juradas remitidas por las representantes, el Estado alegó que éstas “no se adecua[ban] a lo dispuesto por la Corte pues no se tratan de exposiciones libres con posteriores preguntas sino que responden directamente a un interrogatorio realizad[o] por [las representantes]”. Al respecto, la Corte observa que mediante comunicación de 14 de enero de 2011 el Estado consultó al Tribunal sobre la forma y modalidad de las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) requeridas por el Presidente del Tribunal mediante la Resolución de 31 de enero de 2011 (supra párr. 7). En este sentido, mediante nota de la Secretaría de la Corte de 14 de enero de 2011, se indicó al Estado que los affidávits “deb[ían] consistir en la transcripción escrita de la exposición libre que realice el declarante ante fedatario público, sobre el objeto de la declaración, [...] definido por el Presidente de la Corte en la Resolución de convocatoria respectiva”, junto a las “resp[uestas] a las preguntas formuladas por la contraparte a aquélla que los haya ofrecido”, de conformidad con el artículo 50 del Reglamento de la Corte.

29. Con respecto a lo observado por el Estado en cuanto a la estructura de las declaraciones juradas presentadas por las representantes, el Tribunal estima que no existen limitaciones convencionales o reglamentarias en cuanto a la forma en que se exponga el contenido de las mismas, de conformidad con el artículo 50 del Reglamento del Tribunal, siempre y cuando versen únicamente sobre el objeto definido por la Corte o su Presidencia y en ellas se respondan las preguntas realizadas por la contraparte. Si bien se indicó al Estado que los affidávits constaban de una exposición libre realizada por el declarante, nada impide que dicha exposición libre se haga a través de un esquema de preguntas y respuestas con la parte que lo propone. Además, el Tribunal observa que, al remitir las preguntas para los testigos propuestos por el Estado, las representantes también presentaron preguntas dirigidas a los testigos propuestos por ellas mismas, ante lo cual se les informó que las preguntas dirigidas a sus testigos, podrían formularlas directamente a éstos o ser incluidas por dichos testigos en sus declaraciones, sin necesidad de la intervención del Tribunal. De esto se puso en conocimiento al Estado. Por tanto, el Tribunal no estima procedente lo observado por el Estado en cuanto a la estructura de las declaraciones juradas presentadas por los representantes, y decide admitirlas sin perjuicio de que su valor probatorio sea considerado en el apartado pertinente de la presente Sentencia, dentro del contexto del acervo probatorio y según las reglas de la sana crítica.

30. Por último, la Corte toma nota que las representantes solicitaron que “no deb[ía] tenerse en cuenta” determinados aspectos de las declaraciones de los testigos Rosolina Trucillo y Julio de Brun. Sin embargo, el Tribunal considera que las observaciones de las representantes se refieren a aspectos del contenido de ambas declaraciones, que no impugnan su admisibilidad sino que se refiere a cuestiones de valor probatorio(¹⁶⁾. Con base en lo anterior, la Corte admite dichas declaraciones, sin perjuicio de que su valor probatorio sea considerado sólo respecto de aquello que efectivamente se ajuste al objeto delimitado en la debida oportunidad por el Presidente de la Corte (supra párr. 17), teniendo en cuenta el conjunto del acervo probatorio, las observaciones de las partes y las reglas de la sana crítica. Así, las observaciones de las representantes serán consideradas, en lo pertinente, al analizar el fondo de la controversia.

V. CONSIDERACIONES PREVIAS

31. En este capítulo la Corte formulará consideraciones respecto de los hechos del presente caso, la determinación de presuntas víctimas, y el tratamiento que dará a los alegatos del Estado sobre la “inexistencia del agotamiento de las vías internas”.

A. Respecto de los hechos del presente caso

Alegatos de las partes

32. En su escrito de demanda del presente caso, la Comisión incluyó “la exposición de los hechos”, tal como lo dispone el artículo 34.1 del Reglamento anterior de la Corte, aplicable al presente caso en lo relativo a “la presentación del caso ante la Corte”, según lo establecido en el artículo 79.2 del actual Reglamento del Tribunal (supra párr. 4).

33. Al presentar su capítulo sobre “Hechos” en el escrito de solicitudes y argumentos, las representantes indicaron que “coincid[en] plenamente con lo que en referencia a los hechos es expuesto por la Comisión [Interamericana] en su escrito de demanda en los puntos 28 a 95 y lo que se extrae de los mismos”, así como también señalaron que “para no realizar duplicaciones innecesarias, [se] limitar[ían] a señalar [su] visión de los hechos de forma sintética, destacando los elementos que [le]s parecen más relevantes para su consideración por la Corte y para justificar [su] petición posterior, remitiéndo[se] en el resto a lo muy bien expresado por la Comisión”.

34. En sus escritos de contestación y de alegatos finales, el Estado sostuvo que las representantes de las presuntas víctimas pretenden introducir aspectos que “no forman parte de los hechos invocados por [la Comisión] como objeto de la [...] demanda”, lo cual “no resulta admisible a la luz de los artículos 44 y 61 de la Convención [...] y los artículos 35.3 y 40.2.a) del Reglamento de la Corte”. El Estado señaló que “las presuntas víctimas pretenden reincorporar mediante la ampliación del objeto del proceso” los aspectos referidos a las alegadas violaciones a los artículos 21 (Derecho a la Propiedad privada)(¹⁷⁾ y 24 (Igualdad ante la Ley)(¹⁸⁾ de la Convención, “que ya fueron descartados por la Comisión en su informe de fondo”.

35. Respecto de lo alegado por el Estado (supra párr. 34), las representantes de las presuntas víctimas señalaron en su escrito de alegatos finales que el Uruguay interpreta erróneamente el artículo 61 de la Convención Americana y el artículo 40 del Reglamento del Tribunal. Indicaron que, si bien deben respetar el marco fáctico fijado por la Comisión, “nada obsta a que dicho marco fáctico pueda, a juicio de cualquier peticionante, haber dado lugar a la violación de más derechos que los que consideró la [Comisión Interamericana]”. Las representantes sostuvieron que “no introdu[jeron] un caso diferente al de la [Comisión Interamericana], sino que [.] s[ó]lo considera[ron] que los hechos planteados en el asunto dan lugar a la violación de más derechos que los que entendió la [Comisión Interamericana]”.

Consideraciones de la Corte

36. Para resolver este punto la Corte se basa en su jurisprudencia reiterada. Este Tribunal ha establecido que la demanda constituye el marco fáctico del proceso ante la Corte, por lo que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en dicho escrito, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante(¹⁹⁾. La excepción a este principio son los hechos que se califican como supervinientes; la información sobre estos hechos podrá ser remitida al Tribunal en cualquier estado del proceso antes de la emisión de la sentencia(²⁰⁾. Asimismo, las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de otros derechos distintos a los comprendidos en la demanda siempre y cuando se atengan a los hechos contenidos en dicho documento, en tanto son las presuntas víctimas las titulares de todos los derechos consagrados en la Convención(²¹⁾. En definitiva, corresponde a la Corte decidir en cada caso acerca de la procedencia de alegatos relativos al marco fáctico en resguardo del equilibrio procesal de las partes(²²⁾.

37. En aplicación de tales criterios, la Corte ha constatado que el marco fáctico de este caso abarca los procedimientos administrativos ante el Banco Central del Uruguay que resolvieron las peticiones de las presuntas víctimas en relación con el artículo 31 de la Ley de “Fortalecimiento del Sistema Financiero” aprobada el 21 de diciembre de 2002, así como las acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra las decisiones emitidas por el Banco Central en aplicación de la referida norma(²³⁾.

38. La Corte ha constatado que en su escrito de solicitudes y argumentos las representantes incluyen hechos que no se limitan a explicar o aclarar los hechos expuestos por la Comisión Interamericana en la demanda, sino que se trata de la introducción de hechos diferentes a los planteados en la misma.

39. En consecuencia, no forman parte de la base fáctica de este caso aquellos hechos indicados por las representantes relativos a la actuación del Banco Central del Uruguay respecto: de la fiscalización, supervisión y control de las entidades financieras en el Uruguay; de la “conducción económica del Uruguay a la hora de enfrentar la crisis” bancaria del 2002; del “fraude privado realizado por el grupo Peirano”; y de las medidas adoptadas por el Banco Central frente a las dificultades económico-financieras del Banco Comercial durante la referida crisis bancaria del 2002.

40. Las representantes no presentaron ninguna explicación dirigida a justificar la inclusión de tales hechos en su escrito de solicitudes y argumentos. Por el contrario, sostuvieron que su exposición de hechos está dentro del marco fáctico planteado por la Comisión Interamericana (supra párr. 33). La Corte ha constatado que en el procedimiento ante la Comisión Interamericana algunos de los alegados hechos reseñados en el párrafo anterior fueron objeto de pronunciamiento por parte de dicho órgano en su Informe de Fondo No. 107/09, al analizar las alegadas violaciones a los artículos 21 y 24 de la Convención. Sin embargo, en su determinación de los hechos, la Comisión Interamericana no tuvo por probados tales hechos alegados por las representantes y concluyó que el Estado no violó dichas normas convencionales. En la demanda que presentó ante la Corte la Comisión no incluyó los referidos hechos alegados por las representantes.

41. De acuerdo a las anteriores consideraciones, la Corte no se pronunciará sobre los alegados hechos planteados por las representantes que no forman parte del marco fáctico del presente caso (supra párrs. 37 a 39) y, consecuentemente, tampoco se pronunciará respecto de los alegatos sobre las violaciones a la Convención Americana en relación con esos hechos. Tal como fue indicado, el Tribunal se pronunciará o tomará en cuenta aquellos hechos que expliquen, aclaren o desestimen los presentados por la Comisión Interamericana. En este último supuesto se encuentran los hechos planteados por el Estado para desestimar la alegada violación al derecho a la protección judicial por no “proporción[ar] un recurso sencillo y rápido para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa ante sí”. Al respecto, Uruguay presentó elementos fácticos y jurídicos sobre la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como respecto de “[otros] medios de reclamación judicial [.] existentes en el ordenamiento jurídico uruguayo”. Finalmente, en lo que respecta a las pruebas propuestas por las representantes con el fin de sustentar los alegados hechos que no forman parte del marco fáctico del presente caso, la Corte toma en cuenta las observaciones del Estado respecto a su impertinencia o inadmisibilidad (supra párrs. 19 y 22) y decide admitirlas en el entendido de que solamente las tomará en cuenta en la medida en que guarden relación con el objeto del presente caso, teniendo en cuenta la determinación del marco fáctico realizada en el presente capítulo.

B. Sobre la determinación de las presuntas víctimas

42. La Corte recuerda que en su jurisprudencia constante desde el año 2007(²⁴⁾ ha establecido que las presuntas víctimas deben estar señaladas en la demanda, lo cual debe corresponder con lo decidido en el informe de la Comisión Interamericana al que hace referencia el artículo 50 de la Convención. Además, de conformidad con el artículo 34.1 del anterior Reglamento de la Corte, aplicable al presente caso (supra párr. 4), corresponde a la Comisión y no a este Tribunal, identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante la Corte(²⁵⁾. La seguridad jurídica exige, como regla general, que todas las presuntas víctimas estén debidamente identificadas en ambos escritos, no siendo posible añadir nuevas presuntas víctimas en la demanda(²⁶⁾.

43. Asimismo, el Tribunal hace notar que el presente caso no se trata de uno de los supuestos del artículo 35.2 del Reglamento de la Corte que podría justificar la identificación de presuntas víctimas con posterioridad a la demanda o sometimiento del caso.

44. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34.1 del anterior Reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana consignó en la demanda el nombre de las presuntas víctimas de este caso. La Comisión indicó que se trata de “un grupo de ahorristas del Banco de Montevideo” y, respecto de la individualización de esas personas, precisó que “[e]n el trámite del caso ante la Comisión fueron identificados los cuentahabientes de 708 cuentas de un grupo de ahorristas del Banco de Montevideo de más de 1.400 personas”. En el primer pie de página de la demanda la Comisión consignó los nombres de las presuntas víctimas “identificadas por cuentas de ahorro”.

45. En el escrito de solicitudes y argumentos las representantes de las presuntas víctimas alegaron la responsabilidad internacional del Uruguay en perjuicio suyo “y del grupo de ahorristas damnificados al que representa[n]” e indicaron que presentaban la lista de 419 “ahorristas” que representan.

46. Respecto de la determinación de las presuntas víctimas, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte se solicitó a la Comisión Interamericana que remitiera una lista individualizada de las personas que indicó como presuntas víctimas en su demanda, ya que la forma como lo había presentado en su escrito de demanda era por cuenta bancaria (supra párr. 44) y faltaba claridad con respecto al número y nombre completo de las personas relacionadas con algunas de esas cuentas. En la audiencia pública la Comisión Interamericana explicó que algunas de esas cuentas “son mancomunadas [.] o tienen a más de una persona en la cuenta” y en su escrito de alegatos finales individualizó “a las 717 personas que componen el grupo de [presuntas] víctimas del caso, cuyos nombres se desprenden de la lista original incluida tanto en el informe de fondo como en la demanda”. Con sus observaciones finales escritas, la Comisión presentó un anexo con la “[l]ista de las [presuntas] víctimas del caso identificadas individualmente”.

47. Por otra parte, el Tribunal constató que las representantes habían incluido como presuntas víctimas en el escrito de solicitudes y argumentos a personas que no se encontraban en la lista de presuntas víctimas de la Comisión Interamericana. Al respecto, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se requirió a las representantes y a la Comisión Interamericana que remitieran una explicación o posición al respecto (supra párrs. 11 a 13). La Comisión Interamericana no presentó respuesta alguna a este pedido. Sin embargo, posteriormente, al presentar observaciones a información remitida por el Estado, la Comisión Interamericana sostuvo que “en relación con la referencia del Estado de que existirían personas incluidas como víctimas en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, [.] que no fueron incluidas en la lista de la demanda”, en el petitorio pertinente a las reparaciones solicitó una medida(²⁷⁾ respecto de la cual se verán beneficiadas “aquellas personas que se encuentran dentro del referido grupo y que no necesariamente hayan sido identificadas como víctimas en el presente caso”. Por su parte, las representantes explicaron en su escrito de alegatos finales que “[s]e agregaron 44 personas como presuntas víctimas, porque logra[ron] no sólo identificarlas sino ubicarlas con posterioridad a que la C[omisión Interamericana] presentara su demanda”.

48. Al presentar sus observaciones al respecto, el Estado sostuvo que las personas agregadas por las representantes, que no se encuentran en las listas de la Comisión Interamericana (supra párr. 46), “no son [.] solamente 44, sino 61” y presentó una lista de 66 personas. Asimismo, el Estado alegó que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61.1 de la Convención y 35.1 del Reglamento del Tribunal, tales personas “no forman parte de las presuntas víctimas cuyo caso se ha sometido al fallo de la Corte en el presente proceso”.

49. A partir del acervo probatorio, así como tomando en cuenta la información y aclaraciones solicitadas a las partes en materia de determinación de presuntas víctimas (supra párrs. 11 y 14), la Corte ha constatado que las presuntas víctimas indicadas en el Informe de Fondo y en la demanda consisten en 718 personas, a pesar de que la Comisión Interamericana hubiera indicado que se trataba de “717 personas”. Asimismo, teniendo en consideración la prueba que consta en el expediente, así como las observaciones sobre presuntas víctimas realizadas por el Estado, la Corte ha constatado que las representantes agregaron a 56 personas(²⁸⁾ en su escrito de solicitudes y argumentos, quienes no están incluidas en la lista de la Comisión Interamericana. Por tanto, en aplicación de la referida jurisprudencia constante y del artículo 34.1 del anterior Reglamento de la Corte, las referidas 56 personas no serán consideradas presuntas víctimas en el presente caso.

50. En atención a todo lo anterior, la Corte establece que 718 personas serán consideradas como presuntas víctimas en el presente caso, quienes fueron indicadas como tales por la Comisión Interamericana en la demanda y coinciden con las indicadas en el Informe al cual se refiere el artículo 50 de la Convención Americana.

51. La Corte ha notado que respecto de 22 presuntas víctimas incluidas en la demanda, la Comisión consignó sus nombres con algunas inexactitudes. Ello ha provocado situaciones tales como que el Estado entendiera que las representantes habían agregado a determinadas personas como presuntas víctimas, cuando en realidad se trata de las mismas personas indicadas por la Comisión con sus nombres consignados de manera incorrecta(²⁹⁾. La Corte tomará en cuenta la prueba aportada al expediente para consignar adecuadamente los nombres de esas presuntas víctimas. Asimismo, tomará en cuenta las observaciones realizadas por el Estado con respecto a la lista de presuntas víctimas y a los nombres incluidos por las representantes en su escrito de solicitudes y argumentos.

C. Sobre los alegatos de “Inexistencia del agotamiento de las vías internas”

52. Debido a que en su escrito de contestación, bajo el capítulo titulado “Marco fáctico relevante para el presente proceso”, el Estado se refirió a la “inexistencia del agotamiento de las vías internas”, la Corte considera adecuado dejar establecido de manera previa que los alegatos del Estado a este respecto serán analizados por el Tribunal al determinar los hechos del presente caso y al pronunciarse sobre las alegadas violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, ya que el Estado no planteó claramente una excepción preliminar al respecto.

53. En su escrito de contestación el Estado no interpuso claramente una excepción preliminar. Sin embargo, en el referido capítulo sobre “Marco fáctico relevante para el presente proceso”, Uruguay alegó, inter alia, que “[t]odas las personas que presentaron peticiones al Banco Central del Uruguay y que [.] vieron denegada su petición de ser considerados ahorristas de[l] Banco de Montevideo S.A., tuvieron, pues, la facultad jurídica procesal de impugnar las decisiones que los agraviaban y promover su nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. Al respecto, el Estado señaló que “sólo 379 [presuntas víctimas] iniciaron acciones jurisdiccionales [.] contra el Banco Central del Uruguay o el Estado uruguayo [., por lo cual] se configura la inexistencia del agotamiento de las vías internas, supuesto necesario para comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del artículo 46 de la Convención”. Asimismo, indicó que “[d]e los que iniciaron acciones judiciales, sólo 172 lo hicieron contra Banco de Montevideo S.A. [.] y en la actualidad 8 de ellos obtuvieron sentencia favorable”. Además, señaló que “sólo 38 [presuntas víctimas] promovieron acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el acto denegatorio del amparo al art. 31 de la Ley No. 17.613, por lo cual no se comprende cuál es el sustento con el cual todas las restantes 'presuntas víctimas' de las 708 comparecientes, alegan ante esta Corte un supuesto perjuicio sufrido por la falta de garantías procesales dentro del procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.

54. Cabe resaltar que en las conclusiones del escrito de contestación, el Estado primeramente solicitó a la Corte que se pronunciara sobre el marco fáctico de este caso (supra párr. 6) y seguidamente se refirió a “los aspectos sustanciales a dirimir en el presente proceso”, expresando que “controvierte la totalidad de las pretensiones presentadas por la Comisión en su demanda ante esta Corte, y los hechos en que las mismas se fundan, así como las pretensiones y hechos alegados por las presuntas víctimas en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas”. Al respecto, el Estado afirmó que “[n]o existió violación” a los artículos 8.1, 25.1, 24 y 21 de la Convención Americana y en el petitorio de su escrito de contestación solicitó a la Corte que rechace las pretensiones en materia de reparaciones. En sus conclusiones, el Estado no se refirió a ninguna excepción preliminar sobre la cual hubiere solicitado a la Corte su pronunciamiento.

55. Al respecto, debido a que en su contestación el Estado no interpuso claramente una excepción preliminar, cuando se transmitió a la Comisión Interamericana y a las representantes el referido escrito no se les otorgó el plazo de treinta días dispuesto en el artículo 42.4 del Reglamento de la Corte para presentar observaciones a las excepciones preliminares. En caso de que el Uruguay hubiere considerado que el Tribunal debía entender que había sido interpuesta una excepción preliminar y que se debía otorgar tal plazo para observaciones, debió haberlo hecho notar a la Corte en esa oportunidad cuando se dio traslado de su contestación, pero no lo hizo. Fue recién en la audiencia pública de este caso que el Estado afirmó que en la contestación había interpuesto una excepción preliminar y que, “si bien no se hizo un capítulo especial que dijera 'excepción preliminar', está mencionado que carecen de legitimación, por no haber agotado los recursos internos, muchos de los individuos representados por la Comisión”.

56. De acuerdo a las normas reglamentarias que rigen el procedimiento ante esta Corte, en el escrito de contestación el Estado debe oponer las excepciones preliminares así como también debe referirse a los alegados hechos y las pretensiones de fondo y reparaciones planteadas por la Comisión Interamericana y representantes de las presuntas víctimas. Debido a que las excepciones preliminares no son interpuestas en un escrito previo e independiente de las cuestiones relativas al fondo del caso, resulta necesario que el Estado las interponga con la debida claridad, de forma tal que no se confundan con sus alegatos dirigidos a controvertir los hechos y pretensiones.

57. Por otra parte, la Corte hace notar que, en su escrito de contestación, el Estado sostuvo fundamentalmente que la decisión denegatoria definitiva emitida en el proceso administrativo ante el Banco Central del Uruguay “constituía un acto administrativo impugnable”, respecto del cual se podía deducir acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero que solamente 38 presuntas víctimas interpusieron ese recurso judicial. Al respecto, la Comisión y las representantes alegaron que dicho recurso de nulidad no es un recurso adecuado ni eficaz para resolver los reclamos de las presuntas víctimas y que, al no haber proporcionado un recurso “que tuviera competencia para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa”, el Estado violó el artículo 25 de la Convención.

58. La Corte considera que, en las circunstancias del presente caso, el análisis de los recursos internos disponibles e interpuestos está directamente relacionado con la materia de fondo relativa a las alegadas violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención. En casos en que los Estados han planteado la excepción de falta de agotamiento de recursos internos y el análisis de tales recursos “se aproxima sensiblemente a la materia de fondo”(³⁰⁾, la Corte ha mantenido una jurisprudencia reiterada de analizar los argumentos relativos a la excepción preliminar conjuntamente con las demás cuestiones de fondo(³¹⁾. Por consiguiente, el Tribunal estima que en el presente caso, aun cuando el Uruguay hubiere planteado claramente en el escrito de contestación una excepción preliminar, habría resultado necesario analizar los argumentos de las partes a ese respecto al pronunciarse sobre el fondo del caso para determinar la existencia o no de las presuntas violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.

59. Con base en todo lo expuesto, la Corte deja establecido que la información y alegatos presentados por el Estado respecto de los recursos disponibles en la jurisdicción interna, su utilización por las presuntas víctimas de este caso y su efectividad serán tomados en consideración en la determinación de los hechos del presente caso y al pronunciarse sobre las alegadas violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana

VI. DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES(³²⁾, LA PROTECCION JUDICIAL(³³⁾ Y LA IGUALDAD ANTE LA LEY(³⁴⁾, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS(³⁵⁾

60. Tomando en cuenta las alegadas violaciones y el marco fáctico del presente caso (supra párrs. 37 a 41), en este capítulo la Corte: A) determinará los hechos probados relevantes para la comprensión y resolución de la controversia; B) analizará las garantías judiciales en el procedimiento ante el órgano administrativo (Directorio del Banco Central) encargado de resolver las peticiones previstas en el artículo 31 de la Ley 17.613 y en el proceso judicial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que resolvió las acciones de nulidad al respecto; y C) analizará la alegada falta de protección judicial por la supuesta inefectividad del recurso ante dicho Tribunal de lo Contencioso Administrativo y por la alegada inexistencia de “un recurso sencillo y rápido para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa ante sí”. En cuanto a los alegatos sobre violaciones a garantías del debido proceso, la Corte analizará en conjunto en el referido apartado B) aquéllos aplicables tanto al Banco Central como al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y examinará separadamente en el apartado C) los alegatos de violaciones propios de los procesos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

A. Hechos probados en relación con las alegadas violaciones a las garantías del debido proceso y la protección judicial

61. Antes de entrar a determinar los hechos relevantes para la resolución del presente caso, el Tribunal estima pertinente mencionar que un grupo de clientes de un banco privado en el Uruguay alega ser víctimas de violaciones al debido proceso y la protección judicial. Ello en el marco de un procedimiento creado por el Estado para atender sus reclamos en el sentido de que debían ser reconocidos como depositantes al momento de la liquidación de dicha institución financiera, aun cuando sus fondos no aparecieran registrados en una cuenta o depósito en dicho banco.

A.1. Contexto de la crisis bancaria ocurrida en el Uruguay

62. Hacia finales del 2001 el sector bancario uruguayo era percibido como “razonablemente saludable”, puesto que estaba adecuadamente capitalizado, con algunas excepciones, tenía un buen nivel de liquidez y no había una gran exposición del sector público(³⁶⁾. En esas fechas, el sector bancario uruguayo estaba altamente “dolarizad[o]” con una presencia importante de depósitos en poder de no residentes(³⁷⁾. En diciembre de dicho año el total de depósitos en el sistema bancario equivalía al 83% del Producto Interno Bruto del Uruguay en el 2001, de lo cual 90% eran depósitos en moneda extranjera. De esos depósitos en moneda extranjera 47% estaban en manos de no residentes(³⁸⁾. A finales del 2001 ingresaron al sistema bancario uruguayo depósitos por más de mil millones de dólares de los Estados Unidos de América provenientes de Argentina(³⁹⁾.

63. Asimismo, en diciembre de 2001, como consecuencia de los controles de capital y congelación de depósitos en las cuentas bancarias en Argentina (hecho conocido como “el corralito”), los depositantes argentinos empezaron a retirar sus depósitos del Uruguay(⁴⁰⁾. Seguidamente, durante el primer semestre del 2002, se generó una crisis de confianza en el sistema bancario uruguayo(⁴¹⁾. A partir de febrero de 2002 comenzó una prolongada corrida bancaria debido al temor de que se reprodujeran los eventos que precedieron y siguieron el default argentino a finales de 2001(⁴²⁾. Para julio de 2002, un 37,6% acumulativo del total de depósitos había sido retirado y el Banco Central del Uruguay perdió un 79% de sus reservas internacionales(⁴³⁾. Para fines de 2002 el sistema bancario uruguayo había perdido aproximadamente un 40% del total de sus depósitos(⁴⁴⁾, el nivel de depósitos de no residentes había disminuido un 65% y el gobierno controlaba aproximadamente un 70% del total de depósitos en el sistema bancario debido a las intervenciones bancarias.

64. Como consecuencia de la crisis bancaria en el Uruguay tres entidades financieras tuvieron problemas de liquidez y finalmente fueron suspendidas y liquidadas, a saber: el Banco de Montevideo, Banco La Caja Obrera y Banco Comercial, siendo este último uno de los bancos privados más grandes del país(⁴⁵⁾.

A.2. Hechos relacionados con el Banco de Montevideo, el procedimiento bajo el artículo 31 de la Ley No. 17.613 y las presuntas víctimas del presente caso

A.2.a) Situación específica del Banco de Montevideo

65. El Banco de Montevideo era una institución de intermediación financiera privada uruguaya, parte del Grupo Velox o Grupo Peirano(⁴⁶⁾. También formaban parte del mismo grupo, entre otros, el Banco Velox S.A. en Argentina, el Banco Alemán del Paraguay y el Trade & Commerce Bank (en adelante también “TCB”) en las Islas Caimán(⁴⁷⁾. Asimismo, a finales del 2001 el Banco de Montevideo adquirió el 99.83% del paquete accionario del Banco La Caja Obrera(⁴⁸⁾.

66. Hasta diciembre de 2001 el Banco de Montevideo presentaba una posición económica financiera sólida, era un banco aparentemente rentable y en crecimiento(⁴⁹⁾. Por su parte el Trade & Commerce Bank era un banco con licencia para realizar actividades bancarias otorgada por Islas Caimán, cuyo representante en el Uruguay era TCB Mandatos S.A.(⁵⁰⁾.

67. El Banco de Montevideo tenía “una significativa exposición de sus activos en Argentina, por lo que la pesificación y las restricciones [de] salida de capitales impuestas en ese país comprometieron seriamente su liquidez y su solvencia”(⁵¹⁾. Adicionalmente, a partir de enero de 2002 la situación del Banco de Montevideo se agravó por el creciente apoyo financiero otorgado por dicha institución financiera al Trade & Commerce Bank, el cual también estaba sufriendo una intensa salida de depósitos, como consecuencia indirecta del “corralito” en Argentina(⁵²⁾. Esta exposición del Banco de Montevideo respecto al Trade & Commerce Bank no constituía una violación del marco legal ni del marco regulatorio de carácter general, pero resultaba “inconveniente desde el punto de vista de las normas prudenciales”, puesto que era excesiva en relación con el patrimonio del Banco de Montevideo. Por ello, el Banco Central solicitó una “supervisión intensiva” del Banco de Montevideo en febrero de 2002(⁵³⁾. A partir de entonces el Banco Central dictó una serie de instrucciones específicas al Banco de Montevideo para mejorar su situación económico- patrimonial(⁵⁴⁾. Debido al incumplimiento por parte del Banco de Montevideo de las exigencias del Banco Central, el consecuente incremento del riesgo asumido por el Banco de Montevideo respecto a empresas vinculadas, el deterioro financiero y patrimonial del Banco de Montevideo(⁵⁵⁾, así como la situación del sistema financiero uruguayo en general(⁵⁶⁾, el 9 de junio de 2002 el Banco Central designó a un veedor en el Banco de Montevideo, quien tendría “las máximas facultades para vetar cualquier tipo de operación” con cualquier persona física o jurídica vinculadas con dicho banco(⁵⁷⁾. En la misma fecha, también se designó un veedor para el Banco La Caja Obrera(⁵⁸⁾.

68. El 21 de junio de 2002 el Banco Central resolvió intervenir el Banco de Montevideo con sustitución total de sus autoridades estatutarias, sin cesar sus actividades(⁵⁹⁾. En la misma Resolución, el Banco Central extendió dicha decisión al Banco La Caja Obrera(⁶⁰⁾. El Banco Central decidió suspender totalmente las actividades de los bancos de Montevideo y La Caja Obrera el 30 de julio de 2002 por un término de 60 días(⁶¹⁾, el cual fue prorrogado hasta finales de diciembre de 2002(⁶²⁾. Finalmente, el 31 de diciembre de 2002 el Banco Central dispuso la disolución y liquidación del Banco de Montevideo, debido al patrimonio negativo que presentaba la entidad(⁶³⁾. En la misma Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 la Ley 17.613, se constituyó el “Fondo de Recuperación del Patrimonio Bancario de[l] Banco de Montevideo”, el cual se denominó “Banco de Montevideo - Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario”. Dicho Fondo sería administrado por el Banco Central y estaría integrado por “todos los derechos, obligaciones, sus títulos, garantías e incluso activos líquidos de la entidad liquidada”, los cuales se transfirieron al referido Fondo “de pleno derecho desde la fecha de [dicha R]esolución”(⁶⁴⁾.

A.2.b) Operativa en el Banco de Montevideo

69. El Banco de Montevideo ofrecía a sus clientes, a través de su departamento de Banca Privada, diferentes instrumentos de inversión de emisores públicos y privados(⁶⁵⁾. Entre este tipo de instrumentos se encontraban las participaciones en certificados de depósito del Trade & Commerce Bank(⁶⁶⁾, las cuales ofrecía “al menos desde 1996”(⁶⁷⁾. Dichas participaciones en certificados de depósitos, junto con otros productos similares de otras entidades del exterior del Grupo Velox, representaban en el 2001 “no más de la cuarta parte del total de inversiones que manejaba el [departamento] de Banca Privada” del Banco de Montevideo(⁶⁸⁾. En particular, con relación a las presuntas víctimas de este caso, la operativa de colocación de fondos en el Trade & Commerce Bank se implementaba a través de tres modalidades: (i) por medio de la TCB Mandatos (supra párr. 66); (ii) mediante la apertura de una cuenta en el Trade & Commerce Bank en forma directa por el cliente, a través del Banco de Montevideo, supuesto en el cual este último actuaba como comisionista y cobraba por la transferencia realizada en nombre del cliente, y (iii) a través de la constitución de un depósito por el Banco de Montevideo en el Trade & Commerce Bank, del cual aquél ofrecía participación a sus clientes, siendo que las participaciones en el certificado de depósito global emitido por Trade & Commerce Bank permanecían en custodia en el Banco de Montevideo. En este último supuesto las participaciones eran vendidas por el Banco de Montevideo a sus clientes por un mayor valor que el depósito global que dicho banco tenía en Trade & Commerce Bank(⁶⁹⁾.

70. La venta de participaciones en certificados de depósito constituidos por el Banco de Montevideo en el Trade & Commerce Bank, así como la constitución de depósitos por parte del Banco de Montevideo en el Trade & Commerce Bank, eran operaciones conformes con el marco jurídico vigente en ese momento, puesto que aunque dichas instituciones eran empresas vinculadas no tenían directores comunes(⁷⁰⁾. La venta de certificados de depósito o participaciones de certificados de depósito emitidos por otras instituciones financieras, incluido el Banco Central, era y es una práctica habitual de las instituciones financieras en el Uruguay(⁷¹⁾.

71. Por otra parte, con frecuencia los certificados de depósito o las participaciones en los mismos eran ofrecidos por el Banco de Montevideo bajo la condición de que el cliente podía retirar la totalidad de su dinero en cualquier momento antes del vencimiento(⁷²⁾. Asimismo, por medio de un correo electrónico enviado por el Gerente General del Banco de Montevideo el 25 de febrero de 2002, se instruyó a los funcionarios de dicho banco a renovar automáticamente los depósitos e inversiones (incluyendo certificados de depósito del Trade & Commerce Bank), salvo que el cliente se comunicara directamente con el Banco de Montevideo indicando lo contrario(⁷³⁾. Adicionalmente, por ese mismo medio se prohibió efectuar adelantos de depósitos e inversiones con vencimientos posteriores, “sin excepciones”, debido a la situación por la cual estaba atravesando el sistema financiero uruguayo(⁷⁴⁾.

72. Al cancelar obligaciones de Trade & Commerce Bank con quienes habían adquirido las referidas participaciones de depósitos, el Banco de Montevideo estaba concediendo un crédito a dicha institución por lo cual, a partir del 20 de junio de 2002, durante la veeduría (supra párr. 67), el Banco de Montevideo no siguió prestando recursos financieros al Trade & Commerce Bank ante el vencimiento de certificados de depósito emitidos por dicha institución(⁷⁵⁾.

73. El 5 de julio de 2002 se dispuso la liquidación provisoria del Trade & Commerce Bank por decisión de la Alta Corte de las Islas Caymán, la cual pasó a ser definitiva en agosto de 2002⁽⁷⁶⁾. Para el momento de dicha liquidación, el Banco de Montevideo administraba y custodiaba US$ 97.000.000,00 (noventa y siete millones de dólares de los Estados Unidos de América) en créditos correspondiente a clientes del Banco de Montevideo con respecto al Trade & Commerce Bank(⁷⁷⁾.

74. Antes de la intervención del Banco de Montevideo no se habían reportado quejas o denuncias de clientes por productos del Trade & Commerce Bank o VIC (producto de Velox Investment Company, otra empresa vinculada del Grupo Peirano o Velox)(⁷⁸⁾.

A.2.c) Ley No. 17.613 de Fortalecimiento del Sistema Financiero

75. Paralelamente a las medidas específicas adoptadas en relación con el Banco de Montevideo y otras instituciones financieras, el Estado adoptó medidas de carácter legal para enfrentar la crisis sistemática por la que estaba pasando el sistema uruguayo(⁷⁹⁾. Entre ellas se dictó la Ley No. 17.613 titulada “Fortalecimiento del Sistema Financiero” (en adelante “Ley 17.613”)(⁸⁰⁾ aprobada por el Poder Legislativo el 21 de diciembre de 2002. En ella se establecía las normas para la protección y fortalecimiento del sistema financiero(⁸¹⁾. La Ley 17.613 otorgaba potestades al Banco Central como liquidador de las entidades de intermediación financiera, con la finalidad de proteger los derechos de los depositantes de esas entidades custodiando el ahorro por razones de interés general(⁸²⁾.

76. Asimismo, en el capítulo III de dicha ley se estableció una serie de normas aplicables a la liquidación de las instituciones de intermediación financiera, cuyas actividades se encontraban suspendidas a la fecha de promulgación de la misma(⁸³⁾, con el propósito de “amortiguar el impacto que para la sociedad significaría la aplicación lisa y llana de la normativa vigente”, y de rescatar la mayor cantidad de activos pertenecientes a las instituciones financieras suspendidas a efectos de defender los derechos de los acreedores(⁸⁴⁾. En aras de “proteger el ahorro por razones de interés general”, el artículo 27 de dicha ley autorizó al Poder Ejecutivo a destinar parte de sus acreencias contras las instituciones liquidadas para brindar soluciones más favorables a ciertas categorías de depositantes o a depositantes hasta ciertos montos, del sector privado no financiero, para lo cual se debía priorizar a los “depositantes” titulares de cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo en las entidades afectadas(⁸⁵⁾. En este sentido, el Estado debía complementar a dichos depositantes, con parte de los recursos que le correspondieran en dichas instituciones, hasta los primeros U$S 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas(⁸⁶⁾. Esto implicaba un derecho para los referidos depositantes de las instituciones liquidadas a recibir del Estado un complemento a su propia cuotaparte en el Fondo de Recuperación respectivo hasta cubrir (entre la prorrata propia y la del Estado) un monto nominal máximo de US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas(⁸⁷⁾.

77. Adicionalmente, ante las gestiones de un grupo de clientes del Banco de Montevideo que no aparecían registrados como depositantes en los libros contables de dicho banco por poseer colocaciones en otras instituciones financieras(⁸⁸⁾, se agregó el artículo 31 que no se encontraba en el proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento(⁸⁹⁾. Dicho artículo 31 dispuso lo siguiente(⁹⁰⁾:

Artículo 31. Facúltase al Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichos bancos.

A dichos efectos y por acto fundado, el Banco Central del Uruguay conformará una Comisión que se expedirá en un plazo máximo prorrogable de 60 (sesenta) días.

78. Uno de los propósitos principales de la Ley 17.613 fue autorizar al Poder Ejecutivo para conformar una nueva entidad bancaria a partir de los activos “sanos” de las entidades financieras suspendidas: Banco de Montevideo, Banco La Caja Obrera y Banco Comercial(⁹¹⁾. El derecho de los depositantes de dichas entidades quedó materializado a través de un certificado de depósito en la institución “sana” a crearse a partir de los activos “buenos” de dichos bancos(⁹²⁾, mientras que el resto de los activos de estos bancos permaneció en los llamados “Fondos de Recuperación del Patrimonio Bancario”, una figura análoga al fideicomiso(⁹³⁾. El artículo 24 de la Ley 17.613 dispuso la creación de los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario, a partir de todos los derechos y obligaciones de las entidades financieras cuyas actividades estuvieran suspendidas, al momento de la suspensión de actividades(⁹⁴⁾. Los acreedores de los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario eran el Estado, determinados depositantes de los respectivos bancos y otros acreedores de distinta categoría, tales como “los tenedores de obligaciones negociables del Banco [de] Montevideo y [el] Banco Comercial”, todos los cuales serían cuotapartistas del respectivo fondo en proporción o a prorrata de sus créditos contra el banco correspondiente(⁹⁵⁾.

A.2.d) Creación y funcionamiento de la Comisión Asesora del Directorio del Banco Central

79. En seguimiento del artículo 31 de la Ley 17.613 (supra párr. 77), mediante la Resolución D/37/2003 de 17 de enero de 2003, el Directorio del Banco Central del Uruguay constituyó la “Comisión Asesora - Art. 31 Ley No. 17.613”(⁹⁶⁾ (en adelante “la Comisión Asesora”). De acuerdo a la citada Resolución, dicha comisión debía “asesor[ar] al Directorio del Banco Central del Uruguay, en la medida que el legislador otorgó a éste la facultad de determinar o no la condición de ahorrista del Banco de Montevideo S.A (en liquidación) y La Caja Obrera SA (en liquidación) en el supuesto previsto en el inciso primero [del artículo 31 de la Ley 17.613]”(⁹⁷⁾. La Comisión Asesora era de “consulta preceptiva, no resultando vinculante su pronunciamiento para el Directorio [del Banco Central], el que pod[ía] apartarse del mismo por razones fundadas”(⁹⁸⁾.

80. La Comisión Asesora estuvo integrada por tres juristas(⁹⁹⁾, con un perfil netamente técnico, “trayectoria reconocida en ámbitos público y privado y con amplios conocimientos y experiencia en derecho público y bancario”(¹⁰⁰⁾. La Comisión Asesora utilizó el derecho bancario como derecho de fondo y el derecho administrativo como derecho adjetivo(¹⁰¹⁾.

81. El mandato de la Comisión Asesora, inicialmente de 60 días continuos, fue prorrogado en múltiples oportunidades, por lo cual dicha Comisión estuvo en funcionamiento desde febrero de 2003 hasta al menos octubre de 2004(¹⁰²⁾. De acuerdo al expediente de la Comisión Asesora ante el Banco Central, se requirió de dichas prórrogas porque la cantidad de peticiones recibidas por dicho órgano “excedió en mucho las previsiones efectuadas, que al inicio se estimar[on en el] orden de 300 casos, [además del] complejo estudio que conlleva[ba] cada expediente”(¹⁰³⁾. Dicha Comisión Asesora tenía un carácter “misional y especial”, por lo cual una vez terminado su mandato se extinguió(¹⁰⁴⁾.

A.2.e) Procedimiento bajo el artículo 31 de la Ley No. 17.613

82. Las personas que se considerasen titulares de colocaciones en el Banco de Montevideo (en liquidación), cuyos fondos hubieran sido transferidos a otras instituciones sin su consentimiento, debían presentarse hasta el 31 de enero de 2003 ante el Banco Central del Uruguay, a fin de efectuar la reclamación pertinente bajo el artículo 31 de la Ley 17.613(¹⁰⁵⁾.

83. De acuerdo a su Resolución de constitución, “[e]n la sustanciación de las reclamaciones [ante la Comisión Asesora] se observar[ían] los principios generales de actuación administrativa recogidos en el Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay”, y “[l]a prueba se valorar[ía] de conformidad con las reglas contenidas en el Código General del Proceso”(¹⁰⁶⁾.

84. El procedimiento se iniciaba con la presentación de una petición escrita ante el Banco Central, junto a la cual él o los interesados debían adjuntar toda la documentación que respaldara su reclamación como “un imperativo de su propio interés”(¹⁰⁷⁾. Posteriormente, basada en las potestades de instrucción de oficio de la administración(¹⁰⁸⁾, la Comisión Asesora enviaba el expediente al Banco de Montevideo (en liquidación) o al Banco La Caja Obrera (en liquidación), para que le agregaran los antecedentes documentales y se le adjuntara información relativa al cliente y la operación que llevaba a cabo en el banco respectivo(¹⁰⁹⁾. Luego, el expediente era enviado a la Superintendencia de Instituciones Financieras, donde un funcionario técnico lo examinaba y producía un informe evaluativo respecto de si la petición cumplía con los requisitos del artículo 31(¹¹⁰⁾. A partir de dicho informe, se pasaba el expediente a consideración de la Comisión Asesora, la cual elaboraba su pronunciamiento, para el cual debía contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, luego de lo cual lo elevaba a consideración del Directorio del Banco Central(¹¹¹⁾.

85. Si el dictamen de la Comisión Asesora era favorable al peticionario se elaboraba un proyecto de resolución que acogía la petición, y el proyecto se trasladaba al Directorio del Banco Central para que éste adoptara la resolución respectiva(¹¹²⁾. Si el dictamen de la Comisión Asesora concluía que no correspondía acoger al beneficiario bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, se elaboraba un proyecto de resolución que desestimaba la petición, y de conformidad con el artículo 79 del entonces vigente Reglamento del Banco Central(¹¹³⁾, se le daba vista al peticionario por un término de 10 días, para formular observaciones. Si vencía el plazo y el peticionario no se había pronunciado, se elaboraba un segundo proyecto de resolución y se ponía en conocimiento del Directorio del Banco Central para que adoptara la resolución definitiva. Por el contrario, si el peticionario se oponía o formulaba observaciones al proyecto de resolución denegatoria, la Comisión Asesora realizaba un nuevo examen del caso, y ponía en conocimiento del Directorio del Banco Central un proyecto de resolución para que adoptara la decisión que estimara adecuada(¹¹⁴⁾.

86. De conformidad con el artículo 74 del entonces vigente Reglamento Administrativo del Banco Central(¹¹⁵⁾, era admisible cualquier medio de prueba y los peticionarios tenían distintas oportunidades para formular petitorios de prueba, o bien la Comisión Asesora podía ordenarla de oficio(¹¹⁶⁾. Una de estas oportunidades era precisamente al momento de formular sus observaciones a la vista otorgada al proyecto de Resolución, cuando el peticionario podía ofrecer cualquier tipo de prueba, la cual era admitida, salvo que fuera consideraba inadmisible por inconducente, impertinente o contraria a la ley(¹¹⁷⁾.

87. Si se ofrecía prueba testimonial, el peticionario tenía la carga de la comparecencia de éste y de acompañar el pliego del interrogatorio al testigo ofrecido(¹¹⁸⁾. Para la evacuación de prueba de testigos se realizaba una “audiencia testimonial” a la que comparecían el o los testigos, el peticionario, su abogado (en caso de contar con uno) y uno o más integrantes de la Comisión Asesora(¹¹⁹⁾. Además, para garantizar la veracidad de los testimonios, los testigos debían prestar juramento(¹²⁰⁾. Los miembros de la Comisión Asesora se turnaban la asistencia a estas audiencias de testigos, debido a “la cantidad elevada de audiencias que se debió celebrar”(¹²¹⁾, las cuales fueron alrededor de setenta(¹²²⁾. De la prueba aportada en el presente caso, consta que una minoría de las presuntas víctimas ofreció prueba testimonial. Se recibieron la mayoría de testimonios ofrecidos(¹²³⁾, y varios casos en que no se diligenció dicha prueba se debió a circunstancias imputables a la parte que la propuso(¹²⁴⁾.

88. Luego de la evacuación de la nueva prueba, la Comisión Asesora estudiaba el expediente con la nueva sustanciación de las diligencias probatorias, elaboraba un nuevo proyecto de resolución y lo enviaba al Directorio del Banco Central para que adoptara la resolución que estimara adecuada(¹²⁵⁾. Posteriormente, el Directorio del Banco Central evaluaba el proyecto, ya fuera que compartiera la opinión de la Comisión Asesora, discrepara de la misma u ordenara otras actuaciones, y luego emitía la Resolución correspondiente(¹²⁶⁾. A partir de la notificación, el peticionario contaba con un plazo de diez días para interponer un recurso de revocatoria, de conformidad con el artículo 131 del Reglamento del Banco Central y los artículos 317 y 318 de la Constitución(¹²⁷⁾.

89. Si el peticionario interponía un recurso de revocatoria contra la Resolución del Directorio del Banco Central, la Secretaría General lo remitía a la Comisión Asesora(¹²⁸⁾. En dicha oportunidad el peticionario podía nuevamente ofrecer prueba(¹²⁹⁾. Luego del diligenciamiento de la prueba respectiva o, de ser el caso que no se ofreciera prueba después de la interposición del recurso, se procedía a nuevo examen del caso, atendiendo a los argumentos expuestos en el recurso, a partir de lo cual se elaboraba un proyecto de resolución que pasaba al Directorio del Banco Central para su consideración(¹³⁰⁾.

90. De acuerdo a los registros del Banco Central, se presentaron aproximadamente 500 recursos de revocatoria en contra de las resoluciones del Directorio de dicho banco(¹³¹⁾. Las presuntas víctimas en el presente caso presentaron recursos de revocatoria en al menos 163 casos, todos los cuales fueron rechazados por el Directorio del Banco Central(¹³²⁾

Adicionalmente, con base en el derecho de petición establecido en el artículo 318 de la Constitución, los solicitantes podían presentar nuevas peticiones, luego de haber ejercido el recurso de revocatoria o vencido el plazo para su presentación, y la Administración tenía el deber de pronunciarse(¹³³⁾.

A.2.f) Actuación de la Comisión Asesora y del Directorio del Banco Central en aplicación del artículo 31 de la Ley 17.613

91. El Banco Central recibió 1426 peticiones bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, en relación a las cuales volvió a examinar aproximadamente 500 expedientes debido a la interposición de recursos de revocación en contra de las resoluciones iniciales o nuevas peticiones(¹³⁴⁾. De estas 1426 peticiones, 22 obtuvieron un dictamen favorable por la Comisión Asesora y fueron acogidas con una resolución favorable por parte del Directorio del Banco Central(¹³⁵⁾. En el presente caso, 539 presuntas víctimas presentaron peticiones ante el Banco Central, todas las cuales fueron desestimadas(¹³⁶⁾.

92. Al iniciar su mandato, la Comisión Asesora advirtió la existencia de tres grandes grupos de peticionarios: (i) aquéllos que clasificaron como “TCB directo”; (ii) los peticionarios que habían invertido en fondos de inversión, y (iii) aquéllos que eran adquirentes de participaciones en certificados de depósitos del Trade & Commerce Bank. El grupo clasificado como “TCB directo” agrupaba a los peticionarios que habían depositado y contratado directamente con el Trade & Commerce Bank, a través de la oficina de representación que tenía dicha institución en Montevideo o a través del Banco de Montevideo (supra párr. 69). En este último supuesto, el Banco de Montevideo actuaba como intermediario y frecuentemente se utilizaba algún tipo de cuenta en el Banco de Montevideo, en la cual se depositaba el dinero para ser girado al Trade & Commerce Bank(¹³⁷⁾. El segundo grupo de peticionarios eran aquéllos cuyo dinero estaba en fondos de inversión, a los cuales se denominó “BM Fondos”, y cuya operación se realizaba a través de una persona jurídica distinta, llamada BM Fondos S.A., sujeta a la ley de fondos de inversión(¹³⁸⁾. La Comisión Asesora entendió que las solicitudes vinculadas a BM Fondos, las cuales constituían aproximadamente 200 expedientes, no reunían los requisitos del artículo 31 de la Ley 17.613⁽¹³⁹⁾. La mayoría de los peticionarios correspondían al tercer grupo de peticionarios(¹⁴⁰⁾, quienes habían adquirido participaciones en certificados de depósitos, ya fuera con o sin su consentimiento, lo cual le correspondía determinar al Banco Central (supra párr. 69). Para los adquirentes de participaciones en certificados de depósitos del Trade & Commerce Bank, el Banco de Montevideo actuaba como administrador y custodio de dichas inversiones(¹⁴¹⁾.

93. La Comisión Asesora y el Directorio del Banco Central entendieron que el artículo 31 de la Ley 17.613 establecía tres requisitos que los peticionarios debían cumplir para que les fueran otorgados los mismos derechos que a los demás ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera: (i) “ser ahorrista” de dichas entidades financieras, lo que en algunas oportunidades se expresó como ser depositante del Banco de Montevideo o La Caja Obrera; (ii) cuyos fondos hubieran sido transferidos a otras instituciones; (iii) sin su consentimiento(¹⁴²⁾. Asimismo, entendieron que estos requisitos eran acumulativos(¹⁴³⁾.

94. La diferencia principal entre los distintos casos se observó en cuanto a la verificación del requisito de la ausencia del consentimiento(¹⁴⁴⁾. La Comisión Asesora y el Directorio del Banco Central entendieron que había consentimiento a partir de los siguientes elementos: (i) la firma de contratos de instrucciones generales de administración de inversiones, por medio de los cuales se autorizaba al Banco de Montevideo para realizar por cuenta, orden y riesgo del cliente la colocación en títulos valores emitidos por la institución extranjera; (ii) la existencia de instrucciones específicas, por medio de las cuales el cliente autorizaba al Banco de Montevideo para la compra de certificados de depósitos u otros productos; (iii) la habitualidad demostrada en cuanto al manejo de este tipo de operaciones, y (iv) la falta de objeción u observación a los estados de cuenta por parte del cliente, en los cuales constaba la realización de la transferencia o colocación de los depósitos en certificados de depósitos del Trade & Commerce Bank(¹⁴⁵⁾.

95. Al examinar las peticiones realizadas bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, el Banco Central, siguiendo la recomendación de la Comisión Asesora, consideró que no tenía competencia para examinar posibles vicios al consentimiento, la presunta responsabilidad del grupo económico o levantamiento del velo de la personalidad jurídica (teoría del disregard) o conducir a testigos mediante el uso de la fuerza pública, debido a la naturaleza administrativa de la institución y del procedimiento en cuestión, ya que dichas determinaciones constituían funciones exclusivamente jurisdiccionales(¹⁴⁶⁾. En efecto, en diversas resoluciones correspondientes a peticiones de presuntas víctimas en el presente caso, el Directorio del Banco Central consideró que “la declaración de nulidad de la aceptación a la inversión y, de la responsabilidad contractual por las operaciones infructuosas cumplidas con error, dolo o culpa grave, constitu[ían] necesariamente, decisiones jurisdiccionales que exced[ían] el ámbito de las facultades otorgadas al Banco Central del Uruguay conforme al artículo 31 de ley 17.613”(¹⁴⁷⁾. Igualmente, en las resoluciones correspondientes a diversas presuntas víctimas, el Directorio del Banco Central expresamente sostuvo que “la responsabilidad por conjunto económico constitu[ía], necesariamente, una decisión jurisdiccional que exced[ía] el ámbito de las facultades otorgadas al Banco Central del Uruguay conforme al artículo 31 de ley 17.613”(¹⁴⁸⁾.

96. En los únicos 22 casos resueltos favorablemente la Comisión Asesora y subsiguientemente el Directorio del Banco Central consideraron que cumplían con los requisitos del artículo 31 de la Ley 17.613⁽¹⁴⁹⁾. En particular, se estimó que la transferencia de los depósitos había ocurrido sin el consentimiento de los respectivos peticionarios porque: (i) los peticionarios nunca habían otorgado su consentimiento para dicha operación, es decir, que se carecía del consentimiento del respectivo peticionario desde el inicio de la operación, porque había dado instrucciones para realizar otra operación (como por ejemplo, colocar los fondos en un depósito a plazo fijo), lo cual se verificó en un caso(¹⁵⁰⁾; (ii) no se había otorgado consentimiento para la renovación de la respectiva colocación en certificados de depósitos del Trade & Commerce Bank, lo cual se constató en diecinueve casos(¹⁵¹⁾, o (iii) no se les permitió el retiro o rescate anticipado de su dinero, antes del vencimiento de la colocación, siendo que el consentimiento se había otorgado bajo esta condición, por lo cual se consideró que el Banco de Montevideo había modificado unilateralmente las condiciones ofrecidas. Este último supuesto se verificó en dos casos(¹⁵²⁾. La ausencia de consentimiento debía verificarse antes de la fecha en la que se intervino el Banco de Montevideo, es decir, antes del 21 de junio de 2002⁽¹⁵³⁾ (supra párr. 68).

97. Si el peticionario cumplía con las condiciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 17.613 se le consideraba “ahorrista”, es decir que se encontraba en la misma situación que los depositantes del Banco de Montevideo y La Caja Obrera titulares de cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo, por lo cual pasaba a ser cuotapartista del Fondo de Recuperación correspondiente, y se le asignaba lo que correspondiera en carácter de recuperación de la cuotaparte, es decir, certificados de crédito del Nuevo Banco Comercial (creado a partir de los activos “buenos” de los bancos de Montevideo, Caja Obrera y Comercial), efectivo u otras especies recolectadas por el Fondo(¹⁵⁴⁾. Adicionalmente, al considerarse que estaba en la misma posición que los referidos depositantes del Banco de Montevideo y La Caja Obrera, las personas que cumplieran con los requisitos del mencionado artículo 31, tenían derecho a percibir un complemento hasta los primeros US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados de América) del valor del conjunto de sus acreencias contra el Banco de Montevideo o La Caja Obrera, de conformidad con la preferencia establecida en el artículo 27 de la Ley 17.613 (supra párr. 76)(¹⁵⁵⁾.

98. El dictamen de la Comisión Asesora no era vinculante para el Directorio del Banco Central (supra párr. 79). El Directorio del Banco Central acogió en todos los casos la recomendación sugerida por la Comisión Asesora(¹⁵⁶⁾. En los primeros casos decididos favorablemente, el Directorio del Banco Central “si bien compartió la solución aconsejada por la Comisión Asesora, efectuó un cambio en la fundamentación”(¹⁵⁷⁾. Todos los dictámenes de la Comisión Asesora fueron adoptados por unanimidad de sus miembros, con excepción de un caso, en el cual uno de los comisionados acompañó su voto disidente(¹⁵⁸⁾.

99. Un grupo de presuntas víctimas inició una acción penal en contra de los miembros de la Comisión Asesora por alegado abuso de funciones en relacion con su actuación respecto del procedimiento del artículo 31 de la Ley 17.613. El 7 de noviembre de 2005 el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal desestimó la pretensión fiscal por considerar, inter alia, que no se revelaba arbitrariedad en su juzgamiento, que los funcionarios habían actuado dentro del ámbito de sus competencias, siendo que “la tarea que convocó a todos si bien delicada, polémica y difícil, fue cumplida dentro del marco legal y si alguna irregularidad hubiera existido, no alcanza el ámbito penal”(¹⁵⁹⁾. Dicha decisión fue confirmada por un Tribunal de Apelaciones el 14 de agosto de 2006(¹⁶⁰⁾.

A.2.g) Proyectos de Interpretación del artículo 31 de la Ley 17.613

100. Entre los años 2003 y 2010 se discutieron en el Poder Legislativo distintos proyectos de ley que buscaban interpretar y precisar el alcance del artículo 31 de la Ley 17.613(¹⁶¹⁾. Uno de estos proyectos fue aprobado por la Cámara de Senadores en noviembre de 2003(¹⁶²⁾, pero no obtuvo la aprobación de la mayoría de la Cámara de Diputados, por lo cual no se sancionó(¹⁶³⁾.

A.2.h) Acciones judiciales posteriores al procedimiento administrativo ante el Banco Central

h.1) Acción de Nulidad contra las Resoluciones del Banco Central ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

101. Contra las decisiones del Directorio del Banco Central se podían interponer recursos de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo(¹⁶⁴⁾, el cual es un órgano jurisdiccional que no integra el Poder Judicial y es independiente de los tres poderes(¹⁶⁵⁾. De acuerdo con el artículo 309 de la Constitución del Uruguay(¹⁶⁶⁾ y el artículo 23 de la Ley No.15.524(¹⁶⁷⁾, en la acción de nulidad los actores deben probar que “los actos administrativos impugnados resultaban contrarios a una regla de derecho o, que hubieran sido dictados con desviación, abuso o exceso de poder”(¹⁶⁸⁾.

102. Este recurso puede ejercerse una vez que se ha agotado la vía administrativa, y su objeto es confirmar o anular el acto administrativo, siendo que de darse la anulación del acto, el interesado puede recurrir a los tribunales del poder judicial para reclamar los daños y perjuicios que dicho acto declarado ilegal le hubiera causado(¹⁶⁹⁾. Sin embargo, en virtud del artículo 312 de la Constitución Nacional(¹⁷⁰⁾, el interesado también puede acudir directamente a los tribunales competentes del poder judicial para reclamar los daños causados por “hechos u omisiones de la administración”, sin necesidad de acudir previamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo(¹⁷¹⁾.

103. En el presente caso 39 presuntas víctimas interpusieron recursos de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de las resoluciones del Banco Central⁽¹⁷²⁾. Hasta la presente fecha dicho tribunal ha confirmado todas las resoluciones emitidas por el Banco Central, en el marco del artículo 31 de la Ley 17.613, con excepción de un caso de personas que no son presuntas víctimas ante esta Corte(¹⁷³⁾.

104. De acuerdo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el artículo 31 de la Ley 17.613 es una norma de carácter excepcional, por lo cual su interpretación debe ser restrictiva, en el sentido que sólo debe comprender aquellas situaciones en las que se satisfagan acumulativamente los requisitos explicitados en el artículo 31(¹⁷⁴⁾, con los cuales se “buscó contemplar situaciones específicas, limitando el reconocimiento como ahorristas del Banco de Montevideo, a quienes no sabían, no conocían o no habían prestado su consentimiento para que su dinero fuera transferido a 'Trade & Commerce Bank de las Islas Caymán'”(¹⁷⁵⁾. Asimismo, dicho tribunal sostuvo que no deben resultar amparados en las previsiones de la referida norma aquellos ahorristas que hubieran otorgado su consentimiento para tales traspasos de fondos a bancos del exterior, o que con su silencio hubieran consentido a tal operativa financiera(¹⁷⁶⁾.

105. En este sentido, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró que el consentimiento requerido por el artículo 31 de la Ley 17.613 podía ser expreso o tácito. El consentimiento expreso podía ser brindado por los peticionarios mediante: (i) la firma de contratos de “Condiciones Generales de Administración de Inversiones”, en los cuales se otorgaba al Banco de Montevideo “amplias facultades” para que realizara “por cuenta, orden y riesgo del cliente la colocación de títulos valores emitidos [por otras instituciones financieras]”, “exonerándose el Banco por las pérdidas que puedan derivarse de tales operaciones”(¹⁷⁷⁾, y (ii) instrucciones particulares otorgadas por los clientes al Banco de Montevideo en las cuales solicitaban la adquisición, administración o renovación de valores “por cuenta, orden y riesgo del cliente”, a fin de que sus colocaciones no permanecieran ociosas(¹⁷⁸⁾.

106. Con respecto al consentimiento tácito, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo indicó reiteradamente que en el derecho bancario son de aplicación tanto las normas positivas como los usos bancarios, por lo cual “el consentimiento tácito, las órdenes verbales de los clientes, incluso telefónicas, constituyen una práctica reiterada en el Derecho Bancario que ha creado la conciencia general (“opinio juris”) de su existencia y obligatoriedad”¹⁷⁸. Asimismo, en forma similar al Banco Central (supra párr. 94), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo derivó el consentimiento de los peticionarios de elementos tales como: (i) la recepción por parte del peticionario de estados de cuenta, donde constaba la respectiva operación, sin que el peticionario los observara u objetara, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 6.895(¹⁸⁰⁾ ; (ii) las tasas de interés de las que disfrutaba el peticionario por su participación en los certificados de depósito o el producto que fuera, en el entendido que disfrutaban de tasas de interés “notoriamente superiores a las ofrecidas para depósitos a plazo fijo en el Banco de Montevideo [...] y, significativamente superiores a las tasas de mercado”(¹⁸¹⁾, y (iii) la habitualidad o perfil de inversor del peticionario⁽¹⁸²⁾.

h.2) Demandas ante la jurisdicción ordinaria

107. Además de los recursos ejercidos por la vía administrativa y contencioso administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al menos 136 presuntas víctimas ejercieron acciones ante la jurisdicción ordinaria en contra del Banco de Montevideo por, inter alia, incumplimiento de contrato y reparación de daños y perjuicios⁽¹⁸³⁾.

De estas 136 presuntas víctimas, la Corte cuenta con las sentencias relativas a 128 de ellas, las cuales se refieren a 41 casos, en virtud de que muchas ejercieron acciones conjuntas. En diez de estos casos se condenó al Banco de Montevideo y en nueve de ellos se confirmó dicha condena en segunda instancia(¹⁸⁴⁾. De acuerdo a la información aportada por el Estado, estos últimos nueve casos se encuentran “firmes” o “clausurados”.(¹⁸⁵⁾. Adicionalmente, en algunos casos se condenó al Trade & Commerce Bank y a miembros de la familia Peirano(¹⁸⁶⁾.

108. De acuerdo a la prueba aportada, la Corte constata que, en los procesos en contra del Banco de Montevideo, los tribunales de la jurisdicción ordinaria analizaron el consentimiento, los alegados vicios al mismo y/o el deber de informar del referido banco en casi todos los casos en que los demandantes lo plantearon(¹⁸⁷⁾.

109. En algunos casos el vicio analizado era el incumplimiento con el deber de informar en la etapa de formación del consentimiento. En otros casos se analizó el cumplimiento del deber de informar por parte del Banco de Montevideo durante el cumplimiento del contrato, así como bajo las correspondientes normas de protección al consumidor y del código de comercio(¹⁸⁸⁾.

110. De las sentencias aportadas al Tribunal en las que se condenó al Banco de Montevideo, sin que posteriormente se revocara dicha condena en una instancia superior, se evidencia que los tribunales civiles consideraron que existieron vicios al consentimiento en tres casos(¹⁸⁹⁾. De acuerdo a estas decisiones, el Banco de Montevideo estaba actuando como comisionista en la operativa de compra de los certificados de depósito del Trade & Commerce Bank o de participaciones en los mismos, y el Banco de Montevideo no le había informado suficientemente a los peticionarios durante el proceso de formación de su consentimiento, puesto que dicho banco tenía conocimiento de la iliquidez y posterior insolvencia del Trade & Commerce Bank sin advertir a sus clientes tal riesgo⁽¹⁹⁰⁾. En particular, en dos casos los juzgados correspondientes expusieron que “la transparencia del mercado exige una adecuada información", y que “la reticencia al respecto es relevante y configura dolo civil”(¹⁹¹⁾. Igualmente, en otro caso, el respectivo Tribunal de Apelaciones resaltó que “la continuidad de la operativa que realizaban los actores desde abril de 2001 [...] no es suficiente como para concluir que estaban convencidos que el negocio lo realizaba con otra empresa diferente a BM”⁽¹⁹²⁾.

111. En cinco de los casos en los que se condenó al Banco de Montevideo, los tribunales respectivos consideraron que si bien los actores sabían o debían saber que estaban asumiendo un riesgo, no fueron debidamente informados de su real magnitud, o no se les “advirtió del sensible aumento del riesgo”⁽¹⁹³⁾. En estos casos se consideró que el Banco de Montevideo había incumplido con “las más elementales reglas de confianza y el deber de informar que debe regir la relación entre un banco y su cliente”(¹⁹⁴⁾, o que no actuó “en su vínculo con la comitente con fidelidad”, puesto que no había informado debidamente de “la tambaleante situación financiera del Trade & Commerce Bank ni del problema de iliquidez del conjunto, privándole de la chance de optar por otro tipo de colocación de menor riesgo”(¹⁹⁵⁾. Se resaltó el deber del Banco de Montevideo de brindar a sus clientes “información aclaratoria y fidedigna”(¹⁹⁶⁾. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia, en un caso correspondiente a una presunta víctima, al confirmar la responsabilidad del Banco de Montevideo por el incumplimiento de su deber de informar debidamente a sus clientes, tuvo en cuenta que “la decisión de invertir del accionante estuvo precedida de una omisión negligente por parte del Banco que impidió a aquél conocer la verdadera situación económica financiera de las entidades extranjeras y evaluar los riesgos de tal negocio"(¹⁹⁷⁾.

112. Asimismo, en tres de los casos en los cuales se condenó al Banco de Montevideo, los tribunales respectivos consideraron que no había habido consentimiento o autorización expresa por parte de las presuntas víctimas porque no habían firmado un contrato o habían dado instrucciones en contrario(¹⁹⁸⁾. En uno de ellos el Tribunal de Apelaciones explicó que “no se considera que constituya uso o costumbre bancario en plaza, que cuando se actúe como comitente, se lo haga sin ningún tipo de autorización", siendo que “incumbía a la entidad bancaria demandada [Banco de Montevideo], quien admitió su calidad de comisionista, la carga de acreditar que en las operaciones cuestionadas, había contado con autorización del comitente"(¹⁹⁹⁾. Al respecto, dicho tribunal resaltó que lo habitual era que existiera un “contrato de comisión, contentivo de una autorización genérica para disponer de los fondos invertidos, o bien autorizaciones concretas previas, simultáneas o posteriores a las operaciones realizadas, indicativas de la conformidad del comitente"(²⁰⁰⁾, y que debido a que el Banco de Montevideo no había podido acreditar contar con una autorización genérica o específica para realizar las operaciones bancarias cuestionadas en la demanda, y por consiguiente disponer de los fondos de los demandantes, era responsable por dicha operación(²⁰¹⁾.

113. Con respecto a esto último, la Corte observa que en varios de estos casos los tribunales tomaron en cuenta el perfil del demandante para la determinación de la existencia de consentimiento o de información suficiente(²⁰²⁾. En este sentido, en un caso el tribunal destacó que el perfil de los actores no era el de inversor experto, sino del cliente bancario, siendo que “[e]l cliente promedio bancario no conoce las normas y técnicas que regulan un contenido complejo como el de las finanzas"(²⁰³⁾. Asimismo, el correspondiente Tribunal de Apelaciones en dicho caso destacó que el Banco de Montevideo no había probado “que la 'intelectualidad' de los actores fuera mayor a la media, que les permitiera conocer los mayores riesgos de la operación con TCB"(²⁰⁴⁾. En otro de estos casos, el tribunal tuvo en consideración “que no se trata[ba] de inversores profesionales, sino de meros ahorristas"(²⁰⁵⁾.

114. Igualmente, en al menos seis otros casos ante la jurisdicción ordinaria, en los que no se condenó al Banco de Montevideo, los tribunales confirmaron y analizaron el deber del banco de brindar información veraz y completa a sus clientes, sea bajo las normas del código de comercio, de protección al consumidor o el contrato de comisión. Sin embargo, estos casos fueron desestimados por los tribunales por falta de prueba o porque los demandantes no habían propiamente alegado dichos incumplimientos o situaciones(²⁰⁶⁾.

B. DERECHO A SER OÍDO Y DEBIDAS GARANTÍAS PROCESALES

115. La Corte hace notar que en el presente caso no ha sido alegada ninguna violación con respecto a la creación del procedimiento administrativo especial a través del artículo 31 de la Ley 17.613 ni en relación con los requisitos dispuestos en esa norma para beneficiarse de la misma(²⁰⁷⁾. En este caso el Tribunal está llamado a determinar si en los procesos en que se aplicó la referida norma se violaron las garantías del debido proceso y la protección judicial de las presuntas víctimas. No corresponde a este Tribunal determinar si las presuntas víctimas en el presente caso cumplen o no los requisitos del artículo 31 de la Ley 17.613 ni si sus peticiones debieron ser acogidas. Por consiguiente, no son relevantes para esta Corte las diferentes situaciones en que podrían enmarcarse las presuntas víctimas en cuanto al fondo de sus peticiones. Tales diferencias podrían ser relevantes en el ámbito interno para determinar si efectivamente deberían ser acogidos por el referido artículo 31. La única diferenciación entre las presuntas víctimas que este Tribunal tomará en cuenta para pronunciarse sobre las alegadas violaciones a la Convención Americana es la determinación de quiénes interpusieron y quiénes no interpusieron una petición ante el Banco Central bajo el artículo 31, lo cual permitirá a la Corte determinar las víctimas de este caso (infra párrs. 142 a 147).

116. El artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos(²⁰⁸⁾.

117. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar “las debidas garantías" que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso(²⁰⁹⁾. El incumplimiento de una de esas garantías conlleva una violación de dicha disposición convencional(²¹⁰⁾.

118. El artículo 8.1 de la Convención no se aplica solamente a jueces y tribunales judiciales. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos(²¹¹⁾.

119. Las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen tales derechos(^212), tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria(²¹³⁾.

120. El Tribunal ha desarrollado el derecho a ser oído protegido en el artículo 8.1 de la Convención, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones(²¹⁴⁾, el cual en cierto tipo de procesos debe ejercerse de manera oral(²¹⁵⁾. Asimismo, al pronunciarse sobre la observancia de las garantías del debido proceso en la investigación de violaciones de derechos humanos, la Corte ha indicado que implica el deber estatal de garantizar que las víctimas o sus familiares tengan “amplias posibilidades de ser oídos" “en todas las etapas de los respectivos procesos, [de manera que] puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones"(²¹⁶⁾.

121. Sobre el particular, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que la exigencia de que una persona “sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial" es equiparable al derecho a un “juicio" o a “procedimientos judiciales" justos. Al respecto, la Corte Europea ha desarrollado el criterio según el cual un procedimiento justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe “un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión"(²¹⁷⁾.

122. El examen requerido en el presente caso amerita que la Corte precise el alcance del derecho a ser oído establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Ese derecho implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido.

123. Tomando en cuenta las alegadas violaciones en el presente caso, la Corte analizará primero lo relativo al ámbito material del derecho a ser oído en el proceso ante el órgano administrativo (Banco Central), para luego pasar a considerar las demás alegadas violaciones de las debidas garantías procesales en el referido procedimiento administrativo y en el proceso judicial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

124. El Tribunal hace notar que los hechos del presente caso se refieren a procedimientos administrativos y judiciales dirigidos, respectivamente, a aplicar y revisar la aplicación del artículo 31 de la Ley 17.613. A través de dicha norma se pretendía atender la situación de clientes del Banco de Montevideo que no estaban registrados como acreedores en los libros contables de dicho banco por poseer colocaciones en otras instituciones financieras, otorgándoseles la posibilidad de reclamar su inclusión como acreedores del banco con los mismos derechos que los depositantes de cuenta corriente, caja de ahorro y depósito a plazo fijo.

125. Dicha norma estipuló que se otorgarían los mismos derechos dispuestos en esa ley a favor de los ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, a aquellos “ahorristas" “cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones" “sin mediar su consentimiento" (supra párr. 77). De acuerdo a las decisiones emitidas por el Directorio del Banco Central y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dicha norma requería del cumplimiento de esos tres requisitos de forma acumulativa (supra párr. 93).

126. La Corte recuerda que, a través de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 17.613, se debían otorgar dos derechos a quienes cumplieran con dichos requisitos. Tales derechos se referían: (i) al reconocimiento como acreedor del Banco de Montevideo o del Banco La Caja Obrera, por lo cual pasaban a ser cuotapartistas del Fondo de Recuperación Bancaria del respectivo banco por el monto nominal que se hubiera determinado que fue transferido sin su consentimiento, y (ii) al derecho a recibir por parte del Estado un complemento a su cuotaparte hasta cubrir (entre la prorrata propia y el complemento del Estado) un monto nominal máximo de US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas. Este último derecho se les reconocía por considerar que se encontraban en la misma situación que los depositantes de cuenta corriente, caja de ahorro y depósito a plazo fijo (supra párr. 97).

127. Además de estipular tales derechos, mediante el referido artículo 31 se creó un procedimiento especial para atender las peticiones de quienes consideraran cumplir con los correspondientes requisitos, y se dispuso que se conformara una comisión técnica (Comisión Asesora) encargada de estudiar las peticiones y asesorar al Directorio del Banco Central, órgano administrativo que debía adoptar las correspondientes decisiones (supra párrs. 77 y 79). En dicho procedimiento especial se aplicaría la normativa contenida en el Reglamento Administrativo del Banco Central y, respecto de la valoración de la prueba, el Código General del Proceso (supra párr. 83).

128. El Tribunal resalta que no surge del acervo probatorio que a través de los recursos de la justicia ordinaria que resolvían las demandas contra el Banco de Montevideo se pudiera aplicar el artículo 31 de Ley 17.613 y realizar las determinaciones en él dispuestas (infra párr. 226). Tales determinaciones debían realizarse por el órgano administrativo encargado del referido procedimiento, que fue especialmente creado para atender los reclamos de las personas que alegadamente cumplían con los requisitos de dicha norma.

B.1. Ámbito material del derecho a ser oído en el proceso ante el órgano administrativo (Banco Central)

Alegatos de las partes

129. La Corte encuentra que diversos alegatos de la Comisión Interamericana y de las representantes se encuentran dirigidos a cuestionar la efectividad del procedimiento administrativo especial, por no haber permitido un examen adecuado del requisito del consentimiento, el cual consideran que se trataba de un elemento esencial del análisis del recurso bajo el artículo 31 de la Ley 17.613. El Tribunal considera que esas alegadas violaciones deben ser analizadas bajo el derecho a ser oído en el procedimiento ante el Banco Central.

130. A este respecto, la Comisión Interamericana alegó que la presunción del consentimiento por parte de la Comisión Asesora contradice el principio de la “verdad material" del debido proceso administrativo, lo cual hace “ilusorio el recurso especial creado por el Congreso para resolver esta situación, e inefectiva su existencia misma". Según la Comisión Interamericana, la Comisión Asesora no tomó en cuenta que muchas de las renovaciones de los certificados se dieron sin el consentimiento del cliente, puesto que el Gerente General del Banco de Montevideo dio “la instrucción [a los gerentes de las sucursales del Banco de Montevideo] de que renovaran automáticamente todos los depósitos con el fin de evitar una hemorragia de fondos". Asimismo, indicó que la referida Comisión Asesora resolvió sin entrar a analizar la existencia de fraude que para la época era públicamente denunciada y conllevó a procesos penales en contra de propietarios y funcionarios del banco.

131. Por su parte, las representantes indicaron que “la Comisión Asesora de forma discrecional no tuvo en cuenta que el consentimiento de la gran mayoría de los ahorristas estaba viciado de nulidad cuando se prestó”. Agregaron que “[l]a Comisión Asesora, al admitir que no tenía facultades para considerar si el consentimiento estaba viciado, [...] dejó automáticamente sin protección a todos los ahorristas, [en contra d]el espíritu del artículo 31 de la ley 17.613”. Asimismo, indicaron que el actuar de la Comisión Asesora fue violatorio de las garantías del debido proceso porque “[l]os ahorristas tenía[n] derecho a ver [su] problema tratado íntegramente y resuelto en el marco de una Comisión Asesora imparcial que no se autolimitara sugestivamente en sus competencias”.

132. El Uruguay indicó que el concepto del bien común inspiró la Ley 17.613 “y determinó la conducta del Estado al crear mecanismos adicionales a los ya existentes”, agregándose al régimen jurídico existente, “un procedimiento administrativo que permitiría contar con una garantía adicional a dichos peticionantes, esto es, un órgano administrativo competente para analizar caso a caso mediante la recepción de la prueba pertinente, y determinar, sin necesidad de acudir a la vía jurisdiccional, aquéllos casos en que resultara probada la configuración de los presupuestos legales”. El Estado agregó que “[d]e no resultar satisfactoria para el interesado la decisión de [la] Comisión [Asesora], siempre continuó contando con todas las garantías de una jurisdicción independiente”. Respecto de las razones para no haber resuelto sobre los alegados vicios al consentimiento y el deber de informar, el Uruguay sostuvo que es incorrecto alegar que la Comisión Asesora se autorrestringió en su competencia, ya que “[c]omo todo órgano público, su actuación estaba regida por el principio de especialidad y ello le impedía exceder el mandato fijado por el legislador”, pero cualquier pretensión fundada en otra causal podía ser formulada por las presuntas víctimas en la vía judicial.

Consideraciones de la Corte

133. En diciembre de 2002 el Estado promulgó la Ley 17.613, con la cual se buscaba atender diversas situaciones surgidas como consecuencia de la crisis bancaria ocurrida en el Uruguay en ese año y la inminente liquidación de varias instituciones privadas de intermediación financiera, entre ellas los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera. A través del artículo 31 de esa ley el Estado creó un procedimiento especial administrativo para la determinación de los derechos de “ahorristas” de esos bancos cuyos depósitos “hayan sido transferidos a otras instituciones” “sin mediar su consentimiento”. Ese recurso existiría por determinado tiempo exclusivamente para decidir los derechos de las personas que se encontraban en esa situación. Ya la Corte se ha referido a los dos derechos que serían determinados a través de este procedimiento (supra párr. 126). Por tanto, queda clara la importancia que tal procedimiento administrativo especial tenía en la determinación de los derechos de las presuntas víctimas de este caso y la trascendencia de que el Estado garantizara que el procedimiento fuera capaz de satisfacer el fin y resultado para el que fue concebido.

134. Al respecto, este Tribunal ha constatado que el requisito dispuesto en el artículo 31 de la Ley 17.613, cuyo cumplimiento fue determinante para la aceptación o no de las peticiones ante el Banco Central, fue el referido a que las transferencias hubieren sido realizadas “sin mediar su consentimiento”. Se ha comprobado ante esta Corte lo alegado por la Comisión Interamericana y las representantes, en el sentido de que el referido órgano administrativo, al analizar ese requisito, decidió solamente examinar los elementos de los cuales se podía derivar el consentimiento, pero expresamente se inhibió de analizar aquellos alegatos y prueba que pudieran evidenciar una afectación del consentimiento previamente constatado. Al respecto, consta en algunas resoluciones aportadas que el Directorio del Banco Central del Uruguay expresamente consideró que “la declaración de nulidad de la aceptación a la inversión y, de la responsabilidad contractual por las operaciones infructuosas cumplidas con error, dolo o culpa grave, constitu[ían] necesariamente, decisiones jurisdiccionales que exced[ían] el ámbito de las facultades otorgadas al Banco Central del Uruguay conforme al artículo 31 de ley 17.613" (supra párr. 95). A este respecto, el testimonio del señor Durán Martínez, miembro de la Comisión Asesora, revela que en el ejercicio de sus funciones de analizar las peticiones y asesorar al Directorio del Banco Central la Comisión Asesora actuó bajo el supuesto de considerar que el análisis de los vicios al consentimiento era función exclusivamente jurisdiccional. Por ejemplo, dicho testigo indicó que “pasar por alto una declaración de voluntad privada por existir un engaño, que puede eventualmente viciar el consentimiento, tampoco lo pod[ía] hacer" la referida Comisión Asesora.

135. En relación con el ámbito de protección material que buscaba el referido artículo 31, la Corte toma en cuenta las transcripciones de las discusiones parlamentarias aportadas por el Estado(²¹⁸⁾. Al respecto, consta que, al aprobarse la formulación “sin mediar su consentimiento" dentro de la referida norma, se consideró que la inclusión de la figura del consentimiento era la más apropiada para analizar la situación de las personas que se buscaba amparar(²¹⁹⁾, porque “el consentimiento es una figura jurídica legislada por el Código Civil"(²²⁰⁾. En esa oportunidad, se consideró que ello permitiría que al aplicarse la norma se tomara en cuenta las disposiciones de dicho Código que regulan la invalidez del consentimiento “cuando ha sido dado por error arrancado por violencia o dolo"(²²¹⁾. Adicionalmente, en las discusiones parlamentarias sobre el proyecto de ley 17.613 se hacen reiteradas referencias a que dicha norma debía proteger a los ahorristas que fueron “engañados"(²²²⁾.

136. A partir de dichos antecedentes, este Tribunal considera que para garantizar que efectivamente los peticionarios fueran oídos en sus reclamos, a través de este procedimiento especial, era necesario que el órgano encargado de resolver las peticiones pudiera analizar el consentimiento de forma completa, porque la ausencia de consentimiento era un requisito determinante para acceder a los derechos contemplados en el artículo 31 de la Ley 17.613. Dicho análisis incluye la valoración de todos los alegatos de los peticionarios que significaran una afectación al consentimiento, tales como los vicios que lo pudieran invalidar y la falta de información veraz y completa por parte de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera. Ese análisis debió tomar en cuenta no sólo aquellos elementos que permiten construir el consentimiento, tales como un contrato de administración de inversiones o instrucciones particulares para la transferencia, sino también aquéllos que lo podrían invalidar o afectar, como lo serían los alegados vicios al consentimiento.

137. La Corte considera que, de haberse realizado un análisis completo del consentimiento al resolverse las peticiones presentadas al amparo del artículo 31 de la Ley 17.613, el resultado de las decisiones desestimatorias podría haber sido otro.

138. Al respecto, el Tribunal estima relevante hace notar que hubo procesos judiciales en donde se demandó ante la jurisdicción ordinaria al Banco de Montevideo (supra párr. 107). En esos procesos los tribunales no aplicaban el artículo 31 de la Ley 17.613, sino que resolvían demandas interpuestas por, inter alia, daños y perjuicios o incumplimiento de contrato. Para resolver las pretensiones de los demandantes, esos tribunales ordinarios realizaron un análisis de los alegados vicios al consentimiento y el deber de informar adecuadamente por el Banco de Montevideo, lo cual fue determinante en la constatación de la existencia o ausencia de consentimiento (supra párrs. 108 a 114). Asimismo, la Corte nota que para realizar tal análisis dichos tribunales consideraron relevante las características personales de los demandantes (supra párr. 113). Resulta relevante destacar que en los casos de presuntas víctimas en los cuales se condenó al Banco de Montevideo en la jurisdicción ordinaria debido a vicios del consentimiento o faltas de consentimiento, dichos tribunales consideraron que tales situaciones se configuraron por razones tales como que durante el proceso de formación de su consentimiento el Banco de Montevideo no había informado suficientemente a los peticionarios o porque no existía una instrucción o autorización general dada por el cliente para que el banco actuara en su nombre como comisionista (supra párrs. 110 y 111). Asimismo, en al menos otros seis casos ante la jurisdicción ordinaria en los que no se condenó al Banco de Montevideo, igualmente los tribunales analizaron el deber del referido banco de brindar información veraz y completa a sus clientes (supra párr. 114). Este análisis efectuado por los tribunales de la jurisdicción ordinaria confirma la relevancia del análisis completo del consentimiento.

139. En cuanto a la creación del procedimiento del artículo 31 de la Ley 17.613 en la vía administrativa, resulta importante destacar que, al presentarse el proyecto de la mencionada ley a la Cámara de Senadores, se explicó que la idea de incluir tal artículo era precisamente evitar que las personas que iban a ser protegidas por dicha norma tuvieran que “seguir pleiteando con el propósito de defender sus derechos"(²²³⁾. La Corte entiende que a través de dicho procedimiento se buscaba evitar que los posibles beneficiarios tuvieran que recurrir a los órganos judiciales para ver amparados sus derechos, facilitando que sus peticiones fueran resueltas de forma más expedita por un órgano administrativo con el conocimiento técnico requerido para el análisis de la situación.

140. El Tribunal toma nota de la explicación dada por el Estado respecto de las limitaciones impuestas por el principio de especialidad en el Uruguay (supra párr. 132), así como de las razones por las cuales a través de dicha ley se decidió que el órgano competente para determinar los derechos dispuestos en dicha norma sería un órgano administrativo y no judicial. Al respecto, la Corte destaca que a través del referido artículo 31 se otorgaron derechos a determinadas personas que cumplieran con los requisitos estipulados en esa norma. El Estado podría haber delegado su determinación en órganos judiciales a través de procedimientos ordinarios si solo éstos tenían la competencia para resolver determinados aspectos de la controversia, pero en su lugar decidió crear un procedimiento especial y delegar su resolución en un órgano administrativo que alegadamente tenía limitaciones para ello. La Corte estima que, al crear un procedimiento especial para determinar los referidos derechos, el Uruguay debió garantizar que el órgano al cual le fuera encargada su resolución tuviera la competencia necesaria para realizar un análisis completo de los requisitos dispuestos en el artículo 31 de la Ley 17.613.

141. En virtud de que en el presente caso ha quedado acreditado que el órgano administrativo decidió no analizar los elementos que podrían invalidar o afectar el consentimiento, la Corte considera que ello significó un análisis incompleto del tercer requisito del artículo 31 de la Ley 17.613, que incidió directamente en la decisión de acoger o no las peticiones de las presuntas víctimas. Cualquier determinación de que había consentimiento sin tener en cuenta elementos que lo pudieran afectar o invalidar, tales como los alegados vicios al consentimiento y la falta del deber de informar de forma completa y veraz, era incorrecta.

142. El Tribunal concluye que el procedimiento administrativo especial resultó inefectivo, a la luz de lo que se tenía que determinar (supra párrs. 133 a 136), debido a que el Banco Central realizó un examen incompleto del fondo de las peticiones, por lo cual el Estado incurrió en una violación del ámbito material del derecho a ser oído protegido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de las 539 personas que interpusieron una petición bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, indicadas en el Anexo sobre víctimas de la presente Sentencia.

143. Con respecto a los nombres de esas 539 víctimas, la Corte ha constatado algunas diferencias o inexactitudes entre los nombres indicados por la Comisión Interamericana y los que aparecen en las resoluciones y expedientes respectivos ante el Banco Central del Uruguay, así como que algunas víctimas se encuentran repetidas en la lista remitida por la Comisión Interamericana(²²⁴⁾. La Corte tomará en cuenta para la determinación e identificación de las víctimas en el presente caso la lista de presuntas víctimas indicadas por la Comisión Interamericana en su demanda y en su Informe de Fondo, la lista individualizada de presuntas víctimas aportada por la Comisión Interamericana junto con sus observaciones finales escritas, en respuesta a la solicitud del Tribunal (supra párr. 46), la prueba aportada al expediente del presente caso(²²⁵⁾, y las aclaraciones que al respecto hubieran realizado las partes.

144. Por otra parte, la Corte nota que, con respecto a 179 presuntas víctimas indicadas por la Comisión Interamericana⁽²²⁶⁾, no cuenta con información que evidencie la presentación  de peticiones ante el Banco Central del Uruguay bajo el artículo 31 de la Ley 17.613. Al respecto, el Tribunal ofreció a las partes diversas oportunidades para presentar la respectiva prueba, así como las observaciones que estimaran pertinentes en relación a la ausencia de información sobre dichas presuntas víctimas (supra párrs. 10 a 14)(²²⁷⁾.

145. La Comisión Interamericana y las representantes alegaron que el Estado indicó extemporáneamente que habrían personas identificadas como presuntas víctimas que ni siquiera presentaron una petición ante el Banco Central bajo el referido artículo 31. Al respecto, el Tribunal recuerda que, ante la limitada prueba aportada por la Comisión Interamericana y las representantes con sus escritos principales, la Presidencia de la Corte solicitó al Uruguay, como prueba para mejor resolver, la remisión de las resoluciones del Banco Central correspondientes a todas las presuntas víctimas en el presente caso (supra párrs. 11 a 14). Al cumplir con tal pedido, el Estado hizo notar a la Corte que no contaba con información respecto de todas las presuntas víctimas, lo cual denotaba que estas personas no habían realizado peticiones ante el Banco Central bajo el artículo 31 de la Ley 17.613(²²⁸⁾. El Tribunal advierte que lo indicado por el Estado no se trata de un alegato presentado extemporáneamente, puesto que el que las referidas 179 personas no hubieran presentado una petición ante el Banco Central implicaría que no se configuró en su perjuicio la violación alegada y respecto de la cual la Corte se pronunció favorablemente (supra párrs. 133 a 142). La Corte destaca que la identificación de las presuntas víctimas por parte de la Comisión Interamericana al someter un caso ante este Tribunal implica no sólo la indicación de sus nombres, sino también requiere de la aportación de los elementos probatorios que permitan a la Corte constatar su carácter como tales. Dicha prueba variará según los hechos del caso. Por tanto, la Corte no estima procedente el alegato de extemporaneidad presentado por la Comisión Interamericana y las representantes, y para la determinación de las víctimas toma en cuenta la prueba aportada por las partes, tanto la ofrecida por ellas como la solicitada para mejor resolver.

146. Igualmente, la Corte observa que, de acuerdo a lo indicado por las representantes, algunas de las presuntas víctimas en nombre de las cuales se presentó una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que posteriormente fueron consideradas como presuntas víctimas por la Comisión Interamericana, estarían actuando como representantes o herederos de quienes efectivamente habrían presentado peticiones bajo el referido artículo 31 ante el Banco Central, o son cotitulares de cuentas del Banco de Montevideo con víctimas, o personas que no fueron incluidas como presuntas víctimas por la Comisión Interamericana, que sí presentaron peticiones ante el Banco Central⁽²²⁹⁾. Al respecto, el Tribunal toma nota de lo alegado por el Estado en cuanto a que las antedichas representaciones no fueron precisadas o siquiera acreditadas, así como que “las peticiones administrativas se realizan con carácter personal”, por lo cual si la petición ante el Banco Central no se hizo en nombre de todos los titulares de una cuenta, sólo aquellas presuntas víctimas que personalmente presentaron peticiones bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, deberían ser consideradas como tales. En virtud del objeto del presente caso, así como las razones por las cuales la Corte declaró una violación al ámbito material del derecho a ser oído, el Tribunal hace notar que sólo consideró víctimas de este caso a aquellas personas que presentaron peticiones ante el Banco Central bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, ya sea que las hubieran presentado personalmente o las mismas hubiesen sido presentadas en su representación, de lo cual debe existir constancia en el respectivo expediente del Banco Central(²³⁰⁾.

147. Con respecto a las referidas 179 presuntas víctimas, el Tribunal concluye que no las considerará como víctimas en el presente caso debido a que no fue aportada al expediente ninguna prueba que evidencie su participación en el procedimiento del cual alegan ser víctimas, teniendo en cuenta las razones por las cuales el Tribunal concluyó que había habido una violación del derecho a ser oído comprendido en el artículo 8.1 de la Convención Americana (supra párrs. 133 a 142). Esta conclusión no excluye la posibilidad de que en el futuro el Estado, de buena fe, disponga y adopte medidas a favor de dichas personas.

B.2. Debidas garantías procesales ante el Banco Central y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

148. La Comisión Interamericana y las representantes presentaron diversos alegatos sobre la supuesta actuación parcializada del órgano administrativo y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que califican como constitutivos de una “negación del debido proceso". Al respecto, afirmaron que se habían configurado violaciones al debido proceso derivadas de: a) una alegada “presunción del consentimiento" por aplicación de “criterios descalificantes"; b) un alegado nuevo criterio aplicado por la Comisión Asesora del Banco Central en forma arbitraria en beneficio de las personas relacionadas con 22 casos aceptados; c) un supuesto tratamiento arbitrario y discriminatorio, el cual la Corte analizará bajo la garantía de motivación de las resoluciones del Banco Central, y d) una alegada falta de información en materia probatoria.

B.2.a) Alegada “presunción del consentimiento” por aplicación de “criterios descalificantes”

Alegatos de las partes

149. La Comisión Interamericana alegó que, a pesar de que “el punto central [del procedimiento] estaba en determinar si hubo o no consentimiento" para la transferencia de los fondos al extranjero, la Comisión Asesora “adoptó sus propios criterios de interpretación [de la Ley 17.613] y decidió presumir el 'consentimiento'" con base en determinados elementos, descalificando a la mayoría de los solicitantes. Según la Comisión Interamericana, tal actuar significó “elimina[r] la posibilidad de un debido proceso por parte de la Comisión Asesora en lo que era su mandato legislativo: determinar si el depositante, con conocimiento y voluntad, consintió la transferencia de sus fondos a un banco extranjero y autónomo". La Comisión Interamericana sostuvo que “la Comisión Asesora presumió el 'consentimiento' legislativo requerido por parte del depositante en el [Banco de Montevideo] a la transferencia de sus fondos al [Trade & Commerce Bank], si uno de los siguientes hechos existiera: (1) Un contrato firmado de 'Condiciones Generales' para permitir la administración de bienes al Banco de Montevideo; (2) Una instrucción específica por la cual el Banco de Montevideo fue autorizad[o] a adqu[i]rir una participación en un certificado de depósito; (3) El recibo mensual de estados de cuenta en el cual fue claramente establecido que uno tenía un certificado de depósito en el Trade & Commerce Bank". Según la Comisión Interamericana, la existencia de solamente uno de estos elementos era suficiente para descalificar al depositante de la recuperación de sus fondos.

150. Asimismo, en lo que respecta al debido proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Comisión Interamericana señaló que dicho tribunal “aplicó mecánicamente los tres criterios de descalificación per se para desestimar las demandas de todos los ahorristas que procuraron un recurso judicial", “y no realizó un análisis independiente e imparcial de los requisitos de la prueba establecidos en el artículo 31 de la Ley No 17.613". La Comisión Interamericana alegó que “cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo recibió una solicitud de nulidad de la desestimación de una petición por parte de la Comisión Asesora/Banco Central, dicho [t]ribunal: (i) determinó si existía una característica descalificadora y después confirmó la desestimación de la demanda en base a ese fundamento; (ii) no preguntó si el ahorrista procuró no renovar su colocación en el certificado de depósito del TCB [...]; [y] (iii) no proporcionó al ahorrista una audiencia imparcial en lo concerniente a sus alegaciones de que sus fondos habían sido transferidos a una entidad extranjera que no guardaba relación con el BM sin mediar su consentimiento".

151. Las representantes agregaron que el propósito del artículo 31 de la Ley 17.613 era dar una solución a los ahorristas del Banco de Montevideo que fueron engañados por el fraude de dicho banco. Según las representantes “la comprobación de que los fondos de los ahorristas habían sido pasados a certificados del TCB sin su consentimiento era una presunción evidente, que ya se encontraba implícita en el [referido] artículo 31". Resaltaron que “no se podía presumir el consentimiento de una forma automática en base a 'criterios descalificantes' supuestamente objetivos, sin tener en cuenta la situación en que el mismo fue prestado, es decir la existencia de posibles vicios del mismo". Según las representantes, el consentimiento de la gran mayoría de los ahorristas estaba viciado de nulidad cuando se prestó, ya que “había sido arrancado por error o sorprendido por el dolo, siendo ambas circunstancias causas de invalidez del consentimiento en el derecho uruguayo". Alegaron que la evidencia que las presuntas víctimas debían presentar para demostrar la falta de consentimiento en la transferencia de sus fondos a cuentas extraterritoriales “deb[ió] ser razonable y objetiva y no deb[ió] constituir un obstáculo para la implementación transparente del procedimiento establecido para la recuperación de sus bienes".

152. Al respecto, el Estado explicó cómo se determinó la existencia o ausencia de consentimiento en aplicación del artículo 31 de la Ley 17.613. Indicó que se aplicaron “los principios y normas básicos que rigen cualquier relación de mandato, poder o comisión: el mandatario, apoderado o comisionista puede ejercer todas las facultades que le han sido conferidas dentro del mandato, poder o comisión, pero no puede actuar contra la instrucción expresa de su mandante, poderdante o comitente aun en los negocios comprendidos dentro del mandato, poder o comisión". El Estado destacó que en la redacción del artículo 31 de la Ley 17.613 el legislador decidió “no declarar genéricamente que [...] los inversores en TCB Cayman fueran considerados en la liquidación de dicho[s] banco[s] como ahorristas de los mismos". Según el Estado “[l]o que buscó el legislador fue limitar el reconocimiento como ahorristas de[l] Banco de Montevideo a quienes, siendo previamente depositantes del Banco de Montevideo S.A., no sabían, no conocían y por ende, no habían prestado su consentimiento para que su dinero fuera transferido a TCB Cayman". Resultaba “indiferente al legislador que no hubieran comprendido el riesgo de la operación [.], o no hubieran preguntado sobre las consecuencias jurídicas y económicas que ello implicaba". El Estado explicó que el artículo 31 de la Ley 17.613 “no exige consentimiento expreso ni escrito, sino simplemente consentimiento[, por lo que e]s válido el consentimiento verbal y es válido el consentimiento tácito".

Consideraciones de la Corte

153. Del análisis de las decisiones del Directorio del Banco Central y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se entiende que los requisitos del artículo 31 de la Ley 17.613 eran: 1) ser “ahorrista" de los Bancos de Montevideo o La Caja Obrera; 2) cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones; y 3) sin mediar su consentimiento.

154. En cuanto al referido primer requisito, el análisis de la prueba documental, pericial y testimonial denota que el término “ahorrista" no tenía una definición jurídica u objetiva que permitiera una aplicación uniforme. Con respecto a su interpretación y aplicación por el Banco Central, al rendir declaraciones ante la Corte, un miembro de la Comisión Asesora y el entonces Presidente del Directorio del Banco Central en la época de los hechos explicaron que ser ahorrista implicaba ser “depositante”, es decir, tener un depósito bancario(²³¹⁾. Al respecto, el comisionado Duran Martínez agregó que “[l]os clásicos depósitos son: caja de ahorro, cuenta corriente, o un plazo fijo”, y que además quien tenía una cuenta especial llamada depósitos vista operaciones de títulos “igualmente lo considera[ban] ahorrista”. No obstante, la Corte ha constatado que en muchos casos correspondientes a las presuntas víctimas el Banco Central rechazó sus peticiones teniendo en cuenta, inter alia, que “de la documentación presentada por los peticionarios no resulta[ba] que sus ahorros se enc[ontraban] colocados en el Banco de Montevideo como cuenta corriente, plazo fijo ni caja de ahorro”, por lo cual “no e[ra] procedente analizar si media[ba] o no consentimiento expreso de la transferencia de sus ahorros a otra institución cuando [.] no resulta[ba] acreditada la previa existencia de un depósito bancario de los referidos [supra]”(²³²⁾. Sin embargo, el Tribunal también ha constatado que dichas decisiones desestimatorias no se fundamentan únicamente en que el peticionario no tuviera una de las tres referidas cuentas. Por su parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también tenía en cuenta en la evaluación del primer requisito, relativo a la condición de ahorrista, la tenencia por parte del peticionario de una cuenta corriente, plazo fijo o caja de ahorro(²³³⁾.

155. Con respecto al tercer requisito, el Tribunal ha constatado que la Comisión Asesora y el Directorio del Banco Central entendieron que había consentimiento, a partir de los siguientes elementos (supra párr. 94): (i) la firma de contratos de instrucciones generales de administración de inversiones, por medio de los cuales se autorizaba al Banco de Montevideo para realizar por cuenta, orden y riesgo del cliente la colocación en títulos valores emitidos por la institución extranjera; (ii) la existencia de instrucciones específicas, por medio de las cuales el cliente autorizaba al Banco de Montevideo para la compra de certificados de depósitos u otros productos; (iii) la habitualidad demostrada en cuanto al manejo de este tipo de operaciones, y (iv) la falta de objeción u observación a los estados de cuenta por parte del cliente, en los cuales constaba la realización de la transferencia o colocación de los depósitos en certificados de depósitos del Trade & Commerce Bank.

156. Por su parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró que el consentimiento requerido por el artículo 31 de la Ley 17.613 podía ser expreso o tácito. En forma similar al Banco Central (supra párr. 155), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo derivó el consentimiento de los peticionarios de elementos tales como: (i) la firma de contratos de “Condiciones Generales de Administración de Inversiones”; (ii) instrucciones particulares otorgadas por los clientes al Banco de Montevideo; (iii) la recepción por parte del peticionario de estados de cuenta, donde constaba la respectiva operación, sin que el peticionario los observara u objetara, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 6.895; (iv) las tasas de interés de las que disfrutaba el peticionario por su participación en los certificados de depósito o el producto que fuera, en el entendido que disfrutaban de tasas de interés notoriamente superiores a las ofrecidas en depósitos a plazo fijo en el Banco de Montevideo y significativamente superiores a las tasas de mercado, y (v) la habitualidad o perfil de inversor del peticionario (supra párrs. 105 y 106). Los dos primeros elementos los consideraba elementos de consentimiento expreso y con respecto a los otros indicó que podían configurar formas de consentimiento tácito de acuerdo a los usos bancarios. En ese sentido, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo indicó reiteradamente que en el derecho bancario son de aplicación tanto las normas como los usos bancarios, por lo cual “el consentimiento tácito, las órdenes verbales de los clientes, incluso telefónicas, constituyen una práctica reiterada en el Derecho Bancario que ha creado la conciencia general ('opinio juris') de su existencia y obligatoriedad”.

157. En este sentido, este Tribunal observa que, contrario a lo alegado por las representantes, la formulación de la norma exigía la verificación de la ausencia de consentimiento en cada caso concreto, lo cual conlleva que se tuviera que realizar un examen de cada petición de forma individual. Por otra parte, la Corte toma nota de lo indicado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en múltiples oportunidades, en cuanto a que el artículo 31 de la Ley 17.613 es una norma de carácter excepcional, por lo cual su interpretación debe ser restrictiva, en el sentido que sólo debe comprender aquellas situaciones en las que se satisfagan acumulativamente los requisitos explicitados en el artículo 31 (supra párr. 104), con los cuales se “buscó contemplar situaciones específicas, limitando el reconocimiento como ahorrista del Banco de Montevideo, a quienes no sabían, no conocían o no habían prestado su consentimiento para que su dinero fuera transferido [a otras instituciones]”. Igualmente, de la discusión parlamentaria se evidencia que se ordenó al Banco Central conformar una Comisión que lo asistiera en verificar quiénes de los ahorristas del Banco de Montevideo y la Caja Obrera habían sido efectivamente engañados (supra párr. 135).

158. Tomando en cuenta los elementos indicados, el Tribunal estima que si se hubiera querido amparar a todos los “ahorristas” con cuyos fondos se hubieren adquirido certificados o participaciones en certificados de depósitos en otras instituciones, tal como alegan las representantes, la formulación de la norma lo hubiera expresado así. Por el contrario, la redacción de la referida norma implica la necesidad de determinar la ausencia de consentimiento para la realización de dicha operación en cada caso.

159. Con respecto a lo alegado por la Comisión Interamericana y las representantes sobre la aplicación de presunciones para determinar el consentimiento, la Corte observa que al aplicar la citada norma el Directorio del Banco Central y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no hacen referencia a presunciones de consentimiento. De las decisiones aportadas al expediente del presente caso, la Corte ha constatado que dichos órganos analizaron o valoraron la prueba que les fue aportada para determinar si había o no consentimiento, otorgándole determinado valor probatorio a elementos tales como la firma de contratos generales de administración de inversiones o de instrucciones particulares, o la falta de objeción a los estados de cuenta. La Corte no cuenta con los elementos ni le corresponde determinar la legalidad de las normas internas o de las normas y usos bancarios por los cuales dichos elementos podían ser interpretados como una manifestación de consentimiento.

160. Por tanto, el Tribunal concluye que el actuar de dichos órganos al pronunciarse sobre el requisito de ausencia de consentimiento tomando en cuenta los referidos elementos no constituye por sí solo una violación de las garantías del debido proceso de las víctimas. Sin embargo, por otras razones, la Corte concluyó en el apartado B.1 del presente capítulo que en la determinación de dicho requisito por el órgano administrativo se configuró una violación al ámbito material del derecho a ser oído de las víctimas por no haberse realizado un análisis completo (supra párrs. 133 a 142). En cuanto a lo sostenido por la Comisión Interamericana y las representantes de las presuntas víctimas en el sentido que ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no se analizaron los alegatos y prueba sobre vicios del consentimiento y sobre falta de información completa y veraz, la Corte se pronunciará al respecto más adelante al resolver sobre la efectividad del recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (infra párrs. 200 a 220).

161. Adicionalmente, con respecto a la valoración que el Banco Central otorgó a la falta de objeción a los estados de cuenta en relación con el requisito de ausencia de consentimiento, las representantes de las presuntas víctimas alegaron que “de acuerdo a las normas de funcionamiento bancario, en un estado de cuenta, que es un documento unilateral del banco, lo que se acepta es el saldo, no la transferencia del dinero a otro banco”.

162. Al respecto, este Tribunal ha constatado que en los casos de al menos 39 víctimas el Directorio del Banco Central desestimó sus peticiones teniendo en cuenta solamente el elemento relativo a la ausencia de objeción a los estados de cuenta por parte del cliente y en algunos casos la "habitualidad" -que igualmente es derivada de esos estados de cuenta, a pesar de que tenían una de las cuentas que por lo general se reconocían como típicas de ahorristas (cuenta corriente, caja de ahorro o depósito a plazo fijo)(²³⁴⁾. Es decir, estas personas no habían dado su consentimiento ni autorización para la transferencia de los fondos depositados en sus cuentas a través de ningún contrato de administración de inversiones ni de instrucciones específicas. El consentimiento para las sucesivas transferencias fue derivado tan solo de que no se opusieron a sus estados de cuenta, que contenían información que en muchos casos los peticionarios alegaban que no era clara y completa, ya que la identificación de la operación realizada se limitaba a indicaciones tales como las siglas “CD TCB”. Con excepción de un caso(²³⁵⁾, al dar valor a los estados de cuenta no objetados, el referido órgano administrativo no hizo mención alguna al fundamento jurídico de su decisión. En igual sentido, la Corte nota que en los casos de al menos cinco presuntas víctimas(²³⁶⁾ el Tribunal de lo Contencioso Administrativo procedió de esa misma forma, deduciendo el consentimiento de la falta de oposición a estados de cuenta, que también en algunos casos los peticionarios alegaban que no contenían información clara y completa de la operación realizada. Por su parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo indicó que se trataba de la aplicación del artículo 35 de la Ley No. 6.895, de 24 de marzo de 1919, el cual establece que si el cliente no observa los estados de cuenta que le son remitidos, dentro de los diez días siguientes a su recepción, “se tendrán por reconocidas las cuentas en la forma presentada, y sus saldos deudores o acreedores serán definitivos en la fecha de la cuenta”.

163. También llama la atención de esta Corte que, en casos de peticionarios y demandantes que no habían autorizado la transferencia a través de la firma de un contrato de administración de inversiones ni habían dado instrucciones específicas para la realización de las transferencias, los mencionados órganos administrativo y judicial hicieron recaer la carga de la prueba de la ausencia de consentimiento en los peticionarios y demandantes.

164. A pesar de lo constatado, las representantes no presentaron ninguna fundamentación ni respaldo probatorio que permita a este Tribunal analizar una posible violación a la Convención Americana derivada de dichas situaciones.

B.2.b) Alegado nuevo criterio aplicado por la Comisión Asesora de forma arbitraria en beneficio de 22 casos

Alegatos de las partes

165. La Comisión Interamericana alegó que la presunción de consentimiento “fue aplicad[a por la Comisión Asesora] de una manera arbitraria y parcializada que produjo la violación de las garantías judiciales en perjuicio del grupo de ahorristas”. En este sentido, indicó que la Comisión Asesora dio un trato preferencial a veintidós personas que pudieron recuperar sus fondos, cuyas peticiones fueron aceptadas, pese a que contaban con alguna de las mencionadas condiciones descalificadoras (supra párr. 150). Al respecto, hizo referencia a seis tipos de situaciones que se dieron en este sentido(²³⁷⁾. En particular, señaló que para aceptar estas 22 solicitudes el Banco Central creó “un nuevo criterio” que eliminaría los factores descalificadores, el cual consistía en que el ahorrista demostrara que había procurado no renovar su certificado. Asimismo, la Comisión Interamericana agregó que al hacer esto, “la Comisión Asesora agregó requisitos de elegibilidad que no se dieron a conocer a todos los ahorristas, sino solamente a los que aceptó, así como requisitos que se encontraban fuera del ámbito del examen legislativo”, ya que “[l]a ley no establecía ningún otro requisito en el sentido de que el ahorrista debía demostrar que procuró no renovar una colocación que ya se había realizado o que la colocación fue renovada a pesar de la existencia de instrucciones específicas de no renovarla”. En general, las demandas que fueron aceptadas, también fueron inicialmente desestimadas por evidenciar una característica “descalificadora”, pero la Comisión Asesora sugirió que algunos ahorristas regresaran con un testigo que pudiera confirmar el hecho de que procuraron no renovar sus colocaciones. La Comisión Interamericana alegó que la Comisión Asesora “no preguntó [a las presuntas víctimas.] si procuraron no renovar sus colocaciones en certificados de depósito en el TCB, e incluso cuando hicieron estas alegaciones y presentaron pruebas de ello, sus demandas fueron desestimadas debido a la presencia de uno de los elementos descalificadores per se”. La Comisión Asesora aprobó “recursos de ahorristas individuales que tenían exactamente las mismas condiciones que los de las presuntas víctimas que fueron rechazados”.

166. La Comisión Interamericana, a diferencia de las representantes, no alegó que se hubiere violado el artículo 24 de la Convención Americana (supra párr. 3)(²³⁸⁾.

167. Por su parte, las representantes indicaron que compartían lo mencionado por la Comisión Interamericana sobre las alegadas violaciones al artículo 8.1 de la Convención en relación con el alegado nuevo criterio aplicado por la Comisión Asesora. Adicionalmente, las representantes sostuvieron que el Estado violó el derecho de igualdad ante la ley de las presuntas víctimas “al aplicar [.] de manera arbitraria y discriminatoria ciertas reglas de derecho en el marco del procedimiento ante la Comisión Asesora”. Indicaron que el recurso establecido en el artículo 31 de la Ley 17.613 “fue apropiad[o] solo para 22 ahorristas que se beneficiaron de consideraciones especiales que [las presuntas víctimas] también podía[n] haber usufructuado de no haber sido por la acción discriminatoria y arbitraria de la propia Comisión Asesora”. Por un lado, las representantes alegaron que “[l]a violación de las debidas garantías judiciales y de la protección judicial entrañan inevitablemente un grado de violación del principio de igualdad ante la ley”; pero que además dicha violación se configura de forma autónoma, “desde el momento en que se amparan a 22 [casos] de 1.400 basándose en fundamentos jurídicos o en prueba que pudieron ser aplicados o utilizados por el resto y no lo fueron”. Insistieron en que en la interpretación del referido artículo 31 “[n]o se utilizaron criterios razonables y objetivos para analizar los casos de los  ahorristas", y que "al incurrir en una conducta discriminatoria en la utilización de sus propios criterios contra todo un grupo de ahorristas, [la Comisión Asesora] viol[ó] también el principio de igualdad ante la ley". De acuerdo a las representantes, "[l]a mera constatación de [dicho] tratamiento diferencial respecto de todo un grupo de gente es prueba suficiente de que se actuó de forma discriminatoria". Señalaron que el Estado no brindó las mismas posibilidades a quienes presentaron peticiones ante el Banco Central bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, en cuanto a la presentación de prueba y las reglas aplicables a dicho recurso, lo cual "no es únicamente una violación del debido proceso [...sino también] una violación del principio de igualdad ante le ley".

168. En relación a los requisitos señalados en el artículo 31 de la Ley 17.613, el Estado consideró que aplicó a todos los casos los mismos criterios, exigiendo que se configuraran los requisitos indicados en dicha ley, y "en ningún caso se establecieron nuevos requisitos a los ya existentes en el marco normativo". Estimó que lo que la Comisión Interamericana identificaba como "nuevos requisitos" era solamente la evaluación de prueba presentada por los ahorristas en relación con los requisitos que surgen claramente de la norma legal. Es así que, "[l]a diferencia entre los [peticionarios] acogidos y los rechazados no fue [por]que se aplicacar[o]n requisitos disímiles a unos y a otros, sino [porque] [.] los peticionarios cuyas peticiones resultaron acogidas lograron probar la ausencia de consentimiento, destruyendo lo que la Comisión Interamericana llama 'presunciones' o 'hechos descalificantes'". El Estado explicó cómo se aplicaron los criterios sobre determinación del consentimiento, y se refirió a las situaciones alegadas por la Comisión Interamericana sobre supuesta aplicación arbitraria de criterios (supra párr. 165). Asimismo, aun cuando el Estado se opuso al examen de la alegada violación al artículo 24 de la Convención (supra párr. 34), alternativamente alegó que "[e]n todos los casos que fueron amparados, la Comisión [Asesora] entendió -en virtud de la prueba producida al instruirse la petición o el recurso - que las colocaciones de los peticionarios habían sido realizadas o renovadas sin su consentimiento, esto es, había prueba de que no quisieron renovarlas y -sin embargo- les fueron renovadas". Por el contrario, "en el resto de las peticiones [...] surgía probado el consentimiento expreso o tácito del inversor a la colocación realizada y sus sucesivas renovaciones". Ante la solicitud de información adicional del Presidente del Tribunal, el Estado indicó que, del análisis de los expedientes ante el Banco Central, solamente surgía un caso en que se hubiere ofrecido prueba testimonial, dirigida específicamente a probar órdenes de no renovar, en donde no se hubiere diligenciado dicha prueba, lo cual había ocurrido porque el testigo ofrecido no asistió.

Consideraciones de la Corte

169. La Corte reitera que no le corresponde pronunciarse sobre el mérito de las peticiones de las presuntas víctimas bajo el artículo 31 de la Ley 17.613 (supra párr. 115). Para analizar las supuestas violaciones producidas por la aplicación de un alegado "nuevo" criterio por la Comisión Asesora de forma arbitraria, la Corte requiere en primer término pronunciarse sobre los aspectos fácticos en que se basan esas alegaciones.

170. Después de haber analizado la prueba aportada respecto de los procesos ante el Banco Central, la Corte considera que, contrario a lo alegado por la Comisión y las representantes, en los 22 casos de peticiones aceptadas no se aplicó un nuevo criterio ni se creó un requisito distinto a lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 17.613. Las personas comprendidas en esos 22 casos lograron probar el requisito de ausencia de consentimiento. La Corte considera que el haber procurado no renovar su certificado de depósito es parte del requisito de ausencia de consentimiento, ya que el consentimiento debe estar presente tanto para la adquisición de participaciones y certificados de depósito como para sus renovaciones, puesto que estas últimas en realidad constituyen nuevas adquisiciones o, en los términos del referido artículo 31, cada una de ellas constituye una transferencia diferente. La Corte constató (supra párr. 96) que en esos 22 casos el Directorio del Banco Central consideró que los peticionarios probaron la falta de consentimiento respecto de tres situaciones distintas: en un caso los peticionarios probaron que no habían dado su consentimiento para la adquisición del certificado de depósito del Trade & Commerce Bank en razón de que el Banco de Montevideo lo había adquirido “en contravención a la instrucción particular recibida a través de su oficial de cuenta” de constituir un depósito a plazo fijo; en diecinueve casos los peticionarios probaron que, previo al vencimiento del certificado, manifestaron su intención de no renovar la participación en el certificado de depósito, efectuándose la renovación contra la voluntad de éstos; y en dos casos los peticionarios lograron probar que se les mantuvieron las colocaciones, a pesar de haber solicitado, antes de su vencimiento, el retiro o rescate anticipado de sus fondos, siendo que probaron, en el caso concreto, que el consentimiento para la adquisición lo habían otorgado bajo la condición de que podían solicitar su retiro antes del vencimiento.

171. Además, la Corte considera que carece de sustento probatorio lo afirmado por la Comisión Interamericana en el sentido de que “la Comisión Asesora sugirió que algunos ahorristas regresaran con un testigo que pudiera confirmar el hecho de que procuraron no renovar sus colocaciones”. Asimismo, la Corte ha confirmado que no se sustenta en el acervo probatorio del presente caso la afirmación de la Comisión Interamericana de que, “[e]n general, las demandas que fueron aceptadas, también fueron inicialmente desestimadas por evidenciar una característica 'descalificadora'”. De los 22 casos admitidos por el Directorio del Banco Central, diecisiete de ellos fueron aceptados en la resolución del Directorio del Banco Central que resolvió la petición inicial (supra párr. 85)(²³⁹⁾, cuatro de ellos fueron aceptados en la resolución del Directorio del Banco Central que resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por los peticionarios en contra de la resolución desestimatoria previamente dictada por el Directorio (supra párr. 88)(²⁴⁰⁾, y un caso fue aceptado por medio de una resolución que resolvió una petición adicional presentada con posterioridad a la resolución que decidió su recurso de revocatoria, la cual fue admitida con base en el derecho de petición constitucional(²⁴¹⁾. Sobre este último caso, la Corte recuerda que en el procedimiento ante el Banco Central se admitieron y resolvieron peticiones interpuestas luego de resueltos los recursos de revocatoria o de vencidos los plazos para su presentación (supra párr. 90). Asimismo, la Corte ha notado que la prueba en la cual se basó el órgano administrativo para considerar acreditada la ausencia de consentimiento en la mayoría de los casos fue ofrecida por los propios peticionarios, ya fuera en la petición inicial, durante la vista que se les otorgaba del proyecto de resolución elaborado por la Comisión Asesora (supra párr. 85) o al presentar el recurso de revocatoria y sustanciarlo (supra párr. 88).

172. Una vez determinado que no se configuran los supuestos fácticos en los que se basan la Comisión Interamericana y las representantes para alegar las referidas violaciones, la Corte concluye que no ha quedado acreditada la violación al artículo 8.1 de la Convención Americana por dichos motivos.

B.2.c) Garantía procesal de una debida motivación

173. Por otra parte, en cuanto a la supuesta violación del artículo 24 de la Convención, alegada únicamente por las representantes (supra párr. 5), la Corte reitera que las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda mientras ello se atenga a los hechos ya contenidos en la demanda (supra párr. 36) y se realice en el momento procesal oportuno - en el escrito de solicitudes y argumentos-, lo cual ocurre en el presente caso.

174. El Tribunal recuerda que mientras la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”(²⁴²⁾. Si se alega que un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, el hecho debe ser analizado bajo el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario la alegada discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna, el hecho debe examinarse bajo el artículo 24 de la misma(²⁴³⁾.

175. En el presente caso, la Corte observa que las representantes alegaron un supuesto tratamiento arbitrario y discriminatorio por parte del órgano administrativo encargado de resolver sus peticiones bajo el artículo 31 de la Ley 17.613. Tal alegada discriminación debe ser analizada bajo el deber genérico de respetar y garantizar los derechos convencionales sin discriminación, reconocido por el artículo 1.1 de la Convención Americana.

176. En primer término, la Corte se remite a lo previamente resuelto con respecto a la alegada "presunción del consentimiento y criterios descalificantes" (supra párrs. 159 y 160). La Corte determinó que no se había configurado una violación a las debidas garantías en virtud de una alegada aplicación preferencial de un nuevo criterio en beneficio de las personas relacionadas con los 22 casos aceptados (supra párrs. 170 a 172). El Tribunal recuerda que concluyó que lo que la Comisión y las representantes identifican como un "nuevo criterio" aplicado en beneficio de 22 casos aceptados por el Directorio del Banco Central, se trató en realidad del análisis de la ausencia del consentimiento, el cual lograron probar respecto de tres situaciones distintas (supra párr. 170). Tal como quedó explicado, en la mayoría de esos casos aceptados se tuvo por probado que los peticionarios procuraron no renovar su participación en el certificado de depósito (supra párr. 170).

177. Por tanto, la Corte determinó que, al haber aceptado los referidos 22 casos, no se configuró una violación al debido proceso en perjuicio de las presuntas víctimas en este proceso. Consecuentemente, la Corte concluye que tal actuar no configura un tratamiento arbitrario y discriminatorio, puesto que se trató del análisis de los requisitos dispuestos en el artículo 31 de la Ley 17.613 y no de un nuevo criterio aplicado sólo en beneficio de algunos peticionarios.

178. No obstante tal conclusión general, la Corte resalta que, a través del procedimiento especial ante el Banco Central, se debían determinar los derechos individuales de una cantidad considerable de personas que debían probar que se encontraban en la situación estipulada en el artículo 31 de la Ley 17.613. Este procedimiento fue creado especialmente para determinar esos derechos, después de lo cual dejaría de existir. Por tanto, era obligación del Estado asegurar que todos obtuvieran un pronunciamiento debidamente motivado, de forma tal que permitiera constatar que los criterios para determinar la configuración de los requisitos establecidos por el mencionado artículo 31 fueron aplicados de manera objetiva a todos los peticionarios.

179. La Corte pasará a analizar si se configuró un trato arbitrario o discriminatorio respecto de presuntas víctimas cuyas peticiones hubieren sido rechazadas, a pesar de haberse encontrado en los mismos supuestos de ausencia de consentimiento que los 22 casos aceptados por haber procurado no renovar o retirar sus fondos. Lo que corresponde determinar es si alguna de las cuatro personas señaladas por las representantes como presuntas víctimas de un tratamiento arbitrario y discriminatorio se encuentran en los mismos supuestos que fueron determinantes para la aceptación de cualquiera de los referidos 22 casos. La Corte advierte que para que se configure un tratamiento arbitrario o discriminatorio no basta con la sola coincidencia en uno y otros casos de elementos tales como los contratos de administración de inversiones, instrucciones particulares o estados de cuenta no objetados, puesto que en los casos aceptados habría otros supuestos que fueron considerados determinantes para concluir que había ausencia de consentimiento.

180. Tanto la Comisión Interamericana como las representantes han sostenido que en el procedimiento ante el Banco Central fueron desestimadas las peticiones de presuntas víctimas que, tal como en los casos aceptados, alegaron que procuraron no renovar sus colocaciones en certificados de depósito en el Trade & Commerce Bank y presentaron pruebas de ello. Sin embargo, aun cuando la Corte solicitó información y prueba para mejor resolver sobre las presuntas víctimas respecto de quienes se podrían haber configurado una violación en este sentido, las representantes se limitaron a indicar a cuatro presuntas víctimas y manifestaron que estas representaban un "ejemplo" de un grupo mayor de presuntas víctimas que se encontraban en este mismo supuesto(²⁴⁴⁾. Al respecto, la Corte resalta que no le corresponde realizar una búsqueda a través de todo el acervo probatorio disponible para determinar si se habría configurado una violación de los derechos de otras presuntas víctimas no señaladas expresamente por la parte que alega la violación.

181. Al presentar su contestación, el Estado indicó que “se remit[ía], para el análisis concreto de cada expediente resuelto favorablemente (y su comparación a algunos resueltos desfavorablemente), al completo y claro escrito que [...] presentaran los integrantes de la Comisión Asesora ante el Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o. Turno” en el proceso penal incoado contra los miembros de dicha comisión (supra párr. 99). El Uruguay sostuvo que de ese documento “surge con total claridad que en ninguno de los expedientes resueltos desfavorablemente que están especialmente descritos por la Comisión Interamericana (numerales. 52 (ii) a (v) de su demanda), se produjo prueba alguna idónea para destruir el consentimiento emanado de las instrucciones expresas o la presunción de consentimiento emanada de las 'condiciones generales' o de la recepción de los estados de cuenta”.

182. Esta Corte considera que, de acuerdo a los elementos probatorios aportados, no se encuentra acreditado lo alegado por las representantes respecto de los casos del señor Oscar Pivovar⁽²⁴⁵⁾ y la señora Alba Fernández. En cuanto al señor Oscar Pivovar las representantes alegaron que “nunca le diligenciaron [una] prueba [testimonial solicitada]” “de[l] Gerente de [la] Sucursal del BM”. Respecto de esta presunta víctima solamente fue aportada a esta Corte la resolución emitida por el Directorio del Banco Central que resuelve su petición inicial, de la cual no se desprende que hubiera ofrecido prueba testimonial y se le hubiera rechazado. Lo único que se indica con respecto a la vista otorgada al peticionario es que “las alegaciones [.] al evacuar la vista, no agregan elementos nuevos que modifique lo expresado”. En cuanto a la señora Alba Fernández, las representantes indicaron que “le falsificaron la firma para que quedara constancia de su renovación, [y que ella] hizo la denuncia del hecho ante la C[omisión Asesora,] pero nunca se instruyó”. De igual forma, respecto del procedimiento de la señora Fernández ante el órgano administrativo solamente fue aportada a la Corte la resolución que resuelve la petición inicial, de la cual no se evidencia lo alegado por las representantes. De dicha resolución sólo se evidencia que la señora Alba Fernández no formuló observaciones cuando se le otorgó vista del proyecto de resolución denegatoria de la Comisión Asesora.

183. Con respecto al procedimiento administrativo relativo a la determinación de los derechos de la presunta víctima Alicia Barbani Duarte, las representantes alegaron que lo sucedido en su caso es un “ejemplo” de las “presuntas víctimas cuya petición fue rechazada en los procedimientos ante la Comisión Asesora, a pesar de haber ofrecido evidencia de no renovar o de que se le devolvieran sus ahorros en forma anticipada”. Respecto de la señora Barbani se aportó copia de su expediente ante el Banco Central, de cuyo estudio la Corte ha constatado que se evidencia de la declaración de un oficial de cuenta del Banco de Montevideo que la señora Barbani se presentó al banco “entre fines de mayo y la intervención de[l] Banco de Montevideo” para solicitar el retiro de sus fondos de dicho banco, pero el referido oficial le respondió que tendría que esperar al vencimiento el 27 de junio de 2002. Según consta de las decisiones administrativas relativas al caso de la señora Barbani y del referido escrito presentado por los miembros de la Comisión Asesora en el proceso penal incoado en su contra (supra párr. 181), en la denegatoria de su petición fue determinante el hecho de que la manifestación de su voluntad de retirar su dinero y no renovar fue realizada antes de su vencimiento y que tal vencimiento tuvo lugar después de decretada la intervención del Banco de Montevideo(²⁴⁶⁾. La Corte constata que en dos casos que fueron aceptados también se presentó una situación similar en cuanto a la solicitud de retiro y el vencimiento(²⁴⁷⁾. Adicionalmente, en esos dos casos los peticionarios probaron que el producto financiero (certificados de depósito en el Trade & Commerce Bank) les fue ofrecido con la condición de que podrían retirar los fondos antes del vencimiento(²⁴⁸⁾. En el caso de la señora Barbani Duarte, este Tribunal constató que existe prueba en su expediente ante el Banco Central(²⁴⁹⁾ de que el producto financiero (certificados de depósito en el Trade & Commerce Bank) también tenía la condición de que “podía ser retirado en cualquier momento”, y que cuando la señora Barbani Duarte fue a retirar su dinero “el Banco en forma unilateral se lo negó” “por instrucciones de Gerencia”. La Corte no encuentra una razón objetiva y razonable que justifique la diferencia del tratamiento entre el caso de Alicia Barbani Duarte y los referidos dos casos que fueron aceptados en aplicación de la misma norma, por lo que concluye que en el caso de la señora Barbani Duarte no se garantizó una debida motivación que permitiera constatar que los criterios para determinar la configuración del requisito de la ausencia del consentimiento fueron aplicados de manera objetiva, lo cual constituye una violación de los artículos 1.1 y 8.1 de la Convención Americana.

184. Respecto de la presunta víctima Jorge Marenales, las representantes señalaron que "dio instrucciones de dejar a la vista su depósito al vencimiento o sea de no renovar, pero no fue amparado". Sobre esta presunta víctima fue aportada una copia de su expediente ante el Banco Central, del cual se comprueba que a través del testimonio de un agente de cuenta se dejó constancia que había dado instrucciones de que no se renovara su participación en un certificado de depósito, el cual tenía vencimiento el 20 de junio de 2002. En el referido escrito presentado por los miembros de la Comisión Asesora en el proceso penal incoado en su contra (supra párr. 181), al referirse al caso del señor Marenales indicaron que aunque éste había dado instrucciones de que al vencimiento de dicha participación "se dejara a la vista", es decir que se colocaran sus fondos en la cuenta respectiva, "[e]so no se pudo cumplir porque, precisamente el 20 de junio de 2002, el Banco Central impartió al Banco de Montevideo instrucciones en el sentido de no pagar los CD TCB". A partir de tales elementos surge que lo determinante en el rechazo de ese caso fue que el vencimiento de la participación en el certificado se dio el día 20 de junio de 2002, lo cual este Tribunal encuentra que significó un trato arbitrario o discriminatorio con respecto a al menos uno de los 22 casos aceptados(²⁵⁰⁾. Las representantes resaltaron que en uno de los casos aceptados se acogió la petición bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, a pesar de que la colocación vencía también el 20 de junio de 2002. De la revisión del expediente de la referida peticionaria aceptada, surge que efectivamente en ese caso se aceptó la petición respecto de una participación en certificados de depósito que vencía el 20 de junio de 2002, puesto que no había mediado consentimiento para la renovación. La Corte no encuentra una razón objetiva y razonable que justifique la diferencia del tratamiento de ambos casos en aplicación de la misma norma, por lo que concluye que en el caso del señor Marenales no se garantizó una debida motivación que permitiera constatar que los criterios para determinar la configuración del requisito de la ausencia del consentimiento fueron aplicados de manera objetiva, lo cual constituye una violación de los artículos 1.1 y 8.1 de la Convención Americana.

185. Por tanto, con respecto al alegado trato discriminatorio por aplicación de un nuevo criterio en 22 casos que fueron aceptados, la Corte concluye que el actuar del Banco Central no constituyó un tratamiento arbitrario y discriminatorio, puesto que su aceptación se basó en el análisis de los requisitos dispuestos en el artículo 31 de la Ley 17.613 y no en la aplicación de un nuevo criterio en beneficio de algunos peticionarios. Por consiguiente, el Estado no violó el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma por dichos motivos. En cuanto al alegado trato arbitrario o discriminatorio recibido por cuatro presuntas víctimas identificadas por las representantes, el Tribunal concluye que no cuenta con la prueba suficiente para determinar la existencia de dicho trato arbitrario o discriminatorio respecto del señor Oscar Pivovar y la señora Alba Fernández. Asimismo, la Corte concluye que se configuró un trato arbitrario o discriminatorio en perjuicio de las víctimas Alicia Barbani Duarte y Jorge Marenales, puesto que el Estado no garantizó una debida motivación de las resoluciones del Banco Central correspondientes a sus peticiones bajo el artículo 31 de la Ley 17.613 que permitieran constatar que los criterios para determinar la configuración del requisito de la ausencia del consentimiento fueron aplicados de manera objetiva, lo cual constituye una violación del derecho a un tratamiento sin discriminación, en relación con la garantía procesal de una debida motivación, protegidos en los artículos 1.1 y 8.1 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Alicia Barbani Duarte y del señor Jorge Marenales.

B.2.d) Alegada falta de información en materia probatoria Alegatos de las partes

186. La Comisión Interamericana alegó que se dio una “inclusión selectiva de testigos” al examinarse los casos que fueron aceptados. Existió un modo de actuar de la Comisión Asesora de desestimar inicialmente una petición y después “aceptarla debido al testimonio generalmente sin corroborar de un empleado del B[anco de Montevideo]”. En este sentido, la Comisión Interamericana realizó una serie de alegatos en relación con la supuesta carencia de valor probatorio de las declaraciones recibidas a nivel interno, el quantum de la prueba para dar por acreditado un hecho o un requisito, así como la valoración de la prueba realizada por el órgano administrativo. Al respecto, la Comisión Interamericana alegó que el actuar del órgano administrativo en relación con la aceptación y valoración de la prueba constituyó un incumplimiento del Reglamento del Banco Central o que la Comisión Asesora “ignoró” lo dispuesto en el artículo 161.2 del Código General de Procedimiento. La Comisión alegó que en el procedimiento ante el Banco Central las presuntas víctimas “no fueron asesorad[a]s o advertid[a]s de que la Comisión Asesora interpretaría la declaración de testigos en su favor” para probar que “trataron de retirar su dinero”.

187. Por su parte, las representantes agregaron que la evidencia que los peticionarios ante el Banco Central debían presentar para demostrar la falta de consentimiento en la transferencia de sus fondos a cuentas extraterritoriales “debería ser razonable y objetiva y no debería constituir un obstáculo para la implementación transparente del procedimiento establecido para la recuperación de sus bienes”. Según las representantes, “la Comisión Asesora ni siquiera se preocupó en que estas formas probatorias, inventadas sobre la marcha, y desconocidas por la mayoría, fueran dadas a publicidad entre los interesados, por lo cual la nueva posibilidad de introducir testigos no le fue accesible a la mayoría”.

188. El Estado indicó que cada uno de los peticionarios tuvo varias oportunidades, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, para hacer oír sus argumentos y ofrecer todo medio lícito de prueba conducente a acreditar que se configuraban los requisitos exigidos por el artículo 31 de la Ley 17.613, para reconocerles los mismos derechos que a los ahorristas del Banco de Montevideo. Agregó que, si esas posibilidades no fueron utilizadas, no constituye un hecho atribuible en modo alguno al Estado, sino al propio interesado. Indicó que la Comisión Asesora en su actuación “se ajustó estrictamente a derecho, tanto en el procedimiento utilizado como en los requisitos de fondo exigidos para que la petición fuera resuelta [.] utiliza[n]do los principios generales del procedimiento administrativo”. Sostuvo que la Comisión Asesora actuó con independencia técnica, “celeridad y eficacia en la atención de [aproximadamente] 1.400 peticiones, las que fueron instruidas y resueltas dentro del plazo de un año [.], sin que se hubiera rechazado en ningún caso algún medio probatorio ofrecido por l[as presuntas víctimas]” e instruyendo y diligenciando toda la prueba que estuvo a su alcance en cada petición.

Consideraciones de la Corte

189. La Corte ha constatado que para la resolución del procedimiento especial creado mediante el artículo 31 de la Ley 17.613, se aplicaría la normativa vigente para la atención de peticiones ante el Banco Central del Uruguay. La resolución del Directorio del Banco Central que, en cumplimiento del referido artículo 31, constituye la Comisión Asesora expresamente establece que “[e]n la sustanciación de las reclamaciones [ante la Comisión Asesora] se observarían los principios generales de actuación administrativa recogidos en el Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay”, así como que “[l]a prueba se valorar[ía] de conformidad con las reglas contenidas en el Código General del Proceso”.

190. Efectivamente, tal como alega el Estado, de conformidad con la referida normativa que regulaba el procedimiento, los peticionarios tenían al menos tres oportunidades de ofrecer prueba: al presentar su petición, al conferirles vista del proyecto de resolución denegatoria elaborado por la Comisión Asesora y si presentaban un recurso de revocatoria (supra párrs. 84 a 89). Podían ofrecer cualquier tipo de prueba, la cual era admitida, salvo que fuera consideraba inadmisible por inconducente, impertinente o contraria a la ley. Si se ofrecía prueba testimonial, el peticionario tenía la carga de la comparecencia del testigo y de acompañar el pliego de su interrogatorio (supra párr. 88).

191. Por tanto, la Corte estima que carece de fundamento lo alegado por las representantes, ya que no existía justificación para pretender exigir que la Comisión Asesora o el Directorio del Banco Central informaran de forma particular a los peticionarios sobre la posibilidad de presentar testigos en apoyo a sus peticiones, ya que la regulación de la prueba que podían presentar se encontraba en normas de carácter general y públicas. Más aún, la Corte resalta que dichas normas aplicables al referido procedimiento estaban expresamente indicadas precisamente en la resolución de constitución de la Comisión Asesora.

192. En relación con las alegadas violaciones por incumplimiento de normas internas en materia de valoración probatoria, la Corte advierte que no le corresponde entrar a determinar si el valor otorgado por el órgano administrativo a la prueba testimonial en los 22 casos aceptados es adecuado según la normativa interna. Asimismo, la Corte se remite a lo resuelto con anterioridad en cuanto a que en los casos aceptados el requisito que se tenía por acreditado con dicha prueba no era uno nuevo sino el de ausencia de consentimiento (supra párr. 170).

193. Las personas aceptadas en esos 22 casos no son presuntas víctimas ante este Tribunal, por lo cual la Corte no puede entrar a analizar sus procedimientos salvo que ello fuera necesario para determinar un tratamiento desigual con respecto a las presuntas víctimas violatorio de la Convención Americana. En este caso, la Comisión Interamericana y las representantes no han alegado que el órgano administrativo hubiere otorgado un tratamiento distinto a declaraciones propuestas por las presuntas víctimas, sino que pretenden que esta Corte realice un análisis aislado de la prueba rendida en 22 casos de personas que no son presuntas víctimas.

194. A partir de las anteriores consideraciones, la Corte concluye que no se configuró una violación de la Convención Americana con base en la alegada falta de información en materia probatoria.

C. PROTECCIÓN JUDICIAL

C.1. La acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Alegatos de las partes

195. Tanto la Comisión Interamericana como las representantes de las presuntas víctimas alegaron que el Estado violó el derecho a la protección judicial al no proporcionar "un recurso sencillo y rápido para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa".

196. La Comisión Interamericana alegó que el Uruguay no proporcionó a las presuntas víctimas un recurso eficaz para "impugnar la interpretación que hizo la Comisión Asesora del artículo 31 de la Ley No 17.613 en los tribunales uruguayos". Las presuntas víctimas "no pudieron presentar a resolución judicial la cuestión central de la naturaleza del consentimiento requerido para satisfacer la prueba de que sus fondos fueron transferidos al extranjero 'sin mediar su consentimiento'". Sin embargo, la Comisión Interamericana señaló que consideraba que "la información presentada no es suficiente para demostrar responsabilidad estatal relacionada con un incumplimiento del artículo 2 de la Convención". Al referirse al recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Comisión Interamericana indicó que dicho tribunal "solamente podía intervenir en los procesos disputados desde el punto de vista de si existía un factor descalificador[, pero n]o podía examinar todos los hechos pertinentes, especialmente en relación con la falta de consentimiento".

197. Las representantes de las presuntas víctimas alegaron que los recursos judiciales internos a los que alude el Estado "son completamente ineficaces". Las representantes agregaron que la mayoría de las presuntas víctimas no procuró la nulidad de las decisiones administrativas ante el Tribunal Contencioso Administrativo "ya que no lo consider[aron] un recurso efectivo", debido a que su decisión solamente puede anular el acto impugnado pero "no hubiera dado lugar a que automáticamente se incluyera al ahorrista dentro de los amparados" y para esto último se habría requerido de otro acto del Banco Central.

198. Por su parte, el Estado sostuvo que "carece de sustento" la alegada violación al artículo 25 de la Convención. Según el Estado, todas las personas que vieron su petición denegada por el Banco Central tuvieron la facultad de promover la nulidad de la decisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano con facultades jurisdiccionales, independiente de los tres poderes de Gobierno y cuyos cinco miembros son designados por el Poder Legislativo. Indicó que solamente 38 presuntas víctimas interpusieron dicha acción de nulidad.

199. El Estado indicó que "la Comisión [Interamericana] ha realizado una valoración errónea de todos los aspectos contemplados en el mecanismo jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo". Según el Estado, la acción anulatoria ante el referido tribunal operó con todas las garantías. Al respecto realizó una "[d]escripción de las características que reviste la acción de nulidad o de amparo administrativo". El Uruguay destacó que el referido tribunal "analiza todas las circunstancias de hecho y de derecho referidas al caso, sin que la actuación administrativa previa, lo condicione de forma alguna". El Estado hizo referencia a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo acogió la demanda de una persona que no es presunta víctima en este caso, lo cual confirmaba que el recurso judicial era accesible y efectivo. Además, el Uruguay indicó "[q]ue el Tribunal de lo Contencioso Administrativo [.] haya compartido -en la inmensa mayoría de los casos los criterios sustentados por e[l] Banco Central, no constituye una violación al derecho a la protección judicial, sino una prueba de que la actuación de este último se ajustó a derecho y que -por lo tanto- los demandantes no tenían razón en el fondo del asunto”.

Consideraciones de la Corte

200. La Corte ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Parte de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales(²⁵¹⁾. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes(²⁵²⁾. En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque falten los medios para ejecutar sus decisiones o por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia(²⁵³⁾. Así, el proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento(²⁵⁴⁾.

201. De otra parte, como lo ha señalado anteriormente el Tribunal, al evaluar la efectividad de los recursos incoados en la jurisdicción contencioso administrativa nacional, la Corte debe observar si las decisiones tomadas en aquélla han contribuido efectivamente a poner fin a una situación violatoria de derechos, a asegurar la no repetición de los actos lesivos y a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos protegidos por la Convención(²⁵⁵⁾. El Tribunal no evalúa la efectividad de los recursos interpuestos en función a una eventual resolución favorable a los intereses de la víctima(²⁵⁶⁾.

202. La Corte considera que, para resolver la controversia entre las partes sobre la efectividad de la protección judicial en el presente caso, requiere realizar algunas consideraciones relevantes respecto de la extensión de la revisión que debe proporcionar un recurso judicial para que sea efectivo, de conformidad con el artículo 25 de la Convención.

203. Este Tribunal se referirá a algunos factores relevantes tratándose de casos como el presente, en donde se somete a los órganos judiciales el conocimiento de una decisión administrativa previa que se alega violatoria de los derechos de una presunta víctima. Para ello, la Corte toma en cuenta el desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte Europea de Derechos Humanos sobre esta materia(²⁵⁷⁾. Al respecto, el Tribunal considera que resulta importante analizar factores tales como: a) la competencia del órgano judicial en cuestión; b) el tipo de materia sobre la cual se pronunció el órgano administrativo, teniendo en cuenta si ésta involucra conocimientos técnicos o especializados; c) el objeto de la controversia planteado ante el órgano judicial, lo cual incluye los alegatos de hecho y de derecho de las partes, y d) las garantías del debido proceso ante el órgano judicial. Sobre esto último, la Corte ha establecido, a través de su jurisprudencia reiterada, que para que se preserve el derecho a un recurso efectivo, en los términos del artículo 25 de la Convención, es indispensable que dicho recurso se tramite conforme a las reglas del debido proceso, consagradas en el artículo 8 de la Convención(²⁵⁸⁾.

204. Este Tribunal coincide con la Corte Europea, en términos generales, en entender que existe una revisión judicial suficiente cuando el órgano judicial examina todos los alegatos y argumentos sometidos a su conocimiento sobre la decisión del órgano administrativo, sin declinar su competencia al resolverlos o al determinar los hechos(²⁵⁹⁾. Por el contrario, esta Corte estima que no hay una revisión judicial si el órgano judicial está impedido de determinar el objeto principal de la controversia, como por ejemplo sucede en casos en que se considera limitado por las determinaciones fácticas o jurídicas realizadas por el órgano administrativo que hubieran sido decisivas en la resolución del caso(²⁶⁰⁾.

205. En el presente caso se encuentra probado que contra la decisión firme del Directorio del Banco Central, que resolvía una petición del artículo 31 de la Ley 17.613, se podía interponer un recurso judicial de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que 39 presuntas víctimas lo interpusieron y todas ellas obtuvieron una decisión adversa por parte de dicho tribunal(²⁶¹⁾ (supra párrs. 101 y 103).

206. La Comisión Interamericana alegó, en términos generales, que Uruguay no proporcionó a las presuntas víctimas un recurso eficaz para "impugnar la interpretación que hizo la Comisión Asesora del artículo 31 de la Ley 17.613 en los tribunales uruguayos", y que las presuntas víctimas "no pudieron presentar a resolución judicial la cuestión central de la naturaleza del consentimiento requerido para satisfacer la prueba de que sus fondos fueron transferidos al extranjero 'sin mediar su consentimiento'" (supra párr. 196). Por su parte, las representantes, refiriéndose de manera específica a las acciones de nulidad interpuestas por algunas presuntas víctimas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, alegaron que dicho tribunal "no realizó un análisis independiente e imparcial de los requisitos de la prueba establecidos en el artículo 31 de la Ley 17.613, en particular las referidas a la falta de consentimiento que alega[n] respecto de la transferencia de [sus] fondos al TCB", y que por ello, todos los recursos de nulidad de las presuntas víctimas fueron rechazados.

207. Al respecto, como ha sucedido en otros casos(²⁶²⁾, la Corte se encuentra imposibilitada de realizar un análisis de los casos correspondientes a esas 39 presuntas víctimas en el proceso contencioso administrativo debido a la limitada prueba aportada al respecto. Ante esta Corte solamente fueron aportadas 22 decisiones judiciales que resuelven demandas de 28 presuntas víctimas, pero no fueron aportadas las demandas ni tampoco los expedientes judiciales(²⁶³⁾. Por ello, seguidamente, la Corte analizará la efectividad de la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con base en las sentencias aportadas, la normativa interna y el peritaje sobre la materia.

208. En cuanto a la competencia del órgano judicial en cuestión, resulta relevante que el artículo 23 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo establece que son objeto de la acción de nulidad “[l]os actos administrativos unilaterales, convencionales o de toda otra naturaleza dictados con desviación, abuso o exceso de poder, o con violación de una regla de derecho, considerándose tal, todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual”⁽²⁶⁴⁾. Tomando en cuenta lo anterior y los demás elementos probatorios aportados ante esta Corte, el Tribunal observa que a través de la acción de nulidad las presuntas víctimas podían solicitar la revisión de la aplicación realizada por el órgano administrativo de los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley 17.613, alegando que era contraria a lo estipulado en dicho artículo, o en otra norma o principio de derecho. De las sentencias presentadas ante esta Corte se evidencia que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no declinó su competencia para resolver ninguno de los alegatos y argumentos presentados en esos casos.

209. Por otra parte, las representantes alegaron que la mayoría de las presuntas víctimas no procuró la nulidad de las decisiones administrativas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, “ya que no lo consideró un recurso efectivo”, debido a que su decisión solamente puede anular el acto impugnado pero “no hubiera dado lugar a que automáticamente se incluyera al ahorrista dentro de los amparados” y para esto último se habría requerido de otro acto del Banco Central (supra párr. 197). Por su parte, el Estado explicó que “[a]tento a las características de la presente cuestión, un fallo anulatorio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo implicaría plena satisfacción del interés de los peticionarios, ya que no sólo extinguiría el acto denegatorio de la petición (efecto extintivo), sino que obligaría al Banco Central del Uruguay (efecto positivo de la cosa juzgada anulatoria) a reconocer al ganancioso como ahorrista de[l] Banco de Montevideo SA con los mismos derechos que el resto de los ahorristas”.

210. A este respecto, resulta relevante destacar que la Corte Europea ha considerado que el recurso es efectivo por contar con una revisión judicial suficiente aun cuando el órgano judicial no estuviere facultado para analizar todos los aspectos de una decisión administrativa, si aquél es capaz de anular dicha decisión bajo distintos supuestos, entre ellos una incorrecta interpretación de los hechos o de la ley(²⁶⁵⁾. Igualmente, este Tribunal se ha pronunciado sobre un caso en el cual el recurso judicial disponible era un recurso de nulidad, encontrando que el mismo resultaba idóneo para la protección de los derechos violados en dicho caso(²⁶⁶⁾.

211. Por tanto, la Corte concluye que, en el presente caso, el recurso de nulidad podría haber representado un recurso efectivo, en la medida en que la anulación de la decisión administrativa permitiera amparar a las presuntas víctimas contra el acto violatorio de sus derechos. En el presente caso, para que el recurso de nulidad fuera efectivo éste tendría que conllevar tanto la anulación del acto como la consecuente determinación o, de ser el caso, el reconocimiento de los derechos establecidos a través del artículo 31 de la Ley

17.613. El único caso que fue resuelto favorablemente por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue el de dos personas que no son presuntas víctimas en el presente caso, y aunque fue aportada la sentencia no se presentó información sobre las consecuencias de la anulación de la decisión administrativa en relación con el reconocimiento de los derechos otorgados por el artículo 31 de la Ley 17.613.

212. El Tribunal no cuenta con los elementos necesarios para analizar si en la ejecución de una sentencia que resuelva un recurso de nulidad, específicamente relacionada con la aplicación del artículo 31 de la Ley 17.613, se podría haber configurado una inefectividad del mismo, lo cual podría suceder si solamente se anula el acto administrativo y no se determinan o reconocen los derechos establecidos en dicha norma.

213. De acuerdo a las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el hecho de que el recurso judicial disponible fuera un recurso de nulidad no ha configurado una violación del derecho a la protección judicial en el presente caso.

214. Adicionalmente, las representantes sostuvieron que por tratarse de un recurso de naturaleza anulatoria, el recurso de nulidad “no permite considerar todos los aspectos de la prueba[,] por lo cual los peticionarios no podrían haber alegado los vicios del consentimiento”. Sobre esto, el Estado enfatizó que “[n]o existe limitación alguna en materia probatoria a las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro del proceso anulatorio", salvo que "podrá rechazar aqu[e]llas [pruebas] que considere notoriamente dilatorias o prohibidas por la ley". Según el Estado, las partes "tienen facultades para ofrecer cualquier tipo de probanzas, adicionales, a las que surgen de los antecedentes administrativos que la acción de nulidad cuestiona [...]". Asimismo, el Estado afirmó que en las acciones de nulidad interpuestas por las presuntas víctimas "no existió rechazo de medios probatorios presentados en tiempo y forma de acuerdo a la ley".

215. De acuerdo a la normativa que rige dicho recurso, el peritaje de Daniel Hugo Martins, así como de las propias decisiones de dicho tribunal, se evidencia que no existía la alegada limitación en materia probatoria ni tampoco con respecto a los alegatos que las partes podían someter a decisión del referido tribunal.

216. Dadas las razones por las cuales la Corte declaró una violación al ámbito material del derecho a ser oído de las presuntas víctimas (supra párrs. 133 a 142), el Tribunal encuentra que para que la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo fuera efectiva, en los términos del artículo 25.1 de la Convención Americana, era necesario que dicho tribunal examinara de forma completa si el análisis realizado por el Banco Central respecto del requisito del consentimiento era acorde con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 17.613 para la determinación de los derechos otorgados en el mismo.

217. De las sentencias que fueron aportadas, la Corte observa que en 11 de ellas el Tribunal de lo Contencioso Administrativo analizó los requisitos establecidos en el artículo 31 y su aplicación por el Banco Central, y resolvió que los alegatos sobre vicios del consentimiento o la falta del deber de informar no habían sido probados indicando, inter alia, que se "carec[ía] de sustento fáctico probatorio" o que "no obra[ban] elementos de convicción suficientes". La Corte no cuenta con elementos suficientes para determinar si la valoración probatoria realizada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo afectó la efectividad de dicho recurso con respecto a los respectivos demandantes(²⁶⁷⁾.

218. Además, el Tribunal observa que en otras 11 de las sentencias aportadas, que resuelven las acciones de nulidad, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo analizó los requisitos estipulados en el artículo 31 y su aplicación por el Banco Central, pero los alegatos presentados sobre vicios del consentimiento o la falta del deber de informar no fueron materia de una verificación para comprobar si se habían configurado o no(²⁶⁸⁾. De esta forma, el tribunal encargado de resolver el recurso judicial incurrió, al igual que el órgano administrativo (supra párrs. 140 a 142), en un examen incompleto de las peticiones sometidas a su conocimiento.

219. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró, en uno de estos 11 casos, que “pese al alegado engaño que dijo haber sufrido el actor por parte del [Banco de Montevideo] respecto a su inversión, por lo menos se verifica una hipótesis de consentimiento tácito del ahora accionante en relación a la operativa realizada por la entidad bancaria a quien confió su capital”(²⁶⁹⁾. Asimismo, en otro de esos casos el referido tribunal consideró que “[a]ún reconociendo que la información que les fue brindada por BM [a las presuntas víctimas demandantes] era incompleta; que la denominación TCB en los estados de cuenta pudo no ser cabalmente comprendida por las destinatarias, y que la operativa era realizada desde una cuenta corriente y no con certificados de depósitos en custodia en una cuenta 'Depósitos Vista Operaciones de Títulos', las actoras no ha[bían] logrado acreditar que eran ahorristas de BM y que sus depósitos fueron transferidos al TCB sin mediar su consentimiento”⁽²⁷⁰⁾.

220. Por tanto, la Corte concluye que el Estado no garantizó a los demandantes en esos 11 casos (supra párr. 218) un recurso judicial que los amparara, de forma efectiva, contra la violación al ámbito material de su derecho de ser oído ante el órgano administrativo, para la determinación de los derechos otorgados en el artículo 31 de la Ley 17.613. En consecuencia, la Corte declara que el Uruguay violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Daniel Dendrinos Saquieres, Fabiana Lijtenstein, Jean Leroy, Martín Guerra, María Ivelice Gigli Rodríguez, Leandro Rama Sienra, Clara Volyvovic, Pablo Raúl Roure Casas, Marta Rodríguez Lois, Ángel Notaro, Alba Bonifacino y Thomas Máximo Neuschul.

C.2. Otros presuntos recursos judiciales disponibles

Alegatos de las partes

221. Al contestar la alegada violación a la protección judicial, el Estado indicó que, además de la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las presuntas víctimas tenían otros recursos judiciales efectivos disponibles. El Uruguay sostuvo que “no se agota en el artículo 31 la posibilidad de los inversores de TCB Islas Caimán de poder ser incluidos como cuotapartistas de[l] Banco de Montevideo -F[ondo de Recuperación de Patrimonio Bancario]”. Agregó el Estado que “muchos no las utilizaron o bien habiéndolas utilizado resultaron rechazados, luego de transitar procedimientos dotados de todas las garantías judiciales de defensa y producción de prueba”. El Uruguay indicó que algunas de las referidas acciones ante el Poder Judicial resultaron exitosas, habilitando la incorporación de algunas presuntas víctimas como cuotapartistas de dicho banco. También a este respecto enfatizó que “un porcentaje importante de los reclamantes han deducido sus demandas a partir de 2004 y -fundamentalmente - en el correr de 2005 y 2006, por lo que algunos juicios se encuentran aún en trámite”. El Estado presentó cifras y documentación respecto de los referidos procesos y sentencias emitidas. Finalmente señaló que también estaba disponible la acción de amparo, siendo el recurso más sencillo y rápido con que cuenta el ordenamiento uruguayo ante un acto “con ilegitimidad manifiesta”, y que este recurso no fue utilizado.

222. Las representantes indicaron que “algunos ahorristas” interpusieron acciones en “[l]as demás vías judiciales internas en el ámbito civil, concursal y penal”, pero “la mayoría de estos procesos están aún en curso y sujetos eventualmente al recurso de casación”. Al respecto, indicaron que “[n]o es eficaz un recurso que tarda entre 7 y 10 años en resolverse”. Asimismo, sostuvieron que la mayoría de las presuntas víctimas no tenían “la capacidad, la entereza, la salud y el dinero para seguir adelante y asesorarse correctamente sobre los pasos a seguir, a efectos de balancear apropiadamente a qué jurisdicción le convenía más concurrir”. Agregaron que “si efectivamente tenía[n] todos los recursos que menciona el Estado a [su] alcance, y estos hubieran sido realmente efectivos, el legislador no se hubiera preocupado por adoptar el artículo 31 y mandar crear una CA que resolviera [su] situación en 60 días”.

223. Por su parte, la Comisión Interamericana señaló que, en cuanto a los recursos identificados por el Estado en su escrito de contestación, “una de las garantías mínimas necesarias en el procedimiento administrativo debe ser la claridad del camino a seguir por el administrado para la vindicación de sus derechos” y que en el presente caso hubo una “falta de claridad evidenciada por el Estado en su defensa ante el Sistema Interamericano”.

En sus alegatos finales escritos indicó que “aún a la fecha no surge claramente cuál es el recurso que sería efectivo, o si éste existe

Consideraciones de la Corte

224. La Corte encontró probado que al menos 136 presuntas víctimas presentaron acciones en la jurisdicción ordinaria contra el Banco de Montevideo por, inter alia, incumplimiento de contrato e indemnización por daños y perjuicios. En diez casos se condenó al Banco de Montevideo, de los cuales nueve se encuentran firmes (supra párr. 107).

225. El Uruguay alegó la existencia de otros “medios de reclamación judicial" que habrían permitido a las presuntas víctimas “obtener una sentencia de condena contra [el] Banco de Montevideo SA (en liquidación) que les posibilitara ser incluidos como cuotapartistas de[l] Banco de Montevideo - Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario". Al respecto, el Estado no explicó con mayor detalle en qué consistían esos recursos, sus procedimientos y las normas que los rigen, como sí lo hizo al referirse a la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No obstante, el Estado aportó copias de las sentencias de algunos casos iniciados por determinadas presuntas víctimas, así como listas y cuadros informativos respecto de la interposición y resolución de los recursos en sus diversas instancias.

226. Teniendo en cuenta lo alegado por el Estado y el respaldo probatorio aportado al respecto, lo que la Corte puede entrar a analizar en el presente caso sobre los alegados recursos es si estos permitían a los tribunales que los resolverían considerar la materia objeto de la controversia en el presente caso. Para pronunciarse sobre ello, la Corte recuerda que a través del artículo 31 de la Ley 17.613 se disponía que a quienes cumplieran con los requisitos establecidos en dicha norma se debían otorgar dos derechos: (i) el reconocimiento como acreedor del Banco de Montevideo o del Banco La Caja Obrera, por lo cual pasaban a ser cuotapartistas del Fondo de Recuperación Bancaria del respectivo banco, y (ii) el derecho a recibir por parte del Estado un complemento a su cuotaparte (supra párrs. 97 y 126). En contraste, las acciones civiles contra el Banco de Montevideo a las cuales hace referencia el Estado solamente podían dar como resultado la determinación del derecho a ser reconocido como acreedor de dichos bancos, por lo cual pasarían también a ser cuotapartistas del Fondo de Recuperación, pero no siempre por el monto que alegaban fue transferido sin su consentimiento, sino muchas veces por el monto que el respectivo tribunal fijara como indemnización por el incumplimiento de alguna obligación del banco. Si bien dichas acciones permitían un análisis del consentimiento de los demandantes así como de la falta del deber de brindar información veraz y completa por parte del Banco de Montevideo, la Corte resalta que del acervo probatorio no surge que a través de tales recursos que resolvían las demandas contra el Banco de Montevideo se pudiera aplicar el artículo 31 de Ley 17.613 y realizar las determinaciones en él dispuestas, ni revisar la actuación del órgano administrativo que se alegó violatoria de las garantías del debido proceso.

227. En este sentido, la Corte considera que la anterior conclusión se encuentra confirmada por la propia afirmación del Estado cuando sostuvo que “ningún pronunciamiento (aun aquéllos que han sido favorables a la pretensión deducida confiriendo a la parte actora la calidad de acreedor del Banco de Montevideo S.A.) sostiene que los actores fueran ahorristas de[l] Banco de Montevideo S.A., [.] sino que [. s]e trata de condenas al pago de todo o parte de las sumas invertidas en concepto de daños y perjuicios, pero no implican reconocimiento alguno de la calidad de ahorristas de[l] Banco de Montevideo S.A. y -por lo tanto- no cuestionan ni contradicen lo resuelto por el Banco Central del Uruguay en aplicación del citado art. 31 de la Ley No. 17.613”. Asimismo, refiriéndose a las sentencias firmes que han acogido demandas indemnizatorias contra el Banco de Montevideo, el Estado afirmó que a quienes obtuvieron esos fallos favorables “no se les abonó [.] el beneficio -con recursos estatales- del art. 27 de la Ley No. 17.613”.

228. El hecho que algunas presuntas víctimas hicieran uso de esas vías judiciales, y que hubieran obtenido sentencias favorables, no significa que estos recursos eran efectivos en el presente asunto. Ello solo evidencia la búsqueda por parte de estas presuntas víctimas de medios alternativos que les permitieran amparar judicialmente al menos parte de los derechos dispuestos en el artículo 31 de la Ley 17.613.

229. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte concluye que estas acciones ante la jurisdicción ordinaria no otorgaban todos los derechos dispuestos a través del referido artículo 31, ni revisaban o modificaban la decisión adoptada por el órgano administrativo, por lo cual no pueden ser considerados como recursos efectivos para la materia objeto de este caso.

230. Por último, la Comisión Interamericana sostuvo que también se configuró una violación de la protección judicial por “la ausencia de un foro judicial en el que las peticionarias pudieran plantear sus alegaciones de que el TCB no era, de hecho, una entidad extranjera, lo cual sostuvieron quedaba demostrado por el hecho de que se permitió que el BM asistiera al TCB hasta el punto de llegar a su propia insolvencia”. En relación con este tema, el Uruguay señaló que “todas las presuntas víctimas tuvieron siempre la facultad de recurrir a los órganos del Poder Judicial para hacer valer asuntos distintos a la 'ausencia de consentimiento' (ámbito específico de acción de la Comisión Asesora del art. 31 Ley 17.613)”.

231. Al respecto, la Corte hace notar que el referido alegato de la Comisión Interamericana se refiere a un asunto que no forma parte del marco fáctico de este caso, ya que el planteamiento de alegaciones basadas en que “el TCB no era [.] una entidad extranjera” se encuentran excluidas del análisis de la situación que pretendía atender el artículo 31 de la Ley 17.613.

D. Conclusión de la Corte respecto del Capítulo VI

232. Teniendo en cuenta todo lo resuelto en el presente capítulo, la Corte concluye que el Estado violó: a) el derecho a ser oído protegido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de las 539 personas que interpusieron una petición bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, indicadas en el Anexo de la presente Sentencia (supra parrs. 133 a 142); b) el derecho a un tratamiento igualitario en relación con la garantía procesal de una debida motivación, protegidos en los artículos 1.1 y 8.1 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Alicia Barbani Duarte y del señor Jorge Marenales (supra parrs. 183 a 185); y c) el derecho a la protección judicial reconocido en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Daniel Dendrinos Saquieres, Fabiana Lijtenstein, Jean Leroy, Martín Guerra, María Ivelice Gigli Rodríguez, Leandro Rama Sienra, Clara Volyvovic, Pablo Raúl Roure Casas, Marta Rodríguez Lois, Ángel Notaro, Alba Bonifacino y Thomas Máximo Neuschul, quienes interpusieron acciones de nulidad que no recibieron un examen completo por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (supra párrs. 218 a 220).

VII. DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS

Alegatos de las partes

233. La Comisión Interamericana no alegó que se hubiere violado el artículo 21 de la Convención Americana.

234. Las representantes alegaron que el Uruguay violó el derecho a la propiedad privada(²⁷¹⁾. Para fundamentar su alegación hicieron referencia a extractos de la opinión disidente de una de las comisionadas de la Comisión Interamericana respecto del Informe sobre el fondo de este caso. En lo que guarda relación con el marco fáctico del caso sometido a esta Corte (supra párrs. 37 a 41), las representantes citan las partes relevantes de dicha opinión disidente en la cual se afirma que la declaración de la Comisión Interamericana realizada en su informe de fondo respecto de que el Estado violó los derechos al debido proceso y la protección judicial “llev[a] implícito una violación al deber de protección del derecho a la propiedad”. Al respecto, las representantes resaltaron que como consecuencia directa de la violación a las garantías judiciales por el actuar de la Comisión Asesora “también [se violó] el derecho de propiedad”. Indicaron que “la consecuencia de la aplicación incorrecta de criterios por parte de[ la Comisión Asesora] fue la no devolución de [sus] ahorros”, y que “[a]l tratarse de un reclamo de dinero que [les] pertenece, la ausencia de devolución del mismo configura la violación al uso y al goce de [su] propiedad privada[,.] privación [que] carece de justificación alguna”.

235. El Estado alegó que “[n]o hay acto alguno del Estado Uruguayo ni del Banco Central del Uruguay que haya estado dirigido a privar a las peticionarias de los fondos que invirtieron, ni a limitarles su disponibilidad”, ya que “se trata del fracaso de una inversión particular, realizada [.] a través de una institución privada uruguaya”. El Uruguay agregó que “[y]a se ha[n] aportado las razones y la prueba por las cuales cada uno de los casos afirmativamente resueltos mereció el amparo del Directorio del Banco Central [del] Uruguay con el dictamen previo de la [c]omisión de juristas designada a tal efecto”. Asimismo, indicó que “[c]orresponde insistir que las denunciantes no utilizaron los recursos que el orden jurídico interno les ofrece para obtener la anulación de las [r]esoluciones denegatorias”.

Consideraciones de la Corte

236. La Corte reitera que las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda mientras ello se atenga a los hechos ya contenidos en la demanda y se realice en el momento procesal oportuno (supra párr. 36).

237. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona(²⁷²⁾. Asimismo, la Corte ha protegido a través del artículo 21 convencional los derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas(²⁷³⁾.

238. En el presente caso la Corte no se ha pronunciado con respecto a si las presuntas víctimas cumplen o no con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley 17.613 para acceder a los derechos establecidos a través de dicha norma, ya que no le corresponde realizar tal determinación. Además, todas las decisiones administrativas y judiciales internas en relación con tales derechos han sido desestimatorias de las pretensiones de las presuntas víctimas. A diferencia de otros casos en que la Corte ha resuelto una violación del artículo 21 en relación o derivada de las violaciones declaradas de los artículos 8 y 25(²⁷⁴⁾, en el presente caso no existe una decisión interna ni una determinación por parte de esta Corte en cuanto a que efectivamente a las presuntas víctimas les asistiere la razón en sus reclamos sobre los derechos a que se refiere dicho artículo 31. Por consiguiente, la Corte no encuentra elementos para declarar una violación del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

VIII. REPARACIONES (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA)

239. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana(²⁷⁵⁾, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente(²⁷⁶⁾, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado(²⁷⁷⁾.

240. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron y establecer una indemnización que compense los daños ocasionados(²⁷⁸⁾. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados(²⁷⁹⁾.

241. Este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho(²⁸⁰⁾.

A. Parte Lesionada

242. El Tribunal reitera que se considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarado víctima de la violación de algún derecho consagrado en la misma⁽²⁸¹⁾. Las víctimas en el presente caso son: a) las 539 personas víctimas de la violación al derecho a ser oído respecto de sus peticiones ante el Banco Central (supra párr. 133 a 142); b) la señora Alicia Barbani Duarte y el señor Jorge Marenales, de la violación del derecho a un tratamiento sin discriminación en relacion con el derecho a la garantía procesal de una debida motivación en la decisión del Banco Central (supra párrs. 183 a 185), y c) Daniel Dendrinos Saquieres, Fabiana Lijtenstein, Jean Leroy, Martín Guerra, María Ivelice Gigli Rodríguez, Leandro Rama Sienra, Clara Volyvovic, Pablo Raúl Roure Casas, Marta Rodríguez Lois, Ángel Notaro, Alba Bonifacino y Thomas Máximo Neuschul, de la violación al derecho a la protección judicial (supra párrs. 218 a 220).

B. Medidas de reparación

243. La jurisprudencia internacional y en particular de la Corte, ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de reparación(²⁸²⁾. No obstante, considerando las circunstancias del caso sub judice, y las afectaciones a las víctimas derivadas de las violaciones de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, declaradas en su perjuicio, la Corte estima pertinente fijar las siguientes medidas.

B. 1. Medida de satisfacción y Garantía de no repetición

B. 1.a) Garantizar un debido proceso y protección judicial en la determinación de los derechos de las víctimas

244. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado “tomar las medidas necesarias para establecer un mecanismo idóneo y efectivo para que las personas identificadas como víctimas en el presente caso y los otros miembros del grupo de más de 1,400 personas[, cuyas peticiones relativas al artículo 31 de la Ley 17.613 fueron rechazadas por el Banco Central,] puedan acudir y tener la posibilidad de acreditar si reúnen los criterios de la legislación aplicable para recibir la compensación prevista de conformidad con la Ley 17.613”.

245. Las únicas reparaciones solicitadas por las representantes se refieren al pago de una “indemnización compensatoria” (infra párr. 255) y el reintegro de costas y gastos (infra párr. 268).

246. Por su parte, el Estado indicó que “han existido mecanismos idóneos, efectivos y más que suficientes para que el grupo de 1.400 personas referid[a]s en el numeral 107 de la demanda de la Comisión pudiera probar si reúne '.los criterios de la legislación aplicable para recibir la compensación prevista de conformidad con la Ley 17.613.'”. De manera que, para el Estado, “no corresponde adoptar ninguna nueva medida adicional”. Agregó que “aún cuando se hiciera lugar por la Corte a tales medidas de satisfacción [.], igualmente en ese caso sería improcedente abonar 'indemnización compensatoria' alguna, como lo pretende la Comisión”.

247. En el presente caso, este Tribunal declaró la responsabilidad internacional del Uruguay por haber incurrido en determinadas violaciones a las debidas garantías en los procedimientos ante el Banco Central en relación con la determinación de los derechos de las víctimas establecidos a través del artículo 31 de la Ley 17.613 (supra párrs. 172 y 198), así como por haber violado el derecho a la protección judicial en perjuicio de 12 personas. De manera que la Corte no ha expresado ningún pronunciamiento respecto de si las víctimas cumplen o no con los requisitos estipulados en el artículo 31 de la Ley 17.613 para acceder a los referidos derechos, ya que a este Tribunal no le corresponde realizar tal determinación.

248. La Corte considera que, como consecuencia de las violaciones declaradas en la presente Sentencia, el Uruguay debe garantizar que las víctimas de este caso o sus derechohabientes puedan presentar nuevas peticiones respecto de la determinación de los derechos establecidos en el referido artículo 31, las cuales deberán ser conocidas y resueltas con las debidas garantías por un órgano que tenga la competencia necesaria para realizar un análisis completo de los requisitos dispuestos en la referida norma, en los términos establecidos en los párrafos 133 a 142 de la presente Sentencia. En todo caso, la Corte recuerda al Estado que, de conformidad con el artículo 25.1 de la Convención Americana y lo determinado en esta Sentencia, tiene la obligación de garantizar a las víctimas o sus derechohabientes un recurso judicial efectivo que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.

249. Para dar cumplimiento a esta medida de reparación, el Estado deberá determinar, en un plazo de seis meses, el órgano que resolverá las nuevas peticiones. Una vez que el Estado determine lo anterior, deberá adoptar las medidas pertinentes para dar a conocer a las víctimas del presente caso dicha determinación, así como el procedimiento bajo el cual se examinarán las nuevas peticiones y el plazo para presentarlas. En el cumplimiento de esta medida, el Estado deberá tener en cuenta que las víctimas del presente caso tienen diferentes nacionalidades y lugares de residencia. Dentro de las medidas pertinentes para realizar la referida difusión el Estado deberá comunicar su decisión a las representantes, a la Comisión Interamericana(²⁸³⁾ y a esta Corte. Asimismo, además de la publicación oficial, deberá publicar tal información en un diario de amplia circulación nacional y en las páginas oficiales de internet de los órganos estatales que considere pertinentes.

250. Para el cumplimiento de esta medida el Estado deberá resolver las nuevas peticiones en un plazo máximo de tres años, contado a partir de que determine el órgano encargado de resolver tales peticiones. El Uruguay deberá tomar las previsiones necesarias para que las víctimas que sean aceptadas bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, luego del examen adecuado de sus nuevas peticiones, puedan ser reconocidas como cuotapartistas del Fondo de Recuperación Bancario respectivo y recibir el complemento del artículo 27 de la referida Ley.

251. La Corte nota que la Comisión Interamericana ha solicitado que la presente medida abarque a personas que no fueron presentadas como presuntas víctimas en este caso, pero que presuntamente habrían interpuesto un recurso bajo el artículo 31 de la Ley 17.613. Al respecto, la Corte considera que en el presente caso no le corresponde pronunciarse sobre reparaciones de personas no identificadas como víctimas. Esta conclusión no excluye la posibilidad de que en el derecho interno se permita que dichas personas puedan presentar nuevas peticiones.

B.1.b) Publicación y difusión de la Sentencia

252. La Corte estima, como lo ha dispuesto en otros casos⁽²⁸⁴⁾, que el Estado deberá publicar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia:

a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial;

b) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, y

c) la presente Sentencia en su integridad, disponible por un período de un año, en un sitio web oficial.

253. En el presente caso la Corte considera que esta medida, entre otros efectos, contribuirá al adecuado cumplimiento de la garantía de no repetición establecida supra.

B. 2. Indemnización Compensatoria por daño inmaterial

254. En relación con el daño inmaterial, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte que “orden[e] al Estado pagar una indemnización compensatoria apropiada del daño sufrido por las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana declaradas en perjuicio de las víctimas identificadas en el informe de fondo y la [.] demanda”. La Comisión efectuó tal solicitud “sin perjuicio de las pretensiones que presenten en el momento procesal oportuno las representantes de las víctimas”. Agregó que “la pérdida de los ahorros de aproximadamente 1500 familias que conta[ban] con esos recursos para las necesidades de la vida [les] ha causado innumerables sufrimientos y ha tenido un efecto devastador para estas personas”. Asimismo, la Comisión indicó que muchos de ellos son de “avanzada edad” y que “aproximadamente 100 personas han fallecido sin obtener justicia”.

255. Las representantes solicitaron en su escrito de alegatos finales que la Corte ordene al Estado el pago de “una indemnización apropiada” por “[e]l daño moral sufrido que se solicita sea un 33% del capital depositado”. Asimismo, en cuanto al impacto de las violaciones, enfatizaron que las víctimas a quienes representan “incluye a 80 personas de 70 a 97 años, una de ellas no vidente, para las cuales este tema les ha privado de una vejez digna”. Agregaron que las víctimas “fueron privad[a]s de sus ahorros de toda una vida, produciendo en ellos una situación de desesperanza extrema que en numerosos casos los llevó a la enfermedad y a una muerte prematura y en otros, directamente al suicidio”.

256. El Estado señaló que es “totalmente improcedente” una reparación por daño inmaterial, ya que “se trata [.] de un tema de índole exclusivamente patrimonial, esto es, el cobro de supuestos derechos de crédito o recuperación de ahorros o inversiones radicadas en entidades privadas”.

257. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial(²⁸⁵⁾ y los supuestos en que corresponde indemnizarlo.

258. Con respecto a la indemnización por daño inmaterial solicitada por las representantes, el Tribunal recuerda que no se ha pronunciado sobre el mérito de las peticiones de las víctimas bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, ya que esa determinación no corresponde realizarla a este Tribunal.

259. Por tanto, la Corte no considera procedente una indemnización inmaterial basada en el monto de los alegados depósitos de las víctimas. No obstante, la Corte debe reconocer que las violaciones a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial declaradas en esta Sentencia (supra párrs. 140 a 142, 183 a 185 y 218 a 220), produjeron un daño inmaterial, propio de la incertidumbre en la determinación de sus derechos. Es propio de la naturaleza humana que toda persona que padece una violación a sus derechos humanos experimente un sufrimiento(²⁸⁶⁾.

260. En consecuencia, la Corte fija en equidad una compensación de US$ 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América), como indemnización por daño inmaterial. El mencionado monto deberá ser entregado a cada víctima indicada en el Anexo de la presente Sentencia, o a su derechohabiente dentro de un plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.

B.3. Otras pretensiones de reparación

261. La Comisión “solicit[ó] a la Corte que fije en equidad el monto de la indemnización correspondiente al daño emergente y lucro cesante, en uso de sus amplias facultades en esta materia”.

262. Por su parte, las representantes solicitaron que el Estado “[p]ag[ue] una indemnización compensatoria apropiada del daño sufrido por las violaciones declaradas [...], en perjuicio de las víctimas”. Conforme a las representantes “una indemnización apropiada” en este caso supondría:

i) “[l]a restitución de todo el capital depositado por cada un[a de las víctimas] en el BM y que se encontraba en certificados de depósito del TCB”;

ii) “[l]os daños y perjuicios generados por los años en que los legítimos titulares de los dineros ahorrados no pudieron hacerse de los mismos, que son el interés legal del dinero”, y

iii) “[l]a desvalorización del dólar respecto del peso uruguayo entre 2002 y 2011 que es aproximadamente el 50 % de su valor”.

263. De acuerdo con las representantes, “[l]o anterior se entiende sin perjuicio de las normas relativas a la recuperación de los activos que regían la actuación de la Comisión Asesora del artículo 31 de la [L]ey 17.613 que la Corte entienda que pueden aplicarse al caso”.

264. Para el Estado, en cuanto al daño emergente, “[e]s de toda evidencia [.] que los incumplimientos imputados por la Comisión al Estado no generan por sí ninguna consecuencia patrimonial directa e inmediata, en tanto la Comisión demandante no dice de modo alguno que las [.] víctimas tengan razón en el fondo del asunto”. En cuanto al lucro cesante, “es muy claro que sólo se configuraría la pérdida de algún ingreso o beneficio si las [.] víctimas tuvieran razón en el fondo del asunto, lo que la Comisión demandante no [.] reconoce”.

265. La Corte reitera que no se pronunció con respecto a la pretensión de las víctimas a que se les concedan los derechos establecidos en el artículo 31 de la Ley 17.613, por lo cual las referidas solicitudes de reparación de la Comisión Interamericana y las representantes son incompatibles con las violaciones declaradas en la presente Sentencia. El Tribunal ya determinó que la medida que repara adecuadamente las violaciones declaradas en el presente caso, es la relativa a que se les permita presentar nuevas peticiones respecto de la determinación de los derechos establecidos en el referido artículo 31 (supra párrs. 248 a 251).

B.4. Costas y gastos

266. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación establecido en el artículo 63.1 de la Convención Americana(²⁸⁷⁾.

267. La Comisión solicitó que la Corte “ordene al Estado uruguayo el pago de las costas y gastos debidamente probados" por la parte lesionada.

268. Las representantes solicitaron que se “otorg[ue] a las víctimas una indemnización adicional por concepto de las costas y gastos del litigio, a nivel nacional e internacional", estimada en US$50.000 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América).

269. El Estado indicó que “los gastos de este proceso, constituyen motivo de resolución expresa de [la] Corte, que [.] de desestimar la demanda, [.] deberá también desestimar cualquier pretensión de reembolso de gastos y honorarios".

270. El Tribunal ha señalado que “las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede, esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte"(²⁸⁸⁾. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable(²⁸⁹⁾.

271. En el presente caso el Tribunal observa que las representantes no remitieron prueba alguna que acreditara el monto de las costas y gastos en que éstas o las víctimas hubieran podido incurrir en el trámite del presente caso.

272. No obstante lo anterior, tal como lo ha hecho en otros casos, el Tribunal puede inferir que las representantes incurrieron en gastos en la tramitación del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta lo anterior y ante la falta de comprobantes de estos gastos, la Corte fija, en equidad, que el Estado debe entregar la cantidad total de US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda uruguaya, por concepto de costas y gastos en el litigio del presente caso. La Corte hace notar que las representantes no indicaron a quién o quiénes se debía reintegrar las costas y gastos. Al respecto, el Tribunal determina que el Estado deberá entregar dicha cantidad, en partes iguales, a las señoras Alicia Barbani Duarte y María del Huerto Breccia, representantes de la mayoría de las víctimas ante esta Corte. Igualmente, señala que en el procedimiento de supervisión del cumplimiento de la presente Sentencia podrá disponer el reembolso a las víctimas o sus representantes, por parte del Estado, de los gastos razonables en que incurran en dicha etapa procesal.

C. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

273. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño inmaterial y el reintegro de costas y gastos, directamente a las personas indicadas en la Sentencia, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos siguientes.

274. En caso de que las víctimas hubieren fallecido o fallezcan antes de que les sea entregada la indemnización respectiva, ésta se efectuará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.

275. El Estado debe cumplir sus obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda uruguaya, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio que esté vigente en la bolsa de Nueva York, el día anterior al pago.

276. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera uruguaya solvente, en dólares estadounidenses, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria.

277. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.

278. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a las personas indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.

279. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en el Uruguay.

IX. PUNTOS RESOLUTIVOS

280. Por tanto,

LA CORTE

DECLARA,

por cuatro votos a favor y uno en contra, que:

1. El Estado es responsable por la violación del derecho a ser oído, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las 539 personas que interpusieron una petición bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, indicadas en el Anexo de la presente Sentencia, de conformidad con lo establecido en los párrafos 133 a 143 de esta Sentencia.

2. El Estado es responsable por la violación del derecho a un tratamiento sin discriminación, en relación con el derecho a la garantía procesal de una debida motivación, protegidos en los artículos 1.1 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Alicia Barbani Duarte y Jorge Marenales, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 173 a 175 y 178 a 185 de la presente Sentencia.

3. No existen elementos para constatar la alegada violación del derecho a un tratamiento sin discriminación, en relación con el derecho a la garantía procesal de una debida motivación, consagrados en los artículos 1.1 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Oscar Eduardo Pivovar Vannek y Alba Fernández, de conformidad con lo establecido en los párrafos 182 y 185 de la presente Sentencia.

4. El Estado no violó el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la alegada “presunción del consentimiento” por aplicación de “criterios descalificantes”, la alegada aplicación arbitraria de un nuevo criterio y la alegada falta de información en materia probatoria, en los términos de los párrafos 153 a 160, 169 a 172, 176, 177, 185 y 189 a 194 de la presente Sentencia.

5. El Estado es responsable por la violación del derecho a la protección judicial, consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Daniel Dendrinos Saquieres, Fabiana Lijtenstein, Jean Leroy, Martín Guerra, María Ivelice Gigli Rodríguez, Leandro Rama Sienra, Clara Volyvovic, Pablo Raúl Roure Casas, Marta Rodríguez Lois, Ángel Notaro, Alba Bonifacino y Thomas Máximo Neuschul, de conformidad con lo establecido en los párrafos 216 y 218 a 220 de esta Sentencia.

6. No ha encontrado elementos para declarar una violación del derecho a la propiedad privada, protegido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos del párrafo 238 de la presente Sentencia.

7. No procede emitir un pronunciamiento sobre la alegada violación del derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 173 a 175 de la presente Sentencia.

Y DISPONE

por cuatro votos a favor y uno en contra, que:

1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

2. El Estado debe garantizar que las víctimas de este caso o sus derechohabientes puedan presentar nuevas peticiones respecto de la determinación de los derechos establecidos a través del artículo 31 de la Ley 17.613 sobre el Fortalecimiento del Sistema Financiero, las cuales deberán ser conocidas y resueltas, en un plazo de tres años, con las debidas garantías por un órgano que tenga la competencia necesaria para realizar un análisis completo de los requisitos dispuestos en dicha norma, en los términos establecidos en los párrafos 247 a 251 de la presente Sentencia.

3. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 252 de la presente Sentencia, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma.

4. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 260 y 272 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda, en los términos de los párrafos 273 a 279 de esta Sentencia.

5. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.

6. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

El Juez Eduardo Vio Grossi hizo conocer a la Corte su Voto Disidente, el cual acompaña esta Sentencia. Los jueces Diego García-Sayán, Margarette May Macaulay y Radhys Abreu Blondet hicieron conocer a la Corte sus Votos Concurrentes, los cuales acompañan esta Sentencia.

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en Bridgetown, Barbados, el 13 de octubre de 2011.

Diego García-Sayán
Presidente

Manuel E. Ventura Robles

Margarette May Macaulay

Rhadys Abreu Blondet

Eduardo Vio Grossi

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Diego García-Sayán
Presidente

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

ANEXO A LA SENTENCIA DEL CASO BARBANI DUARTE Y OTROS VÍCTIMAS DE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA

No.		Nombre de la víctima(290)		No. de expediente ante el Banco Central del Uruguay		Ubicación de la prueba en el expediente ante la Corte Interamericana
1		María Abal Gemelli		2003/0645		(expediente de anexos a la demanda, tomo XIV, anexo 12 (H), folios 10571 A 10574)
2		Mario Héctor Abal Bordachar		2003/0646		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30355 a 30362)
3		Martín Abascal		2003/0878		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 21931 a 21951)
4		Patricia Abella De Luca		2003/0692		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23392 a 23406)
5		María Cristina Abellá Demarco		2003/1408		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31113 a 31118
6		Rafael Abella Demarco		2003/1407		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 3119 a 31121)
7		Chemel Abisabb Ache		2003/0928		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30407 a 30409)
8		Yamil Abisab Baranzano		2003/0969		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30704 a 30706)
9		Alejandro Abut		2003/0446		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26785 a 26831)
10		Eduardo Acevedo Sotelo		2003/0268		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30148 a 30154)
11		Amalia Antuña		2003/1013		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30643 a 30646)
12		Saúl Isaac Acher		2003/0506		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30273 a 30277)
13		Borys o Boris Achtsam		2003/0401		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27427 a 27470)
14		Leonor Adami Lansac		2003/0603		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30208 a 30210)
15		Julio Alberto Adinolfi Castellano		2003/0988		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30675 a 30676)
16		Paulina Adrien		2003/0528		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26000 a 26029)
17		Graciela Alemán		2003/1358		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31207 a 31210)
18		Clara Alfassa		2003/0713		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22607 a 22616)
19		Roberto Alonso		2003/1508		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31377 a 31381)
20		Carolina Alzugaray		2003/0684		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30341 a 30344)
21		Esther Álvarez Pirri		2003/0458		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26406 a 26408)
22		Néstor Álvarez López		2003/1414		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31103 a 31107)
23		Ana María Álvarez Vasallo		2003/0350		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28735 a 28748)
24	Gloria Alvez			2003/1192	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30818 a 30822)
25		Rita Alzaradel		2003/1227		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30771 a 30779)
26		José Luis Amo D'Alessandro		2003/0593		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24988 a 25038)
27		Pedro Amonte		2003/0800	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30527 a 30529)
28	Alfonso Amoroso		2003/0324		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29017 a 29043)
29		Rudolf Anspacher	2003/0253		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29728 a 29740)
30	María Carolina Antuña		2003/1013			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30643 a 30646)
31	Gerardo Ariano			2003/0883	(expediente de fondo, tomo V, folio 1913)
32		María Soledad Arieta Apesteguy		2003/1014	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30638 a 30642)
33	Nora Arroyo		2003/0409			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27193 a 27228 )
34		Ana Beatriz Azparren	2003/0586		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25283 a 25353)
35		Magali Báez Carballido		2003/0245	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29863 a 29911)
36			Néstor Báez Porcile		2003/0246		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29816 a 29862 )
	37		Sergio Bagatini	2003/0337, 2003/0780 y 2003/4082			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28822 a 28881) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1912)
38		Gonzalo Bailón			2003/1337		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31219 a 31221)
39			Samir Bakkar	2003/0337 y 2003/4074			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28822 a 28881) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1912)
	40		Liliana Barcarcel		2003/4025	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31279 a 31283)
	41		Walter Bara	2003/0525		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26163 a 26200)
42			Juan José Baraza		2003/0277		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30140 a 30142)
	43	Alicia Barbani			2003/624		(expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo 12 (A), folios 2820 a 2985)
	44		Verónica Baril Kogan		2003/1321		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31230 a 31232)
45			Ignacio Barquín		2003/0856	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30449 a 30453)
	46		Cecilia Barra Saturno	2003/0502		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30278 a 30280)
47			Elvis Barreiro	2003/1394		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 31162 a 31166)
	48	José Barreiro		2003/1193		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I y II, anexo 3, folios 30813 a 30817)
	49	Vivian Barretto		2003/0813			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios30494 a 30496)
	50		Jorge Barreto		2003/1533		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31329 a 31330)
	51		Adolfo Batista		2003/1320		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31233 a 31235)
	52		Susana Bazik Lasan		2003/0249	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30159 a 30161)
	53		Amparo Bazterrica		2003/1404		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31129-31132)
	54	Leonardo Beimeras		2003/1581		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31311 a 31319)
	55	María Beisso			2003/0366		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28335 a 28385)
	56		Daniel Bellesi		2003/0584		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25399 a 25424)
	57	Washington Benedetti		2003/0585		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25354 a 25398)
58			María Luisa Bengochea		2003/1464	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31019 a 31021)
59		Rovert Bentancort Corbo			2003/0697		(expediente de anexos a la demanda, tomo V, anexo 12 (C) y 12 (H), folios 4819 a 4820 y 4894 a 4929)
	60		Esteban Bentancour	2003/1320		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31233 a 31235)
	61		María Beres	2003/0799		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30530 a 30532)
62		Raúl Bergamino		2003/0575			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25557 a 25602)
63		Amilcar Bergara Avila			2003/0686		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23656 a 23681)
	64		Gabriela Beriolo		2003/0821		(expediente de fondo, tomo V, folio 1913)
65		Esmeralda Verlini			2003/0431		(expediente de fondo, tomo VI, folios 2278 a 2311)
	66		María Teresa Verlini		2003/0433		(expediente de fondo, tomo VI, folios 2312 a 2341)
	67		Alejandro Bernasconi		2003/1565		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31323 a 31325)
	68	Gustavo Bertolini			2003/1468		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31434 a 31438)
69			Rodolfo Besio		2003/0688		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23607 a 23614)
	70		Romero Bianchi		2003/1091		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30749 a 30752)
	71		Lita Bigoni Baccani		2003/0779	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30554 a 30556)
72			Lili Birger Nejerman		2003/0485	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30070 a 30072)
73			Luisa Bo de Suzacq		2003/447		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26745 a 26784)
74			Juan José Bocchi Paladino		2003/0806	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30508 a 30512)
	75		Nelson Bocchi		2003/0759		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30295 a 30299)
	76		María Raquel Quintans		2003/1547	(expediente de fondo, tomo V, folio 1937)
	77		Mauro Bolla	2003/0517			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26306 a 26347)
	78	Lilián Bongoll		2003/0365			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28386 a 28448)
	79		Alba Bonifacino Olmedo		2003/0696	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folio 23221 a 23269)
	80	Fernando Bonilla,		2003/1532			(expediente de fondo, tomo V, folio 1910)
81			Ignacio Javier Bordad		2003/0360	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28562 a 28602)
82			Luis Bordino		2003/0835		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30474 a 30476)
	83		Gerardo Bossano Sánchez		2003/0661	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24206 a 24298)
84		Nelson Botto			2003/0305		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29257 a 29339)
85		Mario González		2003/1143 y 2003/0872			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I y II, anexo 3, folios 30434 a 30438 y 30908 a 30910 )
	86		Rafael Braceras	2003/0707			(expediente de anexos a la demanda, tomo VI, 12 (C), folios 5088 a 5198)
87		Elina Braceras		2003/0707			(expediente de anexos a la demanda, tomo VI, 12 (C), folios 5088 a 5198)
	88		María del Huerto Breccia	2003/1044			(expediente de anexos a la demanda, tomo XII, anexo 12(F), folios 9220 a 9274) y (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30612 a 30614)
	89		María Marta Brit Torres	2003/1008			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30650 a 30655)
90			Krzysztof Brudz		2003/1388	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31183 a 31189)
	91		Uruguay Bulla Core		2003/0483	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30076 a 30078)
92		Helga Buseck Ehrlich			2003/1154		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30902 a 30904)
	93		Fernando Caballero Lehite	2003/0613			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30180 a 30182)
94		Ana María Cabrera Arotcharen			2003/0671	(expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 12 (A), folios 2553 a 2583)
95		Stella Mazzoni		2003/671		(expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 12 (A), folios 2553 a 2583)
96		Cabrera Thieulent, Graciela		2003/0729			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22225 a 22266)
97			Teresa Caligaris	2003/0975			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30698 a 30700)
	98		Luis Camors	2003/0801		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30524 a 30526)
99		Andrés Canabal Lema			2003/1453	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31041 a 31042)
100		Andrea Canabal		2003/1454		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31036 a 31038)
	101		Ruben Cancela	2003/0452			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26500 a 26539)
102			Miguel Cancro		2003/0599 y 2003/0654	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24535 a 24851 y 24883 a 24887)
	103		Guillermo Canen		2003/0809	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30503 a 30507)
104		Fortunata Carreño			2003/1182	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30853 a 30857)
	105	Wilmer Casavieja Colombo			2003/0588	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25219 a 25247)
106			Luis Pablo Casavieja	2003/0587		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25248 a 25282)
107		Blanca Casella			2003/1082	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30571 a 30580)
108			Hildo Caspary	2003/0337 y 2003/4076		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28822 a 28881) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1914)
	109	Gonzalo Castagna		2003/1508			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31377 a 31381)
	110		Gabriel Castellano		2003/0243		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29912 a 29974)
	111	Vicente Carlos Castello		2003/0466			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30105 a 30107)
	112	Gustavo Castro Etchart			2003/0278		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30135 a 30139)
113		Francisco Castro Millán			2003/0589		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25181 a 25218)
114		Ramón Castro Millán			2003/0590		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30229 a 30232)
	115		Ruben Caussade		2003/0367	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28296 a 28334)
116		Nicida Cavajani			2004/0216 y 2004/0221	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31268 a 31273 y 31263 a 31267)
	117	José Luis Cavanna		2003/4014			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31289 a 31293)
	118		Ruben Cerdá		2003/1417	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31098 a 31102)
	119	Enrique Colombo Pampín			2003/1289	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31257 a 31259)
120		Gianna Contín			2003/0398		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27471 a 27613)
121			Copello Ametrano, Jorge		2003/0860	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30444 a 30448)
122		Roque Coronato Machín		2003/0926		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30410 a 30411)
	123	Roque Coronato Buono			2003/0961	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30716 a 30718)
124		José Corredoira			2003/1356		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31211 a 31214)
125		Raquel Cortabarria Zavala		2003/1183		(expediente de anexos a losalegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30848 a 30852)
126			Ramón W. Cotelo		2003/0953		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30724 a 30728)
	127		Nelly Crestino Aycaguer	2003/0848			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30463 a 30467)
	128		Juan Cristina		2003/0286		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30128 a 30130)
129		Mariana Crocco Piñeyro		2003/1272			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30756 a 30758)
130			Gabriel Croce		2003/1477		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31428 a 31433)
	131		Martín Crosa Boix		2003/1034	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30615 a 30617)
	132		María Cristina Cutri		2003/1915		(expediente de fondo, tomo V, folio 1915)
133			Elizabeth Cholaquidis	2003/1405			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31124 a 31128)
	134	Raúl D' Andrada Berhouet			2003/0474		(expediente de fondo, tomo V, folio 1916)
	135		Aldo D 'Amico	2003/0642		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios
136		Ana Da conceicao		2003/0337 y 2003/4075		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28822 a 28881) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1915)
	137	Pedro Paulo Da Luz		2003/0337 y 2003/4071			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28822 a 28881) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1915)
	138	Marcela Da Pena Pepoli			2003/1522	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31349 a 31352)
	139		Juan Carlos Da Silva Da Costa		2003/1328		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31224 a 31226)
140			Luis Da Silva Da Costa		2003/1327	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31227 a 31229)
141		Hugo Da Silva Gaibisso		2003/0758		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 31227 a 31229)
142			Francisco D'Allorso	2003/1177		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30875 a 30879)
143		Antonio De Amorín			2003/0488		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30066 a 30069)
	144		Fernando De Crescenzo Ruiz	2003/1022		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30629 a 30634)
145		María del Carmen De la Fuente,		2003/0609		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30192 a 30197)
146		Nilda De la Sovera		2003/0489			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30063 a 30065)
	147		Celestino De la Torre		2003/0622		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30385 a 30387)
148		Juan De la Vega Aguerre			2003/0652		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24626 a 24650)
	149		Aída De León	2003/1423		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31077 a 31081)
150		Vilma De Luca Sarmoria			2003/0710		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22724 a 22742)
	151		Juan De Marco Ferrari	2003/0536		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30269 a 30272)
152		José Delfante (Eduardo Delfante)		2003/1274		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30753 a 30755) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1910)
153		Álvaro Demicheri		2003/0563			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30236 a 30238)
154			Luis Julio Demicheri		2003/0564	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30233 a 30235)
	155	Daniel Dendrinos Saquieres		2003/0689		(expediente de anexos a la demanda, tomo IV, anexo 12 (B), folios 4089 a 4151)
156		Ana María Denissow		2003/1011		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30647 a 30649)
157		Beatriz Di Carlo			2003/1275		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31006 a 31008)
158		Crimilda Di Salvo		2003/0929		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30404 a 30406)
159		Eduardo Díaz Cabana			2003/1519		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31355 a 31361)
	160		Nilda Díaz Santana	2003/1403		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31133 a 31137)
161		Eduardo Díaz Vidal		2003/1520		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31353 a 31354)
162		Rafael Díaz		2003/0946			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30744 a 30748)
163		Elida Dogliotti Guimaraens		2003/0542			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30264 a 30268)
164		Ruben Donner		2003/1518		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31362 a 31367)
	165	Martín García		2003/1563		(expediente de fondo, tomo V, folios 1728 a 1787)
166		Daniel Dura		2003/1188		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30828 a 30832)
167		Eduardo Durán			2003/1513		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31368 a 31370)
168		Fabio Eminente Cohen		2003/0867		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22177 a 22226)
169		Bernardo Erramun		2003/0850			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30457 a 30459)
170			Pablo Espasandín		2003/725	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22328 a 22377)
	171	Ana Laura Espasandín		2003/0722		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22444 a 22465)
172		Nelson Espasandín		2003/0723		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22396 a 22426)
173		José Antonio Etchart			2003//1197		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30802 a 30805)
	174		Miguel Etchevarne	2003/0703		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23068 a 23083)
175		Jorge Etchevers Mion			2003/0328	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28957 a 28998)
	176		Oscar Everett Villamil		2003/0601	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30211 a 30213)
177			María Raquel Fabro		2003/0552		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30250 a 30254)
	178		Héctor Faccio Arioni	2003/1390			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31173 a 31177)
179		Diego Faccio Ortíz		2003/1389			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31178 a 31182)
	180	Rosa Farré			2003/1246		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30766 a 30770)
181			Raúl Favrin		2003/1081		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30576 a 30580)
	182	Sergio Fazio			2003/0659		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24299 a 24323)
183		Alba Fernández Baliero		2003/0742			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30315 a 30317)
184			Jorge Adelino Fernández Fernández		2003/1180		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30863 a 30864)
	185		Oscar Fernández Giordano		2003/1029	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30863 a 30864)
	186		Guillermo Fernández Giordano	2003/1029			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30626 a 30628)
	187	Graciela Fernández Giordano			2003/1016		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30635 a 30637)
	188		Daniel Fernández González		2003/0353	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28673 a 28734)
	189		José Fernández Rodríguez		2003/1396		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31158 a 31161)
	190		Aurelio Fernández		2003/1318	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31236 a 31239)
191			José Fernández Longres		2003/0596		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24888 a 24923)
	192		Carlos Ferrando		2003/0985	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30680 a 30682)
	193	María Soledad Ferraro Core			2003/1090		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30568 a 30570)
194			Luis Figueroa Colosso		2003/0913		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30425 a 30429)
	195		Julia Fiori		2003/0643		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30366 a 30368)
	196		Severino Fleig		2003/0968		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30710 a 30715)
	197	Alejandro Fontana			2003/0247		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29741 a 29815)
198			Marta Flocken		2003/0601	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30211 a 30213)
	199	María Formoso			2003/0348		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28749 a 28781)
	200		Carlos Frabasile	2003/1426			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31067 a 31071)
	201		Marcelo Franzoni		2003/0664	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24095 a 24143)
	202	Talma Friedler			2003/1055		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30593 a 30595)
	203		Erna Frins Pereira	2003/0984		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30683 a 30685)
204			Martín Frontini Medina		2003/0647 y 2003/0653	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24566 a 24625 y 24736 a 24779)
205		Diego Fuentes Quintans		2003/1106			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30931 a 30933)
206		María Teresa Fulgueral		2003/702		(expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3337 a 3374)
	207	Alejandro Furtado Mazzino		2003/1122		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30923 a 30925)
208			Federica Gaglardini Giuffra		2003/0920	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30417 a 30421)
209		Carlos Gallotti Milani		2003/0694			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23320 a 23325)
210		Verónica Gambini		2003/1427		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31064 a 31066)
	211		Ricardo García Caban	2003/1049		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30606 a 30608)
212		Nelson García Comesaña		2003/0529		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25972 a 25999)
213		Luis Andrés García Fernández		2003/1421		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31087 a 31089)
214		María Delia García Milia		2003/1228 y 2003/1226		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30780 a 30784)
215		Bernabé García Nogueira		2003/0567		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25792 a 25850)
216		Alba Rosa García Pérez		2003/0520		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26234 a 26258)
217		Virginia García Piñeyrua		2003/0530		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25944 a 25971)
218		Alejandro García Santoro		2003/0787		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30539 a 30541)
219		Laura Gardiol		2003/0681		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23768 a 23782)
220		Gerardo Garland Bazzano		2003/1359		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31203 a 31206)
221		José Gavioli		2003/1457		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31022 a 31025)
222		Alcides Gavioli		2003/1449		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31043 a 31045)
223		Elbio Nelson Gesto		2003/0441		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26911 a 26954)
224		Clara Giambruno De Amicis			2003/0284		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30131 a 30134)
225		María Ivelice Gigli Rodríguez		2003/1494		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 31400 a 31404)
	226	Marta Gil		2003/0993		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30667 a 30671)
227			Marion Glaser		2003/294	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29615 a 29707)
228		Hugo Rodolfo Godin			2003/0317		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29190 a 29256)
229		Héctor Goicochea		2003/0476			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30090 a 30092)
230		Judith Goldglanz		2003/0387		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27789 a 27791)
	231		Mateo Roberto Gómez	2003/0436		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26955 a 26997)
232			David Goncalves Gonzalves		2003/0355		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28640 a 28672)
	233		Alfredo González Rodríguez	2003/0614			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30175 a 30179)
	234		José Enrique González Amaro		2003/0375	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28163 a 28221)
	235	Mario González			2003/0872 y 2003/1143		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30434 a 30438 y 30908 a 30910)
	236		Palmira González Beade	2003/0522			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26201 a 26233)
	237	Ruben Goyas Martínez			2003/1428		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31059 a 31063)
	238	Carla Gramática			2003/0643		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30366 a 30368)
	239		José Luis Granell		2003/0819 y 2003/0820		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30480 a 30485)
	240		José Pedro Greco		2003/1175		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30885 a 30887)
	241		Juana Griffin		2003/0449		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26645 a 26699)
	242		Héctor Gross Espiell	2003/0443			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26832 a 26870)
	243	Martín Guerra			2003/1512		(expediente de anexos a la demanda, tomo VI, anexo 12 (C), folios 5506 a 5583)
	244	Miriam Guillón			2003/0268		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30148 a 30153)
	245		Antonio Guimaraens		2003/0682		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23748 a 23756)
	246		Griselda Guimaraens (Griselda Marisa Urtiaga Guorisea)	2003/0682		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23748 a 23756) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1919)
247			María Gutiérrez Bussi		2003/1431 y 2003/0701		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 30040 a 30049) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1919)
	248		Eduardo Gutiérrez Galiana		2003/0876		(expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 12 (A), folios 2192 a 2314)
	249		Noé Gutiérrez		2003/0701		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30333 a 30335)
250			José María Guzzini García		2003/1108		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30926 a 30930)
251		Yoko Hachiuma Yoshida			2003/0240		(expediente de fondo, tomo V, folio 1919)
252			Úrsula Haiber	2003/1105			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30934 a 30640)
	253	Alfredo Halegua Albagli		2003/1313		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31240 a 31242)
254			Susana Halegua Albagli	2003/1312		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31243 a 31245)
	255	Toros Hamalián Sarkisián		2003/0269		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30143 a 30147)
256			Jorge Harcenicow	2003-0403		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27392 a 27426)
	257	Erika Dagmar Haschke		2003/1385			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31190 a 31195)
258			Celia Heijo	2003/0472		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30093 a 30096)
259			Gastón Hernández Larriera		2003/1393		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31167 a 31172)
	260		Adriana Holtz Bergier	2003/0456			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26445 a 26449)
261		Raúl Horvath		2003/1310		(expeidnete de los anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31246 a 31250)
262		Carlos Iglesias		2003/0644		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3 folios
	263		Sergio Iglesias	2003/0753			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30363 a 30365)
	264		Graciela Irigoin	30838/2004, 2003/1185			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30838 a 30842)
	265	Pierina Ivaldi			2003/0821		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30477 a 30479)
	266		Mariangela Juchem Goncalves	2003/0337 y 2003/4068			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28822 a 28881) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1920)
	267		Minas Alberto Kahiaian Kevorkian		2003/0896		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 21767 a 21812)
	268	José Karamanukian			2003/1194		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30806 a 30812)
	269	Juan Karamanukian		2003/1179			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30865 a 30869)
	270		Perla Kogan		2003/1303	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31251 a 31253)
	271		José Kouyoumdjian		2003/1429		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31054 a 31058)
272			Susana Krell	2003/0773		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30394 a 30396)
	273		María Laura Kvasina		2003/0347		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28782 a 28794)
	274		Carlos La Cava	2003/1466		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31009 a 31014)
275		Horacio Lanata Sanguinetti			2003/0380		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28012 a 28051)
	276		Vicente Langone Colucci		2003/0299		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29446 a 29507)
277		Alfredo Larrea		2003/0989			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30672 a 30674)
	278		Nelson Lasalvia Baldomir	2003/0680			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23785 a 23901)
	279	Alejandro Lasalvia Berriel		2003/1434		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31046 a 31048)
280			Carlos Leite	2003/0518		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26259 a 26305)
	281	Rafael Lena			2003/0691		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23436 a 23441)
	282	Fernando Leoncini		2003/1052		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30600 a 30605)
	283		Juan Leoncini		2003/1053	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30596 a 30599)
284		Jean Leroy		2003/1224			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30785 a 30791)
	285	Carmen Libonati Semino		2003/0846		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30468 a 30473)
	286	Gladys Lichtman Leiner		20003/0405		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27334 a 27391)
287			Werner Liepmann		2003/0381	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27950 a 28011)
288		Fabiana Lijtenstein			2003/0639		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30377 a 30380)
289		Manuel Lingeri Olsson			2003/1221		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30792 a 30795)
	290		Gabriel Lisbona Vázquez	2003/0318			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29126 a 29188)
291	Hélio Ángelo Lodi			2003/0337 y 2003/4080		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28822 a 28881) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1920)
292		Vanderlei Luis Lodi	2003/0337 y 2003/4081			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28822 a 28881) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1920)
293	Luisa Lomiento			2003/0915		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30422 a 30424)
294		Virgina Longinotto		2003/0450	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26591 a 26644)
295	Manuel López García			2003/0719	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22484 a 22492)
296	Diana López Vanini		2003/0574		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25603 a 25619)
297	José Jorge López Varela			2003/0925	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30413 a 30416)
298		Alejandro Rogelio López	2003/0376			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28141 a 28157)
299	Beatriz López			2003/1434		(expediente de fondo, tomo V, folio 1910)
300	Eugenio Lorenzo Fernández			2003/0718	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30329 a 30332)
301	Fernando Lorenzo Rodríguez			2003/1066	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30581 a 30586)
302		Gonzalo Lorenzo Rodríguez	2003/1066		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30581 a 30586)
303			José Raúl Lorenzo	2003/0996		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30661 a 30666)
	304	Nelson Lorenzo		2003/1065		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios
305		Virginia Lorieto de Souza		2003/1489			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30587 a 30592)
306		Juan Losada			2003/0490	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30059 a 30062)
307			Marta Loureiro Morena	2003/0359		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 28603 a 28639)
	308	Carlos Nicolás Luengo		2003/0410		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 27151 a 27192)
	309	María Rosa Luzardo		2003/1402		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31138 a 31142)
	310		Francisco Llana		2003/0607		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30202 a 30204)
311		Rosa Macedo		2003/1465			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31015 a 31018)
	312		Walmir Maciel	2003/0337 y 2003/4077		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28822 a 28881) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1921)
	313	José Magni			2003/0851	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30454 a 30456)
	314	María Victoria Mainardi		2003/1479			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31418 a 31421)
315			Milka Maisonnave	2003/0583		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25425 a 25463)
316		Gloria Malinow	2003/0455		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26452 a 26499)
317		Dolores Malugani Mastalli	2003/0481			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30082 a 30084)
318		Beatriz Manaro		2003/1534		(expediente de fondo, tomo V, folio 1921)
319	Washington Mandorla		2003/1163			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30895 a 30897)
320		Eduardo Marcos Marra		2003/0744		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30310 a 30314)
321	Jorge Marenales Escrich		2003/950			(anexos a la demanda, tomo III, anexo 12(b) folios 32423336) y (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30734 30738)
322	Valeria Martínez Delfino			2003/0620		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30391 a 30393)
323		José Martínez Liotti	2003/0621		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30388 a 30390)
324		Lorenzo Martínez Rodríguez	2003/0677		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23929 a 23932)
325	Mariano Martínez Rodríguez			2003/0678	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23902 a 23918)
326	Ana María Martínez			2003/0670 y 2003/0669	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24033 a 24047 y 24049 a 24066)
327	Enrique Martínez		2003/1422			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31082 a 31086)
	328		Norma Martínez		2003/0562		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30238 a 30241)
	329		Joaquín Martins Romero		2003/0362		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28504 a 28533)
	330		Luisa Marziotte		2003/1186		(expediente de fondo, tomo V, folio 1921)
	331	Carlos Mazzuchi			2003/1300		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31254 a 31256)
	332		Margarita Mechur Winzer		2003/0386		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27846 a 27848)
	333		Enrique Meerhoff		2003/0301		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29427 a 29444)
	334		José Luis Menafra Nuñez		2003/472		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30093 a 30096)
	335		Hilda Méndez Fernández		2003/1146		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30905 a 30907)
	336		Leonardo Merletti		2003/0877 y 2003/1378		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 21925 a 21974) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1910)
	337		Carlos Mezquita	2003/0470			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30101 a 30104)
338			Mónica Revello		2003/0470	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30101 a 30104)
	339	Zdzislaw Michalski			2003/0373		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 28222 a 28256)
	340		Luis Michelini		2003/0265	(expediente de fondo, tomo V, folio 1921)
341		Roberto Miglietti		2003/0408		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27267 a 27269)
342		Gregorio Mitnik		2003/1596		(expediente de fondo, tomo V, folio 1921)
343		Cristina Montefiori		2003/1401		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31143 a 31147)
344		Gustavo Andrés Morales Cabrera		2003/1214		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30796 a 30798)
345		Martha Moreira		2003/0714		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22583 a 22590)
346		Jorge Moretti		2003/0442		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26897 a 26909)
347		Gonzalo Muccia Ibarra		2003/0942		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30401 a 30403)
348		Víctor Muccia		2003/0943		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30397 a 30400)
349		Álvaro Nario Álvarez		2003/0465		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30108 a 30112)
350		Silvia Neubauer Margolis		2003/0909		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30430 a 30432)
351		Franklin R. Neuschul		2003/0527		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26082 a 26095)
352		Thomas Máximo Neuschul		2003/1524		(expediente de anexos a la demanda, tomo V, anexo 12 (C), folios 4402 a 4447)
353		Vicente Nípoli		2003/1425			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31072 a 31076)
354		Mirtha Noriega		2003/1170			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30892 a 30894)
355		Ángel Notaro		2003/0696			(expediente de anexos a la demanda, tomo IV, anexo 12 (B), folios 3834 a 3881)
356		María Noveri Mari			2003/0346		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28817 a 28820)
357		Fernando Nozar Cabrera		2003/0765			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30284 a 30286)
	358	Micaela Modesta Nuñez		2003/0761		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30292 a 30294)
359		Gerardo Olivet		2003/0501		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30162 a 30164)
	360	Enrique Osievich Brener		2003/0435		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27035 a 27037)
361		Claudio Outerelo		2003/1578			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31320 a 31322)
	362	Gloria Oxandabarat		2003/0554		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30247 a 30248)
363		Jorge Pagani		2003/0326		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29012 a 29015)
364		Federico Palazzi López			2003/1419		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31090 a 31092)
	365		Héctor Pallas Geirinhas	2003/0379		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28084 a 28085)
366		Cristina Panella Castro		2003/0783		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30545 a 30550)
	367		Emilio Pánfilo Pezzolano	2003/0331		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28950 a 28953)
368		Raquel Pareja		2003/727		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22293 a 22307)
369		Horacio Parodi		2003/0779			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30554 a 30555)
	370		Vito Pascaretta		2003/0986	(expediente de fondo, tomo V, folio 1911)
	371	Carlos Pascual Knaibl		2003/0657		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24459 a 24476)
372			Alfredo Paseyro Mouesca	2003/0735		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30321 a 30323)
373		Héctor Passada		2003/0741		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30318 a 30320)
374		José Ángel Pastorino		2003/0545		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30255 a 30258)
375		Susana Pastorino		2003/1175		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30885 a 30887)
376		Graciela Patteta		2003/1456		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31026 a 31031)
377		Mercedes Paullier		2003/1477		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31428 a 31433)
378		Emilio Peluffo Biselli		2003/1418		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31093 a 31097)
379		Carmen Pelufo		2003/1030		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30621 a 30625)
380		José Walter Pena		2003/0578		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25553 a 25555)
381		Rossana Penone Corbo		2003/0606		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30205 a 30207)
	382	Pablo Peralta Ansorena		2003/0484 y 2003/0483		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30073 a 30078)
383		Probo Pereira Da Silva		2003/0776		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30557 a 30563)
384		Ana Pereira		2003/0390		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27684 a 27686)
385		Cecilia Pereiro		2003/0590		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30229 a 30232)
386		Zulma Pérez Bogao		2003/0963		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30710 a 30714)
387			Mario Martín Pérez Garín		2003/1381	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31196 a 31198)
388		Atahualpa Pérez Rodríguez		2003/0960		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30720 a 30723)
389		Walter Pérez Soto			2003/0611		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 30186 a 30191)
390			Juan Pérez Zeballos		2003/0704		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23010 a 23021)
	391		Javier Pérez		2003/0594		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30222 a 30224)
	392		Rumildo Pérez		2003/0594		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30222 a 30224)
	393		Gisela Perles		2003/0526		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26145 a 26148)
	394		Margarita Helena Peter		2003/0728		(expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3087 a 3110)
	395		María Inés Piñeyro Castellanos		2003/0480		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30085 a 30089)
	396		Adela Piñeyro Gutiérrez		2003/1264		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30759 a 30761)
	397		Gladys Píriz Bustamante		2003/0683		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23722 a 23724)
	398		Gustavo Pita		2003/0676		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23948 a 23951)
	399		Luis Pitetta		2003/0711		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22676 a 22700)
	400		Oscar Pivovar		2003/0803		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30521 a 30523)
	401		Martha Pizza		2003/4028		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31274 a 31278)
	402		Irina Pogge Boldt		2003/0982		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30691 a 30692)
	403		Elbio Poggio Odella		2003/0597		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24853 a 24882)
	404		Teresa Pohoski Grachoswska		2003/0604		(expediente de fondo, tomo V, folios 1819 a 1824)
	405		Omar Polizzi		2003/0849		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30460 a 30462)
406	Gabriela Poplavski		2003/0909		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30430 a 30433)
407	Gabriela Prevettoni		2003/0482		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30079 a 30081)
408	Jesús Puente Caamaño		2003/0568		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25774 a 25789)
409	Alberto Puente Vázquez		2003/0571		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25661 a 25678)
410	Gonzalo Puente		2003/0705		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22970 a 22982)
411	Doris Silva		2003/0705		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22970 a 22982)
412	Héctor Mario Pugliese		2003/1530		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31322 a 31334)
413	Laura Quintana Andreoli		2003/0618		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30281 a 30283)
414	María Elvira Quintans		2003/0805, 2003/1106, 2003/1610 y 2003/1527		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I y II, anexo 3, folios 30513 a 30516, 30931 a 30933, 31294 a 31297 y 31335 a 31338)
415	Manuel Quintans		2003/1610		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31294 a 31297)
416	Encarnación Quintans		2003/1527		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31335 a 31338)
417	Anabela Quintero		2003/0974		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30701 a 30703)
418		Nilda Raineri Pardo		2003/1564		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31326 a 31328)
419		Leandro Rama Sienra		2003/0981		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30693 a 30697)
420		Florencia Rama Barbé		2003/0981		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30693 a 30697)
421		Carlos Ramírez		2003/0726		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22308 a 22328)
422		Magela Ramos Echevarría		2003/0471		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30097 a 30100)
423		María Jesús Real de Azúa		2003/0556		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30242 a 30246)
424		Rosa Reboa		2003/0451		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26584 a 26588)
425		María Ángela Recalde Maillot			2003/1395 y 2003/0762		(expediente de anexos a la demanda, tomo III y V, anexo 12 (B) y 12 (H), folios 3076 a 3086 y 4930 a 4981)
426		Alicia Recalde		2003/1177			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30875 a 30879)
	427	Sebastián Reino Berardi		2003/1033		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30618 a 30620)
	428		Bernardo Reitman Fuchs	2003/0384		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27890 a 27891)
429			Alberto Resala		2003/0389	(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27689 a 27741)
430		Wellington Rey Méndez		2003/0715		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22532 a 22555)
431	Gladys Rial Roverano			2003/1478		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31422 a 31427)
432	Jorgelina Rial		2003/0690			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23460 a 23524)
433	Elvira Richino		2003/0643			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30369 a 30373)
434	Pablo Rivas		2003/1157			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30898 a 30901)
435	Cristina María Rocha		2003/1388			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31183 a 31189)
436	Marta Rodríguez Lois		2003/1495			(expediente de anexos a la demanda, tomo X, 12 (E), folios 7953 a 8037) y (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31395 a 31399)
437	Lilián Rodríguez López		2003/0655			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24531 a 24533)
438	Claudia Rodríguez Noya		2003-0668 y 2003/0663			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30348 a 30350)
439	Dorval Rodríguez Pírez		2003/1191			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30823 a 30827)
440	Heber Rodríguez		2003/0337 y 2003/4069			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28822 a 28881) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1924)
441	Eduardo Rodríguez		2003/1598			(expediente de fondo, tomo V, folio 1924)
442	María Fernanda Rodríguez		2003/0364			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28498 a 28500)
443	Julio Rodríguez		2003/0658		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24379 a 24404)
444	Luis Atilio Rodríguez		2003/1480			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31410 a 31417)
445	Susana Rodríguez,		2003/0299			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29447 a 29507)
446	Daniel Rodríguez		2003/0427			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27104 a 27107)
447	Niels Peter Roelsgaard Papke		2003/0608			(expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 12 (E), folios 7265 a 7365)
448	Platero, Gustavo		2003/0685			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30336 a 30339)
449	Elisa Rothschild		2003/0904			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 217001 a 21764)
450		Pablo Roure Casas	2003/1582		(expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 12 (D), folios 6940 a 6985) y (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31305 a 31310)
451		Manuel Rubio Saquieres	2003/0298		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29508 a 29614)
452	Miguel Ángel Rubio Saquieres		2003/0298			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29508 a 29614)
453	Rumassa Causi, Sheila		2003/0793			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30533 a 30535)
454	Nesim Selmo Saban		2003/0781			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30551 a 30553)
	455	Liliana Saibene		2003/0817		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30486 a 30489)
456		Carlos Salamano		2003/0649		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24679 a 24707)
	457	Alejandro San Pedro		2003/0712		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22627 a 22633)
458		Osmundo Sánchez Castro		2003/0591		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25145 a 25147)
459		Baltasar Sánchez Labrador			2003/0592		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30225 a 30228)
	460		Celeste Aída Sánchez	2003/1589		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31298 a 31301)
461		Isabelino Roque Sánchez		2003/0761		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30292 a 30294)
462		María Virginia Sansón		2003/0499			(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30055 a 30058)
	463		Luis Fernando Santiesteban o Santisteban		2003/0802	(expediente de fondo, tomo V, folio 1925)
	464		Tristán José Santiesteban		2003/0662		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30352 a 30354)
	465		Adriana Saquieres de Souza		2003/0323		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29044 a 29076)
	466		Nelly Saquieres Garrido		2003/0298		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29508 a 29614)
	467		Martín Sarro		2003/1187		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30833 a 30837)
	468		Rey Dura (Daniel Dura)(291)		2003/1187		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30833 a 30837) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1916)
	469		Nelson Sassano		2003/0378		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28109 a 28112)
	470		Adrián Scalone		2003/0368		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28257 a 28295)
	471		Ángel Scapin Longo		2003/1588		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31302 a 31304)
	472		Felipe Scivoli Tuttobene		2003/0209		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 21459 a 21468)
	473		Andrés Scotti		2003/0812		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30497 a 30499)
	474		Rodolfo Schaich		2003/0266		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30154 a 30158)
475		Dora Schermann		2003/0827		(expediente de fondo, tomo V, folio 1938)
476		Carlos Scherschener		2003/1256		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30762 a 30765)
477		Lilián Elena Schettini		2003/0623		(expediente de fondo, tomo V, folio 1925)
478		Élida Schipani		2003/1453		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31041 a 31042)
479		Daniel Sebastiani		2003/4083		(expediente de fondo, tomo V, folio 1925)
480		Jorge Humberto Sena		2003/0868		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22148 a 22176)
481		Elena Seré de Nadal		2003/0615		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, folios 30169 a 30174)
482		Antonio Seré Márquez		2003/1131		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30915 a 30919)
483		José Enrique Sienra		2003/0804		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30517 a 30520)
484		José Luis Sienra		2003/0672		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30345 a 30347)
485		Luis Fernando Sienra		2003/0706		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 22948 a 22956)
486		Florentina Nidia Sisa		2003/1411		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31108 a 31112)
487		Gabriel Sorensen		2003/1377		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31199 a 31202)
488		Luis Soria		2003/1399		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31148 a 31151)
489		Arnaldo Sormani		2003/0461		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30113 a 30117)
490		Nicolás Sosa		2003/0983		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30686 a 30690)
491		Ellen Steierman		2003/1184		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30843 a 30847)
492		Álvaro Suárez		2003/0695		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23277 a 23295)
493	María Mercedes Supervielle Casaravilla		2003/0616		(expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo 12 (A), folios 2708 a 2819)
494	Enriqueta Suzacq Aradas		2003/1525		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31342 a 31344)
495	Ricardo Suzacq Aradas		2003/1526		(expediente de fondo, tomo V, folio 1925)
496	Roberto Symonds Herzog		2003/0382		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27945 a 27947)
497	Alejandro Szasz		2003/0699		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23168 a 23175)
498	Susana Szasz		2003/0651		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 24651 a 24678)
499	Alberto Talamini		2003/0562		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30239 a 30241)
500	José Daniel Teixeira		2003/0337 y 2003/4084		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28822 a 28881) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1925)
501	Julio Tejera Monteagudo		2003/1126		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30920 a 30922)
502	Alejandra Tejería Amonarriz		2003/0581		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25520 a 25522)
503	Gabriel Torrado		2003/1172		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30888 a 30891)
504	Rogelio Torres Ramos		2003/0709		(expediente de anexos a la demanda, tomo XVI, anexo 12 (J), folios 11673 a 11735)
505	Ángel Marcelo Trigo Gómez		2003/1432		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31049 a 31053)
506		Guzmán Triver Varela		2003/1332		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31222 a 31223)
507		Washington Triver Varela		2003/1507		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31382 a 31384)
508		Alejandra Unanua		2003/0566		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25895 a 25910)
509		Gustavo Uranga		2003/1103		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30941 a 30943)
510		René Valdez		2003/1181		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30858 a 30862)
511		Jorge Valiño		2003/0432		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 27075 a 27077)
512		Ana Van Lommel		2003/0695		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23277 a 23295)
513		Lola Varela		2003/1520		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31353 a 31354)
514		Mara Vasen Feibelmann		2003/0885		(expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3111 a 3143)
515		Rocío Vaz		2003/1251		(expediente de fondo, tomo V, folio 1926)
516		Gustavo Vázquez		2003/0693		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 23352 a 23368)
517		Raúl Veiras Alabau		2003/0531		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25938 a 25941)
518		Jorge Veiras		2003/0531		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25938 a 25941)
519		Pedro Federico Ventós Coll		2003/0332		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28909 a 28922)
520		Alfredo Verdes		2003/0425		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27146 a 27148)
521		Ricardo Vergara		2003/0810		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30500 a 30502)
522		Nora Vidal Puyo		2003/1176		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30880 a 30884
523		Danilo Vigo Sosa		2003/0612		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30183 a 30185)
524		Verónica Villa		2003/1157		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30898 a 30901)
525		Fernando Villarreal Mascheroni		2003/0569		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25721 a 25736)
526		Julio Vinnotti		2003/0884 y 2003/0881		(expediente de fondo, tomo V, folio 1926)
527		Juan José Viña Acuña		2003/0582		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 25464 a 25488)
528		Clara Volyvovic		2003/0999 y 2003/0361		(expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo12 (E), folios 7625 a 7876) y (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28534 a 28561)
529		Alicia Vulcano		2003/0784		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30542 a 30544)
530		Alicia Wainstein Garfunkel		2003/0759		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 31439 a 31440)
531		Mauricio Weiss Bayardi		2003/1005		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30656 a 30660)
532		Jorge West		2003/0448		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 26740 a 26742)
533		Dilmar Westphalen		2003/0337 y 2003/4072		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 28822 a 28881) y (expediente de fondo, tomo V, folio 1927)
534		Douglas White Rattin		2003/0319		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 29107 a 29122)
535		Fabián Yelen		2003/1178		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folios 30870 a 30874)
536		Mirta Elena Zanandrea		2003/0543		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30259 a 30263)
537		André Zanón		2003/0407		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27325 a 27327)
538		María Cristina Zanoni Bello		2003/0397		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folios 27646 a 29649)
539		Rodolfo Zunza Ramírez		2003/0947		(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30739 a 30743)

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ EDUARDO VIO GROSSI SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, FONDO REPARACIONES Y COSTAS, CASO BARBANI Y OTROS VS. URUGUAY, DE 13 DE OCTUBRE DE 2011.

Introducción.

Se emite el presente voto disidente respecto de los aspectos del fallo señalado en el título, en adelante la Sentencia, que seguidamente se indican, por las razones que asimismo se exponen.

El primer asunto del que se discrepa con lo expuesto y dispuesto en la Sentencia es en lo que respecta a la violación del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante la Convención, por decisiones adoptadas por el Banco Central del Uruguay, en adelante el Banco, al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley No17.613 de la República Oriental del Uruguay, en adelante el Estado.

Y la segunda discrepancia con lo señalado en la Sentencia dice relación con la violación del artículo 25 de la Convención, igualmente por dichas actuaciones.

I. Violación del artículo 8.1 de la Convención.

En cuanto al primer tema, procede precisar los pertinentes hechos de la causa y luego analizar la norma convencional internacional que la Sentencia le aplica, todo ello con sus respectivas consecuencias.

A. Hechos.

Los hechos relevantes que, a juicio del suscrito, interesan en este aspecto, consisten en las actuaciones tenidas tanto por el Banco realizadas en virtud de lo prescrito en el artículo 31 de la citada Ley No 17.613, norma ésta que, a los efectos de autos y del Derecho Internacional, constituye un hecho⁽²⁹²⁾.

Esta última disposición, en adelante artículo 31, establece:

“Facúltase al Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichos Bancos.

A dichos efectos y por acto fundado, el Banco Central del Uruguay conformará una Comisión que se expedirá en un plazo máximo prorrogable de 60 (sesenta) días.”⁽²⁹³⁾

Es procedente resaltar que la transcrita norma le concedió al Banco la facultad de otorgar un derecho a quienes acreditaran o cumplieran con los requisitos que ella estableció, y lo hizo en el marco de una ley No17.613, la que no alteró la naturaleza ni el quehacer propio de aquél⁽²⁹⁴⁾.

Efectivamente y en este sentido se debe tener presente que la Ley No 17.613 establece “normas para la protección y fortalecimiento del sistema financiero”, confiriéndole “potestades al Banco Central como liquidador de las entidades de intermediación financiera, con la finalidad de proteger los derechos de los depositantes de esas entidades custodiando el ahorro por razones de interés general”⁽²⁹⁵⁾.

Del mismo modo, cabe mencionar, por una parte, que el mismo Banco dispuso, en su Resolución de constitución, que “[e]n la sustanciación de las reclamaciones [ante la Comisión Asesora] se observar[ían] los principios generales de actuación administrativa recogidos en el Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay..."⁽²⁹⁶⁾.

A este respecto, se debe subrayar, igualmente como dato factual, que la Comisión ordenada por el artículo 31 “debía 'asesor[ar] al Directorio del Banco Central del Uruguay, en la  medida que el legislador otorgó a éste la facultad de determinar o no la condición de ahorrista del Banco de Montevideo S.A (en liquidación) y La Caja Obrera SA (en liquidación) en el supuesto previsto en el inciso primero [del artículo 31 de la Ley 17.613]'. La Comisión Asesora era de 'consulta preceptiva, no resultando vinculante su pronunciamiento para el Directorio [del Banco Central], el que pod[ía] apartarse del mismo por razones fundadas'”⁽²⁹⁷⁾.

También es un hecho de la causa que en contra de las resoluciones adoptadas por el Banco en el marco del artículo 31, procedía recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como algunos de los interesados efectivamente ejercieron⁽²⁹⁸⁾.

Finalmente, es menester asimismo recordar que en la Sentencia se “hace notar que en el presente caso no ha sido alegada ninguna violación con respecto a la creación del procedimiento administrativo especial a través del artículo 31 de la Ley 17.613 ni en relación con los requisitos dispuestos en esa norma para beneficiarse de la misma” y que a lo que en autos se “está llamado a determinar” es “si en los procesos en que se aplicó la referida norma se violaron las garantías del debido proceso y la protección judicial”⁽²⁹⁹⁾, concluyendo, al efecto, “que el procedimiento administrativo especial resultó inefectivo, a la luz de lo que se tenía que determinardebido a que el Banco Central realizó un examen incompleto del fondo de las peticiones, por lo cual el Estado incurrió en una violación del ámbito material del derecho a ser oído protegido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de las 539 personas que interpusieron una petición bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, indicadas en el Anexo sobre víctimas de la presente Sentencia”⁽³⁰⁰⁾.

Precisamente es sobre el sentido y alcance que la Sentencia le da a lo estipulado por esta norma y, consecuentemente, por hacerla aplicable a lo decidido por el Banco a su amparo, que se disiente en este voto.

B. Interpretación del artículo 8.1 de la Convención.

Considerando lo recién afirmado, procede analizar lo dispuesto por el referido artículo 8.1 de la Convención, en adelante artículo 8.1, que expresa:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

La interpretación de este artículo presenta, obviamente, variantes.

Una de ellas y que se comparte en este escrito, es la manifestada en un voto disidente emitido en otro caso(³⁰¹⁾ en cuanto a que dicha “disposición busca proteger el derecho de los individuos a que se resuelvan con la máxima justicia posible, las controversias que se susciten entre dos partes, sean ellas particulares u órganos del Estado y se refieran ellas a materias que estén o no en el ámbito de los derechos humanos” y “es, por excelencia, la garantía de todos los derechos humanos y un requisito sine qua non para la existencia de un Estado de derecho” por lo que por “su importancia no puede ser trivializada aplicándola a situaciones que... no pueden ser objeto de esta regulación.”

Siempre según el referido voto disidente, lo anterior “es presupuesto para la aplicación de este derecho que se haya producido un desconocimiento por parte del Estado de algún derecho o que éste no haya amparado el desconocimiento del mismo por un particular”, razón por la que “[p]roducida la negación de un derecho la Convención crea a través del artículo 8 el derecho para las personas de que un órgano con las características que dicha disposición señala resuelva la controversia, es decir, el derecho a que se inicie un proceso, donde las partes que discrepan puedan, inter alia, argumentar en su favor, presentar pruebas, objetar al contrario.”

En tal sentido, lo dispuesto en el artículo 8.1 constituye en sí un recurso en contra de actos del Estado que han afectado derechos, a fin de que, en consecuencia, se ejerza el poder sancionatorio correspondiente. El ya citado voto disidente recuerda que ello “aparece claramente establecido por la Corte en los precedentes que cita en” el fallo a que se refiere.

Una segunda posibilidad de interpretación, no excluyente con la anterior, la contempla el mismo voto disidente aludido, el que, a su vez, recuerda que la Corte ha reiteradamente señalado que “la aplicación del artículo 8.1 no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto”, que “si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo”, y que, por tanto, “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.”

En la Sentencia se reiteran estas afirmaciones y así señala que “[e]l artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos”; que “no se aplica solamente a jueces y tribunales judiciales”; y que “[l]as garantías que establece (esa) norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos”(³⁰²⁾.

Una tercera alternativa de interpretación, complementaria de la anterior, es la que se asume en este voto, consistente en matizar o precisar lo sostenido por la Corte y en el mencionado voto disidente.

Con ese propósito habría, por de pronto, que llamar la atención acerca de que las reglas de interpretación de los tratados, que implican la aplicación simultánea de la buena fe, el sentido natural de los términos empleados en el tratado de que se trate, el contexto de éstos y el objeto y fin de aquél⁽³⁰³⁾, obligan a no omitir la relevancia de que en el artículo 8.1 se empleen expresamente las palabras “juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley". Según las normas convencionales y consuetudinarias de interpretación de los tratados se impone, pues, el deber de considerar la utilización de esos términos. Aquellas no autorizan a omitirlos ni menos aún a cambiarlos sino solo a fijar su sentido y alcance entre las varias alternativas de aplicación que pudieran presentarse.

En ese orden de ideas, cabría recordar que en una muy reciente sentencia de la Corte se siguió esa dirección. El caso en el que se emitió consistió en “determinar si las sanciones de inhabilitación impuestas al señor López Mendoza por decisión de un órgano administrativo - el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, adoptada en virtud de la facultad que le otorgó una ley(³⁰⁴⁾ - y la consiguiente imposibilidad de que registrara su candidatura para cargos de elección popular son o no compatibles con la Convención Americana”(³⁰⁵⁾. Al efecto, la Corte tuvo presente al artículo 23.2 de esta última, que señala que "la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior (concerniente a los derechos políticos), exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal". Y, al respecto, concluyó en que "en el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”, añadiendo que “[n]inguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana."(³⁰⁶⁾

En definitiva, se podría desprender de lo transcrito que la Corte, en su interpretación del artículo 23.2 de la Convención, entendió el sentido corriente de los términos "juez competente" en concordancia con el principio de buena fe, el contexto de los términos de la Convención y su objeto y fin(³⁰⁷⁾ y, por ende, estimó que el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, aún ejerciendo la facultad disciplinaria y sancionatoria otorgada por ley y luego de haber oído al afectado de acuerdo al procedimiento reglamentado con anterioridad, en realidad no era efectivamente "juez competente", términos éstos que bien podrían equiparse a los empleados por el artículo 8.1, es decir, a los de "juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley".

Sin perjuicio de lo anterior, podría entenderse que los términos "juez o tribunal” utilizados por el artículo 8.1 también incluyen a "los órganos estatales (que) adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas”(³⁰⁸⁾ o a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional”(³⁰⁹⁾, es decir, órganos que, por lo tanto, no serían formalmente jueces o tribunales, pero que actuarían como tales.

Sobre el particular, cabe recordar que la función esencial y distintiva de los jueces es, sin duda alguna, la resolución de controversias, esto es, el ejercicio de la jurisdicción contenciosa. En este orden de ideas, en caso de que hubiese una controversia respecto de “la determinación de (los) derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”(³¹⁰⁾, evidentemente ella sería resuelta por un juez o tribunal.

No es, en cambio, de la esencia de dicha función judicial el ejercicio de la jurisdicción no contenciosa o voluntaria, dado que ella dice relación con asuntos de suyo ajenos al ámbito propio de lo judicial y que pertenecen más bien al ámbito administrativo, pero cuyo conocimiento y resolución la Ley, no obstante no existir controversia sobre ellos y por diversos motivos, entre otros, por la posibilidad de que surjan conflictos sobre los mismos, se lo confiere a un juez o tribunal. Sin esa asignación expresa hecha por Ley, un juez o tribunal no podrían conocer y resolver sobre el particular y, por lo tanto, los asuntos o materias pertinentes continuarían siendo de competencia de autoridades administrativas y no existiría la jurisdicción no contenciosa o voluntaria a su respecto.

Es, en consecuencia, en mérito de la naturaleza de la recién mencionada jurisdicción que, por una parte, en caso de que no existiere controversia sobre “la determinación de (los) derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, tal determinación no estaría incluida en aquella, sino únicamente si la Ley hubiese dispuesto que, sin embargo, ella la hiciese un juez o tribunal.

Por la otra parte, precisamente porque la jurisdicción no contenciosa o voluntaria está íntimamente vinculada a la institución de juez o tribunal, al margen de la cual no se justifica ni existe, es que, de asignarse a otro órgano, en particular, a una entidad administrativa, el conocimiento y resolución de las materias que por lo general se incluyen en aquella, como sería “la determinación de (los) derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” no se le estaría confiriendo a dicho órgano o dicha entidad administrativa una jurisdicción distinta a la que ya detenta en tanto tal, sino incorporando en ella un nuevo asunto.

Sin embargo, de lo dicho asimismo se colige que únicamente en caso de que claramente se le otorgara a un órgano u entidad administrativa la facultad de resolver las controversias sobre las materias de orden administrativo que se le señalen y que normalmente son de su propio ámbito, como serían las relativas “la determinación de (los) derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, es que el mismo procederá al amparo de jurisdicción contenciosa que así se les ha otorgado sin ser, empero, juez o tribunal. En tales eventualidades, actuará y será tenido como tal, será un “órgano(s) estatal(es) (que sin ser juez o tribunal propiamente tal) adopta(n) decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas”(³¹¹⁾ o que ejerce “funciones de carácter materialmente jurisdiccional”⁽³¹²⁾.

En consecuencia, el objeto y fin fundamental que se persigue con lo previsto en el artículo 8.1 es que, en relación a “la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, la persona interesada efectivamente sea “oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley” o por “órganos estatales (que sin ser jueces o tribunales propiamente tales) adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas” o por “cualquier órgano del Estado que (no siendo en rigor juez o tribunal) ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional”, pero, en estas últimas hipótesis, siempre y cuando a tales órganos se les haya conferido la jurisdicción contenciosa, esto es, en estos últimos casos, deben tratarse de órganos que, pese a no serlos, actúen como jueces o tribunales.

Lo más relevante de dicha disposición no es, entonces, la referencia a “la sustanciación de cualquier acusación penal” o “la determinación de. derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, sino al derecho de toda persona a “ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley” o por otro órgano del Estado que, pese a no ser juez o tribunal propiamente tal, se le haya conferido la jurisdicción contenciosa y reúna las mismas condiciones, respecto de dichas materias.

Por lo mismo, no son los señalados asuntos los que hacen que la función jurisdiccional sea tal, sino la circunstancia de que, existiendo controversia sobre ellos, los mismos sean conocidos y resueltos “por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley” o por otro órgano del Estado que, pese a no ser juez o tribunal propiamente tal, se le haya conferido las facultades propias de éste y reúna las mismas condiciones.

C. Conclusiones generales.

En mérito de lo afirmado precedentemente, resulta claro, primeramente, que en el ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 31, el Banco continuaba y continuó siendo un órgano o entidad administrativa y que en el asunto en cuestión procedía y procedió en esa calidad. La Sentencia así reiteradamente lo considera(³¹³⁾.

En segundo lugar, resulta indiscutible que lo actuado por el Banco acorde a lo previsto en esa norma no consistió en acciones adoptadas al amparo de la jurisdicción contenciosa por un “un juez o tribunal” o por un “órgano estatal (que sin ser juez o tribunal propiamente tal) adopta decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas” o que ejerce “funciones de carácter materialmente jurisdiccional”.

Ello porque no consta en el expediente de que, por el artículo 31, se haya tenido la intención, expresa o tácita, de transformar al Banco en una instancia jurisdiccional o de concederle una facultad jurisdiccional o judicial contenciosa o que él haya actuado, en relación a dicha disposición, sobre la base de suponer que disponía de una facultad de esa naturaleza. Por el contrario, en la Sentencia, si bien se parte del supuesto que existía una controversia, se consigna que se “decidió crear un procedimiento especial y delegar (para) su resolución en un órgano administrativo que alegadamente tenía limitaciones para ello” y por eso se estima que el Estado “debió garantizar que el órgano al cual le fuera encargada su resolución tuviera la competencia necesaria para realizar un análisis completo de los requisitos dispuestos en el artículo 31.”(³¹⁴⁾ En otros términos, queda en evidencia que al referido órgano administrativo, el Banco, no se le otorgaron facultades necesarias para ejercer una función jurisdiccional.

Lo anterior también se desprende de la Sentencia cuando afirma que el artículo 31 creó “un procedimiento especial para atender las peticiones de quienes consideraran cumplir con los correspondientes requisitos, y (.) dispuso que se conformara una comisión técnica (Comisión Asesora) encargada de estudiar las peticiones y asesorar al Directorio del Banco Central, órgano administrativo que debía adoptar las correspondientes decisiones”(³¹⁵⁾. De esa forma está señalando que, en definitiva, no considera las peticiones formuladas en mérito de esa disposición como recursos propiamente tales en contra de una decisión adoptada por un órgano del Estado sino solo como medios para acogerse a lo previsto en dicha norma. Y también declara que “[c]ontra las decisiones del Directorio del Banco Central se podían interponer recursos de nulidad" y que el recurso "puede ejercerse una vez que se ha agotado la vía administrativa”(³¹⁶⁾. Vale decir, en última instancia la Sentencia estima que las decisiones adoptadas por el Banco conforme a lo prescrito en el artículo 31 forman parte de la vía administrativa y no jurisdiccional.

En tercer término, igualmente se puede concluir en que, habida cuenta que fue a través de actos administrativos que el Banco adoptó las decisiones pertinentes, negando o accediendo a otorgar a las personas los derechos que el artículo 31 dispone, antes de la emisión de éstas no había controversia sobre el particular. Únicamente ante la negativa, entonces, de parte del Banco, de otorgar esos derechos "a los ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento” es que emergió "el derecho para los afectados de poder recurrir a un órgano que la decida, que resuelva el conflicto en razón de su jurisdicción y competencia"(³¹⁷⁾, es decir y acorde al significado de la palabra "determinar"(³¹⁸⁾, para que fijara los términos de esos derechos que se desconocían, como efectivamente, se reitera, aconteció con respecto a los interesados que ejercieron ese derecho. La lógica se impone en cuanto a que antes de que acreditaran los requisitos para acogerse a lo dispuesto en el artículo 31, el Banco no estaba negando derecho alguno, lo que, en cambio aconteció exclusivamente cuando estimó que en los correspondientes casos, esa acreditación no tuvo lugar.

En síntesis, se puede decir, por una parte, que lo actuado por el Banco en virtud de esa disposición, no constituyó un proceso contencioso y por la otra, que únicamente en los casos que se estimó por parte de los interesados que la decisión del Banco adoptada en base o teniendo presente la recopilación de los antecedentes a través de la Comisión en comento, no fue lo suficientemente fundada, particularmente por la insuficiencia en dicha recopilación, se pudo recurrir en contra de aquella. De manera que solo en los casos en que negó el otorgamiento de los derechos que la norma señala por estimar que el correspondiente peticionario no reunía los requisitos por ella contemplados, es que pudo configurar una controversia.

Por lo mismo, es decir, porque lo actuado por el Banco no consistió en resolver una controversia, es que su actuar no pudo constituir una violación del artículo 8.1, ya que no se trató del ejercicio del derecho de toda persona de "ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley..."para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Y tampoco se trató del ejercicio de ese derecho ante un "órgano(s) estatal(es) (que sin ser en realidad juez o tribunal) adopta decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas" o ante "cualquier órgano del Estado que (no siendo estrictamente juez o tribunal) ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional”, órganos a los que se les hubiese conferido la jurisdicción contenciosa y que, por lo mismo, actuaran como jueces o tribunales.

Abona esta tesis, el dato no discutido en autos en orden a que lo previsto en el artículo 31 no excluía el derecho de recurrir ante los tribunales competentes en contra de lo que el Banco resolviera a su amparo. Lo consagrado en dicha disposición no lo era en términos excluyentes o exclusivos, lo que indica, consecuentemente, que el mecanismo en él establecido no sustituía ni complementaba a los recursos judiciales o jurisdiccionales ni tampoco los prohibía. Dicho mecanismo no afectó, por ende, en lo más mínimo el derecho de los interesados de emplear los recursos judiciales contemplados en la legislación para tal fin y, de hecho, algunos de los afectados por la aludida situación efectivamente los emplearon(³¹⁹⁾.

De allí que no se pueda compartir el supuesto en que se apoya la Sentencia, en cuanto a que lo dispuesto en el artículo 31 lo fue para evitar que se recurriera a la justicia ordinaria(³²⁰⁾ y que por tal razón, el Estado “decidió crear”, en “lugar” de los órganos judiciales, “un procedimiento especial y delegar su resolución en un órgano administrativo”, al que le otorgó facultades, aunque limitadas, para resolver una controversia(³²¹⁾, ya que, primeramente, en realidad el objetivo de la norma fue tan solo que se acreditaran los requisitos que contempla para acceder a los derechos que señala, de suerte que si así ocurría, fuese innecesario accionar judicialmente; en segundo término, puesto que no hay constancia alguna, sino todo lo contrario, de que con ello se hayan cercenado las facultades de los tribunales ordinarios en la materia o el derecho de los afectados a recurrir a ellos en resguardo de sus derechos afectados por la situación que el artículo 31 pretendió subsanar o en contra de lo resuelto por el Banco al amparo del mismo; en tercer lugar, dado que la facultad prevista en dicha norma es de la misma naturaleza de las que naturalmente le corresponden y ejerce el Banco; y, por último, ya que en rigor no había todavía controversia alguna que resolver, es decir, a ninguno de los interesados se les había negado aún el derecho previsto en el artículo 31, sino que, en cambio, se trataba de un procedimiento administrativo precisamente para reconocérselos y, además, de manera más fácil o expedita(³²²⁾.

Relacionado con lo anterior, hay que considerar que lo señalado en el artículo 8.1 constituye en sí mismo un recurso que, en la especie, sería contra los actos administrativos del Banco que se estimaban que no otorgaban “los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichos Bancos”, por lo que, en consecuencia, el procedimiento para la adopción de tales actos no podría también ser considerado, a su vez, un recurso sujeto a lo contemplado en el artículo 8.1, ya que no era contra el Estado sino solo un procedimiento para acreditar ante él una condición de la que se desprendería el ejercicio de un derecho.

Con todo, si se considerase que esta última norma se aplicaría tanto al procedimiento seguido para la adopción del acto administrativo contra el que se podía reclamar como al propio procedimiento de reclamación o de revisión que efectivamente se interpusieran o se entablaran en contra de aquél, resultaría que en esta última eventualidad se trataría en realidad de una segunda instancia ante la que se podría recurrir respecto de lo fallado por otro juez o tribunal, lo que no contempla el artículo 8.1, como, en cambio, sí lo contempla el artículo 8.2, h) de la Convención pero exclusivamente para el caso de la acusación penal.(³²³⁾

En tal sentido, se reitera que era a partir de la emisión, por parte del Banco, de las correspondientes resoluciones que no otorgaban “los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichos Bancos”, que la persona interesada podía recurrir, como de hecho aconteció en algunos casos, ante “un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley el derecho de toda persona con el fin de “ser oída. para la determinación de” esos derechos.

También es del caso subrayar que, al resolver como lo ha hecho en autos, la Sentencia sienta un precedente en orden a que lo señalado en el artículo 8.1 se aplicaría a los trámites concernientes a solicitudes elevadas ante autoridades administrativas para acogerse, por reunir los requisitos previstos por las leyes, a beneficios o derechos que éstas establecen y con ello y por la vía de la interpretación, amplía notablemente lo que se quiso convenir al establecerse aquella norma. Baste imaginar, sobre este particular, el alcance de lo resuelto en el sentido que podría aplicarse, por ejemplo, a peticiones que se formulan ante autoridades administrativas relativas a asignaciones familiares, jubilaciones y, en general, a derechos previsionales o a subsidios de diversa índole y aún a beneficios o rebajas tributarias.

Adicionalmente, es relevante llamar la atención acerca de que en la especie, lo que la Sentencia está señalando es que, ante una decisión de una autoridad administrativa, como lo es el Banco, se podría recurrir inmediatamente ante la instancia judicial interamericana demandando el derecho a ser oído consagrado en el artículo 8.1, aunque sin perjuicio de hacerlo, si se estima conveniente, también ante un tribunal. Es decir, la Sentencia estaría abriendo la posibilidad de que se pueda recurrir ante la Corte sin cumplir la obligación de previamente agotar los recursos internos. Sin duda, tal interpretación asimismo se aleja de la letra y del espíritu de dicha norma.

Es, pues, por todas esas razones, esto es, porque no se dieron los supuestos para que el artículo 8.1 se pudiese estimar aplicable a lo actuado por el Banco en ejercicio de la facultad concedida en el artículo 31, que no se podía ni se puede considerar lo procedido al amparo de esta última como violatorio de lo dispuesto por aquella.

II. Violación del artículo 25.1 de la Convención.

Al igual como se procedió en la I Parte de este voto disidente, en ésta primero se precisarán los hechos para luego aplicar la norma invocada como violada por aquellos.

A. Hechos.

En el caso de autos se presentaron recursos en dos instancias judiciales, una el Tribunal en lo Contencioso Administrativo y la otra correspondiente a la justicia ordinaria.

En cuanto al primero, la Sentencia deja constancia que “[e]n el presente caso se encuentra probado que contra la decisión firme del Directorio del Banco Central, que resolvía una petición del artículo 31 de la Ley 17.613, se podía interponer un recurso judicial de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que 39 presuntas víctimas lo interpusieron y todas ellas obtuvieron una decisión adversa por parte de dicho tribunal^”(324).

En lo que respecta a la segunda, “[l]a Corte encontró probado que al menos 136 presuntas víctimas presentaron acciones en la jurisdicción ordinaria contra el Banco de Montevideo por, inter alia, incumplimiento de contrato e indemnización por daños y perjuicios. En diez casos se condenó al Banco de Montevideo, de los cuales nueve se encuentran firmes".(³²⁵⁾

Ahora bien, se debe consignar que sobre lo que la Corte se pronunció a este respecto fue si esos recursos interpuestos permitían o no revocar lo que el Banco resolvió acorde a lo previsto en el artículo 31. Así, la Sentencia señala que "[e]n este caso el Tribunal está llamado a determinar si en los procesos en que se aplicó la referida norma se violaron las garantías al debido proceso y la protección judicial de las presuntas víctimas.”(³²⁶⁾

Para tal ejercicio, la norma estimada aplicable es el artículo 25.1 de la Convención, en adelante artículo 25.1, que es del tenor siguiente:

“Protección Judicial

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

1. Recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

a. Hechos o antecedentes.

En lo concerniente a este asunto, la Sentencia señala que "[c]ontra las decisiones del Directorio del Banco Central se podían interponer recursos de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo” (en adelante también “TCA”) y que “[d]e acuerdo con el artículo 309 de la Constitución del Uruguay(³²⁷⁾ y el artículo 23 de la Ley No.15.524, en la acción de nulidad los actores deben probar que 'los actos administrativos impugnados resultaban contrarios a una regla de derecho o, que hubieran sido dictados con desviación, abuso o exceso de poder'"(³²⁸⁾.

También afirma que "[e]ste recurso puede ejercerse una vez que se ha agotado la vía administrativa, y su objeto es confirmar o anular el acto administrativo.”(³²⁹⁾.

En mérito de ello, la Corte se limitó a determinar si la referida acción de nulidad ante el indicado tribunal era "efectiva, en los términos del artículo 25.1 de la Convención”, a comprobar si el análisis realizado el Banco respecto del requisito del consentimiento fue completo y “acorde con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 17.613 para la determinación de los derechos otorgados en el mismo”(³³⁰⁾.

b. Consideraciones.

Al respecto, cabe llamar la atención que la Sentencia expresamente indica que “no (se) cuenta con los elementos necesarios para analizar si en la ejecución de una sentencia que resuelva un recurso de nulidad, específicamente relacionada con la aplicación del artículo 31 de la Ley 17.613, se podría haber configurado una inefectividad del mismo, lo cual podría suceder si solamente se anula el acto administrativo y no se determinan o reconocen los derechos establecidos en dicha norma”(³³¹⁾. Y antes señala que “[e]l único caso que fue resuelto favorablemente por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue el de dos personas que no son presuntas víctimas en el presente caso, y aunque fue aportada la sentencia no se presentó información sobre las consecuencias de la anulación de la decisión administrativa en relación con el reconocimiento de los derechos otorgados por el artículo 31 de la Ley 17.613.”(³³²⁾

Igualmente es de suyo relevante destacar que, además, la Sentencia indica que “solamente fueron aportadas 22 decisiones judiciales que resuelven demandas de 28 presuntas víctimas, pero no fueron aportadas las demandas ni tampoco los expedientes judiciales” por lo que analiza “la efectividad de la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con base en las sentencias aportadas, la normativa interna y el peritaje sobre la materia.”(³³³⁾, agregando que “no cuenta con elementos suficientes para determinar si la valoración probatoria realizada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo afectó la efectividad de dicho recurso con respecto a los respectivos demandantes”(³³⁴⁾.

De allí que sus afirmaciones a este respecto pueden ser percibidas como no del todo suficientemente fundadas. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando al analizar las otras 11 sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sostiene que “los alegatos presentados sobre vicios del consentimiento o la falta del deber de informar no fueron materia de una verificación para comprobar si se habían configurado o no”, y que, “[d]e esta forma, (dicho) tribunal. incurrió. en un examen incompleto de las peticiones sometidas a su conocimiento”(³³⁵⁾, por lo que concluye que el Estado violó el citado artículo 25.1 en perjuicio de 12 de las personas que interpusieron el mencionado recurso de nulidad.(³³⁶⁾

Lo resuelto por la Sentencia en este aspecto no se percibe suficientemente sustentado, dado que ello, además, no se compadece con lo que en ella señala en cuanto a que “el Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró que el consentimiento requerido por el artículo 31 de la Ley 17.613 podía ser expreso o tácito”; que él “derivó el consentimiento de los peticionarios de elementos tales como: (i) la firma de contratos de “Condiciones Generales de Administración de Inversiones”; (ii) instrucciones particulares otorgadas por los clientes al Banco de Montevideo; (iii) la recepción por parte del peticionario de estados de cuenta, donde constaba la respectiva operación, sin que el peticionario los observara u objetara, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 6.895; (iv) las tasas de interés de las que disfrutaba el peticionario por su participación en los certificados de depósito o el producto que fuera, en el entendido que tenían tasas de interés notoriamente superiores a las ofrecidas en depósitos a plazo fijo en el Banco de Montevideo y significativamente superiores a las tasas de mercado, y (v) la habitualidad o perfil de inversor del peticionario^”; que “[l]os dos primeros elementos los consideraba elementos de consentimiento expreso y con respecto a los otros indicó que podían configurar formas de consentimiento tácito de acuerdo a los usos bancarios”; que “indicó reiteradamente que en el derecho bancario son de aplicación tanto las normas como los usos bancarios, por lo cual 'el consentimiento tácito, las órdenes verbales de los clientes, incluso telefónicas, constituyen una práctica reiterada en el Derecho Bancario que ha creado la conciencia general (“opinio juris”) de su existencia y obligatoriedad'”(³³⁷⁾.

Es decir, la Sentencia señala expresamente que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo analizó y se pronunció respecto del requisito establecido en el artículo 31 en los términos “sin mediar su consentimiento”. Pero, ciertamente no lo hace con referencia a los vicios que en algunos casos tal consentimiento podría haber incurrido, dado que estimó que lo que a dicha instancia correspondía era pronunciarse sobre el recurso de nulidad interpuesto en “contra [de] la decisión firme del Directorio del Banco”(³³⁸⁾, el que, a su vez, había expresamente considerado que “la declaración de nulidad de la aceptación a la inversión y, de la responsabilidad contractual por las operaciones infructuosas cumplidas con error, dolo o culpa grave, constitu[ían] necesariamente, decisiones jurisdiccionales que exced[ían] el ámbito de las facultades otorgadas al Banco Central del Uruguay conforme al artículo 31 de ley 17.613”(³³⁹⁾.

En otras palabras, habiéndose pronunciado el Banco en cuanto a que no le correspondía hacerlo acerca de los vicios en que en algunos casos se podría haber incurrido en el consentimiento otorgado, lo que hace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es considerar que tal pronunciamiento, en los términos de la Constitución del Estado y consignados en la Sentencia, no es “contrari[o] a una regla de derecho (ni ha) sido dictado(s) con desviación, abuso o exceso de poder”(³⁴⁰⁾, esto es, también él se pronuncia sobre el particular, pero no en el sentido que los recurrentes aspiraban.

Es procedente adicionalmente acotar sobre este particular que la Sentencia consigna que la justicia ordinaria sí analizó, en los casos que le fueron sometidos, el asunto de los vicios del consentimiento⁽³⁴¹⁾, lo que demostraría que esa vía estaba efectivamente a disposición de los recurrentes.

Asimismo, atendido lo indicado en los dos párrafos precedentes, quizás hubiese sido necesario interrogarse acerca de si el artículo 31 incluye la competencia del Banco para pronunciarse respecto de su propia competencia, es decir, si este último tenía o no lo que en el ámbito judicial se denomina la competencia de la competencia, o si ello correspondía más bien a instancias administrativas o judiciales. Igualmente, tal vez hubiera sido útil plantearse si la resolución relativa a la competencia es un asunto de Derecho Interno o de Derecho Internacional. Ciertamente, parece más lógico estimar, por una parte, que, ante una decisión del Banco respecto de su competencia en la materia, se podía recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y por la otra, que ese debate pertenece al ámbito del Derecho Nacional, correspondiéndole al ámbito del Derecho Internacional, en la especie, la Corte, confrontar el acto que en última instancia podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado con el ordenamiento jurídico internacional, en este caso, la Convención. De otra manera, el proceder de la Corte podría confundirse con una "cuarta instancia".

Ahora bien, aún en el evento de que se estimase, como lo hace la Sentencia, que sí le correspondía al Tribunal de lo Contencioso Administrativo pronunciarse sobre aquella materia, es del caso tener presente que la Corte, para interpretar el derecho a ser oído consagrado en el artículo 8.1 de la Convención recurre, no a una norma jurídica creada por una fuente autónoma del Derecho Internacional, sino a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, cuando expresa que el "procedimiento justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe 'un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión'"(³⁴²⁾. Empero, resulta que es eso precisamente lo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo hace cuando ratifica lo obrado por el Banco, es decir, reconoce, estima o aprecia el valor o mérito(³⁴³⁾ “de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes” referentes a lo resuelto por el Banco en tanto “relevantes para su decisión".

Además y sin perjuicio de lo dicho, cabe considerar que el fundamento hecho valer por la Sentencia con respecto a que, en virtud de pronunciamientos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los casos que menciona se ha violado el artículo 25.1 de la Convención, constituye una forma indirecta, insuficiente e inadecuada de hacer aplicable esta última disposición al asunto de autos.

Efectivamente, la Sentencia indica que, en atención a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no realizó el análisis de los vicios en los que en algunos casos se habría incurrido en el otorgamiento del consentimiento contemplado en el aludido artículo 31, la acción interpuesta ante él no fue un "recurso efectivo" puesto que no podía en definitiva amparar a los afectados por las resoluciones del Banco que, por no haber realizado el citado análisis, violaban el ámbito material del derecho “de ser oído ante el órgano administrativo, para la determinación de los derechos otorgados en el artículo 31 de la Ley 17.613” y por ello resuelve que, en relación a los aludidos casos, se habría violado el artículo 25.1(³⁴⁴⁾.

Ciertamente, en mérito de que, como se señaló antes, en este voto disidente se considera que el artículo 8.1 no es aplicable a lo resuelto por el Banco, tampoco se puede lógicamente compartir lo fallado con relación al artículo 25.1. Por el contrario, en este voto se considera que, de acuerdo a lo ya afirmado, aquella norma era plenamente aplicable a lo sentenciado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, por ende, era ante tal instancia que se debía ejercer el derecho a ser oído estipulado en el artículo 8.1 con relación a lo resuelto por el Banco y, en caso de que se hubiese efectivamente impedido su ejercicio, se podría haber recurrido, ante la instancia correspondiente en resguardo de tal derecho, al amparo de lo prescrito en el artículo 25.1.

Consecuentemente, se podría afirmar que lo que correspondía que la Corte hiciese con relación a lo resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, era determinar su conformidad o disconformidad con lo contemplado en el artículo 8.1 y no con el 25.1. Mas, no procedió así y por los motivos antes expuestos, tampoco se puede compartir la decisión pertinente.

2. Recursos ante la justicia ordinaria.

a. Hechos y/o antecedentes.

Sobre este particular, se recuerda que la Corte expresó que, anulándose el acto administrativo por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, “el interesado puede recurrir a los tribunales del poder judicial para reclamar los daños y perjuicios que dicho acto declarado ilegal le hubiera causado” pero que, “en virtud del artículo 312 de la Constitución Nacional, el interesado también puede acudir directamente a los tribunales competentes del poder judicial para reclamar los daños causados por 'hechos u omisiones de la administración', sin necesidad de acudir previamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo”(³⁴⁵⁾.

En lo atingente a los recursos interpuestos ante la justicia ordinaria por alguno de los afectados por la situación acaecida a los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, en la Sentencia se tiene en cuenta que “no surge del acervo probatorio que a través de los recursos de la justicia ordinaria que resolvían las demandas contra el Banco de Montevideo se pudiera aplicar el artículo 31 de la Ley 17.613 y realizar las determinaciones en él dispuestas”(³⁴⁶⁾. Del mismo modo, “resalta que del acervo probatorio no surge que a través de tales recursos que resolvían las demandas contra el Banco de Montevideo se pudiera aplicar el artículo 31 de Ley 17.613 y realizar las determinaciones en él dispuestas, ni revisar la actuación del órgano administrativo que se alegó violatoria de las garantías del debido proceso”.(³⁴⁷⁾

Todo ello permite que en la Sentencia se sostenga que “[e]l hecho que algunas presuntas víctimas hicieran uso de esas vías judiciales, y que hubieran obtenido sentencias favorables, no significa que estos recursos eran efectivos en el presente asunto”(³⁴⁸⁾ y, por ende, se concluya que tales “acciones ante la jurisdicción ordinaria. no pueden ser consideradas como recursos efectivos para la materia objeto de este caso.”(³⁴⁹⁾

Pues bien, en la Sentencia se deja constancia de que la interposición de tales recursos “solo evidencia la búsqueda por parte de estas presuntas víctimas de medios alternativos que les permitieran amparar judicialmente al menos parte de los derechos dispuestos en el artículo 31 de la Ley 17.613”(³⁵⁰⁾ y se recuerda que el artículo 312 de la Constitución Nacional del Estado deja a las personas la libertad de elección de las acciones judiciales a emplear en resguardo de sus derechos.

Por otro lado, la Sentencia no emite pronunciamiento acerca de la conformidad o disconformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de los recursos previstos en “la vía ordinaria judicial para reclamar los daños y perjuicios” en situaciones como las ocurridas a los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, que es, en definitiva, lo que también se persigue con el artículo 31. Ese pronunciamiento hubiere sido tanto o más significativo y necesario dado que tales recursos existían antes de la promulgación de esta última norma y no hay constancia alguna de que hayan sido derogados por ella.

En otros términos, la Sentencia, por lo tanto, al limitar su objeto en este asunto como lo hizo, no implicó en realidad pronunciamiento alguno acerca de la conformidad de los aludidos recursos ante la justicia ordinaria con lo ordenado en el artículo 25.

III. Consideraciones Generales.

Como ya se expresó, la Sentencia, en el asunto de autos, hace aplicable lo dispuesto en el artículo 8.1 a lo obrado por el Directorio del Banco al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 y así concluyó que en ese procedimiento no se respetó el derecho de toda persona a ser oída en los términos y ante la autoridad que indica la primera norma indicada. Y en lo que respecta a los recursos interpuestos por algunos interesados tanto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como ante la justicia ordinaria, igualmente determina que, en atención a que aquellos no fueron oídos en los términos contemplados en dicha disposición, no constituyeron recursos efectivos en los términos del artículo 25.1. En última instancia, entonces, la Sentencia sustenta todo su análisis en lo que señala el artículo 8.1 con relación a lo prescrito en el artículo 31.

Ahora bien, en mérito de que por las razones antes expuestas, se discrepa de la apreciación de la Sentencia en cuanto a que el artículo 31 le otorgó al Banco la facultad de obrar como órgano con facultades jurisdiccionales y, por ende, por estimar que el artículo 8.1 no es aplicable en autos y, consecuentemente, tampoco, en los términos que aquella lo hace, el 25.1, es que se emite el presente voto respecto de la totalidad de lo que se resuelve en autos, siendo, por lo tanto, innecesario pronunciarse sobre los demás asuntos abordados y resueltos en ellos.

Empero, sí se estima conveniente formular algunas consideraciones generales en las que se inserta lo expuesto precedentemente en el presente voto disidente.

Por de pronto, en cuanto a la facultad de la Corte, que es la de interpretar y aplicar la Convención(³⁵¹⁾ y así determinar, de acuerdo a la norma internacional, tanto convencional como consuetudinaria, la responsabilidad internacional del Estado de acuerdo al Derecho Internacional(³⁵²⁾. En ese orden de ideas, lo que le compete a la Corte es hacer Justicia a través de la aplicación del Derecho, es decir, buscar a aquella en éste. Y ello sobre la base que si bien sus sentencias tienen efecto relativo(³⁵³⁾, son únicamente fuente auxiliar del Derecho Internacional(³⁵⁴⁾ y, por lo mismo, aunque su jurisprudencia fuese reiterada, constante y uniforme, no es fuente autónoma del Derecho Internacional, es decir, no crea Derecho y tampoco tiene, consecuentemente, la legitimidad para modificarlo, función que, tratándose de los tratados, le corresponde, por mandato expreso, a sus Estados Partes(³⁵⁵⁾, como acontece también en cuanto a la Convención(³⁵⁶⁾.

Se expresa lo precedente habida cuenta que se estima que, con lo fallado en el caso de autos, en realidad se está modificando lo dispuesto por el artículo 8.1, máxime cuando para ello no se invoca ni se aplica las reglas de interpretación de los tratados contempladas en la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados, en especial aquellas referentes a acuerdos entre los Estados(³⁵⁷⁾ que sustenten la interpretación que se adopta, sino exclusivamente a la jurisprudencia, la que, aunque constante, reiterada y uniforme, resulta insuficiente para tal propósito.

Con lo afirmado no se está señalando, empero, que la jurisprudencia no deba expresar lo vivo, activo o dinámico que el Derecho debe ser. La función de la Justicia radica precisamente en decidir si procede o no la aplicación del Derecho invocado al caso concreto de que se trata y ello porque obviamente y como es de normal ocurrencia, este último probablemente no corresponda exactamente a la realidad imperante al momento en que aquél emergió, pues si hubiese tal coincidencia, posiblemente no sería menester interpretación alguna.

Pero, en el caso de autos, no es que el asunto a resolver haya tenido que ver con la aplicación del artículo 8.1 a la realidad existente al momento de su surgimiento, pero tal como ha evolucionado hasta la actualidad, sino que el resultado ha sido el de hacerlo aplicable a una realidad totalmente distinta, para lo cual se ha extremado su interpretación, que es lo que acontece cuando se estima que se ha violado el artículo 8.1 en un trámite seguido ante una autoridad administrativa y en el que no existía controversia alguna.

Finalmente, obviamente que este voto disidente se emite con el mayor respeto a lo resuelto por la mayoría de los miembros Corte, es decir, por la Corte. No tiene intención alguna de poner en duda la legitimidad de lo resuelto. Por el contrario, pretende ser una expresión más de lo que es el voto disidente y, en alguna medida también, el voto concurrente(³⁵⁸⁾, vale decir, demostración no solo de la dedicación con la que un tribunal colegiado actúa, sino también del debido respeto tanto a la mayoría como a la minoría que resulta en su interior al resolver el correspondiente caso de que se trata. Los votos concurrentes y disidentes son parte de la esencia de lo que es un tribunal colegiado, en donde las opiniones de todos sus miembros contribuyen así al enriquecimiento de las resoluciones y a la búsqueda de la Justicia, en este caso, en el ámbito de los derechos humanos.

El presente voto se emite considerando, además, uno de los peculiares imperativos que enfrenta un tribunal como la Corte, cual es, el de ajustar su conducta a lo dispuesto en el Derecho, sin que, en tanto entidad autónoma e independiente, tenga autoridad superior que la controle, lo que supone que sea ella misma la que, haciendo honor a la alta función que se le ha asignado, respete estrictamente los límites de esta última y permanezca y se desarrolle en el ámbito propio de una entidad jurisdiccional. Sin duda, de que de esa forma aporta a la consolidación de la institucionalidad interamericana de los derechos humanos, requisito sine qua non para el debido resguardo de éstos.

Eduardo Vio Grossi
Juez

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ DIEGO GARCIA-SAYÁN SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO BARBANI DUARTE Y OTROS VS. URUGUAY DE 13 DE OCTUBRE DE 2011

1. En esta sentencia se reitera la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana acerca de las garantías que protegen a las personas tanto en procesos judiciales como ante procedimientos no judiciales en los que se determinen sus derechos u obligaciones. En efecto, en esta sentencia se señala que: “[e]l artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos” (párr. 116). En este voto concurrente me interesa destacar que en este tema la Corte no innova - ni tendría por qué hacerlo - sino que reitera su jurisprudencia sobre el alcance de las garantías del debido proceso en procesos no judiciales o de naturaleza administrativa.

2. La Corte precisó en esta sentencia que “[e]l artículo 8.1 de la Convención no se aplica solamente a jueces y tribunales judiciales. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos” (párr. 118). En este mismo sentido, la Corte enfatizó que “[l]as garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria” (párr. 119).

3. En general, el tema del debido proceso y las garantías judiciales en procedimientos ante entidades públicas ha sido de fundamental importancia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ello porque, como la realidad de los casos sometidos al Tribunal se ha encargado de demostrar, éste es un asunto que afecta de manera muy extendida y variada los derechos de las personas. Al momento de adoptarse esta sentencia, en octubre de 2011, el Tribunal ha declarado una violación al artículo 8 de la Convención en más del 95% de los casos que han estado sujetos a su conocimiento y se ha referido al contenido y exigencias del mismo en el 50% de sus opiniones consultivas. El tema del debido proceso, pues, ha sido y sigue siendo uno de presencia permanente en los casos que se presentan ante la Corte Interamericana.

4. La jurisprudencia constante de la Corte ha interpretado expansivamente, en cumplimiento de su función, las garantías previstas en el artículo 8.2 de la Convención. Ha sido por ello una constante entender que los elementos principales de la tutela judicial se extienden a una amplia gama de supuestos y materias. En efecto, “a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mismo precepto se aplican también a esos órdenes y, por ende, en éstos el individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la materia penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo”⁽³⁵⁹⁾.

5. La Corte ha sido muy específica y puntual al establecer que ciertos componentes de las garantías necesarias para asegurar un debido proceso son aplicables también al ámbito no judicial en un contexto en el que pudieran estar en discusión aspectos relevantes para los derechos de las personas. Así, la Corte ha entendido en su jurisprudencia previa que “las características de imparcialidad e independencia [...] deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas. En este sentido, [.] no solo deben corresponder a los órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 8.1 de la Convención se aplican también a las decisiones de órganos administrativos”⁽³⁶⁰⁾.

6. El artículo 8 se denomina “garantías judiciales” y luego se refiere a un “juez o tribunal”. Sin embargo, la interpretación de esta disposición convencional no puede restringirse al ámbito judicial. Dejar allí la lectura e interpretación de la norma sería autolimitativo y sería congelarse en la parálisis con una interpretación literal restrictiva irrazonable. Aún sin la jurisprudencia constante a la que se ha hecho referencia, el hecho es que de la propia redacción del artículo 8.1 de la Convención Americana fluye el propósito garantista en la determinación de derechos y obligaciones.

7. En efecto, del artículo 8.1 se puede inferir que el claro sentido del tratado es el enfoque garantista, pues las garantías judiciales deben ser aseguradas “para la determinación de [los] derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (subrayado añadido). Por ello, el hecho es que, pese al título de dicho artículo, las garantías se extienden a procedimientos de otra índole. Ha sido y es esa la interpretación constante de la Corte, que ha optado por ser invariablemente garantista en torno a la diversidad de situaciones que se han planteado al Tribunal en los casos sujetos a su conocimiento.

8. Esto no significa que el tribunal interamericano emplee un criterio discrecional. Al contrario, para resolver controversias sobre la interpretación de normas, la Corte ha hecho uso⁽³⁶¹⁾, como corresponde, de las reglas de interpretación estipuladas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, así como de las normas de interpretación establecidas en la propia Convención Americana. En lo pertinente, en la Convención de Viena se estipula lo siguiente:

Artículo 31. Regla general de interpretación.

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. (...) // 4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.

9. En este orden de ideas, el Tribunal ha tomado en consideración, consistentemente, que el “sentido corriente” del tratado se conecta con su objeto y fin de manera tal que la interpretación que se haga del mismo no pueda conducir, de manera alguna, a debilitar el sistema de protección consagrado en el mismo⁽³⁶²⁾. Ello se vuelve aún más riguroso cuando estamos ante un tratado de derechos humanos como lo es la Convención Americana, en el cual es expresa la intención de las partes de proteger los derechos humanos en el sentido que la propia Convención define. En efecto, como es sabido, en el artículo 29 de la Convención, titulado “Normas de Interpretación”, se estipulan precisos criterios hermenéuticos orientadores que dan cuentan de la intención garantista de las partes, en la perspectiva de que, bajo ninguna circunstancia, la interpretación de la Convención Americana, puede conducir a que “alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprim[a] el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o [los] limi[te] en mayor medida que la prevista en ella”.

10. Ese “garantismo” apunta, en lo que atañe al punto que nos ocupa, precisamente a los elementos fundamentales del debido proceso y las garantías procesales. Más allá, por ello, de si se trata de un procedimiento seguido ante autoridades judiciales o ante otros espacios del poder público. Lo que la Corte ha reafirmado en su jurisprudencia constante - y que reafirma en esta Sentencia - es que la persona debe contar con las garantías adecuadas para actuar y defender sus intereses legítimos frente al poder público, con condiciones adecuadas de legalidad y racionalidad, en procesos en los que se definan sus derechos.

11. Este enfoque garantista es fundamental. Una aproximación restrictiva y limitada de las garantías no sólo iría contra el sentido y fin del tratado sino contra la rica evolución de la realidad institucional de nuestras sociedades en las más de cuatro décadas transcurridas desde la aprobación de la Convención en 1969. Al fundamento interpretativo reiterado en la jurisprudencia de la Corte y en votos razonados como el de Sergio García Ramírez en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile⁽³⁶³⁾ de 19 de setiembre de 2006, se añade esta consideración fundamental que tiene relación con una evolución en las funciones y procedimientos de los Estados en la mayoría de los países del hemisferio.

12. En efecto, en las sociedades es creciente el ámbito de competencias para la determinación de derechos y obligaciones por instancias no judiciales. Por ello, tiene pleno sentido y coherencia la jurisprudencia constante de la Corte que indica que no sólo ante un proceso judicial la persona cuenta con garantías para hacer valer sus derechos fundamentales y que la esencia de éstas se encuentra estipulada en el artículo 8. Como es evidente, un creciente tipo de "derechos y obligaciones" son determinados en espacios extrajudiciales, llámense estos administrativos, regulatorios o extrajudiciales. Desde asuntos que se podrían calificar de "tradicionales" (como los tributarios, por ejemplo) hasta muchos otros de hondas repercusiones patrimoniales que se enmarcan dentro de las amplias y muy diversas actividades de regulación asignadas a entidades que no son judiciales en el Estado moderno, como lo son también, por ejemplo, las instancias arbitrales.

13. En un sentido tanto lógico como teleológico del propósito y contenido de los instrumentos sobre derechos humanos, en general, y de la Convención Americana, en particular, pues, es claro y esencial que las personas tienen garantías inquebrantables en las situaciones en las que se establecen sus derechos y obligaciones por entidades públicas. Y estas garantías no emanan de un criterio discrecional o arbitrario del tribunal interamericano, sino que se sostienen en las que, en su momento, los Estados incorporaron explícitamente en la Convención Americana, para dotar a las personas de un basamento garantista en el procesamiento de sus derechos.

14. Esta interpretación constante de la Corte no busca otra cosa que establecer, dentro de lo que son sus atribuciones, que los Estados están obligados a que los órganos del Estado llamados a determinar derechos y deberes lo hagan en un procedimiento que le dé a la persona los medios necesarios para defender sus intereses legítimos y, consecuentemente, la posibilidad de conseguir una decisión que se encuentre debidamente motivada, requisito fundamental para asegurar la justicia en cada caso concreto.

15. El aspecto esencial de lo que contiene el artículo 8, por ello, no reside, pues, en la naturaleza de la autoridad dentro del ordenamiento constitucional del país, sino en lo que el procedimiento busca determinar y resolver en cuanto a garantías a favor de la persona. Si el sentido de la norma es el de ofrecer ciertas garantías básicas en la determinación de derechos u obligaciones de la persona, parece claro que el aspecto medular y trascendente es éste, y no el de la naturaleza de la autoridad. Este parece ser, pues, el criterio central para establecer que es obligatorio atenerse a las exigencias del artículo 8 en lo que sea pertinente a espacios extrajudiciales. En otras palabras, es claro que la Convención tiene establecido que deben garantizarse los derechos de la persona tanto en las esferas no judiciales como en las judiciales teniendo en cuenta lo que sea aplicable a un procedimiento no judicial.

16. En este caso nos encontramos ante procedimientos administrativos seguidos ante el Banco Central del Uruguay en los que la Corte ha encontrado violación a las garantías procesales de las personas que iniciaron un procedimiento en dicha entidad no judicial de la República Oriental. Pese a no tratarse de autoridades judiciales, el Banco Central del Uruguay estaba obligado a respetar las garantías procesales establecidas en el artículo 8 de la Convención ya que en ese proceso se determinarían los derechos de los solicitantes. Como la Corte lo ha establecido en su sentencia, ello no ocurrió en este caso tanto en lo que atañe al derecho a ser oído de 539 víctimas y a la debida motivación en el caso de dos.

17. La inobservancia de algunas de estas garantías en los procedimientos seguidos ante el Banco Central del Uruguay es lo que ha llevado a la Corte en este caso a establecer la inobservancia de las garantías del artículo 8 de la Convención. En efecto, tal como se expresa en esta sentencia (párr. 142), el “. procedimiento administrativo especial resultó inefectivo, a la luz de lo que se tenía que determinar [.], debido a que el Banco Central realizó un examen incompleto del fondo de las peticiones, por lo cual el Estado incurrió en una violación del ámbito material del derecho a ser oído protegido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de las 539 personas que interpusieron una petición bajo el artículo 31 de la Ley 17.613”. La Corte resolvió, también, (párr. 185) que al no garantizar el Estado una adecuada motivación de las Resoluciones del Banco Central correspondientes a los reclamos de las víctimas Alicia Barbani Duarte y Jorge Marenales, se configuró una violación del derecho a un tratamiento sin discriminación, en relación con la garantía procesal de una adecuada motivación, protegidos en los artículos 1.1 y 8.1 de la Convención.

18. Lo anterior tiene particular relevancia no sólo por la expansividad de procedimientos no judiciales para la determinación de derechos y obligaciones, sino por la necesidad social de que en ámbitos como el del capital financiero y el de las instituciones bancarias se fortalezca y perfeccione la capacidad regulatoria del Estado. Para garantizar transparencia, seriedad y rigor en el manejo de recursos financieros que pertenecen a miles o millones de personas y para asegurar condiciones de manejo de esos recursos que no afecten la estabilidad financiera y fiscal. Todo ello apunta a ampliar y perfeccionar la capacidad regulatoria del Estado fortaleciendo las entidades de supervisión y control, las que no son judiciales y las que en su diario quehacer determinan los derechos y obligaciones de muchos.

19. Hay, pues mucho del futuro que se determina en criterios como los contenidos en la jurisprudencia constante de la Corte. Que si bien no establece en una sentencia como ésta una política pública sobre la regulación del capital financiero, sí se conecta a la exigencia social y de los mercados de fortalecer esa capacidad de regulación. Ello requiere reafirmar y, eventualmente, ampliar la capacidad pública de determinar derechos y obligaciones en este ámbito. Es, por ello, importante que la Corte en esta sentencia consolidó su jurisprudencia constante contribuyendo así a fijar parámetros garantistas para que ese afianzamiento y ampliación de facultades regulatorias se lleve a cabo dentro de normas claras de respeto a los derechos y garantías de las personas.

Diego García-Sayán
Juez

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA MARGARETTE MAY MACAULAY A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO BARBANI DUARTE Y OTROS VS. URUGUAY DE 13 DE OCTUBRE DE 2011.

1. Me siento obligada a emitir mi opinión concurrente sobre las afirmaciones en la decisión de la mayoría de la Corte, tal como aparecen en los párrafos 60 y 115 a 123 de la sentencia en cuestión, añadiendo lo siguiente respecto al tema del artículo 8.1 de la Convención y su aplicación.

2. En mi opinión el artículo 8.1 no sólo se refiere a tribunales de justicia en el ámbito nacional, sino que sus disposiciones se refieren también a todos los órganos jurisdiccionales. Es decir, a cortes de justicia y otros tribunales y órganos establecidos de acuerdo a la legislación nacional con el propósito de examinar y pronunciarse sobre asuntos en los cuales se determinen derechos y obligaciones de las personas y en los que se impongan sanciones, responsabilidades y/o se concedan indemnizaciones u otras reparaciones.

3. Mi opinión se ve apoyada por el sentido corriente de la palabra "tribunal”, la cual, de acuerdo al diccionario, se define como corte de justicia; sede o estrado del Juez o Jueces; lugar de juicio; autoridad judicial; o junta designada por el gobierno con el propósito de conocer y pronunciarse sobre alguna materia, particularmente aquel designado para investigar un asunto de interés público.

4. Por lo tanto, esto claramente abarca tanto a los tribunales de justicia como a todos los tribunales administrativos y órganos cuasi judiciales, lo cual incluye -pero no se limita- a comisiones de la administración pública y comisiones policiales, comités profesionales, y órganos y juntas directivas escolares, los cuales conocen y resuelven sobre cargos penales, demandas o reclamos constitucionales y civiles, denuncias disciplinarias y/o de mala conducta (complaints of misconduct) sobre alguno de los miembros de dichos órganos. También incluiría tribunales laborales y sobre derechos de género (labour, industrial and gender rights tribunals), los cuales conocen y se pronuncian sobre asuntos relacionados con violaciones a preceptos legales que regulan la conducta en esos ámbitos.

5. Considero que la redacción del artículo 8.1 de la Convención Americana no permite otra interpretación más que la que se encuentra en la jurisprudencia existente de la Corte, a partir del caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71 y que fue compartida por la mayoría de los jueces de la Corte en el presente caso.

6. Finalmente, reiterando mi opinión, cualquier tribunal nacional que a través de sus procedimientos y decisiones tenga la facultad de afectar, ya sea negativa o favorablemente, los derechos y obligaciones de los individuos, debe ceñirse a lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención.

Margarette May Macaulay Jueza

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA RHADYS ABREU BLONDET SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO BARBANI DUARTE Y OTROS VS. URUGUAY DE 13 DE OCTUBRE DE 2011

1. He decidido presentar un Voto Concurrente a la decisión de la Corte Interamericana respecto a la interpretación y aplicación del artículo 8.1 de la Convención Americana a la actuación de la Comisión Asesora y del Directorio del Banco Central del Uruguay en el caso Barbani Duarte y otros. Entiendo que la decisión del Tribunal fue la correcta por las siguientes razones: 1o Ninguna disposición de la Convención Americana puede ser interpretada en sentido restrictivo; y 2o Responde al criterio jurisprudencial constante del Tribunal.

1o Ninguna disposición de la Convención Americana puede ser interpretada en sentido restrictivo

2. El artículo 8.1 del Pacto de San José reza lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (énfasis añadido)

3. De acuerdo a lo establecido por la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, sean estos de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, deben observarse las debidas garantías que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso. Esta norma más que limitar al ámbito meramente judicial lo relativo a las reglas del debido proceso, lo que hace es establecer la obligación del Estado de ofrecer estas garantías en todas las instancias procesales, sin importar que su naturaleza sea de tipo judicial, administrativo u otra.

4. Además, el artículo 29, literal b) de la misma Convención dispone que “[n]inguna disposición de [dicho tratado] puede ser interpretada en el sentido de: [...] limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”.

5. Por consiguiente, la letra del artículo analizado resulta clara en el sentido que los Estados Parte del Pacto de San José tienen la obligación de dotar de garantías suficientes a las personas que tengan que determinar sus derechos y obligaciones sin importar la materia legal y el tipo de autoridad que dirima el diferendo (sea jurisdiccional, administrativa o militar para los casos que sean admisibles; unipersonal o colegiada). Además, el artículo 29, literal b) de la misma Convención prohíbe la interpretación restrictiva de la misma.

6. Por último, el principio de progresividad de los derechos humanos⁽³⁶⁴⁾, junto a la regla de interpretación acorde con el objeto y fin de los tratados (Convención de Viena de 1969) prohíbe dos cosas: 1) La interpretación restrictiva de las cláusulas de un tratado de derechos humanos; y 2) La regresión sobre derechos adquiridos en virtud de una interpretación más amplia aplicada con anterioridad. Esta aseveración me lleva a la segunda parte del voto.

2o El Tribunal sólo ha ratificado su criterio jurisprudencial constante

7. Desde los casos Tribunal Constitucional Vs. Perú y Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, ambos de 2001, hasta el caso Vélez Loor Vs. Panamá de 2010, pasando por casos como Ivcher Bronstein Vs. Perú (2001), Yatama Vs. Nicaragua (2005), Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay (2006), Claude Reyes y otros Vs. Chile (2006), Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela (2008), Escher y otros Vs. Brasil (2009), la Corte Interamericana ha reiterado que la Administración Pública, en sus distintas manifestaciones y magnitudes, no “est[á] excluida de cumplir con [el] deber” de proveer al interesado “todas las garantías que [le] permitan alcanzar decisiones justas”. “Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”⁽³⁶⁵⁾.

8. En este sentido, en el Caso Baena Ricardo, la Corte Interamericana consideró que “[s]i bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula 'Garantías Judiciales', su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, 'sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales' a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”⁽³⁶⁶⁾.

9. De igual manera, en el Caso Yatama respecto de Nicaragua, la Corte señaló que “[t]odos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana”. En este tenor interpretó el artículo 8.1 de manera amplia, estableciendo que este se refiere “al derecho de toda persona a ser oída por un 'juez o tribunal competente' para la 'determinación de sus derechos'”. Asimismo, el Tribunal precisó que esa expresión se refiere a cualquier “autoridad pública”, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones “afect[e] la determinación de [los] derechos” de las personas⁽³⁶⁷⁾.

10. En tal virtud, la aplicación del artículo 8.1 a las decisiones que determinen derechos y obligaciones de las personas en sede administrativa es un fait accompli en el estado actual de la jurisprudencia del Tribunal, y el artículo 29, literal b) del Pacto prohíbe una interpretación regresiva.

11. Sería más interesante discutir si, en base a lo ya interpretado por la Corte, el artículo 8.1 de la Convención sería aplicable a las decisiones emanadas de un Consejo de Ancianos o autoridad equivalente en una comunidad indígena, tomando en cuenta que la fuente de derecho ahí, aunque no será de índole estatal, es, en cierta forma, soberana y su autoridad es reconocida por algunos Estados Parte de la Convención para sus miembros, siempre que no contradigan las normas estatales.

Rhadys Abreu Blondet Jueza

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

<NOTAS DE PIE DE PÁGINA>.

1. La Corte, reunida en su 90 Período Ordinario de Sesiones, decidió adoptar como nombre oficial del presente caso “Barbani Duarte y otros vs. Uruguay”, de conformidad con la forma tradicional de identificación de los casos ante la Corte Interamericana. Dicha decisión fue informada a las partes mediante notas de la Secretaría de la Corte de 2 de marzo de 2011.

2. De conformidad con el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte Interamericana aplicable al presente caso (infra nota 3), que establece que “[e]n los casos a que hace referencia el artículo 44 de la Convención Americana, los Jueces no podrán participar en su conocimiento y deliberación, cuando sean nacionales del Estado demandado”, el Juez Alberto Pérez Pérez, de nacionalidad uruguaya, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia. Asimismo, el Juez Leonardo A. Franco informó al Tribunal que por motivos de fuerza mayor no podía estar presente en la deliberación y firma de la presente Sentencia.

3. La Secretaria Adjunta, Emilia Segares Rodríguez, informó al Tribunal que por motivos de fuerza mayor no podía estar presente en la deliberación de la presente Sentencia.

4. Reglamento de la Corte aprobado por el Tribunal en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009; el cual aplica al presente caso, de conformidad con el artículo 79 del mismo. Según el artículo 79.2 de dicho Reglamento, “[c]uando la Comisión hubiese adoptado el informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, la presentación del caso ante la Corte se regirá por los artículos 33 y 34 del Reglamento anteriormente vigente. En lo que respecta a la recepción de declaraciones se aplicarán las disposiciones del presente Reglamento[.]” Por tanto, en lo que se refiere a la presentación del caso, son aplicables los artículos 33 y 34 del Reglamento aprobado por la Corte en su XLIX Período Ordinario de Sesiones.

5. Informe de Admisibilidad 123/06, Petición 997-03, Alicia Barbani Duarte, María del Huerto Breccia y otros (Grupo de Ahorristas del Banco de Montevideo) de 27 de octubre de 2006 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, apéndice 2, folios 54 a 68). En este informe la Comisión Interamericana declaró admisible el caso 12.587 en relación con la presunta violación de “los artículos 1.1, 2, 8, 21, 24 y 25 de la Convención Americana”.

6. Informe de Fondo No 107/09, Caso 12.587, Alicia Barbani Duarte, María del Huerto Breccia y otros (Grupo de Ahorristas del Banco de Montevideo) de 9 de noviembre de 2009 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, Apéndice 1, folios 2 a 52). En dicho informe, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado violó “los artículos 8 y 25 de la Convención Americana leídos en conjunto con el artículo 1(1) de la misma, en detrimento de las víctimas identificadas en e[ste] informe”. Asimismo, la Comisión Interamericana concluyó que “el Estado no es responsable por violaciones a los artículos 21 y 24 de la Convención Americana y del incumplimiento del artículo 2 de mismo instrumento con respecto al grupo de personas representado por las peticionarias”.

7. El artículo 34.3 del Reglamento de la Corte anteriormente vigente establecía:

3. En caso de que [la información sobre el nombre y dirección de los representantes de las presuntas víctimas] no sea señalada en la demanda, la Comisión será la representante procesal de las presuntas víctimas como garante del interés público bajo la Convención Americana, de modo a evitar la indefensión de las mismas.

8. Cfr. Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay. Resolución del Presidente de la Corte de 31 de enero de 2011

9. En aplicación de lo previsto en el artículo 50.5, y de conformidad con la Resolución del Presidente de 31 de enero de 2011, (supra nota 7, punto resolutivo tercero), el 7 de febrero de 2011 la Comisión, las representantes y el Estado remitieron las preguntas por escrito para ser respondidas por los testigos propuestos por las representantes y el Estado, al momento de rendir su declaración ante fedatario público. Siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, algunas de las preguntas propuestas por las partes fueron reformuladas por considerarse que inducían respuestas, en contra de lo establecido en el artículo 50.5 del Reglamento de la Corte, así como no fueron admitidas aquellas preguntas relativas a las opiniones personales de los testigos con respecto a determinados hechos.

10. A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: María Silvia Guillén, Comisionada, Lilly Ching y Christina Cerna, asesoras legales; b) por las representantes: Alicia Barbani Duarte, María del Huerto Breccia y María Magdalena Curbelo Carrasco, y c) por el Estado: Carlos Mata Prates, Agente; Daniel Artecona Gulla y Viviana Pérez Benech, Agentes alternos.

11. Se solicitó, entre otra, la siguiente prueba: en materia de determinación de presuntas víctimas, se solicitó a la Comisión Interamericana que remitiera una lista individualizada de las personas que identificó como presuntas víctimas en su escrito de demanda, así como también se solicitó a la Comisión Interamericana y a las representantes de las presuntas víctimas que remitieran una explicación o posición en relación con el hecho de que en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas las representantes agregaron personas como presuntas víctimas, quienes no fueron incluidas en la lista de presuntas víctimas de la Comisión Interamericana; se solicitó a la Comisión Interamericana que indicara si todas las presuntas víctimas presentaron peticiones en relación con el procedimiento del artículo 31 de la Ley 17.613; se solicitó a la Comisión, al Estado y a las representantes que indicaran si existen presuntas víctimas cuya petición fue rechazada en los procedimientos administrativos o en los procesos contencioso administrativos a pesar de haber ofrecido evidencia de su alegada instrucción en el sentido de que no se renovaran los certificados de depósito del Trade and Commerce Bank, y se les requirió que indicaran sus nombres y la documentación que sirva de sustento a esta respuesta; se solicitó al Estado que remitiera copia de las resoluciones adoptadas por el Directorio del Banco Central del Uruguay en relación con todas las presuntas víctimas indicadas en la demanda, así como de cualquier otra sentencia interna relevante que se hubiere emitido con posterioridad a que presentó su contestación a la demanda.

12. Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrs. 69-76; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párrs. 182-185, y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párrs. 66-70.

13. Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala, supra nota 11, párr. 76; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 29, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233, párr. 15.

14. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 1, párr. 140; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 12, párr. 32, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 18.

15. Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 43; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 12, párr. 38, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 24.

16. Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 43; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 86, y Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de marzo de 2011. Serie C No. 223, párr. 47.

17. En el “Objeto” del escrito de solicitudes y argumentos las representantes solicitaron a la Corte que declare que el Uruguay violó el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, “por su ausencia de debida diligencia y su omisión de protección frente al fraude privado realizado por el grupo Peirano”. Además, en la consideración de derecho de dicho escrito, indicaron que al haber actuado “de forma discriminatoria respecto de los ahorristas del BM que tenía[n] certificado[s] de depósito del TCB en el marco de la Comisión Asesora” se violó “tanto el principio de las debidas garantías judiciales como el de igualdad, pero como consecuencia directa de la misma también el derecho de propiedad”. Asimismo, respecto de esto último en sus alegatos finales escritos indicaron que “la consecuencia de la aplicación incorrecta de criterios por parte de la [Comisión Asesora] fue la no devolución de [sus] ahorros [. lo que] configura la violación al uso y al goce de [su] propiedad privada”.

18. En el “Objeto” del escrito de solicitudes y argumentos las representantes solicitaron a la Corte que declare que el Uruguay violó el artículo 24 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por “aplicar de manera arbitraria y discriminatoria ciertas reglas de derecho en el marco del procedimiento ante la Comisión Asesora, que resultó en la inclusión en los beneficios de la Ley 17.513 a solamente 22 ahorristas, así como en asistir a ciertas operaciones bancarias off shore en la plaza financiera uruguaya de forma discriminatoria”.

19. Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 153; Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 224, párr. 32; Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 42, y Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C No. 229, párr. 52.

20. Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú, supra nota 18, párr. 154; Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina, supra nota 18, párr. 52, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 27.

21. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú, supra nota 18, párr. 155; Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina, supra nota 18, párr. 52, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 27.

22. Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 58; Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador, supra nota 18, párr. 32, y Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina, supra nota 18, párr. 52.

23. En el capítulo titulado “Objeto de la demanda” la Comisión Interamericana solicitó a la Corte que concluya y declare:

a. que el Estado uruguayo es responsable por su falta en proporcionar a las [presuntas] víctimas una audiencia imparcial para sus reclamos ante la Comisión Asesora o ante el Tribunal [de lo] Contencioso Administrativo y violó el derecho a las garantías judiciales establecidas en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las [presuntas] víctimas; y

b. que el Estado no proporcionó un recurso sencillo y rápido para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa ante sí y violó el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las [presuntas] víctimas.

En igual sentido, en la introducción de la demanda la Comisión indicó que sometía este caso contra el Uruguay

por su responsabilidad internacional derivada de la falta en proporcionar a un grupo de ahorristas del Banco de Montevideo [.] una audiencia imparcial para su reclamos ante la Comisión Asesora creada en virtud de la Ley 17.613 'Ley de Reforma del Sistema Financiero' [.] o ante el Tribunal [de lo] Contencioso Administrativo en relación con la transferencia de sus fondos del Banco de Montevideo [.] al Trade and Commerce Bank [.] sin consultarles; y de la falta de proporcionar a las [presuntas] víctimas un recurso sencillo y rápido para examinar todas las cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con la disputa ante sí”.

24. Desde el Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párrs. 65 a 68, y el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párrs. 224 a 225. Estas sentencias fueron adoptadas por el Tribunal durante el mismo período de sesiones. Véanse, además, Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 32, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219, párrs. 79 a 80; Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 110; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 44, y Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador, supra nota 18, párr. 28.

25. Cfr. Caso Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C. No. 148, párr. 98; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, supra nota 23, párr. 79, y Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador, supra nota 18, párr. 28.

26. Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 23, párr. 110; Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, supra nota 24, párr. 20, y Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota 23, párr. 44.

27. Al respecto, la Comisión solicitó que se ordene al Estado “[e]stablecer un mecanismo idóneo y efectivo para que las personas identificadas como víctimas en el presente caso y los otros miembros del grupo de más de 1,400 personas puedan acudir y tener la posibilidad de acreditar si reúnen los criterios de la legislación aplicable para recibir la compensación prevista de conformidad con la Ley 17.613.”

28. Las 56 personas agregadas por las representantes son: (1) Abdala Silvera o Silveira, Helena Teresa; (2) Acosta Martínez, Walter Camilo; (3) Ariano, Cono; (4) Azambuya Moreira, Gulnara Urbana; (5) Barbieri, María Teresa; (6) Bauer Ferraro, Federico; (7) Bauer Ferraro, Ileana; (8) Bolioli, Carlos Omar; (9) Braceras Lussich, Adriana; (10) Buczek, Mario; (11) Cancela, Diana; (12) Suárez, Walter; (13) Curti Casagrande, Adrián Enrique; (14) Del Castillo, Lila; (15) Delfino, Rose Mary; (16) Demicheri Jalife, Estela; (17) Fernández, Guillermo; (18) Ferraro López, Ileana; (19) Ganger, Juan; (20) Ganz, Noel; (21) Goldberg, Judith; (22) Guevara de la Serna, Juan Martin; (23) Jasina, Jessica; (24) Larcebeau, María Mónica; (25) Tejería, Estela; (26) Lorenzo Otero, Álvaro Ricardo; (27) Marinelli, Indolfo Hector; (28) Mauri, Jessica Alba; (29) Mere, Juan José; (30) Neves Aldaya, Miriam Nelly; (31) Notaro, Álvaro; (32) Ois Castro, Martin Olimar; (33) Olivier, Mariela Marisa; (34) Padilla, Washington Omar; (35) Pereira Martínez, Eduardo; (36) Pereyra de Pugliese, Elsa Raquel; (37) Pérez Habiaga, Ricardo Gabriel; (38) Piazza Forno, Susana; (39) Pumar Bravo, Fabián; (40) Raiberti, Mónica Marta; (41) Ramis, Norberto Francisco; (42) Rivas Ferraro, Gonzalo; (43) Rivoir Bein, Zulma Mary; (44) Rodríguez Suarez, Miguel Ángel; (45) Rovira Legnazzi, Zapican; (46) Schmithals Scharnweber, Erika; (47) Schmithals Scharnweber, Irene; (48) Señorano Siemens, José María; (49) Grudzien, Elizabeth; (50) Siccardi, Osiris; (51) Skliro, María; (52) Taño Feijoo, Javier; (53) Triver, Fabián; (54) Ventos, Pedro; (55) Vera, Adriana; (56) Zas, Ramón Leonel. Adicionalmente, el Tribunal verificó que de las 66 personas señaladas por el Uruguay como no incluidas por la Comisión Interamericana, 12 de ellas sí fueron indicadas por dicho órgano como presuntas víctimas en su demanda, y posteriormente individualizadas en la lista agregada por la Comisión Interamericana junto con sus observaciones finales escritas. Dichas presuntas víctimas son las siguientes: (1) Fortunata Carreño, (2) Anna Ganger, (3) José Enrique González Amaro, (4) María Lerma Tejería, (5) Stella Mazzoni, (6) Carlos Mezquita, (7) Micaela Modesta Núñez, (8) Jorge Humberto Sena, (9) Teresa Caligaris, (10) Pedro Federico Ventós Coll, (11) Esmeralda Verlini y (12) María Teresa Verlini. Asimismo, con respecto a la presunta víctima Carlos Mezquita, la Corte verificó que la forma como estaba indicada por la Comisión Interamericana bajo “Mezquita, Revello”, en realidad incluía a dos personas, “Carlos Mezquita” y “Mónica Revello”, de conformidad con el expediente ante el Banco Central No. 2003/0470 aportado por el Estado. El Tribunal considera que ambas personas fueron indicadas como presuntas víctimas por la Comisión Interamericana. Cfr. Carlos Mezquita y Mónica Revello (Exp. No. 2003/0470) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30101 a 30104).

29. La Corte constató que las siguientes presuntas víctimas indicadas por la Comisión Interamericana y las representantes, con algunas diferencias en los nombres, son la misma persona: (1) “Acuña, Amalia” y “Antuña, Amalia”, quienes las representantes y la Comisión Interamericana confirmaron se trataba de la misma persona y quien aparece en la resolución del Banco Central como “Amalia Antuña”; (2) “Amo, D'Alessandro José” y “Amo, José Luis”, quien aparece en el expediente ante Banco Central como “José Luis Amo D'Alessandro” y en las resoluciones respectivas como “José Amo”; (3) “Barreiro, Gustavo” y “Barreiro, Elvis Gustavo”, quienes las representantes y la Comisión Interamericana confirmaron se trataba de la misma persona y quien aparece en la resolución del Banco Central como “Elvis Barreiro”; (3) “González Amaro, José” y “González Amaro, Enrique”, quien aparece en el expediente ante el Banco Central como “José Enrique González Amaro” y en la resolución respectiva como “José González Amaro”; (4) “Modesta, Nuñez Micaela” y “Núñez, Micaela Modesta”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “Micaela Modesta Nuñez”; (5) “Caligares, Teresa” y “Silka Caligaris, Teresa”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “Teresa Caligaris”; (6) “Berlini, Esmeralda” y “Verlini, Esmeralda”, quienes la Corte entiende se trata de la misma persona y aparece en la resolución del Banco Central como “Esmeralda Verlini”; (7) “Berlini, María Teresa” y “Verlini, María Teresa”, quienes la Corte entiende se trata de la misma persona y quien aparece en la resolución del Banco Central como “María Teresa Verlini”; (8) “Casavieja, Luis Pablo” y “Casavieja, Pablo”, quien aparece en el expediente ante el Banco Central como “Luis Pablo Casavieja” y en la resolución respectiva como “Luis Casavieja”; (9) “Díaz Cabana, Eduardo” y “Diaz Cavanna, Eduardo”, quien aparece en la resolución respectiva del Banco Central como “Eduardo Díaz Cabana”; (10) “Denissow, Ana María” y “Dennisow, Ana María”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “Ana María Denissow”; (11) “Everett, Oscar” y “Evert, Oscar”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “Oscar Everett Villamil”; (11) “Kahyaian, Alberto” y “Kahiaian, Minas Alberto”, de cuyo expediente ante el Banco Central se evidencia que su nombre completo es “Minas Alberto Kahiaian Kevorkian”, y quien aparece en la respectiva resolución del Banco Central como “Alberto Kahiaian”; (12) “Karamanukian, José” y “Karamanukian, Diego José”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “José Karamanukian”; (13) “Luzardo, Rosa” y “Luzardo Safi, María Rosa”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “María Rosa Luzardo”; (14) “Mendoza, Wilfredo Luis” y “Mendoza, Luis Wilfredo”, quien la Corte entiende que se trata de la misma persona; (15) “Rodríguez, Fernanda” y “Rodríguez, M. Fernanda”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “María Fernanda Rodríguez”; (16) “Roelsgaard, Niels Nelson” y “Roelsgaard, Niels Piter”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “Niels Peter Roelsgaard Papke”; (17) “Scotti Ponce de León, Andrés” y “Scotti, André”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “Andrés Scotti”; (18) “Schermam, Dora” y “Sherman, Dora”, quien la Corte entiende son la misma persona, y quien aparece en el cuadro aportado por el Estado sobre peticiones ante el Banco Central bajo el artículo 31 como “Schermann, Dora”; (19) “Soria, Luis Alfredo” y “Soria, Alfredo”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “Luis Soria”; (20) “Supervielle, Mercedes” y “Supervielle, María Mercedes”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “María Mercedes Supervielle Casaravilla”; (21) “Valiño, Ricardo” y “Valdiño, Ricardo”, quienes la Corte entiende son la misma persona, así como (22) “Ventos Coll, Pedro” y “Ventos, Federico Pedro”, de cuyo expediente ante el Banco Central se desprende que su nombre completo es “Pedro Federico Ventós Coll”.

30. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 91; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 90; y Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 34.

31. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 96; Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 45, y Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 35.

32. El artículo 8.1 de la Convención Americana (Garantías Judiciales) establece que:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

33. El artículo 25.1 de la Convención Americana (Protección Judicial) establece que:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

34. El artículo 24 de la Convención (Igualdad ante la Ley) estipula que:

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

35. El artículo 1.1 de la Convención Americana (Obligación de Respetar los Derechos) dispone que:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

36. Cfr. Banco Mundial. “Análisis de la Crisis Bancaria Uruguaya de 2002”. Investigación sobre Políticas

Públicas. Documento de trabajo (Working Paper) 3780, diciembre de 2005 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 1, folio 1995).

37. Cfr. Banco Mundial. “Análisis de la Crisis Bancaria Uruguaya de 2002”, supra nota 35 (folio 1996).

38. Cfr. Banco Mundial. “Análisis de la Crisis Bancaria Uruguaya de 2002”, supra nota 35 (folio 1996). De acuerdo al testigo Julio de Brun, el porcentaje de depósitos en moneda extranjera “en aquél entonces [era] más de un 80%” y entre diciembre y julio de 2002 tuvieron una caída del 40%. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1094). En sus declaraciones ante fedatario público, los testigos Jorge Xavier y Rosolina Trucillo, también coincidieron al señalar que en esa época se vivió una corrida en que se perdió “más del 40% de los depósitos del sistema”. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1122) y declaración ante fedatario público (affidávit) de la testigo Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folios 1135). También en su declaración ante fedatario público, el testigo Fernando Barrán se refirió a “pérdidas de casi el 50% [.] de los depósitos del sistema”. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Fernando Barrán de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1169).

39. Cfr. Banco Bancario (UR-0150) Interamericano de Desarrollo. “Uruguay. Programa Sectorial de Fortalecimiento del Sistema Propuesta de Préstamo (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 2, folio 2035).

40. Cfr. Banco Mundial. “Análisis de la Crisis Bancaria Uruguaya de 2002”, supra nota 35, (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 1, folios 1997 a 1999) y declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Fernando Barrán de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1169).

41. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Fernando Barrán de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1169) y declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folios 1122 y 1123).

42. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1094).

43. Cfr. Banco Mundial. “Análisis de la Crisis Bancaria Uruguaya de 2002”, supra nota 35 (folio 1998). Ver también: declaración ante fedatario público (affidávit) de la testigo Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1135).

44. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1122); declaración ante fedatario público (affidávit) de la testigo Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folios 1135); declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Fernando Barrán de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folios 1169), e entervención del Senador Alberto Couriel en las sesiones de 20 y 21 de diciembre de 2002 de la Cámara de Senadores (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folio 13233).

45. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1099) y Banco Mundial. “Análisis de la Crisis Bancaria Uruguaya de 2002”, supra nota 35 (folios 1997 a 1999).

46. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1097); auto de procesamiento “Peirano Basso, Jorge y otros” de 18 de octubre de 2006 presentado por el Ministerio Público y Fiscal ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7o Turno (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 4, folio 2072); expediente No. 2002/0267 ante el Banco Central del Uruguay caratulado "Banco de Montevideo - Incremento del riesgo en empresas vinculadas al Grupo Velox”. (expediente de anexos a la contestación, tomo I, anexo 7, folios 12445 y 12446), y folleto informativo sobre el Grupo Velox (expediente de apéndices a la demanda, tomo I, Apéndice 3(A), folios 210 a 234).

47. Cfr. Cuadro de empresas vinculadas al Grupo Peirano, contenida en el expediente titulado “Banco de Montevideo - Incremento del riesgo en empresas vinculadas al Grupo Velox” (expediente de anexos a la contestación, tomo I, anexo 7, folio 12445) y auto de procesamiento “Peirano Basso, Jorge y otros”, supra nota 45 (folio 2072).

48. Cfr. Dictamen del perito Marcelo Arámbulo Letouquet en la causa seguida respecto de las autoridades del Banco Central del Uruguay ante el Juzgado Letrado en lo Penal de 8vo Turno (expediente de fondo, tomo III, folios 940 a 946); declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1097), y resolución D/350/2002 del Directorio del Banco Central del Uruguay de 21 de junio de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 8, folio 2158).

49. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) de la testigo Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1133).

50. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) de la testigo Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1129), y certificado del Departamento de Inspección de Bancos de y Sociedades Fiduciarias de y para las Islas Caymán de 6 de mayo de 1993 (expediente de anexos a la contestación, tomo XIII, anexo 31, folios 19683 a 19687).

51. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1097).

52. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1097); declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1116), y declaración ante fedatario público (affidávit) de la testigo Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1133).

53. Cfr. Resolución P/16/2002 de la Presidencia del Banco Central del Uruguay de 25 de febrero de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 3, folio 2070); resolución D/322/2002 del Directorio del Banco Central del Uruguay de 9 de junio de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 7, folio 2151); declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Fernando Barrán de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1171); y declaración ante fedatario público (affidávit) de la señora Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1130).

54. Cfr. Resolución D/199/2002 del Directorio del Banco Central del Uruguay de 25 de abril de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 6, folios 2148 y 2149).

55. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1097).

56. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Fernando Barrán de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1173); declaración ante fedatario público (affidávit) de la testigo Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folios 1135 y 1136), y declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1122).

57. Cfr. Resolución D/322/2002 del Directorio del Banco Central del Uruguay, supra nota 52 (folio 2152).

58. Cfr. Resolución D/322/2002 del Directorio del Banco Central del Uruguay, supra nota 52 (folio 2153).

59. Cfr. Resolución D/350/2002 del Directorio del Banco Central del Uruguay de 21 de junio de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 8, folio 2158). De acuerdo a la declaración del testigo Jorge Xavier, quien ejerció el cargo de veedor, “el primer incumplimiento por parte de las autoridades de[l] BM a un veto impuesto” se verificó el 11 de junio de 2002, con respecto a una transferencia de fondos para cancelar una operación de Banco Velox. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1115).

60. Cfr. Resolución D/350/2002 del Directorio del Banco Central del Uruguay, supra nota 58 (folio 2158).

61. Cfr. Resolución D/454/2002 del Directorio del Banco Central del Uruguay de 30 de julio de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 9, folio 2160).

62. Cfr. Resoluciones del Directorio del Banco Central del Uruguay D/656/2002 de 24 de septiembre de 2002, D/746/2002 de 24 de octubre de 2002, D/817/2002 de 14 de noviembre de 2002, D/862/2002 de 29 de noviembre de 2002, D/884/2002 de 13 de diciembre de 2002, y D/931/2002 de 27 de diciembre de 2002, mediante las cuales se prorrogó sucesivamente la suspensión de actividades del Banco de Montevideo (expediente de anexos a la contestación, tomo I, anexo 6, folios 12410 a 12415).

63. Cfr. Resolución D/933/2002 del Directorio del Banco Central del Uruguay de 31 de diciembre de 2002 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 10, folios 2163 y 2164).

64. Cfr. Resolución D/933/2002 del Directorio del Banco Central del Uruguay de 31 de diciembre de 2002, puntos resolutivos segundo y tercero (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 10, folio 2164).

65. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) de la testigo Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1134) y declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1116).

66. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) de la testigo Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1134); declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1117), e informe de 28 de enero de 2003 sobre el departamento de Banca Privada del Banco de Montevideo (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo I, anexo 6, folio 12122).

67. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1116). Según una comunicación dirigida por el Banco de Montevideo al Banco Central el 13 de marzo de 2002, las participaciones en certificados de depósito del Trade & Commerce Bank se ofrecían a clientes del Banco de Montevideo “desde 1997”. Cfr. Comunicación de 13 de marzo de 2002 del Banco de Montevideo al Banco Central contenida en el expediente No. 2002/0267 ante el Banco Central del Uruguay caratulado “Banco de Montevideo - Incremento del riesgo en empresas vinculadas al Grupo Velox” (expediente de anexos a la contestación, tomo I, anexo 7, folio 12504).

68. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1117). Adicionalmente, el testigo Jorge Xavier explicó que el departamento de Banca Privada “se concentra en clientes que manejan un determinado monto de inversiones que pretenden diversificar sus ahorros volcándolos a activos que brindan un mejor retorno y que se radican en el exterior como forma de acceder a mejores beneficios por sus recursos[, además e]xisten razones fiscales y de secreto que justifican estas decisiones, dado que las inversiones en activos en el exterior no están alcanzadas por normas tributarias en el país”. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folios 1116 y 1117).

69. Cfr. Autos caratulados “Da Pena Marcela Adriana c/Banco de Montevideo en liquidación y otros - daños y perjuicios”. Ficha No. 2-22368/2006. Sentencia No. 21 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 24 de noviembre de 2008 (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folios 14458 y 14459).

70. De acuerdo al testigo Fernando Barrán, la posición de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, con anterioridad a los eventos ocurridos en el 2002, era que dichas colocaciones en una empresa vinculada no constituían infracciones porque no tenían personal superior común, y según el testigo ello se refleja en el marco regulatorio vigente en el 2002, “el cual no prohibía que las instituciones bancarias tuvieran posiciones activas con instituciones bancarias o no bancarias vinculadas”. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Fernando Barrán de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1177). Asimismo, la testigo Rosolina Trucillo declaró que el otorgamiento de créditos entre empresas vinculadas no era ilegal e indicó que “[d]e hecho está regulado el crédito que se puede dar a empresas vinculadas (topes de riesgo)”, mientras que lo que es ilegal es el otorgamiento de créditos entre empresas con directores comunes. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) de la testigo Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1137). Ver también, declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1118).

71. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Fernando Barrán de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1177) y declaración ante fedatario público (affidávit) de la testigo Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1134).

72. Cfr., inter alia, los expedientes ante el Banco Central de las siguientes personas: Raúl Montero (Exp. No. 2003/0469) (expediente de anexos a la demanda, tomo XVI, anexo 12 (J), folio 11785); Clara Jasinski (Exp. No. 2003/0637) (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3482 a 3484), y Marta Cázeres (Exp. No. 2003/0598) (expediente de anexos a la demanda, tomo IV, anexo 12 (B), folios 3820 a 3821).

73. Cfr. Correo electrónico de 25 de febrero de 2002 de Marcelo Guadalupe, Gerente General del Banco de Montevideo y correo electrónico de 5 de marzo de 2002 de Javier Carlevaro del Departamento de Sucursales del Banco de Montevideo (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 12, folios 6680 y 6681). Asimismo, en un correo electrónico de 29 de abril de 2002, respecto a las renovaciones de certificados de depósitos en el TCB, se requirió que fueran documentadas “sin falta el mismo día del vencimiento” y se “reiter[ó] que los depósitos de clientes que no se hayan contactado con el Banco deben ser renovados [.] de forma automática”. Cfr. correo electrónico de 29 de abril de 2002 sobre la documentación de renovaciones del Trade & Commerce Bank (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 12, folios 6682 a 6687).

74. Cfr. Correo electrónico de 25 de febrero de 2002 de Marcelo Guadalupe, Gerente General del Banco de Montevideo (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 12, folio 6680). Al respecto, en un correo electrónico posterior se indicó que la prohibición de recompra anticipada se debe dar, aún cuando “la práctica de mercado y de nuestro banco en particular ha sido informar al cliente que si necesitaba en algún momento de cierta liquidez, la opción de recompra podía existir, pero ello es en condiciones normales de mercado que no se dan hoy”. Correo electrónico de Javier Carlevaro sin fecha registrado en respuesta al correo electrónico de Marcelo Guadalupe (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 12, folio 6683).

75. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1119).

76. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folios 1120 y 1123).

77. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1123).

78. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) de la testigo Rosolina Trucillo de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1134). De acuerdo al testigo Jorge Xavier, comenzó a recibir quejas de los clientes sobre la posibilidad de recuperar sus inversiones en Trade & Commerce Bank, a partir de que se conoció de la liquidación provisoria del mismo. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1120).

79. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Fernando Barrán de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1180).

80. Cfr. Ley No. 17.613 sobre “Fortalecimiento del Sistema Financiero” (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 11, folios 2177 a 2190).

81. Cfr. Declaración del testigo Julio César Cardozo Ferreira rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

82. Ley No. 17.613 sobre tomo I, anexo 11, folio 2180). Fortalecimiento del Sistema Financiero” (expediente de anexos a la demanda,

83. Estas instituciones eran el Banco de Montevideo, el Banco de la Caja Obrera, el Banco Comercial y el Banco de Crédito. Sin embargo, este último estaba en proceso de compra al momento de expedirse la Ley por lo cual era probable que se levantase la suspensión. Teniendo en cuenta dicha posibilidad se redactó el artículo 37 de la Ley 17.613, referido de manera específica a dicha entidad financiera. Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de 20 y 21 de diciembre de 2002 (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folio 13226).

84. Cfr. Artículo 22 de la Ley 17.613 sobre “Fortalecimiento del Sistema Financiero” (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 11, folios 2182 y 2183).

85. Cfr. Artículo 27 de la Ley 17.613 sobre “Fortalecimiento del Sistema Financiero ”(expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 11, folio 2183).

86. Cfr. Artículo 27 de la Ley 17.613 sobre “Fortalecimiento del Sistema Financiero” (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 11, folio 2183). El testigo Julio de Brun explicó que por medio de esta Ley se autorizó al Poder Ejecutivo a instituir una especie de “seguro de depósitos a posteriori” por el cual se permitía al Estado utilizar sus derechos contra los bancos Montevideo, Caja Obrera y Comercial para asegurar a los “depositantes a plazo en dichas instituciones una recuperación total de sus créditos, con un máximo de cien mil dólares o su equivalente en moneda nacional”. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1099).

87. Dictamen 04/525 del Área Jurídico Notarial del Banco Central del Uruguay de 15 de junio de 2004 (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 12, folios 6225 y 6226).

88. Cfr. Sentencia No. 138 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 8 de mayo de 2008 en autos caratulados “Dendrinos, Daniel con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folios 14368 a 14374), y sentencia No. 315 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Gigli, María con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15192 a 15199).

89. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folios 1099 y 1100); Intervención del senador Gallinal en la Sesión de la Cámara de Hacienda de la Cámara de Senadores de 29 de mayo de 2003, con ocasión de la discusión del tema de los “Ahorristas del Banco de Montevideo” y la visita de las autoridades del Banco Central (expediente de anexos a la demanda, tomo XVI, anexo 12, folios 12056 y 12057); y Declaración del testigo Julio César Cardozo Ferreira rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

90. Artículo 31 de la Ley 17.613 sobre “Fortalecimiento del Sistema Financiero” (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 11, folio 2184).

91. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folios 1098 y 1099) e Intervención del Senador Alberto Brause en las sesiones de 20 y 21 de diciembre de 2002 de la Cámara de Senadores (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folios 13226 y 13228).

92. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1099); Intervención del Senador Gallinal en las sesiones de 20 y 21 de diciembre de 2002 de la Cámara de Senadores (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folio 13235), e intervención del Diputado Amorín Batlle en la sesión de 26 de diciembre de 2002 de la Cámara de Representantes (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folio 13223).

93. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1099).

94. Artículo 24 de la Ley 17.613 sobre “Fortalecimiento del Sistema Financiero” (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 11, folio 2183).

95. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1099) e intervención del Diputado Amorín Batlle en la sesión de 26 de diciembre de 2002 de la Cámara de Representantes (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folio 13222). También se expresa en este sentido el Senador Gallinal, sólo que al referirse a la tercera categoría de acreedores, los posibles tenedores de obligaciones negociables, la limita a los “tenedores de Eurobonos” o “a quienes tengan bonos”. Cfr. Intervención del Senador Francisco Gallinal en las sesiones de 20 y 21 de diciembre de 2002 de la Cámara de Senadores (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folio 13235).

96. Cfr. Resolución D/37/2003 del Directorio del Banco Central de 17 de enero de 2003 (expediente de anexos a la contestación, tomo XIII, anexo 30, folios 19545 y 19546).

97. Cfr. Resolución D/37/2003 del Directorio del Banco Central, considerando primero, supra nota 95 (folio 19545).

98. Cfr. Resolución D/37/2003 del Directorio del Banco Central, considerando segundo, supra nota 95 (folio 19545); y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

99. Cfr. Resolución D/37/2003 del Directorio del Banco Central, punto resolutivo primero, supra nota 95 (folio 19546).

100. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno en autos caratulados “BARBANI, Alicia y otros contra DURAN MARTINEZ, Augusto y otros. Denuncia” Ficha No. 2-59680/04 (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 21, folio 13238), y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

101. Cfr. Declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

102. No fue presentada prueba contundente respecto de la fecha en que concluyó sus funciones la Comisión Asesora. De acuerdo a las resoluciones que prorrogaban su mandato, la Comisión Asesora trabajó hasta octubre de 2004. Sin embargo, constan elementos en el expediente que parecieran indicar que la Comisión Asesora podría haber trabajado con posterioridad a octubre de 2004. Cfr. Resoluciones D/175/2003, D/361/2003, D/490/2003, D/660/2003, D/782/2003, D/1605/2003, D/255/2004, D/721/2004, D/954/2004, D/1355/2004 de 26 de marzo, 4 de junio, 31 de julio, 1 de octubre, 27 de noviembre y 30 de diciembre de 2003; y de 26 de febrero, 29 de abril, 30 de junio y 26 de agosto de 2004 en el expediente de constitución de la Comisión ante el Banco Central del Uruguay (expediente de anexos a la contestación, tomo XIII, anexo 30, folios 19582 a 19625). En un escrito de fecha 6 de septiembre de 2006 presentado por el Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se afirma que el Directorio del Banco Central adoptó las decisiones “entre el 30 de diciembre de 2003 y el 28 de diciembre de 2005” (escrito de apéndices a la demanda, tomo III, Apéndice 3 (C), folio 890).

103. Cfr. Expediente de constitución de la Comisión Asesora ante el Banco Central del Uruguay (expediente de anexos a la contestación, tomo XIII, anexo 30, folios 19580 y 19588).

104. Cfr. Declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

105. Cfr. Resolución D/933/2002 del Directorio del Banco Central del Uruguay de 31 de diciembre de 2002, punto resolutivo vigésimo séptimo, numeral 7), literal c) (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 10, folio 2175).

106. Resolución D/37/2003 del Directorio del Banco Central, puntos resolutivos tercero y cuarto, supra nota 95 (folio 19546).

107. Resolución D/37/2003 del Directorio del Banco Central, punto resolutivo tercero, supra nota 95 (folio 19546) y escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13241).

108. Declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

109. Cfr. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13241); punto resolutivo cuarto de la resolución D/37/2003 del Directorio del Banco Central, supra nota 95 (folio 19546); declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida en la audiencia pública del presente caso, y comunicación de los miembros de la Comisión Asesora dirigida al Presidente del Banco Central del Uruguay de 24 de marzo de 2003 (expediente de anexos a la contestación, tomo XIII, anexo 30, folio 19581).

110. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13241) y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

111. Cfr. Resolución D/37/2003 del Directorio del Banco Central, punto resolutivo sexto, supra nota 95 (folio 19546); escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13242), y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

112. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13242) y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

113. El artículo 79 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, en vigor al momento de actuación de la Comisión Asesora, establecía lo siguiente:

ARTÍCULO 79 (Vista a los interesados). Terminada la instrucción o vencido el término de la misma, cuando de los antecedentes resulte que pueda recaer una decisión contraria a la petición formulada, o se hubiere deducido oposición, antes de dictarse resolución, deberá darse vista por el término de diez días a la persona o personas a quienes el procedimiento refiera.

Al evacuar la vista, el interesado podrá pedir el diligenciamiento de pruebas complementarias que deberán cumplirse dentro del término de cinco días y de conformidad a lo establecido en los artículos precedentes.

Cuando haya más de una parte que deba evacuar la vista, el término será común a todas ellas y correrá del día siguiente a la última notificación.

FUENTE- Articulo 75 del Decreto No 500/91.

Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, emitido mediante RES D/624/94 de 15 de noviembre de 1994 y publicado en el Diario Oficial No. 25.399 de 16 de noviembre de 1999 (expediente de apéndices a la demanda, tomo III, Apéndice 3, folio 1345).

114. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13242) y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

115. El artículo 74 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, aplicado a los hechos del presente caso, establecía lo siguiente:

ARTÍCULO 74: (Medios de prueba). Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba no prohibido por la Ley.

La valoración de la prueba se efectuará de conformidad con las reglas contenidas en el Código General del Proceso.

FUENTE: Artículo 70 del Decreto No. 500/91.

Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, emitido mediante RES D/624/94 de 15 de noviembre de 1994 y publicado en el Diario Oficial No. 25.399 de 16 de noviembre de 1999 (expediente de apéndices a la demanda, tomo III, Apéndice 3, folio 1343).

116. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13238); declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1103), y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

117. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folios 13239 y 13245); declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso. El artículo 75 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, aplicado a los hechos del presente caso, establecía lo siguiente:

ARTÍCULO 75: (Diligencias probatorias). El Banco Central del Uruguay podrá disponer de oficio las diligencias probatorias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales debe dictar resolución.

Si mediare pedido de parte, deberá disponer la apertura de un período de prueba por un plazo prudencial no superior a los diez días, a fin de que puedan practicarse cuantas sean legalmente admisibles y juzgue conducentes o concernientes al asunto en trámite. La resolución del Banco Central del Uruguay que rechace el diligenciamiento de una prueba por considerarla inadmisible, inconducente o impertinente será debidamente fundada, será dictada por el jerarca de la dependencia del Banco donde se instruye el procedimiento y podrá ser objeto de los recursos administrativos correspondientes.

[...]

FUENTE: Artículo 71 del Decreto No. 500/91.

Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, emitido mediante RES D/624/94 de 15 de noviembre de 1994 y publicado en el Diario Oficial No. 25.399 de 16 de noviembre de 1999 (expediente de apéndices a la demanda, tomo III, Apéndice 3, folio 1344).

118. Artículo 76 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, aplicado a los hechos del presente caso:

ARTÍCULO 76: (Prueba de testigos). El proponente de la prueba de testigos tiene la carga de la comparecencia de los mismos en el lugar, fecha y hora fijados por el Banco Central del Uruguay. Si el testigo no concurriera sin justa causa, se prescindirá de su testimonio.

El Banco Central del Uruguay, sin perjuicio del pliego presentado por la parte, podrá interrogar libremente a los testigos y en caso de declaraciones contradictorias podrá disponer careos, aún con los interesados.

Las partes o sus abogados patrocinantes podrán impugnar las preguntas sugestivas, tendenciosas o capciosas y al término de las deposiciones de los testigos podrán hacer repreguntas y solicitar las rectificaciones que consideren necesarias para conservar la fidelidad y exactitud de la declaración. El funcionario actuante conservará en todo momento la dirección del procedimiento, pudiendo hacer nuevas preguntas, rechazar cualquier pregunta que juzgare inconducente, innecesaria, perjudicial o agraviante para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio.

FUENTE: Artículo 72 del Decreto No. 500/91

Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, emitido mediante RES D/624/94 de 15 de noviembre de 1994 y publicado en el Diario Oficial No. 25.399 de 16 de noviembre de 1999 (expediente de apéndices a la demanda, tomo III, Apéndice 3, folio 1344).

119. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folios 13242 y 13243) y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

120. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1111), y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

121. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13243) y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

122. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13241) y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso. Por su parte, el testigo Julio de Brun manifestó que “[m]ás de cien peticionantes aportaron testigos”. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1110).

123. Cfr. los siguientes casos de presuntas víctimas cuya prueba se encuentra en el expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, anexos 2 y 3: Gutiérrez Galiana, Eduardo (Exp. No. 2003/0876) (folios 22091 y 22092); Pitetta Antúnez, Luis Alberto (Exp. No. 2003/0711) (folio 22700); Braceras Lussich, Elina y Rafael Enrique Braceras Lussich (Exp. No. 2003/0707) (folio 22898); Neuschul Perles, Franklin (Exp. No. 2003/0527) (folio 26084); Perles Ullman de Neuschul, Gisela (Exp. No. 2003/0526) (folio 26147); Fernández González, Daniel (Exp. No. 2003/0353) (folio 28714); Meerhoff, Enrique (Exp. No. 2003/0301) (folio 29431); Giambruno De Amicis, Clara Augusta (Exp. No. 2003/0284) (folio 30131); Roelsgaard Papke, Niels (Exp. No. 2003/0608) (folios 30198 y 30199); Pastorino Peccotiello, José Ángel (Exp. No. 2003/0545) (folio 30257); De Marco, Juan (Exp. No. 2003/0536) (folio 30271); Abal Bordachal, Mario Héctor y María Virginia Abal Gemelli (Exp. No. 2003/0646) (folio 30355); Lijtenstein Jasinski, Fabiana (Exp. No. 2003/0639) (folio 30378); Barbani, Alicia (Exp. No. 2003/0624) (folio 30381); Muccia García, Víctor (Exp. No. 2003/0943) (folio 30398); Sienra Fattoruso, José Enrique (Exp. No. 2003/0804) (folio 30518); Adinolfi Castellano, Julio Alberto (Exp. No. 2003/0988) (folio 30676); Neuschul, Thomas Máximo (Exp. No. 2003/1524) (folio 31347); Da Pena Pepoli, Marcela (Exp. No. 2003/1522) (folio 31349), y Díaz Vidal, Eduardo y Lola Varela Cambre (Exp. No. 2003/1520) (folio 31354).

124. Cfr. los siguientes casos de presuntas víctimas cuya prueba se encuentra en el expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, anexos 2 y 3: De Luca Sarmoria, Vilma (Exp. No. 2003/0710) (folio 22741), y Zanoni, María Cristina (Exp. No. 2003/0397) (folio 27649); Ramos, Magela (Exp. No. 2003/0471) (folio 30099); Da Silva Gaibisso, Hugo José (Exp. No. 2003/0758) (folio 30303); Santisteban Tristán, José Pedro (Exp. No. 2003/0662) (folio 30353); Alicia Recalde (Exp. No. 2003/1177) (folio 30875); Cavajani, Nicida (Exp. No. 2003/0216) (folio 31272); Pizza, Martha (Exp. No. 2003/4028) (folio 31277), y Liliana Barcarcel (Exp. No. 2003/4025) (folio 31282).

125. Cfr. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13244).

126. Cfr. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13244) y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

127. Cfr. Artículos 317 y 318 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967, con las modificaciones plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de octubre de 2004 (expediente de anexos a la contestación, tomo I, anexo 12, folio 12866).

128. Mediante la Resolución D/758/2004 de 11 de mayo de 2004, el Directorio del Banco Central del Uruguay extendió la facultad de estudiar y examinar los recursos administrativos presentados en contra de las resoluciones del Directorio “que no hicieron lugar a las solicitudes presentadas” bajo el artículo 31 de la Ley 17.613. Resolución D/758/2004 del Directorio del Banco Central del Uruguay de 11 de mayo de 2004 (expediente de anexos a la contestación, tomo XIII, anexo 30, folio 19612).

129. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13245) y declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1104).

130. Cfr. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13245).

131. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13245).

132. Cfr. los siguientes casos de presuntas víctimas cuya prueba se encuentra en el expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, anexos 2 y 3: Kahiaian, Alberto (Exp. No. 2003/0806) (folios 21810 y 21811); Gutierrez Galiana, Eduardo (Exp. No. 2003/0876) (folios 22091 y 22092); Eminente Cohem, Fabio (Exp. No. 2003/0867) (folios 22219 y 22220); Espasandín Villas Boas, Pablo Gabriel (Exp. No. 2003/0725) (folios 22370 y 22371); Espasandín, Nelson (Exp. No. 2003/0723) (folios 22425 y 22426); Espasandín Villas Boas, Ana Laura (Exp. No. 2003/0722) (folios 22464 y 22465); Braceras, Elina y Rafael Enrique Braceras Lussich (Exp. No. 2003/0707) (folios 22898 y 22899); Etchevarne, Miguel Angel (Exp. No. 2003/0703) (folios 23084 y 23085); Notaro, Angel y Alba Bonifacino (Exp. No. 2003/0696) (folios 23265 y 23266); Vázquez, Gustavo (Exp. No. 2003/0693) (folios 23367 y 23368); Rial Mérola, Jorgelina (Exp. No. 2003/0690) (folios 23511 y 23512); Dendrinos Saquieres, Daniel (Exp. No. 2003/0689) (folios 23583 y 23584); Bergara, Amilcar (Exp. No. 2003/0686) (folios 23680 y 23681); Guimaraens, Antonio y Griselda Marisa Urtiaga Guorise (Exp. No. 2003/0682) (folios 23755 y 23756); Martínez, Ana María (Exp. No. 2003/0670) (folios 24046 y 24047); Fazio, Sergio (Exp. No. 2003/0659) (folios 24339 y 24340); Rodríguez, Julio (Exp. No. 2003/0658) (folios 24403 y 24404); Pascual, Carlos (Exp. No. 2003/0657) (folios 24475 y 24476); Azparren, Ana (Exp. No. 2003/0586) (folios 25349 y 25350); Maisaonave, Milka (Exp. No. 2003/0583) (folios 25460 y 25461); Bergamino, Raúl (Exp. No. 2003/0575) (folios 25600 y 25601); Puente, Alberto (Exp. No. 2003/0571) (folios 25677 y 25678); Villarreal, Fernando (Exp. No. 2003/0569) (folios 25735 y 25736); Puente, Jesús (Exp. No. 2003/0568) (folios 25788 y 25789); García, Bernabé (Exp. No. 2003/0567) (folios 25847 y 25848); Unanua, Alejandra (Exp. No. 2003/0566) (folios 25909 y 25910); Moretti, Jorge (Exp. No. 2003/0442) (folios 26908 y 26909); Neuschul Perles, Franklin (Exp. No. 2003/0527) (folios 26094 y 26095); Perles Ullman de Neuschul, Gisela (Exp. No. 2003/0526) (folios 26147 y 26148); Bara, Walter (Exp. No. 2003/0525) (folios 26198 y 26199); Leite, Carlos (Exp. No. 2003/0518) (folios 26302 y 26303); Bolla, Mauro(Exp. No. 2003/0517) (folios 26345 y 26346); Litchman, Gladys (Exp. No. 2003/0405) (folios 27389 y 27390); Israel Creimer por Gianna Contín (Exp. No. 2003/0398) (folios 27609 y 27610); Alejandro López Núñez (Exp. No. 2003/0376) (folios 28156 y 28157); Fernández González, David Hugo (Exp. No. 2003/0353) (folios 28731 y 28732); Ventos, Pedro y María Andrea Pesce (Exp. No. 2003/0332) (folios 28921 y 28922); Etchevers Mion, Jorge Alberto (Exp. No. 2003/0328) (folios 28996 y 28997); White, Douglas (Exp. No. 2003/0319) (folios 29121 y 29122); Godín, Hugo (Exp. No. 2003/0317) (folios 29251 y 29252); Meerhoff, Enrique (Exp. No. 2003/0301) (folios 29443 y 29444); Saquieres Garrido, Nelly y Miguel Angel Rubio Saquieres (Exp. No. 2003/0298) (folios 29607 y 29608), y Glaser Breithbarth, Marion Carlota (Exp. No. 2003/0294) (folios 29701 y 29702); Piñeyro, María (Exp. No. 2003/0480) (folios 30088 y 30089); Castro Etchart, Gustavo (Exp. No. 2003/0278) (folios 30138 y 30139); Schaich, Rodolfo (Exp. No. 2003/0266) (folios 30157 y 30158); González, Alfredo (Exp. No. 2003/0614) (folios 30178 y 30179); Pérez Soto, Walter (Exp. No. 2003/0611) (folios 30190 y 30191); De la Fuente, María del Carmen (Exp. No. 2003/0609) (folios 30196 y 30197); Roelsgaard Papke, Niels Peter (Exp. No. 2003/0608) (folios 30200 y 30201); Everett Villamil, Oscar y Marta Flocken (Exp. No. 2003/0601) (folios 30214 y 30215); Real de Azúa, María Jesús (Exp. No. 2003/0556) (folios 30245 y 30246); Fabro, María (Exp. No. 2003/0552) (folios 30253 y 30254); Dogliotti Guimaraens, Elida Yolanda (Exp. No. 2003/0542) (folios 30267 y 30268); Acher, Isaac (Exp. No. 2003/0506) (folios 30276 y 30277); Da Silva Gaibisso, Hugo José (Exp. No. 2003/0758) (folios 30303 y 30304); Iglesias, Sergio (Exp. No. 2003/0753) (folios 30308 y 30309); Marcos Marra, Eduardo (Exp. No. 2003/0744) (folios 30313 y 30314); Paseyro, Alfredo (Exp. No. 2003/0735) (folios 30324 y 30325); Platero, Gustavo (Exp. No. 2003/0685) (folios 30340 y 30341); D'Amico, Aldo y Elvira Richino (Exp. No. 2003/0642) (folios 30372 y 30373); Lijtenstein, Fabiana (Exp. No. 2003/0639) (folios 30379 y 303780); Muccia García, Víctor (Exp. No. 2003/0943) (folios 30399 y 30400); Gagliardani Giuffra, Federica (Exp. No. 2003/0920) (folios 30420 y 30421); Figueroa, Luis (Exp. No. 2003/0913) (folios 30428 y 30429); González, Mario (Exp. No. 2003/0872) (folios 30437 y 30438); Barquin, Ignacio (Exp. No. 2003/0856) (folios 30452 y 30453); Crestino, Nelly (Exp. No. 2003/0848) (folios 30466 y 30467); Nuesch, María por Libonati, Carmen (Exp. No. 2003/0846) (folios 30472 y 30473); Canen, Guillermo (Exp. No. 2003/0809) (folios 30506 y 30507); Bochi Paladino, Juan José (Exp. No. 2003/0806) (folios 30511 y 30512); Sienra Fattoruso, José Enrique (Exp. No. 2003/0804) (folios 30519 y 30520); Panella, Cristina (Exp. No. 2003/0783) (folios 30549 y 30550); Raúl Favrín por Blanca Casella (Exp. No. 2003/1082) (folios 30574 y 30575); Favrin, Raúl (Exp. No. 2003/0108) (folios 30579 y 30580); Lorenzo, Gonzalo y Fernando Lorenzo (Exp. No. 2003/1066) (folios 30585 y 30586); Lorenzo, Nelson (Exp. No. 2003/1065) (folios 30591 y 30592); Leoncini, Fernando (Exp. No. 2003/1052) (folios 30604 y 30605); De Crescenzo, Fernando Francisco (Exp. No. 2003/1022) (folios 30633 y 30634); Brit, María (Exp. No. 2003/1008) (folios 30654 y 30655); Weiss Bayardi, Mauricio (Exp. No. 2003/1005) (folios 30659 y 30660); Lorenzo, José (Exp. No. 2003/996) (folios 30665 y 30666); Sosa, Nicolás (Exp. No. 2003/0983) (folios 30689 y 30690); Rama, Leandro y Florencia Rama (Exp. No. 2003/0981) (folios 30696 y 30697); Pérez Bogao, Zulma (Exp. No. 2003/0963) (folios 30713 y 30714); Pérez, Atahualpa (Exp. No. 2003/0960) (folios 30722 y 30723); Marenales, Jorge (Exp. No. 2003/0950) (folios 30737 y 30738); Zunza Ramírez, Rodolfo Antonio (Exp. No. 2003/0947) (folios 30742 y 30743); Díaz Videla, Rafael (Exp. No. 2003/0946) (folios 30747 y 30748); Alzaradel, Rita (Exp. No. 2003/1227) (folios 30778 y 30779); García, María Delia (Exp. No. 2003/1226) (folios 30783 y 30784); María de la Luz Silvarredonda por Leroy, Jean (Exp. No. 2003/1224) (folios 30790 y 30791); Lingeri Olsson, Manuel Roberto (Exp. No. 2003/1221) (folios 30794 y 30795); Karamanukian, José (Exp. No. 2003/1194) (folios 30811 y 30812); Barreiro, José (Exp. No. 2003/1193) (folios 30816 y 30817); Alvez, Gloria (Exp. No. 2003/1192) (folios 30821 y 30822); Rodriguez, Dorval (Exp. No. 2003/1191) (folios 30826 y 30827); Dura, Daniel y Martín Sarro (Exp. No. 2003/1187) (folios 30836 y 30837); Irigoin, Graciela (Exp. No. 2003/1185) (folios 30841 y 30842); Steiermann, Ellen (Exp. No. 2003/1184) (folios 30846 y 30847); Cortabarría, Raquel (Exp. No. 2003/1183) (folios 30851 y 30852); Carreño Martínez, Fortunata Esther (Exp. No. 2003/1182) (folios 30856 y 30857); Valdez, René (Exp. No. 2003/1181) (folios 30861 y 30862); Karamanukian, Juan (Exp. No. 2003/1179) (folios 30868 y 30869); Yelen, Fabián (Exp. No. 2003/1178) (folios 30873 y 30874); Alicia Recalde (Exp. No. 2003/1177) (folios 30875 y 30876); Vidal, Nora (Exp. No. 2003/1176) (folios 30883 y 30884); Sere Marquez, Antonio María (Exp. No. 2003/1131) (folios 30918 y 30919); Guzzini García, José María (Exp. No. 2003/1108) (folios 30929 y 30930); Haiber, Ursula (Exp. No. 2003/1105) (folios 30939 y 30940); Pelufo Acosta y Lara, Carmen (Exp. No. 2003/1030) (folios 31004 y 31005); La Cava, Carlos María (Exp. No. 2003/1466) (folios 31013 y 31014); Patteta, Graciela (Exp. No. 2003/1456) (folios 31030 y 31031); Trigo, Angel (Exp. No. 2003/1432) (folios 31052 y 31053); De León San Martín, Aida (Exp. No. 2003/1423) (folios 31080 y 31081); Cerda Trillo, Rubén (Exp. No. 2003/1417) (folios 31100 y 31101); Alvarez, Néstor (Exp. No. 2003/1414) (folios 31106 y 31107); Sisa, Florentina (Exp. No. 2003/1411) (folios 31111 y 31112); Abellá Demarco, María Cristina (Exp. No. 2003/1408) (folios 31117 y 31118); Abellá Demarco, Rafael (Exp. No. 2003/1407) (folios 31122 y 31123); Montefiori, María Cristina (Exp. No. 2003/1401) (folios 31146 y 31147); Cholaquidis, Elizabeth (Exp. No. 2003/1405) (folios 31127 y 31128); Diaz, Nilda (Exp. No. 2003/1403) (folios 31136 y 31137); Barreiro, Elvis (Exp. No. 2003/1394) (folios 31165 y 31166); Luzardo, María Rosa (Exp. No. 2003/1402) (folios 31141 y 31142); Fernández, José (Exp. No. 2003/1396) (folios 31160 y 31161); Faccio, Héctor (Exp. No. 2003/1390) (folios 31176 y 31177); Faccio, Diego (Exp. No. 2003/1389) (folios 31181 y 31182), Horvath, Raúl (Exp. No. 2003/1310) (folios 31249 y 31250); Cavajani de Tabárez, Nicida (Exp. No. 2003/0221) (folios 31266 y 31267); Cavajani de Tavarez, Nicida (Exp. No. 2003/0216) (folios 31272 y 31273); Pizza, Marha (Exp. No. 2003/4028) (folios 31277 y 31278); Liliana Barcarcel (Exp. No. 2003/4025) (folios 31282 y 31283); Cavanna, José (Exp. No. 2003/4014) (folios 31292 y 31293); Roure, Pablo (Exp. No. 2003/1582) (folios 31309 y 31310); Beimeras, Leonardo (Exp. No. 2003/1581) (folios 31318 y 31319); Alonso, Roberto (Exp. No. 2003/1508) (folios 31380 y 31381); Da Pena Pepoli, Marcela (Exp. No. 2003/1522) (folios 31351 y 31352); Díaz Cabana, Eduardo (Exp. No. 2003/1519) (folios 31360 y 31361); Donner, Rubén (Exp. No. 2003/1518) (folios 31366 y 31367); Guerra Vergara, Martín (Exp. No. 2003/1512) (folios 31375 y 31376); Gigli, María (Exp. No. 2003/1494) (folios 31403 y 31404); Lorieto de Souza, Virginia (Exp. No. 2003/1489) (folios 31408 y 31409); Rodríguez, Luis (Exp. No. 2003/1480) (folios 31416 y 31417); Rial, Gladys (Exp. No. 2003/1478) (folios 31426 y 31427); Croce Urbina, Gabriel y María de las Mercedes Paullier Milans (Exp. No. 2003/1477) (folios 31432 y 31433); Gustavo José Bertolini (Exp. No. 2003/1468) (folios 31437 y 31438); Zanandrea, Mirta Elena (Exp. No. 2003/0543) (folios 30262 y 30263), y Bochi Paladino, Nelson (Exp. No. 2003/0759) (folios 30298 y 30299). Finalmente, cfr. los casos de Neuschul Pérez, Thomas Máximo (Exp. No. 2003/1524) (expediente de anexos a la demanda, tomo V, anexo 12 (C), folios 4444 y 4445), y Clara Volyvovic (Exp. No. 2003/0999) (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 12 (E), folios 7873 y 7874).

133. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13246). Ver también, inter alia, los expedientes de las siguientes presuntas víctimas: Barbani, Alicia (Exp. No. 2003/0624) (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo 12 (A), folios 3009 a 3010); Pérez Soto, Walter (Exp. No. 2003/0611) (expediente a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folio 30190); Pereira Da Silva, Probo (Exp. No. 2003/0776) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folio 30562); Cotelo, Ramón W. (Exp. No. 2003/0953) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folio 30727); Kouyoumdjian, José (Exp. No. 2003/1429) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folio 31057); Suárez, Álvaro (Exp. No. 2003/0695) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folio 23293); Martínez, Ana María (Exp. No. 2003/0670) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folio 24046), y Puente Caamaño, Jesús (Exp. No. 2003/0568) (expediente a de anexos los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 2, folio 25788).

134. Cfr. Expediente de constitución de la Comisión Asesora ante el Banco Central del Uruguay, supra nota 102 (folios 19611 y 19626) y escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folios 13245 y 13246). Mediante la Resolución D/758/2004 de 11 de mayo de 2004, el Directorio del Banco Central del Uruguay extendió la facultad de estudiar y examinar los recursos administrativos presentados en contra de las resoluciones del Directorio “que no hicieron lugar a las solicitudes presentadas” bajo el artículo 31 de la Ley 17.613. Resolución D/758/2004 del Directorio del Banco Central del Uruguay, supra nota 127 (folio 19612).

135. Declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso. De acuerdo con el acervo probatorio del expediente, los referidos 22 casos pertenecen a las siguientes personas: (1) Caso de Rolando Massoni, Martha Moreira y Sandra Massoni (Exp. No. 2003/0228) (expediente de anexos a la demanda, tomo XVI, anexo 12 (J), folios 11771 a 11774); (2) Kurt Bauer (Exp. No. 2003/1329) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11150 a 11153); (3) Ernesto Llovet (Exp. No. 2003/0952) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11350 a 11353); (4) Emilio Villamil Ramos y Elsa Marialli García (Exp. No. 2003/0532) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11590 a 11593); (5) Carmen García Pardo (Exp. No. 2003/0908) (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 12 (D), folios 6445 a 6451); (6) María del Carmen Bacigalupe y Julio Alberto Soler (Exp. No. 2003/0221) (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3375 a 3436); (7) María Julia Boeri Bottero y María del Rosario Delmonte Boeri (Exp. No. 2003/0708) (expediente de anexos a la demanda, tomos V y XIII, anexos 12 (C) y 12 (G), folios 4982 a 5070 y folios 9561 a 9640); (8) Graciela Cabrera D'Amico (Exp. No. 2003/0880) (expediente de anexos a la demanda, tomo X, anexo 12 (E), folios 8588 a 8663); (9) Gabriel Deus Rodríguez (Exp. No. 2003/1045) (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 12 (D), folios 6215 y 6216); (10) Lucía Guiambruno (Exp. No. 2003/0327) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30126 y 30127); (11) José Luis Martín Hernández (Exp. No. 2003/0602) (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 12, folios 2606 a 2619); (12) Rafael Outeiro Silvera y Jorge Peláez Pla (Exp. No. 2003/1339) (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 12, folios 6726 a 6729); (13) Álvaro Gerardo Pérez Asteggiante (Exp. No. 2003/0438) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 10970 a 11035); (14) Erasmo Salvador Petingi Nocella (Exp. No. 2003/0610) (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo 12, folios 2637 a 2695); (15) Ximena Camaño Rolando y Ana Laura Camaño Rolando (Exp. No. 2003/0650) (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 12, folios 2315 a 2471); (16) Lucía Piñeyrúa Zeni (Exp. No. 2003/0595) (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 12 (E), folios 7402 a 7405); (17) Lylianne Edith Urdaneta Magri (Exp. No. 2003/0956) (expediente de anexos a la demanda, tomo X, anexo 12 (E), folios 8441 a 8444); (18) Néstor Alberto Rosales y Viviana Rivanera de Rosales (Exp. No. 2003/0493) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11049 a 11071); (19) Marta Cázeres (Exp. No. 2003/0598) (expediente de anexos a la demanda, tomo IV, anexo 12 (B), folios 3774 a 3821); (20) Clara Jasinski (Exp. No. 2003/0637) (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3450 a 3490); (21) Raúl Montero (Exp. No. 2003/0469) (expediente de anexos a la demanda, tomo XVI, anexo 12 (J), folios 11783 a 11786), y (22) Elena Ibarra Acle y Victor Muccia García (Exp. No. 2003/0521) (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3727 y 3728).

136. En el Anexo de la presente Sentencia se indican sus nombres y ubicación en el expediente ante la Corte de la prueba sobre sus peticiones ante el Banco Central bajo el artículo 31 de la Ley 17.613.

137. Cfr. Declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso. Según un documento del Banco Central, TCB Mandatos, representante de TCB en Montevideo, no estaba autorizado para realizar “aperturas de cuentas y registros de firmas de los clientes de Trade & Commerce Bank”. Documento emitido por el Banco Central del Uruguay de 18 de mayo de 2001 con asunto “TCB Mandatos S.A.- Representante de Trade and Commerce Bank (Caymán)- Inspección de acuerdo a Instructivo No. 9.- Marzo de 2001” (expediente de anexos a la contestación, tomo XIII, anexo 31, folios 19745 y 19746).

138. Declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

139. Cfr. Comunicación de los miembros de la Comisión Asesora de 24 de marzo de 2003 dirigida al Presidente del Banco Central (expediente de anexos a la contestación, tomo XIII, anexo 30, folio 19580).

140. Declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

141. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Jorge Xavier de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1119) y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

142. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folios 1101, 1104 y 1105) y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

143. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1101).

144. Cfr. Declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

145. Cfr. Declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida en la audiencia pública del presente caso, y declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1106). En particular, (i) con respecto a la firma de contratos generales: Cfr. inter alia, los siguientes casos cuya prueba se encuentra en el expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3: Pérez, Rumildo y Pérez, Javier (Exp. No. 2003/0594) (folios 30222 a 30224); Castello, Vicente Carlos (Exp. No. 2003/0466) (folios 30105 a 30107); Arieta Apesteguy, María Soledad (Exp. No. 2003/1014) (folios 30638 a 30640); Quintans, María Elvira y Fuentes Quintans, Diego (Exp. No. 2003/1116) (folios 30931 a 30933); Rumassa Causi, Sheila (Exp. No. 2003/0793) (folios 30533 a 30535); Iglesias, Carlos (Exp. No. 2003/0644) (folios 30363 a 30365), y Outerelo, Claudio (Exp. No. 2003/1578) (folios 31339 a 31341). Con respecto a (ii) la existencia de instrucciones específicas, Cfr., inter alia, los siguientes casos cuya prueba se encuentra en el expediente de anexos de alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexos 2 y 3: González, Palmira (Exp. 2003/0522) (folios 26230 a 26323); De la Sovera, Nilda (Exp. 2003/0489) (folios 30063 a 30065); Casella, Blanca (Exp. 2003/1082) (folios 30571 a 30573); Birger Nejerman, Lili (Exp. 2003/0485) (folios 30070 a 30072); Fabro, María Raquel (Exp. 2003/0552) (folios 30250 a 30252); Guzzini García, José María (Exp. 2003/1108) (folios 30926 a 30928); y García Santoro, Alejandro (Exp. 2003/0787) (folios 30539 a 30541). Con respecto a (iii) la habitualidad demostrada en el manejo de estas operaciones, Cfr., inter alia, los siguientes casos cuya prueba se encuentra en el expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3: Prevettoni, Gabriela (Exp. 2003/0482) (folios 30079 a 30081); Piñeyro Castellanos, María Inés (Exp. 2003/0480) (folios 30085 a 30087); Nario Alvarez, Álvaro (Exp. 2003/0465) (folios 30108 a 30110); Di Salvo, Crimilda (Exp. 2003/0929) (folios 30404 a 30406); Panella Castro, Cristina (Exp. 2003/0783) (folios 30545 a 30548); García Caban, Ricardo (Exp. 2003/1049) (folios 30606 a 30608), y Reino Berardi, Sebastián (Exp. 2003/1033) (folios 30618 a 30620). Con respecto a (iv) la falta de objeción a los estados de cuenta, Cfr., inter alia, los siguientes casos cuya prueba se encuentra en el expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomos I y II, anexo 3: Caballero Lehite, Fernando (Exp. 2003/0613) (folios 30180 a 30182); Everett, Oscar y Flocken, Marta (Exp. 2003/0601) (folios 30211 a 30213); Llana, Francisco (Exp. 2003/0607) (folios 30202 a 30204); Zanandrea, Mirta Elena (Exp. 2003/0607) (folios 30259 a 30261); Cerda, Rubén (Exp. 2003/1417) (folios 31098 a 31100); Abellá Demarco, María Cristina (Exp. 2003/1408) (folios 31113 a 31116), y Lingeri Olsson, Manuel (Exp. 2003/1221) (folios 30792 a 30793).

146. Cfr. Declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

147. Cfr., inter alia, Acevedo Sotelo, Eduardo y Myriam Guillón Alvarez (Exp. No. 2003/0268) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30152 y 30153); Schaich, Rodolfo (Exp. No. 2003/0266) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folio 30157); Supervielle Casaravilla, María Mercedes (Exp. No. 2003/0616) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folio 30168); De la Fuente, María del Carmen (Exp. No. 2003/0609) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folio 30196); Dogliotti Guimaraens, Elida Yolanda (Exp. No. 2003/0542) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folio 30267); Marcos Marra, Eduardo y Amelia Sperati Soñora (Exp. No. 2003/0744) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folio 30313), y Paseyro, Alfredo (Exp. No. 2003/0735) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folio 30324).

148. Cfr., inter alia, Da Silva, Hugo (Exp. No. 2003/0758) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folio 30303); Platero, Gustavo (Exp. No. 2003/0685) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folio 30340); González, Mario (Exp. No. 2003/0872) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folio 30437); Cavajani, Nicida (Exp. No. 2003/0216) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folio 31273); Pizza, Martha (Exp. No. 2003/4028) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folio 31277); Beimeras, Leonardo y María del Carmen Fernández (Exp. No. 2003/1581) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folio 31318), y Díaz Cabana, Eduardo (Exp. No. 2003/1519) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 3, folio 31360).

149. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1104).

150. Cfr. Elena Ibarra Acle y Victor Muccia García (Exp. No. 2003/0521) (expediente de anexos a la demanda,tomo III, anexo 12 (B), folios 3727 y 3728).

151. Cfr. (1) Rolando Massoni, Martha Moreira y Sandra Massoni (Exp. No. 2003/0228) (expediente de anexos a la demanda, tomo XVI, anexo 12 (J), folios 11771 a 11774); (2) Kurt Bauer (Exp. No. 2003/1329) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11150 a 11153); (3) Ernesto Llovet (Exp. No. 2003/0952) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11350 a 11353); (4) Emilio Villamil Ramos y Elsa Marialli García (Exp. No. 2003/0532) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11590 a 11593); (5) Carmen García Pardo (Exp. No. 2003/0908) (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 12 (D), folios 6445 a 6451); (6) María del Carmen Bacigalupe y Julio Alberto Soler (Exp. No. 2003/0221) (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3375 a 3436); (7) María Julia Boeri Bottero y María del Rosario Delmonte Boeri (Exp. No. 2003/0708) (expediente de anexos a la demanda, tomos V y XIII, anexos 12 (C) y 12 (G), folios 4982 a 5070 y folios 9561 a 9640); (8) Graciela Cabrera D'Amico (Exp. No. 2003/0880) (expediente de anexos a la demanda, tomo X, anexo 12 (E), folios 8588 a 8663); (9) Gabriel Deus Rodríguez (Exp. No. 2003/1045) (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 12 (D), folios 6215 y 6216); (10) Lucía Giambruno (Exp. No. 2003/0327) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30126 y 30127); (11) José Luis Martín Hernández (Exp. No. 2003/0602) (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 12, folios 2606 a 2619); (12) Rafael Outeiro Silvera y Jorge Peláez Pla (Exp. No. 2003/1339) (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 12, folios 6726 a 6729); (13) Álvaro Gerardo Pérez Asteggiante (Exp. No. 2003/0438) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 10970 a 11035); (14) Erasmo Salvador Petingi Nocella (Exp. No. 2003/0610) (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo 12, folios 2637 a 2695); (15) Ximena Camaño Rolando y Ana Laura Camaño Rolando (Exp. No. 2003/0650) (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 12, folios 2315 a 2471); (16) Lucía Piñeyrúa Zeni (Exp. No. 2003/0595) (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 12 (E), folios 7402 a 7405); (17) Lylianne Edith Urdaneta Magri (Exp. No. 2003/0956) (expediente de anexos a la demanda, tomo X, anexo 12 (E), folios 8441 a 8444); (18) Néstor Alberto Rosales y Viviana Rivanera de Rosales (Exp. No. 2003/0493) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11049 a 11071), y (19) Marta Cázeres (Exp. No. 2003/0598) (expediente de anexos a la demanda, tomo IV, anexo 12 (B), folios 3774 a 3821).

152. Cfr. (1) Clara Jasinski (Exp. No. 2003/0637) (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3450 a 3490), y (2) Raúl Montero (Exp. No. 2003/0469) (expediente de anexos a la demanda, tomo XVI, anexo 12 (J), folios 11783 a 11786).

153. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1105) y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

154. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1105).

155. Informe sobre el índice actual de recuperación de la masa de la liquidación del Banco de Montevideo S.A. (expediente de anexos a la contestación, tomo I, anexo, folio 12788); y estado de cuenta del Banco de Montevideo -Fondo de Recuperacion del Patrimonio Bancario No 38624 (expediente de anexos a la contestación, tomo I, anexo 10, folios 12789 y 12790).

156. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo IV, folios 1102, 1103 y 1105), y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

157. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno, supra nota 99 (folio 13244), y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso. Cfr. resoluciones del Banco Central del Uruguay de 30 de diciembre de 2003 en los casos de Néstor Rosales y Viviana Rivanera (Exp. No. 2003/0493) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11070 y 11071); Raúl Montero (Exp. No. 2003/0469) (expediente de anexos a la demanda, tomo XVI, anexo 12 (J), folios 11785 y 11786); Marta Cázeres (Exp. No. 2003/0598) (expediente de anexos a la demanda, tomo IV, anexo 12 (B), folios 3820 y 3821), y Clara Jasinski (Exp. No. 2003/0637) (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3489 y 3490).

158. Cfr. Declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso, y voto disidente del Comisionado Tomás Brause Berreta, adjunto al proyecto de resolución de la Comisión Asesora en el caso de la señora Carmen García Pardo de Arralde (Exp. No. 2003/0908) (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 12 (D), folio 6447).

159. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno de 7 de noviembre de 2005 (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 22, folio 13347).

160. Cfr. Sentencia No. 245 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal del 1o Turno de 14 de agosto de 2006 (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 23, folio 13349 a 13355).

161. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio Herrera de 14 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1059 y 1061); declaración del testigo Julio Cardozo rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso, y exposición de motivos del Proyecto de Ley interpretativo del artículo 31, presentado en abril de 2007 y abril de 2010 por los representantes Daniel Mañana, Julio Cardozo Ferreira, Rodrigo Goñi Romero, Carlos González Álvarez, Jorge Gandini, Alberto Perdomo Gamarra y Mauricio Cusano, titulado “Clientes de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera cuyos ahorros hubieren sido aplicados a la adquisición de participaciones en certificados de depósitos del Trade & Commerce Bank” (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 8, folios 31532 a 31548).

162. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio Herrera de 14 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folio 1060 y 1061); proyecto de ley de 4 de junio de 2003 presentado por el Senador Julio Herrera ante la Cámara de Senadores (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 8, folio 31520); proyecto de ley titulado “Clientes de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera cuyos ahorros hubieren sido aplicados a la adquisición de certificados de depósito en instituciones financieras con sede exterior” aprobado por la Cámara de Senadores el 12 de noviembre de 2003 (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 8, folio 31521), y registro del trámite ante el Parlamento del Asunto No. 22109 relativo al Proyecto de Ley presentado por el Senador Julio Herrera (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 8, folios 31524 y 31527)

163. Cfr. Declaración ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio Herrera de 14 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo III, folios 1060 y 1061); declaración del testigo Julio Cardozo rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso, y registro del trámite ante el Parlamento del Asunto No. 22109 relativo al Proyecto de Ley presentado por el Senador Julio Herrera (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 8, folios 31525 y 31530).

164. Cfr. Declaración pericial de Daniel Hugo Martins rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

165. Cfr. Declaración pericial de Daniel Hugo Martins rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso e informe escrito sobre dicho peritaje presentado el 4 de marzo de 2011 (expediente sobre el fondo y eventuales reparaciones, tomo III, folio 1259).

166. El artículo 309 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece:

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder.

La jurisdicción del Tribunal comprenderá también los actos administrativos definitivos emanados de los demás órganos del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados.

La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo

Constitución de la República Oriental del Uruguay (expediente de anexos a la contestación, tomo I, anexo 12, folio 12864).

167. El artículo 23 de la Ley 15.524 establece:

En particular, y sin que ello importe una enumeración taxativa, se considerarán objeto de la acción de nulidad:

a) Los actos administrativos unilaterales, convencionales o de toda otra naturaleza dictados con desviación, abuso o exceso de poder, o con violación de una regla de derecho, considerándose tal, todo principio de derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual.

b) Los que sean separables de los contratos administrativos.

c) Los que se hayan dictado durante la vigencia de la relación estatutaria que vincula al órgano estatal con el funcionario público sujeto a su autoridad, relativos a cualquier clase de reclamo referente a la materia regulada por ella, así éstos sean de índole puramente económica.

Decreto Ley 15.524, titulado “Marco Normativo. Tribunal de lo Contencioso Administrativo” (expediente de anexos a la contestación, tomo I, anexo 15, folio 13011).

168. Sentencia No. 691 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2010 en autos caratulados “Clemata José y otros con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13875). Ver también, inter alia, sentencia No. 713 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados “Azparren, Ana con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13910); sentencia No. 272 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 4 de junio de 2007 en autos caratulados “Notaro, Ángel y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VII, anexo 27, folio 16400); sentencia No. 316 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Contín, Gianni y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folio 14474); sentencia No. 477 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 3 de septiembre de 2007 en autos caratulados “Perles, Gisela con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 14875); sentencia No. 16 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 5 de febrero de 2007 en autos caratulados “Neuschul, Franklin con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 14936 y 14937); sentencia No. 179 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 30 de abril de 2007 en autos caratulados “Neuschul, Thomas con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 14959); sentencia No. 306 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de junio de 2007 en autos caratulados “Lingeri, Manuel con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15052), y sentencia No. 726 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de diciembre de 2007 en autos caratulados “Gutiérrez, Eduardo con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15150)

169. Cfr. Declaración pericial de Daniel Hugo Martins rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso, y Constitución de la República Oriental del Uruguay (expediente de anexos a la contestación, tomo I, anexo 12, folio 12866).

170. El Artículo 312 de la Constitución Nacional establece:

La acción de reparación de los daños causados por los actos administrativos a que refiere el artículo 309 se interpondrá ante la jurisdicción que la ley determine y sólo podrá ejercitarse por quienes tuvieren legitimación activa para demandar la anulación del acto de que se tratare.

El actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño por éste causado. En el primer caso y si obtuviere una sentencia anulatoria, podrá luego demandar la reparación ante la sede correspondiente. No podrá, en cambio, pedir la anulación si hubiere optado primero por la acción reparatoria, cualquiera fuere el contenido de la sentencia respectiva. Si la sentencia del Tribunal fuere confirmatoria, pero se declarara suficientemente justificada la causal de nulidad invocada, también podrá demandarse la reparación.

Constitución de la República Oriental del Uruguay (expediente de anexos a la contestación, tomo I, anexo 12, folio 12865).

171. Cfr. Declaración pericial de Daniel Hugo Martins rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso e informe escrito sobre dicho peritaje presentado el 4 de marzo de 2011 (expediente sobre el fondo y eventuales reparaciones, tomo III, folios 1273-1275). En este informe escrito el señor Martins explicó que los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo “entienden en toda materia contencioso-administrativa de reparación patrimonial en que sea demandado una persona pública estatal por los daños y perjuicios causados por un acto administrativo anulado por el T[ribunal de lo Contencioso Adminsitrativo] o revocado en vía administrativa por razones de ilegalidad o causados por hechos u omisiones de la administración, por actos legislativos o por actos jurisdiccionales”. Al respecto, en el proceso ante la Corte fueron aportadas, entre otras, sentencias que resuelven demandas planteadas ante tales Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo en las cuales los demandantes plantearon entre sus pretensiones que se les reconociera comprendidos en el artículo 31 de la Ley 17.613 (expediente de anexos a la contestación, tomos III a VII, anexo 27, folios 13562 a 15738). En sus alegatos ante la Corte Interamericana, ninguna de las partes hizo referencia específica a tales sentencias en relación con dicho extremo. El Estado solamente se refirió de forma más general y amplia a que ante la justicia ordinaria fueron interpuestas demandas contra el Banco Central del Uruguay, y que las sentencias firmes emitidas al respecto desestiman tales demandas por considerar que no se configuró la hipótesis de falta de servicio ni se demostró relación causal alguna entre el daño sufrido por los actores y los hechos, actos o eventuales omisiones de los demandados (escrito de contestación del Estado, párrs. 42-46).

172. Las presuntas víctimas que interpusieron acciones de nulidad son las siguientes: (1) Alzaradel, Rita; (2) Azparren, Ana Beatriz; (3) Barcarcel, Liliana; (4) Canabal Lema, Andrés; (5) Canabal, Andrea; (6) Castro Etchart, Gustavo; (7) Cavajani, Nícida; (8) Cavanna, José Luis; (9) Contin, Gianna; (10) Da Silva Gaibisso, Hugo; (11) Dendrinos Saquieres, Daniel; (12) García Milia, María Delia; (13) Gigli Rodríguez, María Ivelice; (14) Glaser, Marion; (15) Guerra, Martín; (16) Gutiérrez Galiana, Eduardo; (17) Horvath, Raúl; (18) Leroy, Jean; (19) Lijtenstein, Fabiana; (20) Lingeri Olsson, Manuel; (21) Lisbona Vásquez, Gabriel; (22) López Varela, José Jorge; (23) López, Alejandro Rogelio; (24) Neuschul, Franklin; (25) Neuschul, Thomas Máximo; (26) Perles, Gisela; (27) Pizza, Martha; (28) Rama Sienra, Leandro; (29) Rodríguez Lois, Marta; (30) Roure Casas, Pablo Raúl; (31) Roelsgaard Papke, Niels Peter; (32) Rubio Saquieres, Manuel; (33) Rubio Saquieres, Miguel Ángel; (34) Saiquieres Garrido, Nelly; (35) Schipani Élida; (36) Tabárez Corni, Tabaré; (37) Volyvovic, Clara, (38) Notaro Ángel, y (39) Bonifacino Alba. El Estado indicó en su contestación que la víctima Gladys Píriz Bustamente también había interpuesto una acción de nulidad. Sin embargo, el Tribunal ha constatado que dicha acción de nulidad no versa sobre una resolución del Banco Central emitida en el marco del artículo 31 de la Ley 17.613, sino que busca la revocatoria de la Resolución D/933/2002, dictada por el Directorio del Banco Central, conforme al artículo 14 de la Ley 17.613. Cfr. Sentencia No. 391 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de mayo de 2006 en autos caratulados “Piriz, Gladys con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 14861 a 14870). Adicionalmente, del acervo probatorio presentado, se desprende que las presuntas víctimas Ángel Notaro y Alba Bonifacino también interpusieron una acción de nulidad contra la resolución denegatoria de su petición bajo el artículo 31 (infra nota 262).

173. Cfr. Sentencia No. 580 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de octubre de 2007 en autos caratulados “Perrone, Alejandro y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 4, folios 31442 a 31450).

174. Según el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dichos requisitos consistían en: “1) ser ahorrista de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera; 2) cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones; 3) sin mediar su consentimiento”. sentencia No. 691 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2010 en autos caratulados “Clemata José y otros con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13876). Ver también, inter alia, sentencia No. 713 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados “Azparren, Ana con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13911); sentencia No. 487 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 23 de octubre de 2008 en autos caratulados “Castro, Gustavo con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folio 14600); sentencia No. 272 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 4 de junio de 2007 en autos caratulados “Notaro, Ángel y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VII, anexo 27, folios 16400 y 16401); sentencia No. 316 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Contín, Gianni y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folio 14475); sentencia No. 477 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 3 de septiembre de 2007 en autos caratulados “Perles, Gisela con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 14877); sentencia No. 16 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 5 de febrero de 2007 en autos caratulados “Neuschul, Franklin con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 14937); sentencia No. 306 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de junio de 2007 en autos caratulados “Lingeri, Manuel con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15053 y 15054), y sentencia No. 726 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de diciembre de 2007 en autos caratulados “Gutiérrez, Eduardo con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15150 y 15151).

175. Sentencia No. 659 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 4 de octubre de 2006 en autos caratulados “Alzaradel, Rita con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13971). Ver también, inter alia, sentencia No. 204 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 12 de junio de 2008 en autos caratulados “Leroy, Jean y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15088); sentencia No. 408 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de julio de 2007 en autos caratulados “Atijas, Vito y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15413), y sentencia No. 578 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de octubre de 2007 en autos caratulados “Guerra, Martín con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15188).

176. Cfr. Sentencia No. 578 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de octubre de 2007 en autos caratulados “Guerra, Martín con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15188).

177. Cfr. Sentencia No. 691 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2010 en autos caratulados “Clemata José y otros con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13881); sentencia No. 316 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Contín, Gianni y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folio 14476); sentencia No. 713 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados “Azparren, Ana con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13913); sentencia No. 316 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Contín, Gianni y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folio 14476); sentencia No. 306 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de junio de 2007 en autos caratulados “Lingeri, Manuel con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15054), y sentencia No. 317 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de mayo de 2010 en autos caratulados “Roelsgaard, Niels y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folio 15615).

178. Cfr. Sentencia No. 719 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados “Horvath, Raúl con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15126); sentencia No. 691 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2010 en autos caratulados “Clemata José y otros con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13881); sentencia No. 713 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados “Azparren, Ana con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13913); sentencia No. 316 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Contín, Gianni y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folio 14477), y sentencia No. 719 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados “Horvath, Raúl con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15126).

179. Cfr. Sentencia No. 691 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2010 en autos caratulados “Clemata José y otros con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13883 y 13884); sentencia No. 713 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados “Azparren, Ana con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13916); sentencia No. 316 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Contín, Gianni y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folio 14479); sentencia No. 306 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de junio de 2007 en autos caratulados “Lingeri, Manuel con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15058), y sentencia No. 726 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de diciembre de 2007 en autos caratulados “Gutiérrez, Eduardo con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15155).

180. Cfr. Sentencia No. 713 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados “Azparren, Ana con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13912 y 13914); sentencia No. 487 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 23 de octubre de 2008 en autos caratulados “Castro, Gustavo con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folio 14601); sentencia No. 828 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de diciembre de 2006 en autos caratulados “Lijtenstein, Fabiana y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15068); sentencia No. 204 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 12 de junio de 2008 en autos caratulados “Leroy, Jean y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad”: (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15087 y 15088); sentencia No. 315 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Gigli, María con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15196 y 15197); sentencia No. 435 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 22 de agosto de 2007 en autos caratulados “Rama, Leandro con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15204); sentencia No. 272 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 4 de junio de 2007 en autos caratulados “Notaro, Ángel y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VII, anexo 27, folio 16401); sentencia No. 691 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2010 en autos caratulados “Clemata José y otros con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13878 y 13882); sentencia No. 138 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 8 de mayo de 2008 en autos caratulados “Dendrinos, Daniel con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folio 14373), y sentencia No. 306 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de junio de 2007 en autos caratulados “Lingeri, Manuel con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15055).

181. Cfr. Sentencia No. 713 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados “Azparren, Ana con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13913); sentencia No. 315 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Gigli, María con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15197); sentencia No. 435 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 22 de agosto de 2007 en autos caratulados “Rama, Leandro con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15204 y 15205); sentencia No. 408 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de julio de 2007 en autos caratulados “Atijas, Vito y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15412 y 15413); sentencia No. 314 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Roure, Pablo con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folio 15607); sentencia No. 292 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 6 de junio de 2007 en autos caratulados “Rodríguez, Marta con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folio 15628); sentencia No. 272 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 4 de junio de 2007 en autos caratulados “Notaro, Ángel y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VII, anexo 27, folio 16402); sentencia No. 691 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2010 en autos caratulados “Clemata José y otros con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13878 y 13879); sentencia No. 306 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de junio de 2007 en autos caratulados “Lingeri, Manuel con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15055), y sentencia No. 726 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de diciembre de 2007 en autos caratulados “Gutiérrez, Eduardo con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15152).

182. Cfr. Sentencia No. 314 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Roure, Pablo con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folio 15607); sentencia No. 292 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 6 de junio de 2007 en autos caratulados “Rodríguez, Marta con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15627 y 15628); sentencia No. 272 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 4 de junio de 2007 en autos caratulados “Notaro, Ángel y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VII, anexo 27, folio 16402); sentencia No. 691 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2010 en autos caratulados “Clemata José y otros con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13882); sentencia No. 316 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Contín, Gianni y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folio 14477); sentencia No. 719 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados “Horvath, Raúl con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15127), y sentencia No. 726 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de diciembre de 2007 en autos caratulados “Gutiérrez, Eduardo con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15152).

183. Dichos casos se encuentran en el expediente de anexos a la contestación, tomos III a VII, anexo 27, y corresponden a las siguientes presuntas víctimas: (1) Alejandro Fontana, Magali Báez Carballido, Néstor Báez Porcile, en autos caratulados “Colegio y Liceo Pallotti (Padre Alejandro Fontana) y otros c/ Banco de Montevideo S.A. en liquidación y otros - Otros Procesos- Cobro de Pesos más Daños y Perjuicios”. Ficha No. 2-32639/2005”. Sentencia No. 34 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 24 de septiembre de 2007 (folios 13887 a 13906); (2) Liliana Barcarcel, en autos caratulados “Oteiza Juan José y otros c/ Banco de Montevideo S.A. y otros - Cobro de Pesos- Daños y Perjuicios”. Ficha No. 21/417/2003”. Sentencia No. 45 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 11 de diciembre de 2007 y sentencia No. 12 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7o Turno de 13 de febrero de 2009 (folios 13808 a 13863); (3) Juan José Bocchi Paladino, en autos caratulados “Bocchi Paladino, Juan y otro c/Banco de Montevideo y otros - Daños y Perjuicios”. Ficha No. 40/190/2003. Sentencia No. 7 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 7 de abril de 2008 y sentencia No. 58 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno de 20 de marzo de 2009 (folios 13687 a 13709); (4) Enrique Colombo Pampin, Zulma Pérez Bogao, en autos caratulados “Blanc Sellares, José Osvaldo y otros c/Banco de Montevideo y otros - Otros Procesos”. Ficha No. 2-14605/2006. Sentencia No. 9 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 2o Turno de 21 de julio de 2008 y sentencia No. 108 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5o Turno de 21 de septiembre de 2009 (folios 14167 a 14199); (5) Beatriz Di Carlo, Daniel Bellesi y Carlos Mazzuchi, en autos caratulados “Di Carlo Beatriz y otros c/Banco de Montevideo FRPB y otros - Acciones Sociales de Responsabilidad”. Ficha No. 2-16145/2006. Sentencia No. 13 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 21 de julio de 2008 y sentencia No. 108 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 29 de abril de 2009 (folios 13747 a 14767); (6) María Abal Gemelli, Mario Abal Bordachar, en autos caratulados “Abal Bordachar, Mario y otros c/Banco de Montevideo S.A. (en liquidación) y otro - Cumplimiento de Contrato. Daños y Perjuicios”. Ficha No. 2-25766/2006. Sentencia No. 28 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Turno de 6 de octubre de 2008 y sentencia No. 100 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Turno de 2 de septiembre de 2009 (folios 14106 a 14129); (7) Elina Braceras y Rafael Braceras en autos caratulados “Braceras Lussich, Elina y otros c/Banco de Montevideo en liquidación y otros - Otros Procesos”. Ficha No. 2-25767/2006. Sentencia No. 22 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 2 de diciembre de 2008 y sentencia No. 169 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 26 de mayo de 2010 (folios 13563 a 13604); (8) María del Huerto Breccia y Carlos La Cava, en autos caratulados “Breccia, María del Huerto y otros c/Banco de Montevideo S.A. (en liquidación) y otros - Otros Procesos- Cumplimiento de Contrato más Daños y Perjuicios”. Ficha No. 2-25768/2006. Sentencia No. 42 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 2o Turno de 23 de diciembre de 2008, sentencia No. 3 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 10 de febrero de 2010 y sentencia No. 1299 de la Suprema Corte de Justicia de 2 de mayo de 2011 (folios 14130 a 14166 y expediente de fondo, tomo V, folios 1722 a 1726); (9) Juan José Baraza, Verónica Baril Korgan, Adolfo Batista, Esteban Bentancour, Bernardo Erramun, Julio Vinnotti, Raúl Horvath y Gerardo Ariano, en autos caratulados “Buenaventura Sotelo, Rubén y otros c/Banco de Montevideo S.A. en liquidación y otros - Daños y Perjuicios”. Ficha No. 2-22807/2006. Sentencia No. 17 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 2o Turno de 4 de noviembre de 2009 y sentencia No. 304 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno de 21 de octubre de 2010 (folios 13919 a 13964); (10) Gustavo Bertolini, Lita Bigoni Baccani, Hugo Da Silva Gaibisso, Bernardo Erramun, Nelson González, Horacio Parodi, Carlos Pascual Knaibl, Claudia Rovira Aparicio y Lilián Elena Schettini, en autos caratulados “Sarubbi Rampoldi, Juan Nelson y otros c/Banco de Montevideo S.A. y otros - Medidas Preparatorias, Cobro de Pesos”. Ficha No. 3-229/2003. Sentencia No. 2 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5 de febrero de 2010 (folios 13711 a 13746); (11) Gustavo Barreiro y José Barreiro en autos caratulados “Barreiro Díaz Jorge Walter y otros c/Banco de Montevideo S.A. en liquidación y otros - Cobro de Pesos y Daños y Perjuicios”. Ficha No. 2-26754/2006. Sentencia No. 10 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 30 de julio de 2010 (folios 13788 a 13806); (12) Gabriel Sorensen, Saúl Issac Acher, Graciela Aleman, Alfonso Amoroso, Nelson Botto, Helga Buseck Ehrlich, Fernando Caballero Lehite, José Antonio Etchart, Gerardo Garland, Bazzano, Mario González, María Lerma Tejería, Hilda Méndez Fernández, Leonardo Merletti, Alba Moreno Pardie, Elbio Poggio Odella, Laura Quintana Andreoli, Anabela Quintero, Pablo Rivas, Daniel Rodríguez, Alejandro Szasz, Susana Szasz y Verónica Villa, en autos caratulados “Sorensen Sarute, Gabriel y otros c/Banco de Montevideo S.A. (en liquidación) y otros - Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica”. Ficha No. 2-24344/2006. Sentencia No. 13 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 2o Turno de 2 de septiembre de 2010 (folios 14028 a 14060); (13) Alba Fernández, en autos caratulados Fernández Alba y otros c/ Banco de Montevideo S.A. y otros. Cobro de Pesos. Daños y Perjuicios”. Ficha 2-12593/2006, Sentencia No. 2 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 9 de febrero de 2010 (folios 14226 a 14239); (14) Maria Rosa Luzardo y Nilda Díaz Santana, en autos caratulados “Zafi, Ma. Rosa y otros c/Banco de Montevideo S.A. en liquidación y otros -Daños y Perjuicios”. Ficha No. 2-25200/2006. Sentencia No. 12 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 6 de agosto de 2010 (folios 14351 a 14367); (15) Luis Julio Demicheri y Alvaro Julio Demicheri, en autos caratulados “Demicheri, Luis Julio y Alvaro Julio c/Banco de Montevideo S.A. y B.C.U. - Cobro de Pesos. Daños y Perjuicios". Ficha No. 41- 172/2003. Sentencia No. 9 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 2o Turno de 11 de junio de 2007 y sentencia No. 110 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno de 23 de mayo de 2008 (folios 14376 a 14400); (16) José Luis Cavanna, en autos caratulados “Cavvana José y otra c/ Banco de Montevideo y otros - Daños y Perjuicios. Acción Pauliana". Ficha No. 41-542/2004. Sentencia No. 42 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 12o Turno de 8 de septiembre de 2008 y sentencia No. 284 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno de 24 de septiembre de 2010 (folios 14515 a 14583); (17) Nicida Cavajani, en autos caratulados “Cavajani Nicida y otros c/Banco de Montevideo y otros -Daños y Perjuicios". Ficha No. 30-490/2002. Sentencia No. 39 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6o Turno de 14 de agosto de 2009 (folios 14585 a 14596); (18) Gabriel Castellano, en autos caratulados “Castellano Gabriela y otra c/Banco de Montevideo en liquidación y otros -Daños y Perjuicios". Ficha No. 2-695/2005. Sentencia No. 14 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 19 de abril de 2007 y sentencia No. 51 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1o Turno de 26 de marzo de 2008 (folios 14603 a 14636); (19) Teresa Caligaris, en autos caratulados “Caligaris Rocha Teresa Silka c/Banco de Montevideo S.A. -Banco Central del Uruguay - Medida Cautelar Daños y perjuicios". Ficha No. 41-154/2003. Sentencia No. 8 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 2o Turno de 7 de junio de 2007 y sentencia No. 157 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7o Turno de 6 de agosto de 2008 (folios 14727 a 14757); (20) Julia Elvira Fiori Esteche y Carla Gramática, en autos caratulados “Fiori Esteche Julia Elvira y otros c/Banco de Montevideo S.A. (en liquidación) y otros - Cobro de Pesos". Ficha No. 2-49969/2005. Sentencia No. 33 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 2o Turno de 29 de octubre de 2008 y sentencia No. 192 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 9 de junio de 2010 (folios 14758 a 14790); (21) Martha Pizza, en autos caratulados “Pizza Nogueira Martha c/Banco de Montevideo S.A. y otros -Daños y Perjuicios". Ficha No. 32-371/2003. Sentencia No. 4 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 12 de marzo de 2008 y sentencia No. 279 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7o Turno de 5 de diciembre de 2008 (folios 14817 a 14860); (22) Probo Pereira Da Silva, en autos caratulados “Pereira Da Silva Probo c/Banco de Montevideo S.A. (en liquidación) y otros -Reintegro de Dinero. Daños y Perjuicios". Ficha No. 2-60855/2004. Sentencia No. 17 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 2o Turno de 1 de septiembre de 2008 y sentencia No. 178 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4o Turno de 22 de julio de 2009 (folios 14883 a 14909); (23) Jose Magni, en autos caratulados “Magni José c/ BM Fondos AFISA -Daños y Perjuicios". Ficha No. 133-573/2004. Sentencia No. 52 del Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 21o Turno de 30 de septiembre de 2004 y sentencia No. 102 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 13o Turno de 12 de diciembre de 2005 (folios 15012 a 15030); (24) Fabiana Lijtenstein, en autos caratulados “Lijtenstein Jasinski Fabiana c/Banco de Montevideo S.A. (en liquidación) y otros -Cobro de Pesos y Daños y Perjuicios". Ficha No. 2-26975/2006. Sentencia No. 4 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno y sentencia No. 215 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4o Turno de 29 de septiembre de 2010 (folios 15070 a 15082); (25) Carlos Leite, en autos caratulados “Leite Rivero Carlos c/ Banco de Montevideo (en liq) y otros -Cumplimiento de Contrato. Daños y Perjuicios". Ficha No. 2-25764/2006. Sentencia No. 1 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 9 de marzo de 2009 y sentencia No. 89 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno de 13 de abril de 2010 (folios 15091 a 15119); (26) Leonardo Viera, en autos caratulados “Viera López, Leonardo Marcel c/ Trade Commerce Bank y otros. Cobro de pesos por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios". Ficha No. 2-31144/2006. Sentencia No. 9 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 9 de abril de 2007 y sentencia No. 4 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5o Turno de 5 de marzo de 2008 (folios 15417 a 15438); (27) Baltasar Sánchez Labrador, en autos caratulados “Labrador Puñal Dorinda y otros c/ Banco de Montevideo y otros. Cobro de Pesos y Daños y Perjuicios". Ficha No. 40-187/2003. Sentencia No. 17 del Juzgado Letrado de Concurso de 1o Turno de 31 de mayo de 2007. Sentencia No. 66 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5o Turno de 4 de junio de 2008 (folios 15579 a 15602); (28) María Mercedes Supervielle Casaravilla, en autos caratulados “Supervielle Ma. Mercedes c/ Banco de Montevideo y otros. Daños y Perjuicios". Ficha No. 2-25759/2006. Sentencia No. 20 del Juzgado del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 20 de noviembre de 2008 y sentencia No. 168 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 26 de mayo de 2010 (folios 15439 a 15480); (29) Marta Rodríguez Lois, en autos caratulados “Rodríguez Lois, Marta Beatriz c/ Banco de Montevideo en liquidación y otros. Daños y Perjuicios". Ficha No. 2-26958/2006. Sentencia No. 19 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 8 de octubre de 2008 (folios 15631 a 15646); (30) Carlos Scherschener, en autos caratulados “Scherschener, Carlos y otros c/ Banco de Montevideo S.A. en liquidación y otros. Otros Procesos Cobro de Pesos y Daños y Perjuicios, Enriquecimiento Injusto y Abuso de Derecho, Declaración de Conjunto Económico, Disregard, Declaración de Solidaridad". Ficha No. 2-18880/2006. Sentencia No. 12 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 2o Turno de 20 de agosto de 2009 y sentencia No. 102 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 21 de abril de 2010 (folios 15517 a 15578); (31) Nelson Espasandín, Pablo Espasandín Villas Boas y Ana Laura Espasandín Villas Boas, en autos caratulados “Espasandin Alvarez, Nelson Adriano y otros c/ Banco Central del Uruguay y otros. Acto". Ficha No. 2-41576/2004. Sentencia No. 53 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2o Turno de 5 de noviembre de 2008 (folios 14259 a 14299); (32) Eduardo Manuel Díaz Vidal, Eduardo Díaz Cabana y Lola Varela, en autos caratulados “Díaz Eduardo y otros c/ Trade and Comerse Bank y otros" Medida Cautelar". Ficha 110-4/2003. Sentencia No. 49 del Juzgado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 2o Turno de 10 de mayo

de 2004 y sentencia No. 139 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno de de 5 de junio de 2006 (folios 14337 a 14343), y (33) Roberto Alonso, María Soledad Arieta Apesteguy, Walter Bara, Ignacio Barquín, Raúl Bergamino, Amilcar Bergara Avila, Mauro Bolla, Fernando Bonilla, Blanca Casella, Gonzalo Castagna, Ramón W Cotelo, Aldo D'Amico, Miguel Etchevarne, Oscar Everett, María Raquel Fabro, Raúl Favrin, Marta Flocken, Marta Gil, Alfredo González Rodríguez, Antonio Guimaraens, Yoko Hachiuma Yoshida, Carlos Iglesias, Sergio Iglesias, Minas Alberto Kahiaian Kevorkian, Alberto Ledoux, José Raúl Lorenzo, Beatriz Manaro, Ana María Martínez, Cristina Panella Castro, Vito Pascaretta, Atahualpa Pérez Rodríguez, Walter Pérez Soto, María Jesús Real de Azúa, Rodolfo Schaich, Nicolás Sosa, Gustavo Vázquez, Mirta Elena Zanandrea, en autos caratulados “Iglesias, Sergio y otros c/Banco Central del Uruguay. Responsabilidad por omisión”. Ficha No. 110-258/2002. Sentencia No. 81 del Juzgado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 2o Turno de 28 de septiembre de 2006, sentencia No. 235 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7o Turno de 10 de octubre de 2007 y sentencia No. 869 de la Suprema Corte de Justicia de 15 de diciembre de 2008 (folios 15679 a 15697). Adicionalmente, interpusieron demandas en contra del Banco de Montevideo, Paulina Isabel Adrién, Jorgelina Rial Merola, Vivián Barretto, Marcela da Pena, Jose Ángel Pastorino, Nelson Bocchi Paladino, Jorge Marenales Escrich y Eduardo Gutiérrez Galiana, cuyos casos y decisiones judiciales se detallan en la nota infra. El Estado indicó en el anexo 5 de sus alegatos finales escritos que las presuntas víctimas Marion Glaser, María Delia García Milia, Jean Leroy, Maria Cristina Abellá Demarco, José Corredoira, Eduardo Durán, Niels Peter Roelsgaard Papke y Perla Kogan también iniciaron procesos en la jurisdicción ordinaria contra el Banco de Montevideo, los cuales se encontraban clausurados. Sin embargo, dichas sentencias no fueron aportadas al Tribunal. Igualmente, en el referido anexo 5 y en el anexo 26 de la contestación el Estado señaló otras demandas judiciales iniciadas por distintas presuntas víctimas en contra del Banco de Montevideo, las cuales no se encuentran “clausuradas”, y respecto de las cuales el Tribunal no cuenta con información sobre su estado de tramitación. Asimismo, además de las sentencias previamente citadas, fueron aportadas a este Tribunal decisiones correspondientes a demandas iniciadas por las presuntas víctimas ante la jurisdicción ordinaria en contra del Banco Central del Uruguay por una alegada “falta de servicio”. Al respecto, la Corte recuerda que no forman parte del marco fáctico del presente caso, lo relativo a “la fiscalización, supervisión y control de las entidades financieras en el Uruguay” por parte del Banco Central ni la “la conducción económica del Uruguay a la hora de enfrentar la crisis” bancaria del 2002 (supra párr. 39 y 41). Por tanto, el Tribunal no tomará en cuenta dichas decisiones en tanto se refieran a la alegada responsabilidad del Banco Central por los alegados motivos.

184. Dichos casos se encuentran en el expediente de anexos a la contestación, tomos III a VII, anexo 27, y corresponden a las siguientes presuntas víctimas: (1) Paulina Isabel Adrién, en autos caratulados “Adrien Clavijo Paulina c/Banco de Montevideo en liquidación y otro - Cobro de Peses - Daños y perjuicios". Ficha No. 2- 59458/2005. Sentencia No. 15 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 24 de abril de 2007, sentencia No. 92 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 16 de abril de 2008 y sentencia No. 275 de la Suprema Corte de Justicia de 26 de junio de 2009 (folios 13973 a 14027); (2) Jorgelina Rial Merola, en autos caratulados “Rial Merola, Jorgelina c/ Banco de Montevideo y otros - Cumplimiento de Contrato" Ficha No. 40-226/2003. Sentencia No. 6 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 22 de marzo de 2007, sentencia No. 23 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5o Turno de 12 de marzo de 2008 y sentencia No. 138 de la Suprema Corte de Justicia de 29 de mayo de 2009 (folios 15289 a 15363); (3) Vivián Barretto, en autos caratulados “Grudzien Burstyn y otros c/Banco de Montevideo y otros - otros procesos" Ficha No. 25-551/2002. Sentencia No. 38 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 18 de octubre de 2006 y sentencia No. 154 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Quinto Turno de 6 de diciembre de 2007 (folio 13768 a 13786); (4) Marcela da Pena, en autos caratulados “Da Pena Marcela Adriana c/Banco de Montevideo en liquidación y otros - daños y perjuicios". Ficha No. 2-22368/2006. Sentencia No. 21 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 24 de noviembre de 2008 y sentencia No. 61 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 25 de marzo de 2010 (folios 14444 a 14468); (5) José Ángel Pastorino, en autos caratulados “Pastorino, José Ángel c/ Banco de Montevideo S.A. y otros - Cobro de pesos - Daños y perjuicios". Ficha No. 40-149/2003. Sentencia No. 48 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 31 de octubre de 2005 y sentencia No. 118 del Tribunal de Apelaciones de 2o Turno de 2 de mayo de 2007 (folios 14910 a 14931); (6) Nelson Bocchi Paladino y Juan José Bocchi Paladino, en autos caratulados “Bocchi Paladino, Nelson y otros c/Banco de Montevideo S.A. y otros - Medidas Preparatorias". Ficha No. 22-458/2002. Sentencia No. 12 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 2o Turno de 13 de marzo de 2009 (folios 13655 a 13686); (7) Jorge Marenales Escrich, en autos caratulados “Marenales Escrich, Jorge y otros c/ Banco de Montevideo S.A. (en liquidación) y otros - otros procesos". Ficha No. 2-3004/2006. Sentencia No. 8 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 2o Turno de 30 de junio de 2009 y sentencia No. 138 del Tribunal de Apelaciones Civil de 6o Turno de 16 de julio de 2010 (folios 14964 a 15011); (8) Eduardo Gutiérrez Galiana, en autos caratulados “Menéndez Ana María y otros c/ Banco de Montevideo S.A. y otros - Daños y Perjuicios". Ficha No. 40/159/2003. Sentencia No. 14 del Juzgado Letrado de Concursos de 1o Turno de 26 de agosto de 2010 (folios 15158 a 15181); (9) Marion Glaser, y (10) María Delia García Milia y Jean Leroy. El Estado indicó en el anexo 5 de sus alegatos finales escritos que en los casos ante la justicia ordinaria iniciados por las presuntas víctimas Marion Glaser, María Delia García Milia y Jean Leroy se condenó al Banco de Montevideo y se encontraban firmes. No obstante, dichas sentencias no fueron aportadas al Tribunal.

185. De acuerdo al Estado, se encuentran “firmes” o “clausurados” los casos de las siguientes presuntas víctimas: (1) Nelson Bocchi Paladino y Juan José Paladino; (2) Marión Glaser; (3) Paulina Adrien Clavijo; (4) Jorge Marenales Escrich; (5) María Delia García Milia y Jean Leroy; (6) Marcela da Pena; (7) José Ángel Pastorino; (8) Jorgelina Rial Merola; (9) Vivián Barretto. Cfr. Lista de “Juicios en que Banco de Montevideo SA (en liquidación) ha sido condenado por sentencia ejecutoriada a pagar a adquirentes de participaciones en certificados de depósito emitidos por TCB Islas Caymán o valores de otras empresas del Grupo” (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 5, folios 31452 a 31453), y cuadro de juicios promovidos contra el Banco de Montevideo por inversores en TCB que se encuentran clausurados (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo II, anexo 5, folio 31454).

186. Cfr. inter alia, autos caratulados “Bocchi Paladino, Nelson y otros c/Banco de Montevideo S.A. y otros - Medidas Preparatorias”. Ficha No. 22-458/2002. Sentencia No. 12 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de 13 de marzo de 2009 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13655 a 13686), y autos caratulados “Cavanna, José y otra c/ Banco de Montevideo y otros - Daños y Perjuicios” Ficha No. 7-325/2003, acumulado a autos caratulados “Cavanna, José y otra c/ Nuevo Banco Comercial y otros - Daños y Perjuicios. Acción Pauliana” Ficha No. 41-542/2004. Sentencia No. 42 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil del 12o Turno de 8 de septiembre de 2008 y sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno de 24 de septiembre de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folios 14515 a 14584).

187. La Corte advierte que el Estado aportó la sentencia del caso de la víctima Fabiana Lijtenstein de forma incompleta por lo cual, aún cuando se observa que se alegó un vicio de consentimiento, no se puede confirmar que el respectivo juzgado lo hubiera analizado. Cfr. Autos caratulados “Lijtenstein Jasinski, Fabiana y otros c/ Banco de Montevideo S.A. en liquidación y otros. Cobro de Pesos y Daños y Perjuicios”. Ficha No. 2-26975/2006. Sentencia No. 12 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 6 de agosto de 2010 y sentencia No. 215 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4o Turno de 1 de octubre de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15031 a 15082). Igualmente, la Corte nota que en el caso de Nelson Espasandín Álvarez se alegó un vicio de consentimiento, lo cual no fue analizado debido a que los únicos demandados eran el Banco Central del Uruguay y el Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario del Banco de Montevideo, ninguno de los cuales podía ser considerado responsable por la pérdida de los fondos. Con respecto al Banco Central por falta de “nexo causal entre el actuar de la Administración y el perjuicio sufrido” y con respecto al Fondo de Recuperación Bancario por “falta de legitimación pasiva”, debido a que no gozaba de personalidad jurídica. Cfr. “Espasandín Álvarez, Nelson Adriano y otros c/ Banco Central del Uruguay y otros. Acto”. Ficha No. 2- 41576/2004. Sentencia No. 53 del Juzgado Letrado de lo contencioso Administrativo de 2o Turno de 5 de noviembre de 2008 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 14259 a 14299).

188. Cfr. inter alia, autos caratulados “Bocchi Paladino, Nelson y otros c/Banco de Montevideo S.A. y otros - Medidas Preparatorias”. Ficha No. 22-458/2002. Sentencia No. 12 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de 13 de marzo de 2009 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13655 a 13686); autos caratulados “Da Pena Marcela Adriana c/Banco de Montevideo en liquidación y otros - daños y perjuicios”. Ficha No. 2-22368/2006. Sentencia No. 21 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 24 de noviembre de 2008 y Sentencia No. 61 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 25 de marzo de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 14444 a 14468); autos caratulados “Rial Merola, Jorgelina c/ Banco de Montevideo y otros - Cumplimiento de Contrato” Ficha No. 40-226/2003. Sentencia No. 6 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 22 de marzo de 2007, Sentencia No. 23 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5o Turno de 12 de marzo de 2008 y Sentencia No. 138 de la Suprema Corte de Justicia de 29 de mayo de 2009 (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15289 a 15363); autos caratulados “Menéndez Ana María y otros c/ Banco de Montevideo S.A. y otros - Daños y Perjuicios". Ficha No. 40/159/2003. Sentencia No. 14 del juzgado Letrado de Concursos de 1o Turno de 26 de agosto de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15176), y autos caratulados “Adrien Clavijo Paulina c/Banco de Montevideo en liquidación y otro - Cobro de Peses - Daños y perjuicios". Ficha No. 2-59458/2005. Sentencia No. 15 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 24 de abril de 2007. Sentencia No. 92 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 16 de abril de 2008 y Sentencia No. 275 de la Suprema Corte de Justicia de 26 de junio de 2009 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13973 a 14027).

189. Cfr. autos caratulados “Pastorino, José Ángel con Banco de Montevideo S.A. y otros - Cobro de pesos - Daños y perjuicios". Ficha No. 40-149/2003. Sentencia No. 48 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 31 de octubre de 2005 y sentencia No. 118 del Tribunal de Apelaciones de 2o Turno de 2 de mayo de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, folios 14910 a 14931); autos caratulados “Rial Merola, Jorgelina c/ Banco de Montevideo y otros - Cumplimiento de Contrato" Ficha No. 40-226/2003. Sentencia No. 6 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 22 de marzo de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15289 a 15363). En el caso de Jorgelina Rial, aún cuando el Tribunal de Apelaciones respectivo mantuvo la condena contra el Banco de Montevideo (aunque la redujo) utilizó fundamentos “parcialmente distintos" pues consideró que la responsabilidad del Banco de Montevideo se derivaba del incumplimiento de su deber de informar como comisionista. La Suprema Corte de Justicia coincidió en esta apreciación del Tribunal de Apelaciones e inclusive expresamente indicó que “que no p[odía] compartirse la existencia de inducción en error". Autos caratulados “Rial Merola, Jorgelina c/ Banco de Montevideo y otros - Cumplimiento de Contrato" Ficha No. 40-226/2003. Sentencia No. 23 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5o Turno de 12 de marzo de 2008 y sentencia No. 138 de la Suprema Corte de Justicia de 29 de mayo de 2009 (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15339 a 15363). Ver también: autos caratulados “Adrien Clavijo Paulina c/Banco de Montevideo en liquidación y otro - Cobro de Peses - Daños y perjuicios". Ficha No. 2-59458/2005. Sentencia No. 15 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 24 de abril de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13973 a 14027). En este último caso, el Tribunal de Apelaciones respectivo expresamente estableció que debido a que se había declarado el incumplimiento del deber de informar por parte del Banco de Montevideo, y su consecuente obligación de reparar, “se reputa[ba] innecesario proceder al análisis sobre la nulidad por dolo del contrato". Autos caratulados “Adrien Clavijo Paulina c/Banco de Montevideo en liquidación y otro - Cobro de Peses - Daños y perjuicios". Ficha No. 2-59458/2005. Sentencia No. 92 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 16 de abril de 2008 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 14009).

190. Autos caratulados “Adrien Clavijo Paulina c/Banco de Montevideo en liquidación y otro - Cobro de Peses - Daños y perjuicios". Ficha No. 2-59458/2005. Sentencia No. 15 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 24 de abril de 2007 y sentencia No. 92 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 16 de abril de 2008 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13991 y 13992 a 14027); autos caratulados “Pastorino, José Ángel con Banco de Montevideo S.A. y otros - Cobro de pesos - Daños y perjuicios". Ficha No. 40-149/2003. Sentencia No. 48 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 31 de octubre de 2005 y sentencia No. 118 del Tribunal de Apelaciones de 2o Turno de 2 de mayo de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, folios 14910 a 14963), y autos caratulados “Rial Merola, Jorgelina c/ Banco de Montevideo y otros - Cumplimiento de Contrato" Ficha No. 40-226/2003. Sentencia No. 6 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 22 de marzo de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15289 a 15363).

191. Autos caratulados “Pastorino, José Ángel con Banco de Montevideo S.A. y otros - Cobro de pesos - Daños y perjuicios”. Ficha No. 40-149/2003. Sentencia No. 48 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 31 de octubre de 2005 y sentencia No. 118 del Tribunal de Apelaciones de 2o Turno de 2 de mayo de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, folios 14917 y 14928), y autos caratulados “Rial Merola, Jorgelina c/ Banco de Montevideo y otros - Cumplimiento de Contrato” Ficha No. 40-226/2003. Sentencia No. 6 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 22 de marzo de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folio 15309).

192. Autos caratulados “Adrien Clavijo Paulina c/Banco de Montevideo en liquidación y otro - Cobro de Peses - Daños y perjuicios”. Ficha No. 2-59458/2005. Sentencia No. 15 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 24 de abril de 2007 y sentencia No. 275 de la Suprema Corte de Justicia de 26 de junio de 2009 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 14007).

193. Cfr. Autos caratulados “Pastorino, José Ángel con Banco de Montevideo S.A. y otros - Cobro de pesos - Daños y perjuicios”. Ficha No. 40-149/2003. Sentencia No. 48 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 31 de octubre de 2005 y sentencia No. 118 del Tribunal de Apelaciones de 2o Turno de 2 de mayo de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, folios 14910 a 14931); autos caratulados “Bocchi Paladino, Nelson y otros c/Banco de Montevideo S.A. y otros - Medidas Preparatorias”. Ficha No. 22- 458/2002. Sentencia No. 12 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de 13 de marzo de 2009 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13655 a 13686); autos caratulados “Rial Merola, Jorgelina c/ Banco de Montevideo y otros - Cumplimiento de Contrato” Ficha No. 40-226/2003. Sentencia No. 23 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5o Turno de 12 de marzo de 2008 y sentencia No. 138 de la Suprema Corte de Justicia de 29 de mayo de 2009 (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15289 a 15363); autos caratulados “Marenales Escrich, Jorge y otros c/ Banco de Montevideo S.A. (en liquidación) y otros - otros procesos”. Ficha No. 2-3004/2006. Sentencia No. 138 del Tribunal de Apelaciones Civil de 6o Turno de 16 de julio de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15002 a 15011), y autos caratulados “Menéndez Ana María y otros c/ Banco de Montevideo S.A. y otros - Daños y Perjuicios”. Ficha No. 40/159/2003. Sentencia No. 14 del juzgado Letrado de Concursos de 1o Turno de 26 de agosto de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15176).

194. Autos caratulados “Menéndez Ana María y otros c/ Banco de Montevideo S.A. y otros - Daños y Perjuicios”. Ficha No. 40/159/2003. Sentencia No. 14 del juzgado Letrado de Concursos de 1o Turno de 26 de agosto de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15176).

195. Cfr. autos caratulados “Marenales Escrich, Jorge y otros c/ Banco de Montevideo S.A. (en liquidación) y otros - otros procesos”. Ficha No. 2-3004/2006. Sentencia No. 138 del Tribunal de Apelaciones Civil de 6o Turno de 16 de julio de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15002 a 15011); autos caratulados “Rial Merola, Jorgelina c/ Banco de Montevideo y otros - Cumplimiento de Contrato” Ficha No. 40- 226/2003. Sentencia No. 23 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5o Turno de 12 de marzo de 2008 y sentencia No. 138 de la Suprema Corte de Justicia de 29 de mayo de 2009 (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15337 a 15363).

196. Autos caratulados “Adrien Clavijo Paulina c/Banco de Montevideo en liquidación y otro - Cobro de Peses - Daños y perjuicios”. Ficha No. 2-59458/2005. Sentencia No. 92 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 16 de abril de 2008 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13991 y 13992 a 14027).

197. Autos caratulados “Rial Merola, Jorgelina c/ Banco de Montevideo y otros - Cumplimiento de Contrato" Ficha No. 40-226/2003. Sentencia No. 138 de la Suprema Corte de Justicia de 29 de mayo de 2009 (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folio 15355).

198. Autos caratulados “Grudzien Burstyn y otros c/Banco de Montevideo y otros - otros procesos" Ficha No. 25-551/2002. Sentencia No. 38 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 18 de octubre de 2006 y sentencia No. 154 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Quinto Turno de 6 de diciembre de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13768 a 13654); autos caratulados “Da Pena Marcela Adriana c/Banco de Montevideo en liquidación y otros - daños y perjuicios". Ficha No. 2-22368/2006. Sentencia No. 21 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 24 de noviembre de 2008 y sentencia No. 61 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 25 de marzo de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 14444 a 14468), y autos caratulados “Pastorino, José Ángel c/ Banco de Montevideo S.A. y otros - Cobro de pesos - Daños y perjuicios". Ficha No. 40-149/2003. Sentencia No. 48 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 31 de octubre de 2005 y sentencia No. 118 del Tribunal de Apelaciones de 2o Turno de 2 de mayo de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 14910 a 14931).

199. Autos caratulados “Grudzien Burstyn y otros c/Banco de Montevideo y otros - otros procesos" Ficha No. 25-551/2002. Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Quinto Turno de 6 de diciembre de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13782).

200. Al respecto, el respectivo Tribunal de Apelaciones aclaró que “esas autorizaciones concretas pueden ser tanto escritas como verbales, pero generalmente, si involucran movimientos de volúmenes relevantes de fondos, en algún momento son instrumentadas por escrito. Pero lo que no se considera habitual es que toda operación, en cualquier caso, se realice en base a autorizaciones verbales, genéricas o específicas, sin que exista contrato de comisión escrito, porque ninguna entidad bancaria se arriesga, con cualesquiera clientes, a ese modo de proceder como habitual". Autos caratulados “Grudzien Burstyn y otros c/Banco de Montevideo y otros - otros procesos" Ficha No. 25-551/2002. Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Quinto Turno de 6 de diciembre de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13782).

201. Cfr. Autos caratulados “Grudzien Burstyn y otros c/Banco de Montevideo y otros - otros procesos" Ficha No. 25-551/2002. Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Quinto Turno de 6 de diciembre de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13780 a 13786).

202. Cfr. inter alia Autos caratulados “Adrien Clavijo Paulina c/Banco de Montevideo en liquidación y otro - Cobro de Peses - Daños y perjuicios". Ficha No. 2-59458/2005. Sentencia No. 15 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 24 de abril de 2007, sentencia No. 92 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 16 de abril de 2008 y sentencia No. 275 de la Suprema Corte de Justicia de 26 de junio de 2009 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13973 a 14027); autos caratulados “Da Pena Marcela Adriana c/Banco de Montevideo en liquidación y otros - daños y perjuicios". Ficha No. 2-22368/2006. Sentencia No. 21 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 24 de noviembre de 2008 y sentencia No. 61 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 25 de marzo de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 14444 a 14468); autos caratulados “Pastorino, José Ángel con Banco de Montevideo S.A. y otros - Cobro de pesos - Daños y perjuicios". Ficha No. 40-149/2003. Sentencia No. 48 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 31 de octubre de 2005 y sentencia No. 118 del Tribunal de Apelaciones de 2o Turno de 2 de mayo de 2007 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, folios 14910 a 14931); autos caratulados “Marenales Escrich, Jorge y otros c/ Banco de Montevideo S.A. (en liquidación) y otros - otros procesos". Ficha No. 2-3004/2006. Sentencia No. 138 del Tribunal de Apelaciones Civil de 6o Turno de 16 de julio de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15002 a 15011), y autos caratulados “Menéndez Ana María y otros c/ Banco de Montevideo S.A. y otros - Daños y Perjuicios". Ficha No. 40/159/2003. Sentencia No. 14 del juzgado Letrado de Concursos de 1o Turno de 26 de agosto de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15176).

203. Autos caratulados “Da Pena Marcela Adriana c/Banco de Montevideo en liquidación y otros - daños y perjuicios". Ficha No. 2-22368/2006. Sentencia No. 21 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 24 de noviembre de 2008 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 14456); autos caratulados “Adrien Clavijo Paulina c/Banco de Montevideo en liquidación y otro - Cobro de Peses - Daños y perjuicios". Ficha No. 2-59458/2005. Sentencia No. 15 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 24 de abril de 2007 y sentencia No. 92 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 16 de abril de 2008 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13984, 13989 y 14008). Al respecto, el juzgado de primera instancia indicó que “el perfil de los actores conforme a las declaraciones testimoniales agregadas en autos no es del inversor experto sino del cliente del banco que pretende tener su dinero a buen resguardo para retirar y comprar un comercio y por tanto puede ser calificado como un cliente bancario desconocedor de los mercados bancarios y sus riesgos", mientras que el Tribunal de Apelaciones coincidió con el juzgado de primera instancia, en cuanto a que el cliente bancario promedio desconoce las normas y técnicas que regulan las finanzas.

204. Autos caratulados “Adrien Clavijo Paulina c/Banco de Montevideo en liquidación y otro - Cobro de Peses - Daños y perjuicios". Ficha No. 2-59458/2005. Sentencia No. 15 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 24 de abril de 2007 y sentencia No. 92 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 16 de abril de 2008 (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 14008).

205. Autos caratulados “Marenales Escrich, Jorge y otros c/ Banco de Montevideo S.A. (en liquidación) y otros - otros procesos". Ficha No. 2-3004/2006. Sentencia No. 138 del Tribunal de Apelaciones Civil de 6o Turno de 16 de julio de 2010(expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15005).

206. Cfr. autos caratulados “Leite Rivero, Carlos c/ Banco de Montevideo S.A. en liquidación y otros - otros procesos - cumplimiento de contrato más daños y perjuicios”. Ficha No. 2-25764/2006. Sentencia No. 1 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 9 de marzo de 2009 y sentencia No. 89 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno de 13 de abril de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15091 a 15119); autos caratulados “Pereira Da Silva, Probo c/ Banco de Montevideo S.A. (en liquidación y otros - Reintegro de dinero - Daños y Perjuicios”. Ficha No. 2-60.855/2004. Sentencia No. 178 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4o Turno de 22 de julio de 2009. (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 14899 a 14909); autos caratulados “Luzardo Zafi, Ma. Rosa y otros c/ Banco de Montevideo S.A. en liquidación y otros - Daños y Perjuicios”. Ficha No. 2-25200/2006. Sentencia No. 12 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 6 de agosto de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folios 14351 a 14366); autos caratulados “Demicheri, Luis Julio y Alvaro Julio c/ Banco de Montevideo S.A. y Banco Central del Uruguay - Cobro de Pesos, Daños y Perjuicios”. Ficha No. 41-172/2003. Sentencia No. 110 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno de 23 de mayo de 2008 (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folios 14391 a 14400); autos caratulados “Castellano Martínez, Gabriel y otra c/ Banco de Montevideo S.A. (En Liquidación) y otros - Incumplimiento de Contrato. Daños y Perjuicios”. Ficha No. 2-695/2005. Sentencia No. 14 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 1o Turno de 19 de abril de 2007 y sentencia No. 51 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1o Turno de 26 de marzo de 2008 (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folios 14603 a 14636), y autos caratulados “Supervielle, Ma. Mercedes c/ Banco de Montevideo y otros - Responsabilidad contractual”. Ficha No. 2-225759/2006. Sentencia No. 20 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concurso de 1o Turno de 20 de noviembre de 2008 y sentencia No. 168 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno de 26 de mayo de 2010 (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15439 a 15480).

207. Al respecto, las representantes inclusive afirmaron durante la audiencia pública ante la Corte que "nunca estuvo en tela de juicio por parte [suya] la ilicitud de la ley, ni el contenido del artículo 31”.

208. Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27; Caso Vélez Loor Vs. Panamá, supra nota 15, párr. 142, y Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, supra nota 18, párr. 115.

209. Cfr. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11, párr. 28; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala, supra nota 11, párr. 149; Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 148, y Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 117.

210. Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, supra nota 208, párr. 117.

211. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, supra nota 208, párr. 118. Asimismo, cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párrs. 126 y 127.

212. Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 71; Caso Yatama Vs. Nicaragua, supra nota 208, párr. 149, y Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, supra nota 208, párr. 119.

213. Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, supra nota 208, párr. 119.

214. Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 72; Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 101, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 140.

215. Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 213, párr. 75.

216. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 193, y Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párrs. 193 y 195. Asimismo, cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, supra nota 24, párr. 296, y Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006.Serie C No. 147, párr. 146.

217. ECHR, Kraska v. Switzerland. Judgment of 19 April 1993, Series A No. 254-B. App. No. 13942/88, para. 30; Van de Hurk v. the Netherlands. Judgment of 19 April 1994, Series A No. 288. App. No. 16034/90, para. 59; Van Kück v. Germany. Judgment of 12 June 2003. App. No. 35968/97, para. 48, 2003-VII, y, Krasulya v. Russia. Judgment of 22 February 2007. App. No. 12365/03. para. 50.

218. Cuando al Estado se le indicó que la prueba documental sobre las discusiones parlamentarias no fueron aportadas en su integridad, Uruguay en respuesta aclaró que “[l]as partes de los Diarios de Sesiones que han sido agregadas son aquellas que [se] refieren de forma relevante a la discusión parlamentaria del artículo 31 de la ley 17.613. Se prescinde, pues, de la agregación del resto de los antecedentes parlamentarios". Respuesta del Estado al análisis de anexos del escrito de contestación que le fue remitido por la Secretaría de la Corte (expediente de fondo, tomo II, folio 747).

219. Dicha formulación fue aprobada por unanimidad de la comisión encargada de la redacción del proyecto de ley y permaneció sin modificaciones hasta la aprobación final de la Ley 17.613. Cfr. Versión taquigráfica de la sesión de 20 de diciembre de 2002 de la Comisión de Hacienda integrada con Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folio 13216).

220. Intervención del Senador Millor en la sesión de 20 de diciembre de 2002 de la Comisión de Hacienda integrada con Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folio 13215).

221. El Senador Millor expuso que le “parec[ía] que de estas tres hipótesis, la que cabe en [l]a situación de hecho [de las personas que se buscaba proteger con el artículo 31] es la tercera, es decir que hay personas que pueden haber sido sorprendidas por dolo [civil]". Cfr. Intervención del Senador Millor en la sesión de 20 de diciembre de 2002 de la Comisión de Hacienda integrada con Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folio 13215).

222. Cfr. Intervención del Senador Millor en la sesión de 20 de diciembre de 2002 de la Comisión de Hacienda integrada con Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folio 13216); Intervención del Senador Gallinal en la 75^a Sesión Extraordinaria de la Cámara de Senadores celebrada los días 20 y 21 de diciembre de 2002 (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folio 13232), e intervención del Diputado Amorín Batlle en la sesion de 26 de diciembre de 2002 de la Cámara de Representantes (expediente de anexos a la contestacion, tomo II, anexo 20, folio 13222).

223. Intervención del Senador Gallinal en la 75a Sesión Extraordinaria de la Cámara de Senadores celebrada los días 20 y 21 de diciembre de 2002 (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 20, folio 13232).

224. Conforme a la prueba aportada, la Corte constató las siguientes diferencias entre la identificación de las presuntas víctimas por la Comisión Interamericana y los nombres que se evidencian en las resoluciones del Banco Central que les corresponden: (1) “Ferraro, Soledad”, quien la Corte entiende es “María Soledad Ferraro Core”, como aparece en la resolución del Banco Central; (2) “Bordad, Javier”, quien el Tribunal entiende es “Ignacio Bordad”, puesto que de su expediente ante el Banco Central surge que su nombre completo es “Ignacio Javier Bordad”; (3) “Griffin, Juan”, quien la Corte entiende es quien aparece en una resolución del Banco Central como “Juana Griffin”; (4) “Losada Collazo, Juan”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “Juan Losada”; (5) “Frabaile, Carlos”, quien la Corte entiende es quien aparece en una resolución del Banco Central como “Carlos Frabasile”; (6) “Castaña, Gonzalo”, quien la Corte entiende es quien aparece en una resolución del Banco Central como “Gonzalo Castagna”; (7) “Delfante, José”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “Eduardo Delfante”, pero fue indicado como “José Delfante” en el cuadro aportado por el Estado el 15 de junio de 2011 (sobre peticiones bajo el artículo 31 de la Ley 17.613 ante el Banco Central); (8) “Dura, Rey”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “Daniel Dura”, pero fue indicado como “Rey Dura” en el cuadro aportado por el Estado el 15 de junio de 2011 (sobre las peticiones bajo el artículo 31 de la Ley 17.613 ante el Banco Central); (9) “Guimaraens, Griselda”, quien aparece en la resolución del Banco Central como “Griselda Marisa Urtiaga Guorisea”, pero fue indicada como “Griselda Guimaraens” en el cuadro aportado por el Estado el 15 de junio de 2011 (sobre peticiones bajo el artículo 31 de la Ley 17.613 ante el Banco Central); (10) “Santiesteban, Luis Fernando”, quien el Tribunal entiende es la persona que aparece como “Luis Santisteban" en el cuadro aportado por el Estado el 15 de junio de 2011 (sobre peticiones bajo el artículo 31 de la Ley 17.613 ante el Banco Central); (11) “Pereira, Cecilia", quien la Corte entiende es quien aparece en una resolución del Banco Central como “Cecilia Pereiro"; (12) “Pelufo Biselli, Emilio", quien el Tribunal entiende se trata de la misma persona que aparece en una resolución del Banco Central como “Peluffo, Emilio"; (13) “Moreira, Marta", quien la Corte entiende es la misma persona que aparece en una resolución del Banco Central bajo el nombre “Martha Moreira"; (14) “Mainardi Rial, María", quien el Tribunal entiende se trata de la misma persona que aparece en la Resolución del Banco Central como “María Victoria Mainardi"; (15) “Leroy, Yean", quien la Corte entiende es la misma persona que aparece en una Resolución del Banco Central como “Jean Leroy"; (16) “Kouyoomdjian, José", quien el Tribunal entiende se trata de la misma persona que aparece en una Resolución del Banco Central como “José Kouyoumdjian"; (17) “Haschke, Erika", quien aparece en la resolución del Banco Central como “Erika Dagmar Haschke"; (18) “Harcevnicov, Jorge", quien la Corte entiende se trata de la persona que aparece en una resolución del Banco Central como “Jorge Harcenicow"; (19) “Goigochea, Héctor", quien el Tribunal entiende se trata de la misma persona que aparece en una resolución del Banco Central como “Héctor Goicochea"; (20) “Gigli Rodríguez, Ma. Iverice", de cuyo expediente ante el Banco Central se evidencia que se llama María Ivelice Gigli Rodríguez", y quien aparece en la respectivas resoluciones del Banco Central como “María Gigli"; (21) “Gavioli Piedrahita, José", quien aparece en la respectiva resolución del Banco Central como “José Gavioli"; (22) “Cholaguidis, Elizabeth" quien la Corte entiende se trata de la misma persona que aparece en una resolución como “Elizabeth Cholaquidis"; (23) “Barreto Trillo, Vivián", quien la Corte entiende es quien aparece en una resolución del Banco Central como “Vivian Barretto"; (24) “Balcarcel, Liliana", quien el Tribunal entiende se trata de la misma persona que aparece en la resolución del Banco Central como “Liliana Barcarcel"; (25) “Alves Serra, Gloria Renée", quien la Corte entiende se trata de la misma persona que aparece como “Gloria Alvez" en la resolución del Banco Central; (26) “Alsugaray Rodrígues, Carolina", quien el Tribunal entiende se trata de la misma persona que aparece en la resolución del Banco Central como “Carolina Alzugaray"; (27) “Abella Demarco, Cristina", quien la Corte entiende se trata de la misma persona que aparece en una resolución del Banco Central bajo el nombre “Maria Cristina Abellá Demarco"; (28) “Saban Cherasi, Nesim", quien el Tribunal entiende se trata de la misma persona que aparece en una resolución del Banco Central como “Nesim Selmo Saban"; (29) “Saquieres Garrido, Neli", quien la Corte entiende es la misma persona que aparece en una resolución del Banco Central como “Nelly Saquieres Garrido"; (30) “Abisab Ache, Chemel", quien la Corte entiende es quien aparece en una resolución del Banco Central como “Chemel Abisabb Ache"; (31) “Bengochea San Martín, María", quien la Corte entiende es la misma persona que aparece en la resolución del Banco Central como “María Luisa Bengochea". Igualmente, de acuerdo a la información y las observaciones presentadas por las partes, la Corte verificó lo siguiente: (1) la presunta víctima indicada por la Comisión Interamericana como “Antuna Zumarán, María", corresponde a quien aparece en una resolución del Banco Central como “María Carolina Antuña"; (2) la víctima Pierina Ivaldi se encontraba repetida en la lista individualizada presentada por la Comisión Interamericana, bajo los números 79 y 339; (3) la víctima María Elvira Quintans, se encontraba repetida en la lista individualizada presentada por la Comisión Interamericana, bajo los números 260 y 540; (4) la presunta víctima indicada por la Comisión Interamericana como “Coronato, Roque", en realidad incluye a dos personas distintas, “Roque Coronato Buono" y “Roque Coronato Machín", siendo que ambas se considerarán víctimas del presente caso; (5) “Morales, Andrés", quien la Corte entiende se trata de “Gustavo Andrés Morales Cabrera", de acuerdo a la información presentada por el Estado y quien aparece en la resolución del Banco Central como “Gustavo Morales", y (6) “Fernández Fernández, Jorge", a quien las representantes indicaron como “Jorge Adelino Fernández Fernández", la Corte entiende es quien aparece en el expediente No. 2003/1180 ante el Banco Central, donde se evidencia que se llama “Jorge A. Fernández" y que aparece en la resolución del Banco Central como Jorge Fernández.

225. Para determinar quiénes son víctimas la Corte toma en cuenta los elementos probatorios aportados al expediente que evidencien que la persona presentó una petición ante el Banco Central del Uruguay bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, dentro de los cuales se encuentra el cuadro aportado por el Estado el 15 de junio de 2011 sobre peticiones bajo el artículo 31 de la Ley 17.613 ante el Banco Central (expediente de fondo, tomo V, folios 1910 a 1965).

226. Al contestar la solicitud de prueba para mejor resolver realizada por el Presidente del Tribunal (supra párr. 11), el Estado indicó que “no se ha[bía] localizado en los archivos del Banco Central del Uruguay ningún expediente a [...] nombre [de 171 personas indicadas como presuntas víctimas] con petición administrativa al amparo del artículo 31". A partir de las observaciones de las representantes, el Estado aportó 4 expedientes adicionales correspondientes a presuntas víctimas. Las representantes también agregaron determinada información. Sin embargo, la Corte hace notar que la documentación agregada sobre las presuntas víctimas María Luisa Lerma Tejería y Nelson Gonzalez Scampini se trata de escritos interpuestos en contra de resoluciones emitidas por el Banco Central del Uruguay, en relación con la verificación de créditos del Banco de Montevideo, conforme al artículo 14 de la Ley 17.613, por lo cual no evidencian la presentación de peticiones ante dicho Banco Central bajo el artículo 31 de la Ley 17.613 por parte de dichas personas. Cfr. Escrito de revocatoria presentado por Nelson Gonález Scampini y otros el 31 de enero de 2003 (expediente de fondo, tomo V, folios 1813 a 1818), y escrito de revocatoria presentado por María Luisa Lerma Tejería ante el Banco Central del Uruguay el 10 de febrero de 2003 (expediente de fondo, tomo V, folios 1826 a 1830). Asimismo, de la verificación realizada por el Tribunal se constató que además de las presuntas víctimas señaladas por el Estado, no había sido aportada a esta Corte prueba respecto de 13 presuntas víctimas adicionales. En consecuencia, de acuerdo al acervo probatorio, el Tribunal no cuenta con evidencia de que las siguientes 179 personas, señaladas como presuntas víctimas por la Comisión Interamericana, hubieran presentado una petición ante el Banco Central bajo el artículo 31 de la Ley 17.613: (1) Aboitiz, Aitor; (2) Abramian, Fernando; (3) Abu Arab Maisonnave, Adela; (4) Albanese Mercep, Rúben; (5) Alexander Serrano, Normando; (6) Algorta, Horacio; (7) Amengual, Juan; (8) Ambrogio Catalano, Edgardo; (9) Amparo, Inés; (10) Apai, Ellen; (11) Arbelbide, María Laura; (12) Arin San Martín, María del Rosario; (13) Artigas, Jorge;(14) Bentancur, Rafael; (15) Biermann, Erna; (16) Bluth, Silvina (17) Boada, Ana; (18) Boggia, José; (19) Broglia, Carlos; (20) Brun, Adrián; (21) Brusamarello, Antonio; (22) Calvete, Eduardo; (23) Camacho Pérez, Gabriela; (24) Campoamor, Cristina; (25) Cancro, Adelaide; (26) Carbajal, María Irma; (27) Carballo, Jorge; (28) Casamayou Tort, Roberto; (29) Casarotti, Esteban; (30) Cavanna, Rodolfo; (31) Cohen Abut, Rafael; (32) Corredoira, Rafael; (33) Da Cuña, Luis; (34) D'Allessandro, Julio; (35) De Mosco, Juan; (36) De Vida de Petrolini, María; (37) Delgado, Ramón; (38) Di Giore, José; (39) Díaz, Carolina; (40) Dotta, Lorena; (41) Dotta, Pablo; (42) Dowald, Rúben; (43) Effa, Dietter; (44) Eilender, Diego; (45) Faliveni, Gustavo; (46) Farcic, Antonio; (47) Feibelmann de Vasen, Eva; (48) Ferencich, Ricardo; (49) Fernández, Gustavo; (50) Ferraro, Martín; (51) Ferreyra, Alba; (52) Figueredo, Daniel; (53) Figueroa, Judith; (54) Fitipaldo, Edgardo; (55) Gaibisso, Juan Carlos; (56) Gallo Azambuya, Juan; (57) Ganger, Anna; (58) García Pardo, Josefa; (59) García, Carlos; (60) González, Nelson; (61) Grazu Díaz, Suester Iván; (62) Greco, Oscar; (63) Grezzi, Carlos; (64) Guasque, Nely Miguel; (65) Guekdjián, Alfredo; (66) Guerra Martínez, Leticia; (67) Guntin, Susana; (68) Gutiérrez, Cecilia; (69) Harguindeguy, Raqúel; (70) Heijo, Menafra; (71) Herrero Fratelli, Rodolfo; (72) Irigoyen, Aída; (73) Juan, Nicolás; (74) Kaplun, Gabriel; (75) Krivianski, Isaac; (76) Krivianski, Natalia; (77) Lanza, Regalia Beatriz; (78) Lapetina, Jorge; (79) Larriera, Juan; (80) Lavaggi, Álvaro; (81) Ledoux, Alberto; (82) Lemole Graciarena, Luis; (83) Lerma Tejería, María; (84) Liprandi, Jorge; (85) Litlle, Gordon F.; (86) López Almeida, Walter; (87) López, Álvaro; (88) Machín, Álvaro; (89) Malán Félix, Albina; (90) Marcos Speratti, Eduardo; (91) Marcos Sperati, Natalia; (92) Martínez, Abelardo; (93) Martínez, Rúben Darío; (94) Martínez, Orosman; (95) Massobrio, Virginia; (96) Mazzoli, Marcelo; (97) Mendoza, Wilfredo Luis; (98) Mendoza, Estela; (99) Miller, Karina; (100) Montoro Heguerte, Alejandro; (101) Mora, Juan; (102) Morales García, Walter; (103) Morales, Jorge; (104) Moreira Pannella, Claudia; (105) Moreira, Gonzalo; (106) Moreno Pardie, Alba; (107) Morgade, Diego; (108) Musto, Walter; (109) Nadjarian, Kevork; (110) Normey,Pedro; (111) Olascoaga, Ana María; (112) Ongay, Carmen; (113) Orlander, Rosana; (114) Ortelli, Marcelo; (115) Paseyro Mouesca, Elsa; (116) Pepa, Daniel; (117) Pérez Pérez, Hugo; (118) Pérez, Alejandra; (119) Pérez, Ezequiel; (120) Pérez, Silvia; (121) Perri, Yolanda; (122) Píngaro Harsanyi, Gisele; (123) Pintos Patiño, Jorge; (124) Piovani, Carlos; (125) Pivovar, Gastón; (126) Ponzoni, José Luis; (127) Rabosto, Antonio; (128) Rago, Pedro; (129) Ramos, Hortensia; (130) Ramponi, Graziella; (131) Reguitti, Telma; (132) Reimer, Gustavo; (133) Reixach, Ángela; (134) Renzone, Rogelio Alberto; (135) Ripoll, Stephanie; (136) Roberts, Pablo; (137) Rodríguez Martínez, Yolanda; (138) Rodríguez, Claudio; (139) Rodríguez, José; (140) Rodríguez, Marcel; (141) Rodríguez, Marta; (142) Rovira Aparicio, Claudia; (143) Sacco, Mirta; (144) Sánchez, Baltasar; (145) Sapriza, Ana María; (146) Sartori, Miguel; (147) Schiaffino Conti, Carlota; (148) Schiavo, Luis; (149) Secco, Diego; (150) Seco, Valeria; (151) Seré Bonino, María; (152) Sienra, Beatriz; (153) Silva, Juan; (154) Solari, Hebert; (155) Sosa, Jorge; (156) Soto, Amelia María; (157) Spagna, Anna; (158) Steverlynck, Stanislas; (159) Tabárez Corni, Tabaré; (160) Tabárez, Nélida; (161) Testoni, Víctor; (162) Tonar, Mónica; (163) Tormo, Ana María; (164) Torre, José Alberto; (165) Unanua, Raúl; (166) Uriarte, Daoiz; (167) Valdez, Jorge; (168) Valdez, William; (169) Valiño, Ricardo; (170) Valsecchi, Patricia; (171) Valle, Nelly; (172) Vallega, Rodrigo; (173) Varela, Adrian; (174) Varona, Graciela; (175) Viera, Leonardo; (176) Villalba, María Fernanda; (177) Vivo Piquerez, Rafael; (178) Yacobo, Macowinn, y (179) Zanandrea, José Luis.

227. Las representantes observaron, con respecto a las 171 personas señaladas por el Estado, que “muchos de ellos ha[bían] sido irregularmente inclu[i]dos en esa lista". En virtud de ello, indicaron que el Estado “no tenía toda la información correcta en lo que se refiere a estas 171 presuntas víctimas, [por lo que] no pod[ían] estar seguras de que respecto [del resto] de ahorristas que representa[n] y que no tienen documentación probatoria, no haya existido también un error y/o extravío de documentación por parte del Banco Central del Uruguay, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido”. Además, observaron que “[l]a responsabilidad de no tener los expedientes completos es del Banco Central”, por lo que el Estado no debía “prevalerse de su propia falta”, teniendo en cuenta las dificultades que representa “desmentir la información que proporciona ahora 'in extremis' el Banco Central”. Por su parte, la Comisión Interamericana indicó que “la intención del Estado de presentar [con sus alegatos finales escritos] una excepción preliminar de aparente falta de agotamiento respecto de 171 víctimas resulta totalmente improcedente y extemporáneo”.

228. Ante dichas observaciones, el Estado también expresó que había depositado su confianza en la Comisión Interamericana “[en cuanto a] que la misma había verificado adecuadamente caso a caso que las presuntas víctimas que se presentaban ante dicho órgano hubieran acreditado su legitimación y cumplido con el requerimiento previo e ineludible de agotar la vía interna”. El Estado “asumió que dicha Comisión había realizado tales contr[oles] a cabalidad[, por lo cual s]e dio por descontado, pues, que todas aquellas personas que la Comisión Interamericana había individualizado como víctimas habían sido efectivamente peticionarias ante el Banco Central del Uruguay, lo que luego quedó verificado que no era así”.

229. En esta situación se encontrarían las siguientes presuntas víctimas: (1) Aida Irigoyen, quien estaría actuando en representación de su esposo Rogelio Torres Ramos, quien efectivamente fue peticionario ante el Banco Central por el referido artículo 31 y es víctima en este caso; (2) Daniel Figueredo, quien estaría actuando en representación de Javier Taño, peticionario ante el Banco Central, pero quien no fue señalado como presunta víctima por la Comisión Interamericana; (3) Carlos Broglia, cuya esposa y presunta heredera, Adriana Vera, habría sido quien presentó una petición ante el Banco Central, pero quien no fue señalada como presunta víctima por la Comisión Interamericana; (4) Claudia Moreira Panella, quien presuntamente es la heredera de Cristina Matilde Panella Castro, quien efectivamente fue peticionaria ante el Banco Central y es víctima en este caso; (5) Isaac Krivianski, quien es cotitular de la cuenta de la peticionaria ante el Banco Central Carolina Krivianski, pero quien no fue indicada como presunta víctima por la Comisión Interamericana; (6) Natalia Krivianski, quien también es cotitular de la cuenta de Carolina Krivianski; (7) Beatriz Sienra, quien es cotitular de la cuenta de Leandro Rama, quien efectivamente presentó una petición bajo el mencionado artículo 31 y es víctima en este caso; (8) Lorena Dotta, quien es cotitular de la cuenta de Martín García, quien efectivamente presentó una petición bajo el mencionado artículo 31 y es víctima en este caso; (9) Miguel Sartori, quien es esposo de Alejandra Oliveri, quien presentó una petición bajo el mencionado artículo 31, pero no fue indicada como presunta víctima por la Comisión Interamericana, y (10) Eva Feibelmann de Vasen, quien es cotitular de la cuenta de Mara Vasen Feibelmann, quien efectivamente presentó una petición ante el Banco Central y es víctima en este caso. Además de los casos de presuntas víctimas expresamente indicados por las partes, la Corte constató que las siguientes presuntas víctimas se encontrarían en la misma situación: (1) Adela Abu Arab Maisonnave, quien es cotitular de la cuenta de Milka Maisonnave, quien efectivamente presentó una petición ante el Banco Central y es víctima en este caso; (2) Juan Amengual, quien es cotitular de Rosa Reboa, quien efectivamente presentó una petición ante el Banco Central y es víctima en este caso; (3) Antonio Farcic, quien actuó en el expediente ante el Banco Central “en representación de Alejandro Farcic”, quien es el peticionario que aparece en la respectiva resolución del Banco Central, pero quien no fue señalado como presunta víctima por la Comisión Interamericana; (4) Adelaide Cancro, quien es cotitular de la cuenta de Miguel Cancro, quien presentó una petición ante el Banco Central bajo el artículo 31 y es víctima en este caso; (5) Josefa García Pardo, quien es cotitular de la cuenta de Susana Rodríguez y Vicente Langone, quienes fueron peticionarios ante el Banco Central por el referido artículo 31 y son víctimas en este caso; (6) Raúl Unanua, quien es cotitular de la cuenta de Alejandra Unanua, quien presentó una petición ante el Banco Central bajo el artículo 31 y es víctima en este caso; (7) Reguitti, Telma, quien es cotitular de la cuenta de Bara Walter, quien presentó una petición ante el Banco Central bajo el artículo 31 y es víctima en este caso; (8) Ricardo Valiño, quien presuntamente es el heredero de Jorge Valiño, quien efectivamente fue peticionario ante el Banco Central y es víctima en este caso, y (9) Rafael Cohen Abut, quien es cotitular de la cuenta de Alejandro Abut, peticionario ante el Banco Central y víctima en este caso.

230. Lo anterior sin perjuicio de las determinaciones que se hagan conforme al derecho interno en relación a la distribución de la cuotaparte entre los cotitulares de una misma cuenta. Al respecto, el Dictamen No. 04/1056 de la Asesoría Jurídica Notarial de 23 de diciembre de 2004, emitido en el caso del peticionario Rafael Outeiro Silvera y Jorge Peláez Pla (Exp. No. 2003/1339) establece que “el hecho de que la Resolución de[l] Dlrectorio [se] refier[a] a sólo una de esas personas (Sr. Outeiro) no es óbice para concluir que dicho acto administrativo tiene efecto sobre la totalidad de los fondos depositados (como surge claramente de estas actuaciones, [...]). Respecto de la titularidad de la cuotaparte respectiva, debe seguirse el mismo (y correcto) criterio que se siguiera con cualquiera de los depositantes de Banco de Montevideo SA que se transformaran en cuotapartistas de Banco de Montevideo - Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario: la titularidad de la cuotaparte corresponderá a las mismas personas a nombre de las cuales estaba la cuenta bancaria que la originara (y en el mismo carácter indistinto o conjunto respecto de su administración)”. Dictamen No. 04/1056 del 23 de diciembre de 2004 de la Asesoría Jurídica Notarial del Banco Central (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 12 (D), folio 6735).

231. Cfr. Declaración testimonial ante fedatario público (affidávit) del testigo Julio de Brun de 16 de febrero de 2011 (expediente de fondo, tomo II, folios 1101 y 1105), y declaración del testigo Augusto Durán Martínez rendida en la audiencia pública del presente caso.

232. Cfr. inter alia, los siguientes casos de presuntas víctimas cuya prueba se encuentra en el expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3: Schaich, Rodolfo (Exp. No. 2003/0266) (folios 30154 y 30155); De la Fuente, María del Carmen (Exp. No. 2003/0609) (folios 30192 y 30193); Talamini, Alberto y Norma Martínez (Exp. No. 2003/0562) (folios 30239 y 30240); Oxandabarat, Gloria (Exp. No. 2003/0554) (folios 30247 y 30248); Pastorino Pecotiello, José Ángel (Exp. No. 2003/0545) (folios 30255 y 30256); Saturno Barra, Cecilia (Exp. No. 2003/0502) (folios 30278 y 30279), y Lorenzo Fernández, Eugenio (Exp. No. 2003/0718) (folios 30329 y 30330).

233. Cfr. inter alia, Sentencia No. 713 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados “Azparren, Ana con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13912); Sentencia No. 828 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de diciembre de 2006 en autos caratulados “Lijtenstein, Fabiana y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15064), y Sentencia No. 691 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2010 en autos caratulados “Clemata José y otros con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13876 a 13878).

234. Cfr. los siguientes casos de víctimas cuya prueba se encuentra en los expedientes de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, anexos 2 y 3: López García, Manuel (Exp. No. 2003/0719) (folios 22490 a 22493); Rey Méndez, Wellington Manuel (Exp. No. 2003/0715) (folios 22552 a 22554); Rodríguez López, Lilián (Exp. No. 2003/0655) (folios 24531 a 24533); Poggio Odella, Elbio (Exp. No. 2003/0597) (folios 24878 a 24880); García Nogueira, Bernabé (Exp. No. 2003/567) (folios 25830 a 25835); Leite, Carlos (Exp. No. 2003/0518) (folios 26280 a 26283); Álvarez Pirri, Esther (Exp. No. 2003/0458) (folios 26406 a 26408); Reboa, Rosa (Exp. No. 2003/0451) (folios 26584 a 26588); Jorge Valiño (Exp. No. 2003/0432) (folios 27075 a 27077); Resala, Alberto (Exp. No. 2003/0389) (folios 27737 a 27739); Symonds Herzog, Roberto (Exp. No. 2003/0382) (folios 27945 a 27947); Lanata Sanguinetti, Horacio (Exp. No. 2003/0380) (folios 28047 a 28049); Martins Romero, Joaquín (Exp. No. 2003/0362) (folios 28529 a 28531); Pánfilo Pezzolano, Emilio (Exp. No. 2003/0331) (folios 28950 a 28953); Meerhoff, Enrique y González, María Cristina (Exp. No. 2003/0301) (folios 29430 y 29431); Fontana, Alejandro (Exp. No. 2003/0247) (folios 29810 a 29813); Castellano, Gabriel y Saavedra María (Exp. No. 2003/0243) (folios 29939 y 29943); Salamano, Carlos (Exp. No. 2003/0649) (folios 24703 y 24706): Prevettoni, Gabriela (Exp. No. 2003/0482) (folios 30079 a 30081); Piñeyro Castellanos, María Inés (Exp. No. 2003/0480) (folios 30085 a 30087); Nario Alvarez, Alvaro (Exp. No. 2003/0465) (folios 30108 a 30110); Ramos Echevarría, Magela (Exp. No. 2003/0471) (folios 30097 y 30098); Castro Etchart, Gustavo (Exp. No. 2003/0278) (folios 30135 a 30137); Caballero Lehite, Fernando (Exp. No. 2003/0613) (folios 30180 a 30182); Nozar Cabrera, Fernando (Exp. No. 2003/0765) (folios 30284 a 30286); Di Salvo, Crimilda (Exp. No. 2003/0929) (folios 30404 a 30406); Copello Ametrano, Jorge (Exp. No. 2003/0860) (folios 30444 a 30446); Panella Castro, Cristina (Exp. No. 2003/0783) (folios 30545 a 30548); García Caban, Ricardo (Exp. No. 2003/1049) (folios 30606 a 30608); Reino Berardi, Sebastián (Exp. No. 2003/1033) (folios 30618 a 30620); Fernández Giordano, Graciela (Exp. No. 2003/1016) (folios 30635 a 30637); Larrea, Alfredo (Exp. No. 2003/0989) (folios 30672 a 30674); Pérez Bogao, Zulma (Exp. No. 2003/0963) (folios 30710 a 30712); Abella De Marco, Rafael (Exp. No. 2003/1407) (folios 31119 a 31121); Gavioli, José (Exp. No. 2003/1457) (folios 31022 a 31025); Roure Casas, Pablo (Exp. No. 2003/1582) (folios 31305 a 31308); Pugliese, Héctor Mario y Pereyra Elsa (Exp. No. 2003/1530) (folios 31332 a 31334); Gigli Rodríguez, María Ivelice (Exp. No. 2003/1494) (folios 31400 a 31402), y Wainstein Garfunkel, Alicia (Exp. No. 2003/0759) (folios 31439 y 31440).

235. Cfr. Gavioli, José (Exp. No. 2003/1457) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado,tomo II, anexo 3, folios 31022 a 31025).

236. Cfr. Sentencia No. 828 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de diciembre de 2006 en autos caratulados “Lijtenstein, Fabiana y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folio 15068); sentencia No. 314 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Roure, Pablo con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15603 a 15609); sentencia No. 292 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 6 de junio de 2007 en autos caratulados “Rodríguez, Marta con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15627 y 15628); sentencia No. 477 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 3 de septiembre de 2007 en autos caratulados “Perles, Gisela con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 14871 a 14881), y sentencia No. 315 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Gigli, María con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15192 a 15199). Además de los estados de cuenta, en estos casos también se mencionan la habitualidad y las “elevadas tasas de interés”, información que igualmente se deriva de los estados de cuenta.

237. Las seis situaciones descritas por la Comisión Interamericana son las siguientes: i) algunos ahorristas no fueron descalificados a pesar de haber firmado el contrato de “Condiciones Generales”, que era causal de descalificación; ii) algunos ahorristas sí fueron descalificados por la firma del contrato de “Condiciones Generales”, considerado causal de descalificación; iii) algunos ahorristas fueron descalificados por el recibo de estados de cuenta; iv) al menos un ahorrista fue descalificado por la firma de una orden específica de compra de certificados de depósito en el Trade & Commerce Bank, a pesar de no ser uno de los criterios establecidos por la Comisión Asesora como “descalificadores”; v) al menos uno de los ahorristas fue descalificado por la presunción de consentimiento para la transferencia de fondos, ante la existencia de estados de cuenta, a pesar de que la información utilizada no fue suficiente para probar la existencia de esas cuentas, y vi) la mayoría de los 22 ahorristas aceptados por la Comisión Asesora fueron descalificados en una etapa anterior por la presencia de manifestaciones constructivas de consentimiento, sin embargo, después de reiterados intentos fueron aceptados.

238. En su Informe de Fondo, la Comisión Interamericana consideró que “no t[enía] información suficiente para concluir que había [habido] una aplicación discriminatoria de la norma interna en cada caso”. No obstante, indicó que el “análisis desarrollado dem[ostraba] una situación de arbitrariedad en la manera que fue administrado el procedimiento[,] pero [ello era] insuficiente para determinar que hubo discriminación[,] de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Convención”.

239. Cfr. los siguientes casos: (1) Emilio Villamil Ramos y Elsa Marialli García (Exp. No. 2003/0532) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11590 a 11593); (2) Carmen García Pardo (Exp. No. 2003/0908) (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 12 (D), folios 6445 a 6451); (3) María del Carmen Bacigalupe y Julio Alberto Soler (Exp. No. 2003/0221) (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3375 a 3436); (4) María Julia Boeri Bottero y María del Rosario Delmonte Boeri (Exp. No. 2003/0708) (expediente de anexos a la demanda, Tomos V y XIII, Anexos 12 (C) y 12 (G), folios 4982 a 5070 y folios 9561 a 9640); (5) Gabriel Deus Rodríguez (Exp. No. 2003/1045) (expediente de anexos a la demanda, tomo VII, anexo 12 (D), folios 6215 y 6216); (6) Lucía Giambruno (Exp. No. 2003/0327) (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, tomo I, anexo 3, folios 30126 y 30127); (7) José Luis Martín Hernández (Exp. No. 2003/0602) (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 12, folios 2606 a 2619); (8) Rafael Outeiro Silvera y Jorge Peláez Pla (Exp. No. 2003/1339) (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 12, folios 6726 a 6729); (9) Álvaro Gerardo Pérez Asteggiante (Exp. No. 2003/0438) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 10970 a 11035); (10) Erasmo Salvador Petingi Nocella (Exp. No. 2003/0610) (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo 12, folios 2637 a 2695); (11) Lucía Piñeyrúa Zeni (Exp. No. 2003/0595) (expediente de anexos a la demanda, tomo IX, anexo 12 (E), folios 7402 a 7405); (12) Lylianne Edith Urdaneta Magri (Exp. No. 2003/0956) (expediente de anexos a la demanda, tomo X, anexo 12 (E), folios 8441 a 8444); (13) Néstor Alberto Rosales y Viviana Rivanera de Rosales (Exp. No. 2003/0493) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11049 a 11071); (14) Marta Cázeres (Exp. No. 2003/0598) (expediente de anexos a la demanda, tomo IV, anexo 12 (B), folios 3774 a 3821); (15) Clara Jasinski (Exp. No. 2003/0637) (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3450 a 3490); (16) Raúl Montero (Exp. No. 2003/0469) (expediente de anexos a la demanda, tomo XVI, anexo 12 (J), folios 11783 a 11786), y (17) Elena Ibarra Acle y Victor Muccia García (Exp. No. 2003/0521) (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3727 y 3728).

240. Cfr. los siguientes casos: (1) Rolando Massoni, Martha Moreira y Sandra Massoni (Exp. No. 2003/0228) (expediente de anexos a la demanda, tomo XVI, anexo 12 (J), folios 11771 a 11774); (2) Kurt Bauer (Exp. No. 2003/1329) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11150 a 11153); (3) Ernesto Llovet (Exp. No. 2003/0952) (expediente de anexos a la demanda, tomo XV, anexo 12 (I), folios 11350 a 11353), y (4) Graciela Cabrera D'Amico (Exp. No. 2003/0880) (expediente de anexos a la demanda, tomo X, anexo 12 (E), folios 8588 a 8663).

241. Cfr. Ximena Camaño Rolando y Ana Laura Camaño Rolando (Exp. No. 2003/0650) (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 12 (A), folios 2315 a 2471).

242. Cfr. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párrs. 53 y 54; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 183, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá, supra nota 15, párr. 253.

243. Cfr. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 199; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, supra nota 241, párr. 183, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá, supra nota 15, párr. 253.

244. Como prueba para mejor resolver (supra párr. 10), el Presidente solicitó a las partes que indicaran si existían presuntas víctimas cuya petición fue rechazada en los procedimientos administrativos o en los procesos contencioso administrativos a pesar de haber ofrecido evidencia de su alegada instrucción en el sentido de que no se renovaran las participaciones en certificados de depósito. En su escrito de alegatos finales, las representantes se refirieron a los casos del “Sr. Pivovar”, del “Sr. Marenales” y de “la ahorrista Alba Fernández” como casos donde hubo un tratamiento desigual con respecto a los casos aceptados. Asimismo, en respuesta a la referida solicitud del Presidente, indicaron que “sab[ían] que existen presuntas víctimas cuya petición fue rechazada en los procedimientos ante la Comisión Asesora, a pesar de haber ofrecido evidencia de no renovar o de que se devolvieran sus ahorros de forma anticipada, a vía de ejemplo, los casos de Alicia Barbani y Jorge Marenales”.

245. En sus alegatos finales escritos las representantes se refirieron al caso del “Sr. Pivovar”, sin indicar el nombre completo de la presunta víctima a la cual se estaban refiriendo. En la audiencia pública ante la Corte las representantes lo identificaron como Oscar Pivovar.

²⁴⁵ En particular, es relevante resaltar que en la última Resolución del Directorio del Banco Central emitida el 28 de diciembre de 2005, que resuelve la petición presentada por la señora Barbani, se consideró que “la solicitud de retiro de fondos testimoniada por el Sr. Fontana [oficial de cuenta] se produjo después de haberse renovado la colocación en TCB - con consentimiento de los titulares indistintos de la cuenta - el 27 de mayo de 2002, en inversión cuyo vencimiento acordado operaba luego de la fecha en que fuera intervenido el Banco de Montevideo S.A. y en que TCB Islas Caymán dejara de honrar sus obligaciones, lo cual coloca a la peticionaria por fuera de la posibilidad de ser contemplada bajo el amparo de la citada disposición legal”. Resolución del Directorio del Banco Central del Uruguay D/772/2005 de 28 de diciembre de 2005, emitida en el expediente No. 2003/0624 relativo a la señora Alicia Barbani (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo 12 (A), folio 3009). Igualmente, en el escrito presentado por los miembros de la Comisión Asesora en el proceso penal incoado en su contra, se establece expresamente que “la Escribana Barbani solicitó el retiro del dinero pero en una fecha posterior al 27 de mayo de 2002, es decir, cuando ya se había prorrogado el certificado de depósito. Para poder retirar el dinero, se debía entonces esperar el próximo vencimiento que se produciría el 27 de junio de 2002. Como la intervención ocurrió el 21 de junio, la Escribana Barbani no pudo retirar el dinero. Este es el elemento clave, que permite distinguir esta situación de otras sobre las que recayó un pronunciamiento positivo”. Escrito de respuestas de los miembros de la Comisión Asesora ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19o Turno (expediente de anexos a la contestación, tomo II, anexo 21, folio 13308).

247. Cfr. Clara Jasinski (Exp. No. 2003/0637) (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo 12 (B), folios 3450 a 3490), y Raúl Montero (Exp. No. 2003/0469) (expediente de anexos a la demanda, tomo XVI, anexo 12 (J), folios 11783 a 11786).

248. En dichos casos, el Banco Central consideró que la negativa del Banco de Montevideo a entregarle sus fondos antes del vencimiento a tales peticionarios constituía un cambio unilateral por parte de dicho Banco, lo cual generaba que el mantenimiento de la colocación se había realizado sin mediar el consentimiento de los peticionarios (supra párr. 96).

249. Cfr. Declaración rendida el 25 de mayo de 2004 ante un miembro integrante de la Comisión Asesora por el señor Jorge Olivar Fontana, oficial de cuenta del Banco de Montevideo (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo 12(A), folios 2905, 2920 y 2921). La segunda pregunta realizada al señor Fontana fue “Diga desde cu[á]ndo comenzó a manejar la cuenta de Alicia Barbani y cuando la empezó a manejar cómo era la modalidad de su depósito”, a lo cual el testigo respondió “La fecha exacta no la recuerdo pero fue en los últimos meses antes de la intervención. Era un depósito en TCB”. Las repreguntas formuladas al testigo por el Dr. Víctor Della Valle fueron: “1. Diga si Ud. Le manifestó a la Esc. Barbani que el depósito a plazo fijo realizado podía ser retirado en cualquier momento incluso antes del vencimiento. Respuesta: Sí era correcto porque era una de las ventajas que tenía el producto”. “2. Diga si cuando fue a retirarlo, el Banco en forma unilateral se lo negó. Respuesta: Sí, por instrucciones de Gerencia”. Seguidamente, el miembro de la Comisión Asesora le formuló la siguiente pregunta: “Si usted recuerda en qu[é] fecha negó a la esc. Barbani, el retiro del dinero a que refiere en la repregunta anterior[?]. Respuesta: Tiene que haber sido entre fines de mayo y la intervención de Banco de Montevideo”.

250. En la resolución del Banco Central que resolvió la referida petición, expresamente se afirma que del testimonio recabado y de los documentos en el expediente "resultan instrucciones expresas de no renovar en TCB [. por lo que, e]n el caso del documento [.] que vencía el 20 de junio de 2002, cabe entender que no medió consentimiento para la renovación". En consecuencia se otorgaron a las peticionarias en dicho caso los derechos reconocidos en el artículo 31 de la ley 17.613. Cfr. Caso de María Julia Boeri Bottero y María del Rosario Delmonte Boeri (Exp. No. 2003/0708) (expediente de anexos a la demanda, tomos V y XIII, anexos 12 (C) y 12 (G), folios 4982 a 5070 y folios 9561 a 9640).

251. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 29, párr. 91; Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, supra nota 18, párr. 127, y Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina, supra nota 18, párr. 113.

252. Cfr. Opinión Consultiva OC-9/87, supra nota 207, párrs. 23 y 24; Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, supra nota 18, párr. 127, y Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011 Serie C No. 228, párr. 95.

253. Cfr. Opinión Consultiva OC-9/87, supra nota 207, párr. 24; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 7, párr. 137; Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, supra nota 18, párr. 127, y Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador, supra nota 251, párr. 94.

254. Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 73; Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, supra nota 18, párr. 127, y Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador, supra nota 251, párr. 95.

255. Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, supra nota 21, párr. 210; Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, supra nota 18, párrs. 127 y 128, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 184.

256. Cfr. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, supra nota 18, párr. 128, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 184.

257. “In assessing the sufficiency of a judicial review available to an applicant, the Court will have regard to the powers of the judicial body in question [.], and to such factors as (a) the subject-matter of the decision appealed against, in particular, whether or not it concerned a specialised issue requiring professional knowledge or experience and whether it involved the exercise of administrative discretion and if, so, to what extent; (b) the manner in which that decision was arrived at, in particular, the procedural guarantees available in the proceedings before the adjudicatory body; and (c) the content of the dispute, including the desired and actual grounds of appeal”. ECHR, Case of Sigma Radio Television Ltd. v. Cyprus. Judgment of 21 July 2011. App. Nos. 32181/04 and 35122/05, para. 154.

258. Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 148; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, supra nota 208, párr. 127, y Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra nota 215, párr. 193.

259. ECHR, Case of Sigma Radio Television Ltd. v. Cyprus, supra nota 256, para. 156. Véase también, ECHR, Case Zumtobel v. Austria. Judgment of 21 September 1993, Serie No. 268-A, para. 32; case Fischer v. Austria. Judgment of 26 April 1995, Serie A No. 312, para. 34, y case Bryan v. the United Kingdom. Judgment of 22 November 1995, Serie No. 335-A, para. 47.

260. ECHR, Case of Sigma Radio Television Ltd. v. Cyprus, supra nota 256, para. 157. Véase también, ECHR, Case Obermeier v. Austria. Judgment of 28 June 1990, Serie A No. 179, paras. 69-70 y case Terra Woningen B.V. v. the Netherlands. Judgment of 17 December 1996, Rep. 1996-VI, fasc. 25, paras. 46, 50 a 55.

261. Debido a que algunas de esas decisiones judiciales no identifican los nombres de todos los demandantes y no fueron aportadas las correspondientes demandas, este Tribunal también tomará en cuenta las listas y cuadros de procesos judiciales aportadas por el Estado, las cuales no fueron objetadas por las representantes ni la Comisión.

262. Cfr. inter alia, Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina, supra nota 18, párr. 134; Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador, supra nota 251, párrs. 120 a 122; Caso Vélez Loor Vs. Panamá, supra nota 15, párrs. 250 y 251, y Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 112.

263. Las 22 sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo aportadas al acervo probatorio se encuentran en el expediente de anexos a la contestación, tomos III a VII, anexo 27 y son las siguientes: (1) Sentencia No. 691 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2010 en autos caratulados "Clemata José y otros con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (folios 13865 a 13886), correspondiente a las presuntas víctimas: Barcarcel, Liliana; Cavajani, Nícida; Cavanna, José Luis; Da Silva Gaibisso, Hugo; Pizza, Martha; Tabárez Corni, Tabaré. (2) Sentencia No. 713 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados "Azparren, Ana con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (folioS 13907 a 13918), correspondiente a la presunta víctima Azparren, Ana Beatriz. (3) Sentencia No. 659 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 4 de octubre de 2006 en autos caratulados "Alzaradel, Rita con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (folios 13965 a 13972), correspondiente a la presunta la víctima Alzaradel, Rita. (4) Sentencia No. 138 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 8 de mayo de 2008 en autos caratulados "Dendrinos, Daniel con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (folios 14368 a 14367), correspondiente a la presunta víctima Dendrinos Saquieres, Daniel. (5) Sentencia No. 316 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados "Contín, Gianni y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad" (folios 14470 a 14481), correspondiente a la presunta víctima Contin, Gianna. (6) Sentencia No. 487 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 23 de octubre de 2008 en autos caratulados "Castro, Gustavo con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad" (folios 14597 a 14602), correspondiente a la presunta víctima Castro Etchart, Gustavo. (7) Sentencia No. 477 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 3 de septiembre de 2007 en autos caratulados "Perles, Gisela con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad" (folios 14871 a 14881), correspondiente a la presunta víctima Perles, Gisela. (8) Sentencia No. 16 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 5 de febrero de 2007 en autos caratulados "Neuschul, Franklin con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad" (folios 14932 a 14941), correspondiente a la presunta víctima Neuschul, Franklin. (9) Sentencia No. 179 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 30 de abril de 2007 en autos caratulados "Neuschul, Thomas con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (folios 14954 a 14963), correspondiente a la presunta víctima Neuschul, Thomas Máximo. (10) Sentencia No. 306 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de junio de 2007 en autos caratulados "Lingeri, Manuel con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (folios 15048 a 15061), correspondiente a la presunta víctima Lingeri Olsson, Manuel. (11) Sentencia No. 828 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de diciembre de 2006 en autos caratulados "Lijtenstein, Fabiana y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (folios 15062 a 15069), correspondiente a la presunta víctima Lijtenstein, Fabiana. (12) Sentencia No. 204 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 12 de junio de 2008 en autos caratulados "Leroy, Jean y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (folios 15083 a 15090), correspondiente a la presunta víctima Leroy, Jean. (13) Sentencia No. 719 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados "Horvath, Raúl con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (folios 15121 a 15128), correspondiente a la presunta víctima Horvath, Raúl. (14) Sentencia No. 726 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de diciembre de 2007 en autos caratulados “Gutiérrez, Eduardo con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (folios 15144 a 15157), correspondiente a la presunta víctima Gutiérrez Galiana, Eduardo; (15) Sentencia No. 578 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de octubre de 2007 en autos caratulados “Guerra, Martín con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (folios 15182 a 15191); correspondiente a la presunta víctima Guerra, Martín. (16) Sentencia No. 315 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Gigli, María con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (folios 15192 a 15199), correspondiente a la presunta víctima Gigli Rodríguez, María Ivelice. (17) Sentencia No. 435 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 22 de agosto de 2007 en autos caratulados “Rama, Leandro con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (folios 15200 a 15206), correspondiente a la presunta víctima Rama Sienra, Leandro. (18) Sentencia No. 408 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de julio de 2007 en autos caratulados “Atijas, Vito y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (folios 15407 a 15414), correspondiente a la presunta víctima Volyvovic, Clara. (19) Sentencia No. 314 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Roure, Pablo con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (folios 15603 a 15609), correspondiente a la presunta víctima Roure Casas, Pablo Raúl. (20) Sentencia No. 317 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de mayo de 2010 en autos caratulados “Roelsgaard, Niels y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (folios 15611 a 15617), correspondiente a la presunta víctima Roelsgaard Papke, Niels Peter. (21) Sentencia No. 292 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 6 de junio de 2007 en autos caratulados “Rodríguez, Marta con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (folios 15619 a 15629), correspondiente a la presunta víctima Rodríguez Lois, Marta. (22) Sentencia No. 272 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 4 de junio de 2007 en autos caratulados “Notaro, Ángel y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (folios 15619 a 15629), correspondiente a las presuntas víctimas Notaro, Ángel y Bonifacino, Alba. De acuerdo a la información aportada por el Estado, no objetada por la Comisión Interamericana ni las representantes, las acciones de nulidad presentadas por otras once presuntas víctimas perecieron y, en consecuencia, se archivaron por “ha[ber] transcurrido más de seis meses sin que se haya realizado ningún acto del procedimiento, lo que conforme a lo dispuesto por el art. 96 del DL 15.524, verifica la perención”. Los referidos decretos de perención se encuentran en el expediente de anexos a la contestación, tomo VII, anexo 27 (B) y son las siguientes: (1) Canabal Lema, Andrés, Decreto de Perención No. 2073/2010 de 24 de marzo de 2010 (folio 15670); (2) Canabal, Andrea, Decreto de Perención No. 3946/2010 de 19 de mayo de 2010 (folio 15671); (3) García Milia, María Delia, Decreto de Perención No. 2200/2007 de 12 de abril de 2007 (folio 15672); (4) Lisbona Vásquez, Gabriel, Decreto de Perención No. 641/2009 de 13 de febrero de 2009 (folio 156724); (5) López Varela, José Jorge, Decreto de Perención No. 6062/2005 de 5 de septiembre de 2005 (folio 15675); (6) López Alejandro, Rogelio, Decreto de Perención No. 1801/2009 de 17 de marzo de 2009 (folio 15676); (7) Rubio Saquieres, Manuel, Decreto de Perención No. 633/2009 de 13 de febrero de 2009 (folio 15677); (8) Rubio Saquieres, Miguel Ángel, Decreto de Perención No. 633/2009 de 13 de febrero de 2009 (folio 15677); (9) Saiquieres Garrido, Nelly, Decreto de Perención No. 633/2009 de 13 de febrero de 2009 (folio 15677); (10) Schipani, Élida, Decreto de Perención No. 2073/2010 de 24 de marzo de 2010 (folio 15670). La Corte no cuenta con información respecto del estado de la acción de nulidad interpuesta por la presunta víctima Marion Glaser.

264. Decreto Ley 15.524, titulado “Marco Normativo. Tribunal de lo Contencioso Administrativo” (expediente de anexos a la contestación, tomo I, anexo 15, folio 13011).

265. Cfr. ECHR, Case of Sigma Radio Television Ltd. v. Cyprus, supra nota 256, paras. 156-159.

266. Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra nota 15, párr. 81.

267. Cfr. (1) Sentencia No. 691 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 16 de septiembre de 2010 en autos caratulados "Clemata José y otros con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13865 a 13886); (2) Sentencia No. 713 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados "Azparren, Ana con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folio 13907 a 13918); (3) Sentencia No. 659 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 4 de octubre de 2006 en autos caratulados "Alzaradel, Rita con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (expediente de anexos a la contestación, tomo III, anexo 27, folios 13965 a 13972); (4) Sentencia No. 316 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados "Contín, Gianni y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad" (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folios 14470 a 14481); (5) Sentencia No. 487 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 23 de octubre de 2008 en autos caratulados "Castro, Gustavo con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad" (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folios 14597 a 14602); (6) Sentencia No. 477 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 3 de septiembre de 2007 en autos caratulados "Perles, Gisela con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad" (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 14871 a 14881); (7) Sentencia No. 16 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 5 de febrero de 2007 en autos caratulados "Neuschul, Franklin con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad" (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 14932 a 14941); (8) Sentencia No. 306 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de junio de 2007 en autos caratulados "Lingeri, Manuel con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15048 a 15061); (9) Sentencia No. 719 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de octubre de 2006 en autos caratulados "Horvath, Raúl con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15121 a 15128); (10) Sentencia No. 726 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de diciembre de 2007 en autos caratulados "Gutiérrez, Eduardo con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad" (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15144 a 15157) (11) Sentencia No. 317 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de mayo de 2010 en autos caratulados "Roelsgaard, Niels y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad" (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15611 a 15617).

268. Cfr. (1) Sentencia No. 138 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 8 de mayo de 2008 en autos caratulados “Dendrinos, Daniel con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo IV, anexo 27, folios 14368 a 14367); (2) Sentencia No. 828 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de diciembre de 2006 en autos caratulados “Lijtenstein, Fabiana y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15062 a 15069); (3) Sentencia No. 204 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 12 de junio de 2008 en autos caratulados “Leroy, Jean y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15083 a 15090); (4) Sentencia No. 578 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 17 de octubre de 2007 en autos caratulados “Guerra, Martín con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15182 a 15191); (5) Sentencia No. 315 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Gigli, María con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15192 a 15199); (6) Sentencia No. 435 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 22 de agosto de 2007 en autos caratulados “Rama, Leandro con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 15200 a 15206); (7) Sentencia No. 408 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 25 de julio de 2007 en autos caratulados “Atijas, Vito y otro con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15407 a 15414); (8) Sentencia No. 314 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Roure, Pablo con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15603 a 15609); (9) Sentencia No. 292 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 6 de junio de 2007 en autos caratulados “Rodríguez, Marta con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VI, anexo 27, folios 15619 a 15629); (10) Sentencia No. 272 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 4 de junio de 2007 en autos caratulados “Notaro, Ángel y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo VII, anexo 27, folios 15619 a 15629), y (11) sentencia No. 179 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 30 de abril de 2007 en autos caratulados “Neuschul, Thomas con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación, tomo V, anexo 27, folios 14954 a 14963). Con respecto a este último caso, la Corte hace notar que el examen incompleto por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se relaciona con lo alegado por la víctima en el sentido de que la renovación de obligaciones negociables de Velox Investment Company había sido realizada sin su consentimiento, y no con vicios al consentimiento.

269. Sentencia No. 314 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 18 de junio de 2007 en autos caratulados “Roure, Pablo con Banco Central del Uruguay. Acción de Nulidad” (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo VII, anexo 27, folios 15607 y 15608).

270. Sentencia No. 828 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 13 de diciembre de 2006 en autos caratulados “Lijtenstein, Fabiana y otra con Banco Central del Uruguay. Acción de nulidad” (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo V, anexo 27, folio 15068).

271. El artículo 21.1 y 21.2 (Derecho a la Propiedad Privada) de la Convención establece que:

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

[...]

272. Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, supra nota 252, párrs. 120-122; Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 30, párr. 55, y Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, párr. 84.

273. Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú, supra nota 18, párr. 102; Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 30, párr. 55; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú, supra nota 271, párr. 84, y Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú, supra nota 15, párr. 84.

274. Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú, supra nota 18, párrs. 121, 138 y 141; Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 30, párrs. 99-118; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú, supra nota 271, párrs. 74-91, y Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú, supra nota 15, párr. 85.

275. Este artículo dispone que: “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada".

276. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 12, párr. 178, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 207.

277. Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 62; Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina, supra nota 18, párr. 157, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 207.

278. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra nota 275, párr. 26; Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador, supra nota 251, párr. 128, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 209.

279. Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párrs. 79-81; Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, supra nota 18, párr. 145, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 209.

280. Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, supra nota 278, párr. 42; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 12, párr. 179, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 210.

281. Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 215, párr. 233; Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 12, párr. 181, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 211.

282. Cfr. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 35; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 12, párr. 227, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 213.

283. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana es la representante procesal de las víctimas no representadas por las señoras Barbani Duarte y Breccia (supra párr. 4).

284. Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, supra nota 278, párr. 79; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 12, párr. 203, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 222.

285. El Tribunal ha establecido que el daño inmaterial “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, supra nota 276, párr. 84; Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador, supra nota 251, párr. 150, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 231.

286. Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra nota 15, párr. 176; Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú, supra nota 15, párr. 131, y Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela, supra nota 218, párr. 190.

287. Cfr. Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C. No. 39, párr. 79; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 12, párr. 229, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 236.

288. Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, supra nota 23, párr. 275; Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina, supra nota 18, párr. 197, y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 12, párr. 233.

289. Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina, supra nota 286, párr. 82; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 12, párr. 232, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra nota 12, párr. 241.

290. La identificación de las víctimas se realizó teniendo en cuenta lo indicado en los párrafos 51 y 143 de la Sentencia.

291. La Corte no cuenta con elementos para determinar si se trata de la misma víctima llamada Daniel Dura (Exp. No. 2003/1188) colocada bajo el No. 166 supra. De ser el caso, la indemnización dispuesta en el punto resolutivo cuarto, conforme al párrafo 260 de la Sentencia, deberá otorgarse una sola vez.

292. Art.62 de la Convención: “1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

2.  ... .

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.”

Art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”

293. Parr. 77.

294. Art. 190 de la Constitución de la República: “Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales."

Artículo 196 de la misma: “Habrá un Banco Central de la República, que estará organizado como Ente Autónomo y tendrá los cometidos y atribuciones que determine la ley aprobada con el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.”

Artículo 3o de la Ley No 16.696, Banco Central del Uruguay. Carta Orgánica dicha Ley: "(Finalidades). Las finalidades del Banco Central del Uruguay serán:

A) Velar por la estabilidad de la moneda nacional.

B) Asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.

C) Mantener un nivel adecuado de las reservas internacionales;

D) Promover y mantener la solidez, solvencia y funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional.

Artículo 7o de ella: “(Atribuciones). Las atribuciones del Banco serán conducentes al logro de las finalidades indicadas en el artículo 3o.

En tal sentido, el Banco:

G) Regulará normativamente y supervisará la ejecución de aquellas reglas por parte de entidades públicas y privadas que integran el sistema financiero. A tal efecto, podrá autorizar o prohibir, en todo o en parte, operaciones en general o en particular, así como fijar normas de prudencia, buena administración o método de trabajo e informará, en el caso de las entidades públicas, al Poder Ejecutivo, a sus efectos.”

295. Párr. 75.

296. Párr. 83.

297. Párr. 79.

298. Párr. 103.

299. Párr. 115.

300. Párr. 142.

301. Voto Disidente de los Jueces Alirio Abreu Burelli y Cecilia Medina Quiroga, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, de 19 de septiembre de 2006.

302. Párrs. 116 y 118.

303. Art.31.1 de Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.”

304. Sentencia Caso López Mendoza Vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, 1 de septiembre de 2011, párr.33.

305. Idem, párr. 104.

306. Idem, párrs. 104 y 107.

307. Ver voto concurrente del suscrito, Caso López Mendoza Vs. Venezuela, Sentencia de 1 de septiembre de 2011, Fondo, Reparaciones y Costas.

308. Párr. 118.

309. Voto Disidente de Jueces Abreu y Medina, cit.

310. Art. 8.1.

311. Párr. 118.

312. Voto Disidente de Jueces Abreu y Medina, cit.

313. Párrs. 139 y 140.

314. Párr. 140.

315. Párr. 127.

316. Párrs. 101 y 102.

317. Voto Disidente de Jueces Abreu y Medina, cit.

318. Diccionario de Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Madrid, 2001.

319. Párr. 103

320. Párr. 139.

321. Párr. 140.

322. Párr. 139.

323. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:., y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.”

324. Párr. 205.

325. Párr. 224.

326. Párr. 115.

327. “El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder.

La jurisdicción del Tribunal comprenderá también los actos administrativos definitivos emanados de los demás órganos del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados.

La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo.”

328. Párr. 101.

329. Párr. 102.

330. Párr. 216.

331. Párr. 212.

332. Párr. 211.

333. Párr. 207.

334. Párr. 217.

335. Párr. 218.

336. Párr. 220.

337. Párr. 156.

338. Párr. 205.

339. Párrs. 95 y 134.

340. Párr. 101.

341. Párr. 108.

342. Párr. 121.

343. Diccionario de la Lengua Española, op.cit.

344. Párr. 220.

345. Párr. 102

346. Párr. 128.

347. Párr. 226.

348. Párr. 228.

349. Párr. 229.

350. Párr. 228.

351. Art.62 de la Convención: “1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

2. ... .

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.”

352. Art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”

Artículo 3 del Proyecto de Artículos preparado por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU sobre Responsabilidad del Estado por Hecho Internacionalmente Ilícito, acogido por Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/56/589 y Corr.1)] 56/83. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 85a sesión plenaria, 12 de diciembre de 2001, Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 10 y correcciones (A/56/10 y Corr.1 y 2). 2 Ibíd., párrs. 72 y 73.:”Calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito. La calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional. Tal calificación no es afectada por la calificación del mismo hecho como lícito por el derecho interno.”

353. Art. 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: "La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido.”

354. Art. 38.1.d. del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: "1.La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:...d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.”

355. Art.39 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “Norma general concerniente a la enmienda de los tratados. Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la Parte II, salvo en la medida en que el tratado disponga otra cosa.”

41.1 del mismo texto: "Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre algunas de las partes únicamente.

1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas:

a) si la posibilidad de tal modificación esta prevista por el tratado: o

b) si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que:

i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones: y

ii) no se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin del tratado en su conjunto.”

356. Artículo 76: "1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención.

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en esta Convención. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.”

357. Art. 31.2 y 3 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a) todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;

c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes."

358. Sobre voto concurrente y voto disidente, ver escrito sobre constancia de queja presentado por el suscrito con fecha 17 de agosto de 2010, relacionado con el voto disidente y los votos concurrentes emitidos respecto de las Resoluciones de la Corte relativas a “Medidas Provisionales respecto de la República de Colombia, Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia”, de 30 de junio de 2011, “Medidas Provisionales respecto de los Estados Unidos Mexicanos, Caso Rosendo Cantú y Otra Vs. México”, de 1 de julio de 2011 y “Medidas Provisionales respecto de la República de Honduras, Caso Kawas Fernández Vs. Honduras”, de 5 de julio de 2011.

359. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74,. párr. 103; Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 70, y Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11párr. 28.

360. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 108.

361. Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 38; Caso Blake Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de octubre de 1999. Serie C No. 57, párr. 21, y Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 32., y.

362. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 30; Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 42; “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1, párrs. 43 a 48; Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A No. 3, párrs. 47 a 50, y Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párrs. 20 a 24, entre otros.

363. Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151.

364. AYALA CORAO, Carlos. “Recepción de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por la jurisprudencia constitucional”. Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En: http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/21/21_Recepcion_de_la_Jur.pdf

365. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 127.

366. Caso Baena Ricardo y otros, supra nota 2, párr. 124.

367. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 149.