LEY 35 DE 1961

(Julio 12)

Diario Oficial No. 30.566 del 19 de julio de 1961

Por la cual se aprueba la Convención sobre Estatuto de los Refugiados.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Visto el texto de la Convención sobre Estatuto de los Refugiados, suscrita en Ginebra el veintiocho de julio de mil novecientos cincuenta y uno, y que a la letra dice:

“Convención sobre el Estatuto de los Refugiados

PREÁMBULO.

Lias <sic> Altas Partes Contratantes,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos del Hombre, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General, han afirmado el principio de que los seres humanos, sin distinción alguna, deben gozar de los derechos y libertades fundamentales;

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su profundo interés por los refugiados, y se han esforzado por asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales;

Considerando que es conveniente revisar y codificar los Acuerdos Internacionales anteriores referentes al estatuto de los refugiados y ampliar, mediante un nuevo acuerdo, la aplicación de tales instrumentos y la protección que constituyen para los refugiados;

Considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países, y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas, no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional;

Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter social y humanitario del problema de los refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez entre Estados;

Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados tiene por misión velar por la aplicación de las Convenciones Internacionales que aseguran la protección a los refugiados, y reconociendo que la coordinación efectiva de las medidas adoptadas para resolver ese problema dependerá de la cooperación de los Estados con el Alto Comisionado;

Han convenido en las siguientes disposiciones:

CAPITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO “REFUGIADO”.

A. A los efectos de la presente Convención el término “refugiado” se aplicará a toda persona:

1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos de 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados;

Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados durante el período do sus actividades, no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la presente Sección;

2) Que como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951, y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertendencia <sic> a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad se entenderá que la expresión “del país de su nacionalidad” se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean, y no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea.

B-1) A los fines de la presente Convención las palabras “acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951” que figuran en el artículo 1 de la Sección A, podrán entenderse como:

a) “Acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951 en Europa”, o como

b) “Acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951 en Europa”, o en otro lugar”;

Y cada Estado contratante formulará en el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión, una declaración en la que preciso el alcance que desea dar a esa adhesión, con respecto a las obligaciones asumidas por él en virtud de la presente Convención.

2) Todo Estado contratante que haya adoptado la fórmula a) podrá se cualquier momento extender sus obligaciones, mediante la adopción de la fórmula b) por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones unidas.

C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la sección A precedente:

1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o

2) Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o

3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad; o

4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida; o

5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acoger a la protección del país de su nacionalidad;

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores;

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual;

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores;

D. Esta convención no será aplicables a las personas que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Refugiados.

Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones unidas, esas personas tendrán ipso facto derecho a los beneficios derecho a los beneficios del régimen de esta convención.

E. Esta convención no será aplicable a las personas a quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posición de la nacionalidad de tal país.

F. Las disposiciones de esta convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:

a) Que ha cometido un delito contra las <sic> paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada;

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 2o. OBLIGACIONES GENERALES.

Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público.

ARTÍCULO 3o. PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN.

Los Estados contratantes aplicarán las disposiciones de esta convención a los refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen.

ARTÍCULO 4o. RELIGIÓN.

Los Estados contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa de sus hijos.

ARTÍCULO 5o. DERECHOS OTORGADOS INDEPENDIENTEMENTE DE ESTA CONVENCIÓN.

Ninguna disposición de esta convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios independientemente de esta Convención otorgados por los Estados Contratantes a los refugiados.

ARTÍCULO 6o. LA EXPRESIÓN “EN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS”.

A los fines de esta, Convención, la expersión <sic> “en las mismas circunstancias” significa que el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le exigiría si no fuese refugiado (y en particular los referentes a la duración y a las condiciones de estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho de que se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza no pueda cumplir, un refugiado.

ARTÍCULO 7o. EXENCIÓN DE RECIPROCIDAD.

1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Convención, todo Estado Contratante otorgará a los refugiados, el mismo trato que otorgue a los extranjeros en general.

2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los refugiados, disfrutarán, en el territorio de los Estados Contrantantes<sic>, la exención de reciprocidad legislativa.

3. Todo lisiado Contratante continuará otorgando a los refugiados los derechos y beneficios que ya les correspondieran, aun cuando no existiera reciprocidad, en la fecha de entrada en vigor de esta Convención para tal Estado.

4. Los Estados Contratantes examinarán con buena disposición, la posibilidad de otorgar a los refugiados, aun cuando no exista reciprocidad, otros derechos y beneficios, además de los que les corresponden en virtud de los párrafos, 2 y 3, así como la posibilidad de hacer extensiva la exención de reciprocidad a los refugiados que no reúnan las condiciones previstas en los párrafos 2 y 3.

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplican tanto a los derechos y beneficios provistos en los Artículos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta, Convención, como a, los derechos y beneficios no previstos en ella.

ARTÍCULO 8o. EXENCIÓN DE MEDIDAS EXCEPCIONALES.

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la persona, los bienes o los intereses de nacionales de un Estado extranjero, los Estados Contratantes no aplicarán tales medidas, únicamente por causa de su nacionalidad, a refugiados que sean oficialmente nacionales de tal Estado. Los Estados Contratantes que en virtud de sus leyes, no puedan aplicar el principio general expresado en este artículo otorgarán, en los casos adecuados, exenciones en favor de tales refugiados.

ARTÍCULO 9o. MEDIDAS PROVISIONALES.

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un estado Contratante adopta provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas que estime indispensables para la seguridad nacional hasta que tal Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un refugiado y que, en su caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional.

ARTÍCULO 10. CONTINUIDAD DE RESIDENCIA.

1. Cuando un refugiado haya sido deportado durante la segunda guerra mundial y trasladado al territorio de un Estado Contratante, y resida en él el período de tal residencia forzada se considerará como de residencia legal en tal territorio.

2. Cuando un refugiado haya sido, durante la segunda guerra mundial, deportado del territorio de un Estado Contratante y haya regresado a él antes de la entrada en vigor de la presente Convención para establecer allí su residencia, el tiempo de residencia precedente y subsiguiente a tal deportación se considerará como un período ininterrumpido, en todos los casos en que se requiera residencia ininterrumpida.

ARTÍCULO 11. MARINOS REFUGIADOS.

En el caso de los refugiados normalmente empleados como miembros de la tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contrate sea de los que habrían sido reconocidos por la posibilidad de autorizar a tales refugiados a establecerse en su territorio y de expedirles documentos de viaje o admitirlos temporalmente en su territorio, con la principal finalidad de facilitar su establecimiento en otro país.

CAPÍTULO II.

CONDICIÓN JURÍDICA.

ARTÍCULO 12. ESTATUTO PERSONAL.

1. El estatuto personal de cada refugiado se regirá por la ley del país de su domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia.

2. Los derechos anteriormente adquiridos por cada refugiado y dependiente del estatuto personal, especialmente los derechos inherentes al matrimonio, serán respetados por toso Estado Contratante siempre que el derecho de que se trate sea de los que habrían sido reconocidos por la legislación del respectivo Estado si el interesado no hubiera sido refugiado.

ARTÍCULO 13. BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Los Estados Contratantes concederán a todo refugiado el trato más favorable posible, y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a los extranjeros en iguales circunstancias, respecto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arriendos y otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles.

ARTÍCULO 14. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre obras literarias, científicas o artísticas, se concederá a todo refugiado, en el país donde reside habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de tal país. En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los nacionales del país en el que resida habitualmente.

ARTÍCULO 15. DERECHO DE ASOCIACIÓN.

En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los sindicatos, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que residan legalmente en el territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de un país extranjero.

ARTÍCULO 16. ACCESO A LOS TRIBUNALES.

1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo refugiado tendrá libre acceso a los tribunales de justicia.

2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, inclusive la asistencia judicial y la exención de la caución judicatum solvi.

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su residencia habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual tenga su residencia habitual.

CAPÍTULO III.

ACTIVIDADES LUCRATIVAS.

ARTÍCULO 17. EMPLEO REMUNERADO.

1. En cuanto el derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de países extranjeros.

2. En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del empleo de extranjeros, impuestas para proteger el mercado nacional de trabajo, no se aplicarán a los refugiados que ya estén exentos de ellas en la fecha en que esta Convención entre en vigor respecto del Estado Contratante interesado, o que reúnan una de las condiciones siguientes:

a) Haber cumplido tres años de residencia en el país;

b) Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de residencia. El refugiado no podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso de haber abandonado a su cónyuge;

c) Tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del país de residencia.

3. Los Estados Contratantes examinarán benévolamente la asimilación, en lo concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los derechos de todos los refugiados a los derechos de los nacionales, especialmente para los refugiados que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración.

ARTÍCULO 18. TRABAJO POR CUENTA PROPIA.

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tal Estado el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias generalmente a los extranjeros, en lo que respecta al derecho de realizar trabajos por cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía y el comercio, y de establecer compañías comerciales e industriales.

ARTÍCULO 19. PROFESIONES LIBERALES.

1. Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autoridades competentes de tal Estado y que deseen ejercer una profesión liberal, el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros.

2. Los Estados Contratantes pondrán su mayor empeño en procurar, conforme a sus leyes y Constituciones, el asentimiento de tales refugiados en los territorios distinto del metropolitano, de cuyas relaciones internacionales sean responsables.

CAPITULO IV.

BIENESTAR.

ARTÍCULO 20. RACIONAMIENTO.

Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de racionamiento que reglamente la distribución general de productos que escaseen, los refugiados recibirán el mismo trato que los nacionales.

ARTÍCULO 21. VIVIENDA.

En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros.

ARTÍCULO 22. EDUCACIÓN PÚBLICA.

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que a los nacionales en lo que respecta, a la enseñanza elemental.

2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable posible, y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias, a los extranjeros en general, respecto de la enseñanza distinta de la elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y títulos universitarios expedidos en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas.

ARTÍCULO 23. ASISTENCIA PÚBLICA.

1. Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos.

ARTÍCULO 24. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO Y SEGUROS SOCIALES.

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a las materias siguientes:

a) Remuneración, incluso subsidios familiares cuando formen parte de la remuneración, horas de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos colectivos de trabajo, en la medida en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas;

b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del trabajo, maternidad, enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidad familiares y cualquiera otra contingencia que, conforme a las leyes o los reglamentos nacionales, esté prevista de un plan de seguro social), con sujeción a las limitaciones siguientes:

i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición;

ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de residencia prescriban disposiciones especiales concernientes a los beneficios o la participación en los beneficios pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan las condiciones de aportación prescritas para la concesión de una pensión normal.

2. El derecho a indemnización por la muerte de un refugiado, a resultas de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por el hecho de que el derecho-habiente resida fuera del territorio del Estado Contratante.

3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los refugiados los beneficios de los acuerdos que hayan concluido o concluirán entre sí, sobre la conservación de los derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos respectivos.

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a los refugiados, en todo lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos análogos que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratantes y Estados no Contratantes.

CAPÍTULO V.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.

ARTÍCULO 25. AYUDA ADMINISTRATIVA.

1. Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normalmente de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará las disposiciones necesarias para que sus propias autoridades o una autoridad internacional le proporcionen esa ayuda.

2. La autoridad o las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán o harán que bajo su vigilancia se expidan a los refugiados los documentos o certificados que normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas.

3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instrumentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas y harán fe, salvo prueba en contrario.

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a los refugiados indigentes, pueden asignarse derechos por los servicios mencionados en el presente artículo, pero tales derechos serán moderados y estarán en proporción con los asignados a los nacionales por servicios análogos.

5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los Artículos 27 y 28.

ARTÍCULO 26. LIBERTAD DE CIRCULACIÓN.

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en general.

ARTÍCULO 27. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD.

Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo refugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un documento válido de viaje.

ARTÍCULO 28. DOCUMENTOS DE VIAJE.

1. Los Estados Contratantes expedirán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados, documentos de viajes que les permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional u orden público, y las disposiciones del Anexo a esta Convención se aplicarán a esos documentos. Los Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro refugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados, y tratarán con benevolencia a los refugiados que en el territorio de tales Estados no puedan obtener un documento de viaje del país en que se encuentren legalmente.

2. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados en virtud de acuerdos internacionales previos, por las partes en tales acuerdos, serán reconocidos por los Estados Contratantes y considerados por ellos en igual forma que si hubieran sido expedidos con arreglo al presente artículo.

ARTÍCULO 29. GRAVÁMENES FISCALES.

1. Los Estados Contratantes no impondrán a los refugiados derecho, gravamen o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que se exija o puedan exigirse de los nacionales de tales Estados, en condiciones análogas.

2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá aplicar a los refugiados las leyes y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los extranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso documentos de identidad.

ARTÍCULO 30. TRANSFERENCIA DE HABERES.

1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, permitirá a los refugiados transferir a otro país, en el cual hayan sido admitidos con fines de reinstalación, los haberes que hayan llevado consigo al territorio de tal Estado.

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes presentadas por los refugiados para que se les permita transferir sus haberes, dondequiera que se encuentren, que sean necesarios para su reinstalación en otro país en el cual hayan sido admitidos.

ARTÍCULO 31. REFUGIADOS QUE SE ENCUENTREN ILEGALMENTE EN EL PAÍS DE REFUGIO.

1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el Artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales.

2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país.

ARTÍCULO 32. EXPULSIÓN.

1. Los estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio de tales Estados a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público.

2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, de deberá permitir al refugiado presentar pruebas expulsatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad competente.

3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se reservan el derecho de aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias.

ARTÍCULO 33. PROHIBICIÓN DE EXPULSIÓN Y DE DEVOLUCIÓN (“REFOULMENT”).

1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligro por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.

2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

ARTÍCULO 34. NATURALIZACIÓN.

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los refugiados. Se esfozarán <sic> en especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de tales trámites.

CAPITULO VI.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DE EJECUCIÓN.

ARTÍCULO 35. COOPERACIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES CON LAS NACIONES UNIDAS.

1. Los Estados Contratantes se comprometen a cooperar en el ejercicio de sus funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o con cualquiera otro organismo do las Naciones Unidas que le sucediere, y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones de esta Convención.

2. A fin de permitir a la Oficina de Alto Comisionado, o a cualquiera otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados Contratantes se comprometen a suministrarles en forma adecuada las informaciones y los datos estadísticos que soliciten acerca de:

a) La condición de los refugiados;

b) La ejecución de esta Convención, y

c) Las leyes, reglamentos y decretos que estén o entraren en vigor, concernientes a los refugiados.

ARTÍCULO 36. INFORMACIÓN SOBRE LEYES Y REGLAMENTOS NACIONALES.

Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de las leyes y de los reglamentos que promulgare para garantizar la aplicación de esta Convención.

ARTÍCULO 37. RELACIÓN CON CONVENCIONES ANTERIORES.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 28, esta Convención reemplaza entre las partes en ella a los Acuerdos de 5 de julio de 1922, 31 de mayo de 1924, 12 de mayo de 1926, 30 de junio de 1928 y 30 de julio de 1935; a las Convenciones de 28 de octubre de 1933 y 10 de febrero de 1938; al Protocolo del 14 de septiembre de 1939, y al Acuerdo del 15 de octubre de 1946.

CAPÍTULO VII.

CLÁUSULAS FINALES.

ARTÍCULO 38. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Toda controversia entre las partes en esta Convención, respecto de su interpretación o aplicación que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de las partes en la controversia.

ARTÍCULO 39. FIRMA, RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN.

1. Esta Convención será abierta a la firma en Ginebra el 28 de julio de 1951 y, después de esa fecha, será depositada en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Estará abierta a la firma en la Oficina Europea de las Naciones Unidas desde el 28 de julio hasta el 31 de agosto de 1951, y quedará nuevamente abierta a la firma, en la sede de las Naciones Unidas, desde el 17 de septiembre de 1951 hasta el 31 de diciembre de 1952.

2. Esta Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como de cualquiera otro Estado invitado a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas, y de todo Estado al cual la Asamblea General hubiere dirigido una invitación a tal efecto. Esta Convención habrá de ser ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

c- Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán adherirse a esta Convención a partir del 28 de julio de 1951. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un <sic> instrumentos de adhesión en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 40. CLÁUSULA DE APLICACIÓN TERRITORIAL.

1. Todo Estado podrá, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a parte de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. Tal declaración surtirán efecto a partir del momento en que la Convención éntre en vigor para el Estado interesado.

2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, y surtirá efecto a los 90 días contados a partir de la fecha en la cual el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación, en la fecha de entrada en vigor de la Convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior.

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor brevedad posible, las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de esta Convención a tales territorios, a reserva del consentimiento de los Gobiernos de tales territorios, cuando sea necesario por razones constitucionales.

ARTÍCULO 41. CLÁUSULA FEDERAL.

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa del Poder Legislativo federal, las obligaciones del Gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las de las partes que no son Estados Federales;

b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención, cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones.

c) Todo Estado federal que sea parte en esta Convención proporcionará, a petición de cualquiera otro Estado Contratante que le haya sido transmitida por el Secretario General de las Naciones unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus unidades constituyentes, en lo concerniente a determinada disposición de la Convención, indicando en qué medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición.

ARTÍCULO 42. RESERVAS.

1. En el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá formular reservas con respecto a artículos de la Convención que no sean los artículos 1, 3, 4,16, (1), 33 y 36 a 46, inclusive.

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá, en cualquier momento, retirarla mediante comunicación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 43. ENTRADA EN VIGOR.

1. Esta Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha de depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión.

ARTÍCULO 44. DENUNCIA.

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Convención mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas la haya recibido.

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con arreglo al artículo 40 podrá declarar ulteriormente, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que la Convención dejará de aplicarse a determinado territorio designado en la notificación. La Convención dejará de aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido esta notificación.

ARTÍCULO 45. REVISIÓN.

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión de esta Convención.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas que eventualmente hayan de adoptarse respecto de tal petición.

ARTÍCULO 46. NOTIFICACIONES DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados Miembros do Isa Naciones Unidas y a los Estados 110 miembros a que se refiere el artículo 39, acerca de:

a) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere la sección B del artículo 1o;

b) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 39;

c) Las declaraciones y notificaciones a que no refiere el artículo 40;

d) Las reservas, formuladas o retiradas, a que se refiere el artículo 42;

c) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al artículo 43;

f) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el artículo 44;

g) Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 45.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman en nombre de sus respectivos Gobiernos la presente Convención.

Hecha en Ginebra el día veintiocho de.julio de mil novecientos cincuenta y uno, en un solo ejemplar, cuyos textos en inglés y francés son igualmente auténticos, que quedará depositado en los archivos de las Naciones Unidas y del cual se entregarán copias debidamente certificadas y todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 39.

Afganistán.

Albania.

Argentina.

Australia.

Austria.

Doctor KarI Fritzer.

Con las siguientes reservas:

a) Las estipulaciones consignadas en los artículos 6, 7 (2), 8, 17 (1 y 2), 23 y 25, solamente se reconocen como recomendaciones, y no como obligaciones impuestas jurídicamente:

b) Las estipulaciones consignadas en el artículo 22 (1 y 2) solamente se aceptan en la medida en que se aplican a la enseñanza pública;

c) Las estipulaciones consignadas en el artículo 31 (1) solamente se aceptan en lo concerniente a los refugiados que en el pasado no han sido objeto de una decisión de prohibición de estancia (Aufenthaltverbot) o de expulsión (Ausweisung o Abschaffung) procedentes de una autoridad jurisdiccional o administartiva <sic> austríaca competente;

d) Las estipulaciones consignadas en el artículo 32 solamente se aceptan en lo concerniente a los refugiados que no fuesen objeto de expulsión por razones de seguridad nacional o de orden público, como consecuencia de una medida fundada en el derecho penal, o por otro motivo de interés público.

Se declara, además, que con respecto a las obligaciones contraídas por la República de Austria en virtud de la Convención, se entenderá que la expresión “acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951”, en la sección A del artículo 1, se refiere a los acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951 en Europa o en otro lugar.

Bélgica.

Herment.

Con la reserva siguiente:

En todos los casos en que la Convención, otorgue a los refugiados el trato más favorable concedido a los nacionales de un país extranjero, esta cláusula no será interpretada por el Gobierno belga en el sentido de que deba incluir el régimen otorgado a los nacionales de los países con los cuales Bélgica ha concluido acuerdos regionales, aduaneros; económicos o políticos.

Bolivia.

Brasil.

Bulgaria.

Birmania.

República Socialista Soviética de Bielorrusia.

Cambodia.

Canadá.

Ceilán.

Chile.

China.

Colombia.

G. Giraldo Jaramillo.

Al firmar esta Convención, el Gobierno de Colombia declara que, con respecto a las obligaciones por él asumidas en virtud de la Convención, se entenderá que la expresión “acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951”, en la sección A del artículo 1, se refiere a los acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951 en Europa.

El honorable Congreso de la República de Colombia, al impartir su aprobación a la presente Convención sobre Estatuto de los Refugiados, en sus debates constitucionales verificados en las sesiones de las días 26 de agosto y 16 de septiembre de 1959 (honorable Cámara de Representantes), y 3 y 31 de mayo y 7 de junio de 1961 (honorable Senado de la República), entendió que la expresión “acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951” en la sección A del artículo 1, se refiere a “acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1959 en Europa o en otro lugar”, en conformidad con el ordinal b) de la sección A del citado artículo 1.

Costa Rica.

Cuba.

Checoslovaquia.

Dinamarca.

Knud Larsen.

Al firmar esta Convención, el Gobierno de Dinamarca declara que, con respecto a los obligaciones por él asumidas en virtud de la Convención, se entenderá la expresión “acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951”, en la sección Á del artículo 1, se refiere a acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951 en Europa o en otro lugar.

República Dominicana.

Ecuador.

Egipto.

El Salvador.

Etiopia.

República Federal de Alemania.

Finlandia.

Francia.

Grecia.

Guatemala.

Haití.

Reino Hachimita de Jordania.

Santa Sede.

Honduras.

Hungría.

Islandia.

India.

Indonesia.

Irán.

Iraq.

Irlanda.

Israel.

Jacob Robinson.

(1o de agosto de 1951).

Italia.

Japón.

Laos.

Líbano.

Liberia.

Lieghtnstein.

Ph. Sutter.

O. Schurch.

Luxemburgo.

J. Sturm.

Con la reserva siguiente:

En todos los casos en que la Convención otorgue a los refugiados el trato más favorable concedido a los nacionales de un país extranjero, esta cláusula no podrá interpretarse en el sentido de que deba incluir el régimen otorgado a los nacionales de los países con los cuales el Gran Ducado de Luxemburgo ha concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o políticos.

México.

Mónaco.

Nepal.

Países Bajos.

E. O. Boetzelaer.

Al firmar esta Convención, el Gobierno de los Países Bajos declara que, con respecto a las obligaciones asumidas por él en virtud de la Convención, se entenderá que la expresión “acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951” en la sección A del artículo 1, se refiere a los acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951 en Europa o en otro lugar.

Esta firma se hace con la reserva de que en todos los casos en que esta Convención otorgue a los refugiados el trato más favorable concedido a los nacionales de un país extranjero, esta cláusula no será interpretada en el sentido de que deba incluir el régimen otorgado a los nacionales de los países con los cuales los Países Bajos han concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o políticos.

Nueva Zelandia.

Nicargua. <sic>

Noruega.

Peter Anker.

Sujeta a ratificación.

Pakistán.

Panamá.

Paraguay.

Perú.

Filipinas.

Polonia.

Portugal.

República de Corea.

Rumania.

Arabia Saudita.

Suecia.

Sture Petren.

Suiza.

Ph. Zutter.

O. Church.

Siria.

Tailandia.

Turquía.

República Socialista Soviética de Ucrania.

Unión Sudafricana.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

S. Hoare.

J. B. Roward.

Al firmar esta Convención, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte declara que, con respecto a las obligaciones asumidas por él en virtud de la Convención, se entenderá que la expresión “acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951”, en la sección A del artículo 1, se refiere a acontecimientos ocurridos antes del 1o de enero de 1951 en Europa o en otro lugar.

Estados Unidos de América.

Uruguay.

Venezuela.

Vietnam.

Yemen.

Yugoslavia.

S. Makiedo.

El Gobierno de la República Federal Popular de Yugoeslavia se reserva el derecho a formular las reservas que considere pertinentes al ratificar esta Convención, con arreglo al artículo 42 de la misma.

ANEXO

PÁRRAFO 1o.

1. El documento de viaje a que se refiere el artículo 28 de esta Convención será conforme al modelo que figura en el adjunto apéndice.

2. El documento estará redactado por lo menos en dos idiomas, uno de los cuales será el inglés o el francés.

PÁRRAFO 2o.

Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, los niños podrán ser incluidos en el documento de viaje de un miembro de la familia o, en circunstancias excepcionales, de otro refugiado adulto.

PÁRRAFO 3o.

Los derechos que se perciben por la expedición del documento no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los pasaportes nacionales.

PÁRRAFO 4o.

Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento será válido para el mayor número posible de países.

PÁRRAFO 5o.

El documento tendrá validez por uno o dos años, a discreción de la autoridad que lo expida.

PÁRRAFO 6o.

1. La renovación o la prórroga de validez del, documento incumbe a la autoridad que lo expida mientras, el titular no se haya establecido legalmente en otro territorio y resida legalmente en el territorio de dicha autoridad. La expedición de un nuevo documento incumbe, en iguales condiciones, a la autoridad que expidió el documento anterior.

2. Los representantes diplomáticos o consulares, especialmente autorizados a tal efecto, estarán facultados para prorrogar, por un plazo que no exceda de seis meses, la validez de los documentos de viajes expedidos por sus respectivos Gobiernos.

3. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de renovar o prorrogar la validez de los documentos de viaje o de expedir nuevos documentos a los refugiados que ya no residan legalmente en el territorio de tales Estados, y no puedan obtener documentos de viaje del país de su residencia legal.

PÁRRAFO 7o.

Los Estados Contratantes reconocerán la validez de los documentos expedidos con arreglo a las disposiciones del artículo 26 de esta Convención.

PÁRRAFO 8o.

Las autoridades competentes del país al cual desee trasladarse el refugiado, si están dispuestas a admitirlo y si se requiere un visado, visarán el documento que posea.

PÁRRAFO 9o.

1. Los Estados Contratantes se comprometen a expedir visas de tránsito a los refugiados que hayan obtenido visas para un territorio de destino, definitivo.

2. Podrá negarse la expedición del visado por los motivos que permitan justificar la negación de visado a cualquier extranjero.

PÁRRAFO 10.

Los derechos por expedición de visados de salida, de entrada o de tránsito, no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los visados de pasaportes extranjeros.

PÁRRAFO 11.

Cuando un refugiado haya establecido legalmente su residencia en el territorio de otro Estado Contratante, la responsabilidad de la expedición de un nuevo documento incumbirá en adelante, conforme a los término <sic> y condiciones del artículo 28, a la autoridad competente de tal territorio, de quien podrá solicitarlo el refugiado.

PÁRRAFO 12.

La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el antiguo y devolverlo al país que lo haya expedido, sí el antiguo documento especifica que debe ser devuelto al país que lo expidió; en caso contrario, la autoridad que expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo.

PÁRRAFO 13.

1. Cada Estado Contratante se compromete a permitir al titular de un documento de viaje expedido por tal Estado con arreglo al artículo 28 de esta Convención, regresar a su territorio en cualquier momento durante el plazo de validez del documento.

2. Con sujeción a las disposiciones del párrafo precedente, un Estado Contratante puede exigir que el titular de ese documento se someta a todas las formalidades que pueden imponerse a los que salen del país o a los que regresan a él.

3. Los Estados Contratantes se reservan, en casos excepcionales o en casos en que el permiso de estancia del refugiado sea válido por tiempo determinado, la facultad de limitar, al expedir el documento, el tiempo durante el cual el refugiado pueda volver en plazo no menor de tres meses.

PÁRRAFO 14.

Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, las disposiciones del presente anexo en nada se oponen a las leyes y los reglamentos que rigen en los territorios de los Estados Contratantes las condiciones de admisión, tránsito, estancia, establecimiento y salida.

PÁRRAFO 15.

Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en él hagan determinarán o modificarán la condición del titular, especialmente en cuanto a su nacionalidad.

PÁRRAFO 16.

La expedición del documento no da al titular derecho alguno a la protección de los representantes diplomáticos o consulares del país respectivo, ni confiere a tales representantes derecho de protección.

APÉNDICE

Modelo de documento de viaje.

El documento tendrá la forma de una libreta (aproximadamente 15 x 10 centímetros).

Se recomienda que sea impreso, de manera tal que toda raspadura o alteración por medios químicos o de otra índole pueda fácilmente descubrirse, y que las palabras “Convención del 28 de julio de 1951” se impriman repetida y continuamente en cada página, en el idioma del país que expida el documento.

(Cubierta de la libreta)

DOCUMENTO DE VIAJE

(Convención del 28 de julio de 1951).

No………….

(1)

DOCUMENTO DE VIAJE

(Convención del 28 de julio de 1951).

Este documento expira el …. a menos que su validez sea prorrogada o renovada.

Apellido (s)………………………………….......................................

Nombre (s)……………………………………………………………..

Acompañado por………………………(Niños)……………………..

1. Este documento ha sido expedido con el único objeto de proporcionar al titular un documento de viaje que pueda hacer las veces de pasaporte nacional. No prejuzgar ni modifica en modo alguno la nacionalidad del titular.

2. El titular está autorizado a regresar a….. (indíquese el país cuyas autoridades expiden el documento) el o antes del …..a menos que posteriormente se especifique aquí una fecha ulterior. (El plazo durante el cual el titular está autorizado a regresar no será menor de tres meses).

3. Si el titular se estableciera en otro país que el expedidor del presente documento deberá, si desea viajar de nuevo, solicitar un nuevo documento de las autoridades competentes del país de su residencia. (El antiguo documento de viaje será remitido a la autoridad que expida el nuevo documento, para que lo remita, a su vez, a la autoridad que lo expidió) 1).

(2)

Lugar y fecha de nacimiento………………………………………..

Profesión…………………………………………..............................

Domicilio actual…………………………………...............................

* Apellidos (s) de soltero y nombre (s) de la esposa……………..

*Apellido (s) y nombre del esposo………………………………….

*Táchese lo que no sea del caso.

Descripción.

Estatura………………………………………………………………..

Cabello………………………………………………………………...

Color de los ojos………………………………………………………

Nariz…………………………………………………………………...

Forma de la cara……………………………………………………..

Color de la tez………………………………………………………..

Señales particulares………………………………………………...

Niños que acompañan al titular.

Apellido (s)	Nombre (s)	Lugar nacimiento	Sexo
…………….	……………..	…………………….	…….
…………….	……………..	…………………….	…….
…………….	…………….	…………………….	…….
…………….	…………….	…………………….	…….

(Este documento contiene….páginas, sin contar la cubierta).

Fotografía del titular y sello de la autoridad que expide el documento.

Huellas digitales del titular (si se requieren).

Firma del titular……………………………………………………….

(Este documento contiene…páginas, sin contar la cubierta).

1. Este documento es válido para los siguientes países:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

2. Documento o documentos del cual o de los cuales se expide el presente documento:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

Expedido en………………………………………………………….

Fecha…………………………………………………………………

Firma y sello de la autoridad que expide el documento:

Derechos percibidos:

(Este documento contiene... páginas, sin contar la cubierta).

Prórroga o renovación de validez.

Derechos percibidos:

Hecha en………………………………………………………………

Desde…………………………………………………………………..

Hasta…………………………………………………………………...

Fecha…………………………………………………………………..

Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento:

(Este documento contiene…. Páginas, sin contar la cubierta).

Prórroga o renovación de validez.

Derechos percibidos:

Hecha en………………………………………………………………

Desde…………………………………………………………………..

Hasta…………………………………………………………………...

Fecha…………………………………………………………………..

Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento:

Prórroga o renovación de validez Derechos percibidos:

Derechos percibidos:

Hecha en………………………………………………………………

Desde…………………………………………………………………..

Hasta…………………………………………………………………...

Fecha…………………………………………………………………..

Firma y sello de la autoridad que prorroga o renueva la validez del documento:

(Este documento contiene…. Páginas, sin contar la cubierta).

(7-32)

VISADOS

En cada visado se repetirá el nombre del titular del documento.

(Este documento contiene…. Páginas, sin contar la cubierta).

Copia certificada conforme. Por el Secretario General y por el Secretario General Adjunto, encargado del Departamento Jurídico (Fdo.), Constantin A. Stauropoulos.

Es traducción fiel y completa de la copia certificada y conforme del texto inglés de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrito en Ginebra el 28 de julio de 1951.

(Fdo.), Luis Alfonso Agudelo R., Traductor Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Bogotá, 10 de marzo de 1959.

Rama Ejecutiva del Poder Público.

Bogotá, 25 de marzo de 1959.

Aprobado. –Sométase la consideración del Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) ALBERTO LLERAS.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Julio César Turbay Ayala

Es fiel copia del texto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que reposa en los archivos de la Cancillería, debidamente certificado por la Secretaría General de las Naciones Unidas y traducido del inglés al castellano por el Ministerio.

José Joaquín Gori, Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bogotá, D. E., 21 de julio de 1959.

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Apruébase la preinserta “Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, suscrita en Ginebra el 28 de julio de 1951.

Dada en Bogotá, D. E., a 7 de junio de 1961.

El Presidente del Senado,

JUAN ANTONIO MURILLO.

El Presidente de la Cámara,

LUIS ALFONSO DELGADO.

El Secretario del Senado,

JOSÉ MANUEL HURTADO LOZANO.

El Secretario de la Cámara, encargado,

ALBERTO PAZ CÓRDOBA.

República de Colombia. –Gobierno Nacional.

Bogotá, D. E., julio 12 de 1961.

Publíquese y ejecútese.

ALBERTO LLERAS

El Ministro de Relaciones Exteriores,

JULIO CÉSAR TURBAY AYALA.