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A. 5 de 1992 CC

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ACUERDO 5 DE 1992

(octubre 15)

Diario Oficial No. 49.505 de 8 de mayo de 2015

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,

<Mediante el Acuerdo 2 de 2015 "se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional", publicado en el Diario Oficial No. 49.622 de 1 de septiembre de 2015>

en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 241, numeral 11 de la Constitución Política y habiendo dado cumplimiento a los trámites previstos en el artículo 77 (numeración anterior) del Reglamento adoptado por el Acuerdo número 01 de 1992 y adicionado por los Acuerdos números 03 y 04 de 1992,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1o. Unifícase en un solo texto, el Reglamento de la Corte Constitucional aprobado por el Acuerdo número 01 de 1992 y adicionado mediante los Acuerdos números 03 y 04 de 1992, cuyas disposiciones y numeración de artículos serán las siguientes:

CAPÍTULO I.

DE LA SALA PLENA.

ARTÍCULO 1o. REUNIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. La reunión de todos los Magistrados forma la Sala Plena de la Corte.

Será Secretario de la Sala Plena, el Secretario General de la Corte.

ARTÍCULO 1A. <CARÁCTER DE LAS DELIBERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL>. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Las deliberaciones de la Corte Constitucional tendrán carácter reservado (artículo 19, Decreto-ley 2067 de 1991). Las actas de Sala Plena serán públicas (artículo 57, Ley 270 de 1996). Por disposición de la Sala Plena, las sesiones podrán grabarse por el Secretario General, quien quedará a cargo de la custodia de las grabaciones.

ARTÍCULO 2o. QUÓRUM. Constituye quórum para deliberar y para decidir la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación.

ARTÍCULO 3o. MAYORÍA. Las decisiones de la Corte, salvo lo dispuesto en la ley para determinados casos, se adoptarán por mayoría absoluta.

Se entiende por mayoría absoluta cualquier número entero de votos superior a la mitad del número de Magistrados que integran la Corte.

Con todo, cuando uno o más Magistrados estimen fundadamente que un asunto se decida por consenso y así lo propongan, la Sala Plena de la Corte hará lo conducente para lograrlo y dispondrá que la decisión de tal asunto no se produzca antes de la siguiente sesión ordinaria, cuando los términos constitucionales y legales así lo permitan. Si no se obtuviere el consenso, se aplicará la regla general sobre mayorías.

ARTÍCULO 4o. PRESIDENCIA. Las sesiones de la Sala Plena serán presididas por el Presidente y, en su defecto, por el Vicepresidente. A falta de estos, por el Magistrado a quien corresponda según el orden alfabético de apellidos.

ARTÍCULO 5o. FUNCIONES. Son funciones de la Sala Plena de la Corte Constitucional las siguientes:

a) Decidir sobre los asuntos de constitucionalidad de que trata el artículo 241 de la Constitución, excepto lo dispuesto en su numeral 9, que se regirá por lo que establezca la ley;

b) Integrar la Sala de Selección de las acciones de tutela que ha de revisar la Corte;

c) Integrar la Sala de Revisión de las acciones de tutela, de acuerdo con el artículo 50 de este Reglamento;

d) Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución;

e) Modificado por Acuerdo número 01 del 14 de noviembre de 2007, quedando este literal así: f) Elegir por la mayoría de los votos de los Magistrados, al Presidente y Vicepresidente de la Corporación, para períodos anuales que se contabilizarán a partir del diez (10) de febrero de cada año;

f) Elegir los empleados de la Corte, excepto los de los Despachos de cada Magistrado;

g) Adoptar el Manual de Funciones de los Empleados de la Corte y fijar sus obligaciones y deberes, así como el Manual de Métodos y Procedimientos de Control Interno;

h) Elegir el Magistrado para el Consejo Superior de la Judicatura;

i) Investigar las infracciones a la Constitución, a la ley o el Reglamento, cuyo conocimiento le corresponda e imponer las sanciones respectivas;

j) Tramitar y resolver sobre los impedimentos y recusaciones de los Magistrados y de los Conjueces, según lo previsto en el artículo 80 de este Reglamento y los que se susciten con motivo de la aplicación del artículo 137 de la Constitución; 3

k) Designar cada año los correspondientes Conjueces, según el número de Magistrados que integran la Corte Constitucional y los Conjueces ad hoc si fuere el caso;

l) Confirmar el nombramiento o la elección de los empleados de la Corporación, respecto de los cuales la ley exija tal requisito;

ll) Conceder licencia no remunerada a los Magistrados Auxiliares y a los empleados que hayan sido nombrados por la Corte, en los términos de la ley;

m) Aprobar el anteproyecto del plan de desarrollo y del presupuesto de la Corporación, presentados por el Presidente y elaborados con el apoyo de la Dirección Administrativa;

n) Adoptar las reglas para el reparto de los negocios de su competencia y elaborar los programas de trabajo de la Corporación, en los términos previstos en este Reglamento;

ñ) Resolver, previo informe del Presidente o por solicitud de cualquier Magistrado, sobre la procedencia de acumulación de negocios de ponencias de un mismo asunto a cargo de varios Magistrados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento;

o) Decidir sobre la convocatoria a audiencias y fijar su fecha, hora y lugar;

p) Estudiar y aprobar las iniciativas de proyectos de ley que puede presentar la Corte Constitucional en materias relacionadas con sus funciones, según el artículo 156 de la Constitución;

q) Resolver sobre las proposiciones que se sometan a su consideración;

r) Adoptar, interpretar y modificar el Reglamento;

s) Modificado por el Acuerdo número 01 de 30 de abril de 2015. Adoptar un Estatuto de Ética;

t) Adicionado por el Acuerdo número 01 de 30 de abril de 2015. Las demás funciones que la Constitución o la ley le atribuyan.

ARTÍCULO 6o. SEDE Y SESIONES ESPECIALES. Las reuniones de la Sala Plena de la Corte se harán en el lugar de su sede oficial de la capital de la República.

Por razones de seguridad o de conveniencia, podrán celebrarse en otro sitio de la ciudad o del territorio nacional que señale el Presidente de la Corte o que acuerde la mayoría de sus miembros.

Así mismo, podrá la Sala Plena de la Corte sesionar excepcionalmente en días no laborables, cuando circunstancias especiales así lo exijan, por decisión de ella misma.

ARTÍCULO 7o. INASISTENCIA. La inasistencia de los Magistrados a las sesiones y su retiro de ellas antes que el Presidente las dé por terminadas, no serán excusables sino por justa causa.

CAPÍTULO II.

DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE DE LA CORTE.

ARTÍCULO 8o. DEL PRESIDENTE. El Presidente de la Corte Constitucional tendrá la representación de la Corporación frente a las demás ramas, órganos y autoridades del poder público, así como frente a los particulares y cumplirá las funciones que se señalan en la ley y en este Reglamento.

ARTÍCULO 9o. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Corresponde al Presidente:

a) Presidir las sesiones, señalar el orden en que deben considerarse los asuntos y dirigir los debates de acuerdo con el Reglamento;

b) Convocar a sesiones a la Corte;

c) Servir a la Corte de órgano de comunicación y, en consecuencia, solo él podrá informar oficialmente sobre los asuntos decididos por la Sala Plena;

d) Poner en conocimiento de los otros Magistrados las notas oficiales que reciba;

e) Presentar, a la Sala Plena el anteproyecto de presupuesto y de plan de desarrollo de la Corte, para su aprobación;

f) Delegar, cuando lo considere oportuno, algunas de sus funciones en el Vicepresidente y demás Magistrados;

g) Manejar los dineros que correspondan a la caja menor asignada a la Presidencia de la Corporación, de acuerdo con las prescripciones legales;

h) Servir de ordenador del gasto, en la forma que lo determinen la ley y el Reglamento del Consejo Superior de la Judicatura;

i) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, mantener el orden, para lo cual inclusive, ejercerá funciones de jefe de policía en la sede de la Corporación y decidir las cuestiones que se susciten en estos asuntos;

j) Cuidar de que los Magistrados Auxiliares, el Secretario General, el Relator, el Bibliotecólogo, el Director Administrativo y los demás empleados que dependan de la Corte, desempeñen cumplidamente sus funciones, llamar la atención a los que se muestren remisos a ello y poner en conocimiento de la Corte, de oficio o a petición de algún Magistrado, las faltas de los subalternos, cuando considere que necesitan correctivo disciplinario;

k) Conceder permiso a los Magistrados en los términos previstos en la ley y a los empleados, previo visto bueno del Magistrado respectivo o del superior correspondiente, según el caso;

l) Nombrar escrutadores de los votos que se emitan en las elecciones que efectúe la Corporación;

ll) Hacer el reparto de los negocios que corresponda resolver a la Corte, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Reglamento;

m) Informar a la Corporación sobre la existencia de los negocios que por sus características requieran acumulación o aconsejan ponencia múltiple;

n) Integrar el Comité Consultivo de la Rama Judicial;

ñ) Designar las comisiones para rendir informes o cumplir tareas especiales que ordene la Corporación;

o) Seleccionar, vincular y distribuir, los Auxiliares Judiciales ad honórem de que trata el Decreto número 1862 de 1989, entre las dependencias de la Corporación, de acuerdo con las necesidades del servicio;

p) Dar posesión a los empleados de la Corporación;

q) Servir de depositario de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios y empleados de la Corte;

r) Las demás que le señalen la Constitución y la ley.

ARTÍCULO 10. VICEPRESIDENTE. En ausencia del Presidente, el Vicepresidente tendrá las mismas atribuciones.

ARTÍCULO 11. INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE. Cuando el Presidente tome parte en las discusiones de la Sala, la sesión la presidirá el Vicepresidente y en defecto de este, el Magistrado a quien corresponda por orden alfabético de apellidos.

ARTÍCULO 12. FALTA DEL PRESIDENTE. La falta absoluta del Presidente o del Vicepresidente dará lugar a nueva elección para su respectivo reemplazo por el resto del período.

CAPÍTULO III.

DE LOS MAGISTRADOS.

ARTÍCULO 13. MAGISTRADOS. La Corte Constitucional se compondrá del número impar de Magistrados que determine la ley.

CAPÍTULO IV.

DE LOS MAGISTRADOS AUXILIARES.

ARTÍCULO 14. NOMBRAMIENTO. Los Magistrados Auxiliares son empleados de libre nombramiento y remoción del respectivo Magistrado. Su confirmación en el cargo corresponderá a la Sala de la Corporación.

ARTÍCULO 15. REQUISITOS. Para ser Magistrado Auxiliar se requiere cumplir las calidades y requisitos que exijan la Constitución y la ley.

ARTÍCULO 16. FUNCIONES DE LOS MAGISTRADOS AUXILIARES. Corresponde a los Magistrados Auxiliares:

a) Colaborar en la sustanciación y trámite de los expedientes a cargo de los despachos;

b) Rendir informe periódico y escrito sobre la sustanciación de los procesos que se tramiten en el Despacho;

c) Preparar relación de hechos y antecedentes de los procesos que se encuentren a despacho para fallo;

d) Rendir informe de jurisprudencia, legislación y doctrina sobre los temas debatidos en los procesos a despacho, para efectos de la elaboración del proyecto de providencia;

e) Colaborar con los Magistrados en la elaboración de anteproyectos de providencias;

f) Practicar pruebas por delegación que haga el Magistrado;

g) Las demás que le señale el Magistrado correspondiente.

CAPÍTULO V.

DE LA SECRETARÍA GENERAL.

ARTÍCULO 17. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL. Son funciones del Secretario General, que ejercerá conforme a las instrucciones del Presidente de la Corte, las siguientes:

a) Redactar las actas de las sesiones;

b) Asistir al Presidente en el reparto de los negocios;

c) Llevar los libros correspondientes y procurar que los asientos se hagan oportuna y eficientemente;

d) Dar cuenta oportuna al Presidente de los negocios que lleguen a la Secretaría;

e) Informar al Presidente de inmediato sobre los negocios que ameriten acumulación o ponencia múltiple;

f) Dirigir la informática de gestión y coordinar con el Relator la informática documental;

g) Mantener en perfecto arreglo el archivo de la Secretaría;

h) Redactar la correspondencia y los documentos que las Salas de la Corte o el Presidente le ordenen;

i) Citar a los Magistrados y Conjueces a las sesiones cuando lo ordene el Presidente;

j) Distribuir el trabajo de la Secretaría entre los empleados de la misma;

k) Guardar absoluta reserva sobre las deliberaciones y decisiones de la Corte y velar porque los subalternos también cumplan con esta obligación. La inobservancia de esta regla está sujeta a las sanciones legales;

l) Notificar las providencias de la Corte, comunicar la iniciación de procesos constitucionales al Presidente de la República, al Congreso Nacional y a las demás entidades del Estado que participaron en la expedición de la norma, de conformidad con la Constitución y el artículo 11 del Decreto número 2067 de 1991;

ll) Enviar copias de las sentencias a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional y a las entidades y organismos que tengan que ver con la decisión, de conformidad con el artículo 16 del Decreto número 2067 de 1991;

m) Expedir las certificaciones que le corresponda de acuerdo con la ley;

n) Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por la ley, por el reglamento y por la Sala Plena de la Corte o por el Presidente.

CAPÍTULO VI.

DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

ARTÍCULO 18. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Corresponde a la Dirección Administrativa proveer todo lo necesario al normal y eficaz funcionamiento de la Corte, desde el punto de vista de administración de personal, de suministros, de presupuesto, de control interno, de capacitación y demás aspectos de gestión administrativa.

Esta Dirección estará a cargo del Director Administrativo.

ARTÍCULO 19. DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. Corresponde al Director Administrativo, bajo la dirección del Presidente de la Corte y siguiendo las directrices de la Sala Plena:

a) Servir de Jefe de Personal de la Corte;

b) Preparar el anteproyecto de presupuesto y de plan de desarrollo de la Corte, con destino a la Dirección Nacional de Administración de Justicia del Consejo Superior de la Judicatura;

c) Coordinar con la Dirección Nacional de Administración de Justicia todo lo relativo a la ejecución del presupuesto de la Corte y ejecutar aquellas partidas que se le asignen de conformidad con la ley;

d) Administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento de la Corte y responder por su correcta aplicación o utilización;

e) Responder por el manejo y legalización de los recursos que se asignen a la Corte para ser ejecutados directamente por ella;

f) Llevar el inventario de elementos de dotación de la Corte y distribuirlos a los funcionarios y empleados de la misma;

g) Ejercer el control interno de la gestión administrativa de la Corte, de conformidad con los métodos y procedimientos que establezca la misma en reglamentos;

h) Diseñar los planes de capacitación y adiestramiento del personal de la Corte;

i) Vigilar especialmente el cumplimiento y aplicación de las normas administrativas relacionadas con la Corporación;

j) Cumplir y hacer cumplir a los subalternos las órdenes que se reciban de la Sala Plena de la Corte, del Presidente o de los Magistrados;

k) Las demás que le atribuya la Sala Plena.

Acuerdo número 969 de 22 de noviembre de 2000, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Artículo 1o. Crea la Coordinación administrativa de la Corte Constitucional. Artículo 2o. Establece las funciones. Artículo 3o. Establece la estructura y planta de personal. Artículo 4o. Provisión de la estructura. Artículo 5o. Funciones de los cargos. Artículo 6o. Supresión de cargos.

CAPÍTULO VII.

DE LA RELATORÍA.

ARTÍCULO 20. DE LA INFORMACIÓN. La Relatoría tendrá una sección de información al servicio de los Magistrados, de sus empleados y del público.

Los libros y documentos solo podrán consultarse dentro de las oficinas de la Relatoría, pero los Magistrados podrán retirarlos, siempre que dejen recibo firmado por ellos o por los Magistrados Auxiliares. El recibo se cancelará cuando el libro o documento sea devuelto.

ARTÍCULO 21. SISTEMAS Y BASE DE DATOS. Se diseñará y pondrá en funcionamiento un sistema de información y una base de datos por computador, compatibles con las normas técnicas oficiales.

ARTÍCULO 22. DE LA RELATORÍA. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015.  Son funciones de la Relatoría, que ejercerá bajo la dirección del Presidente:

a) Elaborar una descripción del problema jurídico y de la ratio decidendi de las providencias de la Corte Constitucional;

b) Elaborar líneas jurisprudenciales;

c) Publicar en el medio de difusión oficial de la Corte Constitucional todas las decisiones de la Corporación;

d) Elaborar y publicar el índice contentivo de las disposiciones declaradas exequibles o inexequibles, así como de las providencias de tutela y de aclaración de fallos.

Corresponde al Relator, respecto del manejo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

1. Recibir, relacionar y clasificar las providencias proferidas por la Corte.

2. Editar periódicamente el boletín en relación con las decisiones sobre la acción de tutela, para su distribución interna entre los Magistrados.

3. Elaborar trimestralmente índices alfabéticos.

4. Realizar la sistematización de la jurisprudencia en coordinación con el Jefe de sistemas de la Corporación.

5. Atender a todos los usuarios que consulten las decisiones de la Corte Constitucional.

6. Apoyar a la Unidad de Análisis y Seguimiento en particular en lo que corresponda a la elaboración de estadísticas.

7. Las demás que le asigne la Sala Plena.

CAPÍTULO VIII.

DE LA BIBLIOTECA.

ARTÍCULO 23. DE LA BIBLIOTECA. Corresponde a la biblioteca, bajo la dirección de la Presidencia, guardar, conservar y clasificar toda la información bibliográfica, por cualquier medio técnico de comunicación y obtener la información y documentación que no se encuentre en la Biblioteca, a solicitud de los Magistrados, directamente o por conducto de los Magistrados Auxiliares.

Deberá además colaborar con el Relator en la elaboración e implementación de tesauros.

La Biblioteca y el archivo de la Corte, del cual hacen parte los archivos de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Comisión Especial Legislativa, estarán a cargo del Bibliotecólogo.

El Bibliotecólogo tendrá además las funciones que le asigne la Sala Plena.

Acuerdo número 1717 de 12 de febrero de 2003, “por el cual se crea la Biblioteca Enrique Low Murtra y se adscribe al Centro de Documentación Sociojurídica de la Rama Judicial (Cendoj) de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

CAPÍTULO IX.

DE LAS SESIONES.

ARTÍCULO 24. CONVOCATORIA DE LAS SESIONES. Las sesiones requieren convocatoria. Las sesiones serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se efectuarán preferencialmente los días miércoles de cada semana, a las nueve de la mañana o en el día que para el efecto decida la Sala Plena. La convocación para las segundas la hará el Presidente por su iniciativa o a instancia del Vicepresidente o por este en ausencia de aquel, o cuando lo soliciten por lo menos dos Magistrados, siempre que, en este caso, se indique el objeto de la sesión.

Esta convocación se hará por escrito en el que se mencionará lugar, fecha, hora y objeto de la sesión. En caso de urgencia, la citación podrá ser verbal, de lo cual se dejará testimonio en el acta.

No serán válidas las determinaciones que se adopten en sesión para la que no hayan sido debidamente convocados los Magistrados, salvo que, hallándose todos presentes, acuerden sesionar.

ARTÍCULO 25. ORDEN DEL DÍA. Se entiende por Orden del Día la serie de asuntos que se someten en cada sesión al conocimiento y discusión de la Sala Plena de la Corte. El Orden del Día será enviado previamente a los Magistrados.

ARTÍCULO 26. FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Orden del Día será fijado por el Presidente de la Corte observando las siguientes reglas:

1ª. Figurará en él, en primer lugar, la lectura del acta de la sesión anterior, copia de la cual se entregará previamente a los Magistrados.

2ª. Luego se abordará el estudio de los asuntos constitucionales en el mismo orden establecido en el artículo 41 de este Reglamento.

3ª. Vendrán luego los temas jurisdiccionales de competencia de la Sala Plena, los negocios administrativos que deban ser conocidos o decididos por la Corte y enseguida la elección de los funcionarios y empleados, para la cual se hubiere convocado con la antelación señalada en el Reglamento.

4ª. Se incluirán seguidamente los informes de comisiones especiales designadas por el Presidente.

5ª. Lo que propongan los Magistrados.

ARTÍCULO 27. MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Orden del Día no podrá ser alterado sino por proposición que reciba el voto de la mayoría de los Magistrados asistentes. Decidido el punto objeto de la alteración, se volverá al orden primitivo.

PARÁGRAFO. Cuando la naturaleza del asunto que deba tratarse así lo requiera, el Presidente de la Corte podrá adicionar o alterar el Orden del Día, sin sujeción a lo establecido en este artículo.

ARTÍCULO 28. CONTINUIDAD. Cuando en una sesión no se hubiere agotado el Orden del Día señalado para ella, en el de la siguiente, después de la consideración del acta de la anterior, figurarán en primer término los negocios que quedaron pendientes.

ARTÍCULO 29. INICIO Y DURACIÓN. Se abrirá la sesión tan pronto como haya quórum. Leído el Orden del Día, se considerará el acta de la sesión anterior. Las sesiones no se prolongarán más de cuatro horas, salvo que la Sala Plena decida declararse en sesión permanente.

ARTÍCULO 30. INTERVENCIONES. En las deliberaciones el Presidente concederá la mayor amplitud a quienes deseen intervenir. Empero, si fuere indispensable por razones de evidente urgencia, el número de intervenciones podrá limitarse a dos para cada Magistrado y a veinte minutos cada una.

ARTÍCULO 31. COPIAS. Copias del texto de los proyectos de sentencia y demás providencias y del respectivo expediente, se entregarán a cada uno de los Magistrados de la respectiva Sala con anticipación a la fecha de la correspondiente sesión.

Esta tarea corresponde al Secretario, a quien el ponente entregará un ejemplar para que reproduzca las copias correspondientes.

ARTÍCULO 32. CONCEPTOS. Los Magistrados podrán hacer llegar al ponente sus conceptos sobre el asunto objeto de estudio, para que este los evalúe y, si lo considera pertinente, los tenga en cuenta para la elaboración del proyecto de sentencia. Para tales fines, el Magistrado que lo estime a bien, podrá solicitar copia de cualquier documento que repose en el expediente.

Entre la presentación del proyecto de fallo y la deliberación de la Corte deberán transcurrir por lo menos cinco días, salvo cuando se trate de decidir sobre objeciones a proyectos de ley o en casos de urgencia nacional.

Lo mismo se hará en relación con los informes especiales de comisión y demás documentos que deban ser considerados.

ARTÍCULO 33. OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE CONSTITUCIONALIDAD O DE ASUNTOS SOMETIDOS A CONOCIMIENTO DE LA SALA PLENA. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015.  Antes de la discusión de los asuntos de constitucionalidad o de aquellos sometidos a conocimiento de la Sala Plena, los Magistrados titulares tendrán un plazo de diez días calendario contados a partir de la entrega de copia del proyecto de fallo, para formular observaciones por escrito en formato unificado.

ARTÍCULO 34. REGLAS PARA LAS DELIBERACIONES. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. El estudio en Sala de las ponencias de fallo se sujetará a las siguientes reglas:

1ª. El autor del proyecto por discutirse hará una explicación oral de su contenido.

2ª. Si hubiere varios estudios o informes, se procederá de igual manera, en orden alfabético de apellidos de sus autores.

3ª. Los magistrados expondrán oralmente o leerán las razones de su opinión.

4ª. El Presidente concederá la palabra por turno riguroso a quienes deseen presentar sus observaciones.

5ª. Antes del cierre del debate o de decidir sobre suficiente ilustración y en cuanto los términos lo permitan, cualquier Magistrado podrá solicitar en rotación el proceso en estudio, por un lapso no mayor de ocho días, durante los cuales, se suspenderá la discusión.

Se entenderá agotado el debate cuando, oídos los que quisieron intervenir y, anunciado por el Presidente que va a cerrarse la discusión, ningún Magistrado pida la palabra para continuarla. Entonces el Presidente la declarará cerrada.

6ª. Terminado el debate, se hará la votación, primero sobre la parte resolutiva y después sobre la motiva o sobre las conclusiones del informe.

La parte resolutiva requerirá para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los Magistrados. La parte motiva se podrá aprobar por mayoría relativa. Para aprobar los informes de comisión y demás documentos se requerirá mayoría absoluta.

7ª. Cuando en materia constitucional haya varios estudios en discusión, cerrada esta, se votará en primer lugar el del ponente y si fuere negado se abrirá la votación sobre el o los que le siguen, en el orden indicado en la regla segunda.

8ª. Cuando el proyecto o estudio tenga la mayoría legal de los votos de los Magistrados pero no la unanimidad, a cada uno de los disidentes se le concederá el plazo de cinco días para aclarar o salvar su voto, contados a partir del día siguiente a la recepción en su despacho de la copia de la providencia respectiva.

Si el proyecto principal no obtiene en la Sala ese mínimo de votos, el proceso pasará al magistrado que corresponda en orden alfabético de apellido entre el grupo de los magistrados mayoritario, para que redacte el nuevo proyecto o el fallo definitivo, en el que se exponga la tesis de la mayoría. El magistrado ponente original podrá conservar la ponencia cuando concurra con la mayoría en las decisiones principales del fallo.

Cuando como consecuencia de las deliberaciones hayan de efectuarse ajustes a la ponencia, el magistrado sustanciador dispondrá de diez días para depositar en la Secretaría el texto definitivo.

ARTÍCULO 35. VOTACIONES. Las votaciones serán ordinarias, nominales y secretas. Las votaciones ordinarias se efectúan con cualquier manifestación externa inequívoca que indique asentimiento o negación por parte de los Magistrados, a la proposición interrogativa presentada por el Presidente. Esta indicará en cada caso la forma de dicha manifestación.

En las votaciones nominales el Secretario llamará a lista y cada Magistrado, al ser nombrado, expresará su voto diciendo únicamente sí o no, según sea su voluntad. El resultado se publicará en el acta. Estas votaciones solo se llevarán a cabo cuando lo solicite algún Magistrado.

Las votaciones secretas se harán mediante papeleta. Tendrán lugar únicamente en caso de elecciones.

Abierta la votación de cualquier clase, le está prohibido a los Magistrados abandonar el salón de sesiones, salvo autorización de la Sala.

Solamente podrán depositar su voto los Magistrados que estén presentes al momento de realizarse dicho acto.

ARTÍCULO 35A. EXPEDICIÓN Y FIRMA DE PROVIDENCIAS. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Una vez adoptada la decisión por la Sala Plena, el Presidente procederá a comunicar a la opinión pública el sentido del fallo, a más tardar al día siguiente en que fue proferido. En la comunicación se señalará el sentido del voto de los magistrados disidentes y de quienes lo aclaren, sin perjuicio de que acompañen en el mismo término las razones que justifican su posición.

Las providencias deberán ser firmadas en un término máximo de quince días contado desde el momento en que se dio a conocer a la opinión pública el sentido del fallo, salvo que el Magistrado Ponente justifique ante la Sala Plena su ampliación, por razones vinculadas con cambios sustanciales al proyecto original. En este último caso, la recolección de firmas no podrá superar un término adicional de treinta días.

Una vez se cumpla lo dispuesto en los incisos anteriores se procederá inmediatamente a su publicación y notificación, con excepción de los fallos de tutela, en los que esta última actuación, se surtirá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto número 2591 de 1991.

ARTÍCULO 36. ACTAS. De todo lo acontecido en la sesión se dejará resumen en el acta. De las exposiciones de los Magistrados se hará otro tanto, si éstos lo exigen y las presentan por escrito.

ARTÍCULO 37. RESERVA. Las deliberaciones de la Sala Plena serán reservadas, sin perjuicio de las audiencias de que trata el Decreto número 2067 de 1991. La divulgación del sentido de los proyectos o de las providencias que se tomen en la Sala Plena, antes de que éstos sean firmados por todos los Magistrados, constituye falta grave sancionable con arreglo a la ley.

CAPÍTULO X.

DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y REPARTO.

ARTÍCULO 38. PROGRAMAS DE TRABAJO Y REPARTO. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. La Corte aprobará en Sala Plena, el programa de trabajo y reparto de los asuntos de constitucionalidad sometidos a su consideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 3o del Decreto número 2067 de 1991.

En el programa de trabajo y reparto también se incluirán los conflictos de competencia, los incidentes de nulidad y demás asuntos que deban ser resueltos en Sala Plena.

ARTÍCULO 39. PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y REPARTO. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Los asuntos de constitucionalidad y otros sometidos a conocimiento de la Sala Plena, que se reciban después de haberse aprobado el programa de trabajo y reparto, permanecerán en la Secretaría de la Corte para ser clasificados conforme a lo dispuesto en este artículo, a fin de incluirlos en el programa que corresponda.

La Secretaría General de esta Corporación tendrá a su cargo la clasificación previa de dichos asuntos y deberá presentar a la Sala Plena, un proyecto de programa de trabajo y reparto elaborado de acuerdo con los criterios señalados en este Reglamento.

El Secretario General desempeñará esta función bajo la dirección del Presidente, con quien deberá reunirse previamente a la sesión de Sala Plena en que deba considerarse y aprobarse el respectivo programa.

ARTÍCULO 40. CONTENIDO DEL PROGRAMA. El programa de trabajo y reparto contendrá, con indicación de fechas de reparto, la enumeración de los asuntos que deban someterse a su trámite. Los repartos correspondientes se efectuarán durante las reuniones ordinarias de Sala Plena que tengan lugar en el respectivo período.

ARTÍCULO 41. CRITERIOS PARA ELABORAR LOS PROGRAMAS. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Por regla general, los asuntos constitucionales y otros sometidos a conocimiento de la Sala Plena se incluirán en los programas de trabajo y reparto en el mismo orden sucesivo de su recibo en la Corte.

Se exceptúan de lo anterior, en forma concurrente y excluyendo los negocios ordinarios si fuere necesario, los siguientes asuntos:

a) Los indicados en los numerales 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 10 del artículo 241 de la Constitución;

b) Las demandas de inconstitucionalidad que se refieran a asuntos calificados de urgencia nacional, a juicio de la Sala Plena de la Corte, la cual deberá pronunciarse por mayoría absoluta;

c) Los incidentes de nulidad o solicitudes de aclaración, cuya sustanciación se asignará directamente al Magistrado Ponente del proceso.

ARTÍCULO 42. CRITERIOS PARA REPARTO EQUITATIVO. La Sala Plena adoptará criterios y procedimientos para que en la práctica concreta, el reparto de negocios entre los Magistrados sea equitativo. Para tal efecto, se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes factores:

1. Número de normas demandadas, complejidad del asunto o ambos factores.

2. Número de temas que ameriten investigación, complejidad de los mismos o ambos factores.

3. Requerimientos normales de horas de trabajo del despacho, determinados en función de la investigación exigida y de los recursos existentes.

4. Necesidad de pruebas.

5. Inadmisiones o rechazos previsibles.

6. Especialidad de los asuntos.

7. Eventuales ventajas comparativas.

8. Urgencia de su tratamiento.

9. Posibilidad de ponencia múltiple.

ARTÍCULO 43. MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA. El programa de trabajo y reparto podrá ser modificado por la Sala Plena de la Corte por razones de urgencia, calificada por la mayoría absoluta.

ARTÍCULO 44. PUBLICIDAD. El programa de trabajo y reparto debidamente actualizado permanecerá en la Secretaría General para consulta de los ciudadanos.

CAPÍTULO XI.

DE LA ADICIÓN DE LA DEMANDA Y ACUMULACIÓN DE PROCESOS.

ARTÍCULO 45. OPORTUNIDAD. El Magistrado Sustanciador solo considerará las adiciones a la demanda que se presenten antes de que el expediente ingrese en virtud de reparto a su despacho. Con tal fin, la Secretaría General de la Corte rendirá informe sobre las adiciones que sean presentadas oportunamente.

ARTÍCULO 46. TRÁMITE. En desarrollo del artículo 6o del Decreto número 2067 de 1991 y al momento de decidir sobre la admisión de la demanda, el Despacho del Magistrado Sustanciador podrá ordenar al actor que integre la adición en un solo escrito, para los efectos de la corrección de la demanda.

ARTÍCULO 46A. PRONUNCIAMIENTO SOBRE ADMISIBILIDAD. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Vencido el término para corregir la demanda y una vez el proceso de constitucionalidad sea entregado al despacho del magistrado sustanciador, este deberá decidir sobre su admisión o rechazo en el término máximo de diez días.

ARTÍCULO 47. ACUMULACIÓN. Solo podrán acumularse aquellos procesos que se incluyan en el respectivo programa mensual de trabajo y reparto, siempre y cuando la propuesta de acumulación se justifique en los términos del artículo 5o del Decreto número 2067 de 1991, sea formulada al momento de someterse al referido programa a consideración de la Sala Plena y esta la apruebe.

No habrá recurso alguno contra la decisión tomada por la Sala Plena sobre acumulación de procesos.

CAPÍTULO XII.

DEL RECURSO DE SÚPLICA.

ARTÍCULO 48. TRÁMITE DE LOS RECURSOS DE SÚPLICA. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Los recursos de súplica que instauren los ciudadanos contra autos proferidos por los Magistrados se someterán al siguiente trámite:

1. El recurso de súplica deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia objeto de él.

2. Recibido el recurso en la Secretaría General de la Corte, se entregará al Magistrado que siga en orden alfabético al que profirió la providencia impugnada, para que elabore y registre ponencia dentro de los diez días siguientes.

3. Elaborada y registrada la ponencia, se someterá a deliberación en la siguiente sesión ordinaria, para que sea aprobada a más tardar en la subsiguiente sesión ordinaria.

4. El Magistrado autor de la providencia objeto de súplica no participará en las deliberaciones de la Sala Plena durante las cuales se debate el tema, ni podrá votar sobre la decisión correspondiente. No obstante ello, si a bien tuviere, podrá ser oído en exposición inicial y única, luego de lo cual se retirará.

5. Se entenderá aprobada la ponencia con la mayoría absoluta de los Magistrados y, en caso de empate, se sorteará un conjuez para dirimirlo.

6. En caso de que la ponencia no fuere aprobada, se designará por sorteo entre los Magistrados de la mayoría, aquel a quien corresponda redactar la nueva ponencia, la cual se someterá en su trámite a lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 de este mismo artículo.

7. Decidido el recurso por la Corte, si el auto objeto del mismo fuere confirmado, se le dará cumplimiento. Si fuere revocado, proseguirá el proceso de constitucionalidad bajo la conducción del Magistrado Sustanciador inicial.

CAPÍTULO XIII.

DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y REVISIÓN EVENTUAL DE LAS SENTENCIAS DE TUTELA.

SECCIÓN I.

DE LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS ORIENTADORES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

ARTÍCULO 49. PRINCIPIOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. El proceso de selección de fallos de tutela estará orientado por el respeto de los siguientes principios constitucionales: transparencia, moralidad, racionalidad, eficacia, publicidad, autonomía judicial, economía procesal, celeridad, imparcialidad y seguridad jurídica.

ARTÍCULO 49A. CRITERIOS ORIENTADORES DE SELECCIÓN. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Sin perjuicio del carácter discrecional de la selección de fallos de tutelas y ante la inexistencia constitucional de un derecho subjetivo a que un determinado caso sea seleccionado, la Corte se guiará por los siguientes criterios orientadores:

Criterios objetivos: unificación de jurisprudencia, asunto novedoso, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional;

b) Criterios subjetivos: urgencia de proteger un derecho fundamental o la necesidad de materializar un enfoque diferencial;

c) Criterios complementarios: lucha contra la corrupción, examen de pronunciamientos de instancias internacionales judiciales o cuasi judiciales, tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional; preservación del interés general y grave afectación del patrimonio público.

Estos criterios de selección, en todo caso, deben entenderse como meramente enunciativos y no taxativos.

PARÁGRAFO. En todos los casos, al aplicar los criterios de selección, deberá tenerse en cuenta la relevancia constitucional del asunto, particularmente tratándose de casos de contenido económico.

SECCIÓN II.

DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CASOS DE TUTELA.

ARTÍCULO 49B. RUTA EXISTENTE PARA LA SELECCIÓN DE UN CASO. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Un fallo de tutela podrá ser eventualmente seleccionado, cuando ha sido puesto a consideración de la Sala de Selección por cualquiera de las siguientes vías:

a) Preselección por la Unidad de Análisis y Seguimiento de Tutelas o por uno de los Magistrados que integran la Sala de Selección, con base en reseñas esquemáticas;

b) Presentación de una solicitud ciudadana a la Sala de Selección;

c) Insistencia.

La fecha de las Salas de Selección y el rango de expedientes en estudio se fijarán en la Secretaría General y se publicarán en la página web de la Corporación.

ARTÍCULO 49C. UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Confórmese una Unidad de Análisis y Seguimiento al Proceso de Selección de Tutelas, integrada por nueve (9) miembros designados uno por cada Despacho, más un coordinador designado por la Presidencia, quienes de manera permanente y exclusiva, adelantarán las siguientes funciones:

a) Coordinar la integralidad del proceso de preselección de tutelas y aplicarle los principios y criterios orientadores;

b) Supervisar y aprobar el trabajo realizado por quienes realizan la práctica judicial o judicatura para obtener el grado de abogado;

c) Unificar los parámetros internos para la elaboración y diligenciamiento de las reseñas esquemáticas que deberán tener en cuenta los criterios de selección de tutelas y las metodologías a seguir (Cuadros de Apoyo). Estas directrices podrán ser modificadas por la Unidad de Seguimiento, previa aceptación de una nueva metodología avalada por la Sala Plena;

d) Realizar un seguimiento diario de la elaboración de reseñas esquemáticas y cuadros de apoyo, para garantizar el cumplimiento del trabajo y las descargas a tiempo para las salas de selección;

e) Proponer métodos unificados de capacitación y generar, con la aprobación de la Sala Plena, documentos, textos o audiovisuales que faciliten dicha labor;

f) Velar por el mejoramiento de las condiciones y ambiente de trabajo, proponiendo las medidas necesarias a la Sala Plena;

g) Comunicar a los despachos los avances, retrocesos o dificultades encontradas en el proceso de preselección de tutelas;

h) Rendir informes periódicos a las respectivas Salas de Selección y Sala Plena sobre: (i) los principales temas sobre los que versan los expedientes de tutela que llegan a la Corte; (ii) identificar los problemas jurídicos más relevantes sobre la interpretación de un determinado derecho fundamental o el funcionamiento de la justicia constitucional; (iii) poner de presente la existencia de situaciones estructurales o coyunturales que afecten a un número importante de poblaciones vulnerables; (iv) detectar problemas en los procedimientos de selección implementados y proponer directrices y recomendaciones puntuales a la Sala Plena y (v) alertar sobre eventuales casos de corrupción relacionados con la concesión de amparos;

i) Generar estadísticas, que permitan identificar dentro de los procesos de selección, entidades que reinciden en la vulneración de derechos fundamentales, significativos problemas jurídicos del Estado que deban ser analizados, temas novedosos que deban ser seleccionados, entre otros;

j) Realizar el estudio necesario para la consolidación de las líneas y reglas jurisprudenciales sobre los diferentes derechos fundamentales y asuntos de tutela, para revisión de la Sala Plena y eventual publicación en la página web de la Corte Constitucional;

k) Informar a la Sala Plena respecto de los expedientes de tutela que desconozcan la jurisprudencia de esta Corporación, con el fin de que adopte las medidas legales pertinentes o profiera sentencias con efectos extensibles a casos semejantes.

Para el cumplimiento de estas funciones, la Unidad de Análisis y Seguimiento al Proceso de Selección contará con el apoyo de la Relatoría, la Oficina de Sistemas y la Oficina de Prensa de la Corte Constitucional.

ARTÍCULO 49D. SALA DE SELECCIÓN DE TUTELAS. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Cada mes la Sala Plena de la Corte Constitucional designará a dos de sus integrantes para conformar la Sala de Selección de Tutelas, en forma rotativa y por sorteo. Para agotar la lista, se partirá del magistrado que no haya sido sorteado.

La Secretaría General informará de inmediato a la Unidad de Análisis sobre las acciones de tutela que tengan que someterse a consideración de dicha Sala, solicitudes de insistencia y solicitudes de los ciudadanos presentadas para revisión. De igual manera, con antelación a la realización de la Sala de Selección, la Unidad de Análisis y Seguimiento rendirá su respectivo informe, cuyo insumo serán las reseñas esquemáticas que elabore el personal asignado por los respectivos despachos, cuadros de apoyo, insistencias y peticiones ciudadanas.

Los asuntos seleccionados por la respectiva Sala, serán sorteados entre los Magistrados de la Corte de manera rotativa y por orden alfabético de apellidos, quienes integrarán para resolverlos, las respectivas Salas de Revisión.

La facultad discrecional con que cuenta la Sala de Selección, se ejercerá de conformidad con los principios y criterios orientadores. En tal virtud, las peticiones que se reciban de personas interesadas en que se revise un fallo de tutela, serán respondidas por el Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo ordenado por la Sala.

De la misma manera, se procederá en caso de petición de insistencia de los particulares en la revisión de un fallo excluido de revisión, la cual es facultativa del Defensor del Pueblo, del Procurador General de la Nación, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o de un Magistrado de la Corte Constitucional.

En el texto del Auto de Selección se indicarán brevemente los criterios que fueron empleados por la Sala para la escogencia de las tutelas para selección, sin necesidad de motivar cada decisión particular. En el evento de no alcanzarse un acuerdo sobre la selección de un caso, este no será seleccionado.

Cuando un Magistrado de la Sala de Selección manifieste un impedimento para resolver sobre la selección de un caso, decidirá el Magistrado que no esté impedido.

Las decisiones adoptadas por la Sala de Selección no admiten recurso alguno.

En el Auto de la Sala de Selección se relacionarán las insistencias y las peticiones ciudadanas presentadas dentro del rango correspondiente. Dicho auto deberá notificarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la celebración de la Sala de Selección y será publicado en la página web de la Corte Constitucional.

Las deliberaciones de la Sala de Selección y sus Actas son reservadas. Se invitará a presenciar tales sesiones a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.

Queda prohibido a cualquier Magistrado, funcionario o empleado de la Corte Constitucional incidir indebidamente o intentar hacerlo, en la selección de cualquier expediente. Quien tenga conocimiento de esta práctica deberá informarlo de inmediato a las autoridades competentes.

Ningún Magistrado podrá, durante la Sala de Selección, decidir sobre su propia insistencia, ni le podrá ser repartido el expediente en caso de ser seleccionado.

ARTÍCULO 50. SALAS DE REVISIÓN DE TUTELAS. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. A medida que se repartan los procesos de tutela se irán conformando las Salas de Revisión, una por cada reparto, así: El Magistrado a quien corresponda alfabéticamente recibirlo, presidirá la Sala conformada con los dos Magistrados que le sigan en orden. La Sala decidirá por mayoría absoluta y el Magistrado disidente podrá salvar o aclarar su voto.

Los procesos de tutela deberán ser decididos en el término máximo de tres meses. Con tal propósito, el Magistrado Sustanciador deberá presentar el proyecto de fallo a los demás Magistrados que integran la Sala de Revisión para que formulen sus observaciones, por lo menos quince (15) días antes de su vencimiento.

Ocurrido lo anterior, los Magistrados Titulares tendrán un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la entrega del proyecto, para formular observaciones por escrito.

Los Magistrados que integran la Sala de Revisión deberán adoptar una decisión definitiva sobre el caso, sin superar el término máximo de tres meses al que se refiere el inciso segundo de este artículo. Adoptada la decisión, se procederá a la firma de la providencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, luego de lo cual los magistrados disidentes elaborarán el salvamento o aclaración de voto, en los términos dispuestos en el numeral 8 del artículo 34 de este reglamento.

ARTÍCULO 51. INSISTENCIA. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Además de los treinta días de que dispone la Sala de Selección y en virtud de lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto número 2591 de 1991, cualquier Magistrado titular o directamente el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá insistir en la selección de una o más tutelas para su revisión, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de notificación por estado del auto de la Sala de Selección.

Las insistencias presentadas por los Magistrados deberán ceñirse a los principios y criterios que orientan el proceso de selección.

Los textos de todas las insistencias serán publicados en la página web de la Corte Constitucional, una vez recibidas por la Secretaría General. En caso de que el expediente sea seleccionado, en la sentencia se hará referencia al contenido de la insistencia.

ARTÍCULO 52. TRÁMITE DE LA INSISTENCIA. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Recibida la solicitud, la Sala de Selección de turno entrará a reexaminar, en los términos y por las causales previstas en el artículo 33 del Decreto número 2591 de 1991, la tutela objeto de insistencia. Si encuentra procedente la selección, así lo hará y dispondrá su reparto. Si la decisión fuere negativa, se informará de ello al solicitante dentro de los tres (3) días siguientes. Contra las decisiones de selección no procederá recurso alguno.

En el trámite se tendrán en cuenta las restricciones previstas anteriormente.

ARTÍCULO 53. CAMBIO DE JURISPRUDENCIA. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. En caso de cambio de jurisprudencia, en un término no mayor de dos (2) meses contados desde el momento en que la Secretaria General entregó el expediente al despacho, el Magistrado Sustanciador deberá poner a consideración de la Sala Plena la posibilidad de que esta asuma el conocimiento del asunto. La Sala decidirá en dicha sesión o en la siguiente si avoca su estudio.

Las propuestas que sobre el tema realice un Magistrado, deberán ser sometidas junto con las ponencias respectivas, a consideración y análisis de la Sala Plena, si así lo solicita, para lo cual registrará en la Secretaría oportunamente, el correspondiente escrito sustentatorio. En este caso, el Magistrado comunicará al Presidente su propósito de intervenir de la manera indicada, con el fin de que se prepare el debate.

A solicitud de cualquier Magistrado, para los efectos de cambio de jurisprudencia, la Sala Plena podrá decretar la celebración de una audiencia pública, con participación de personas y entidades nacionales y extranjeras convocadas para tal fin. Tal audiencia deberá realizarse con una anticipación no menor a diez días antes del vencimiento del término para decidir.

Mientras la Sala Plena adopta la decisión sobre cambio de jurisprudencia, se suspenderán los términos de los respectivos procesos. En todo caso, el proceso deberá ser decidido en el término máximo de tres meses previstos para los casos de tutela, contado a partir del momento en que la Sala Plena asume la competencia. Sin perjuicio de lo anterior, el magistrado sustanciador deberá presentar y registrar el proyecto de fallo a la Sala de Plena por lo menos un mes antes del vencimiento del plazo para decidir.

ARTÍCULO 54. COMUNICACIÓN DE LAS SENTENCIAS DE TUTELA. Todas las sentencias de la Corte sobre tutela deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera y segunda instancia. Copia de ellas será suministrada a los demás Magistrados de la Corporación y a la Presidencia de la República.

ARTÍCULO 54A. REVISIÓN POR LA SALA PLENA. Modificado mediante Acuerdo número 01 de 3 de diciembre de 2008, quedando en los siguientes términos: Artículo 54A. Revisión por la Sala Plena. Cuando ajuicio de la Sala Plena, por solicitud de cualquier magistrado, un proceso de tutela dé lugar a un fallo de unificación de jurisprudencia o la transcendencia del tema amerite su estudio por todos los magistrados, se dispondrá que la sentencia correspondiente sea proferida por la Sala Plena.

Adicionalmente, para los fines establecidos en las normas vigentes, después de haber sido escogidos autónomamente por la Sala de Selección competente, los fallos sobre acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien le corresponda en reparto a la Sala Plena, la cual determinará si asume su conocimiento con base en el informe mensual que le sea presentado a partir de la Sala de Selección de marzo de 2009.

En tal evento, el Magistrado Ponente registrará en la Secretaría el proyecto de fallo respectivo y se procederá a cumplir el mismo trámite previsto por el artículo 53 del Reglamento de la Corporación para el cambio de jurisprudencia, en materia de sentencias de revisión de tutela.

ARTÍCULO 55. PUBLICACIÓN DE PROVIDENCIAS. En la publicación de sus providencias, las Salas de la Corte o el Magistrado Sustanciador, en su caso, podrán disponer que se omitan nombres o circunstancias que identifiquen a las partes.

CAPÍTULO XIV.

DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS.

ARTÍCULO 56. PRUEBAS EN SEDE DE CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Cuando a juicio del Magistrado Sustanciador, sea pertinente decretar pruebas en cualquiera de los procesos de control abstracto de constitucionalidad, se ordenará que la fijación en lista del proceso, se haga una vez vencido el término probatorio y se hayan recibido todas las pruebas solicitadas.

ARTÍCULO 57. PRUEBAS EN REVISIÓN DE TUTELAS. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Con miras a la protección inmediata y efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado Sustanciador, si lo considera pertinente, decretará pruebas. Una vez se hayan recepcionado, se pondrán a disposición de las partes o terceros con interés por un término no mayor a tres días para que se pronuncien sobre las mismas, plazo durante el cual el expediente quedará en la Secretaría General.

En el evento de decretar pruebas, la Sala respectiva podrá excepcionalmente ordenar que se suspendan los términos del proceso, cuando ello fuere necesario. En todo caso, la suspensión no se extenderá más allá de tres meses contados a partir del momento en que se alleguen las pruebas, salvo que por la complejidad del asunto, el interés nacional o la trascendencia del caso, sea conveniente un término mayor, que no podrá exceder de seis (6) meses, el cual deberá ser aprobado por la Sala de Revisión, previa presentación de un informe por el Magistrado Ponente.

ARTÍCULO 58. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Bajo los apremios legales, si fuere el caso, en todos los procesos el Magistrado Sustanciador podrá insistir en la práctica de las pruebas decretadas y no recaudadas.

Cuando ocurrieren dilaciones injustificadas en el aporte de las pruebas pedidas por el Magistrado Sustanciador, este podrá poner en conocimiento de ello a la Sala Plena o a la Sala de Revisión en su caso, para que se adopten las medidas pertinentes.

Para efecto de la práctica de pruebas, el Magistrado Sustanciador podrá comisionar a los jueces y magistrados con jurisdicción en el lugar.

CAPÍTULO XV.

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS Y CONCEPTOS.

ARTÍCULO 59. CONDUCCIÓN DE LAS AUDIENCIAS. Las audiencias a que se refieren los artículos 12 y 13 del Decreto número 2067 de 1991, serán presididas por el Magistrado Sustanciador, de conformidad con las reglas contenidas en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 60. CONVOCACIÓN A AUDIENCIA. La Sala Plena de la Corte, a solicitud de cualquier Magistrado, por mayoría de los asistentes y teniendo en cuenta los antecedentes del acto objeto de juzgamiento constitucional y la importancia y complejidad de los temas, convocará a audiencia pública a las personas que deban intervenir en ellas de acuerdo con la ley y fijará su fecha, hora y lugar.

Las citaciones a las personas y la organización de la audiencia corresponderá al Magistrado Sustanciador.

ARTÍCULO 61. APERTURA DE AUDIENCIA E INTERVENCIONES. El Magistrado Sustanciador anunciará que se abre la audiencia y a continuación dará la palabra por una vez a las personas citadas. Podrá accederse a dos intervenciones si así pareciere conveniente para mejor dilucidación del asunto.

Es potestativo del Magistrado limitar en cada caso el tiempo de que pueden disponer los intervinientes para discurrir, habida consideración de la naturaleza y número de los puntos que deben ser objeto del debate, el número de intervinientes y el grado de ilustración que la Sala Plena tenga sobre el asunto.

ARTÍCULO 62. CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA. Cuando la audiencia no alcanzare a terminarse en una sola sesión, el Magistrado Sustanciador señalará día y hora para continuarla.

ARTÍCULO 63. TERMINACIÓN DE LA AUDIENCIA. Concluidas las intervenciones, el Magistrado Sustanciador levantará la audiencia manifestándolo de viva voz.

ARTÍCULO 64. GRABACIÓN. De las disertaciones se hará grabación que el Secretario General utilizará como guía para la redacción del acta. La grabación se conservará como testimonio de lo ocurrido.

ARTÍCULO 65. ESCRITOS. En todo caso, dentro de los tres días siguientes a la terminación de la audiencia, quienes en ella hayan intervenido, deberán presentar resumen escrito de su exposición, el que, junto con el acta, se agregará al expediente.

ARTÍCULO 66. CONCEPTOS SOBRE PUNTOS RELEVANTES. El Magistrado Sustanciador que invite a las personas relacionadas en el artículo 13 del Decreto número 2067 de 1991, las ilustrará mediante copia de la demanda y de otros documentos que el Magistrado considere pertinentes. Además informará al respecto a los otros Magistrados, con la debida anticipación.

CAPÍTULO XVI.

DE LOS FALLOS.

ARTÍCULO 67. VICIOS SUBSANABLES ANTES DEL FALLO. Cuando la Sala Plena de la Corte, al examinar proyectos de fallo sobre constitucionalidad de actos, encuentre que estos adolecen de vicios de procedimiento subsanables, ordenará devolverlos a la autoridad que los profirió para que, dentro de un plazo máximo de treinta días, contados a partir del momento en que aquella esté en capacidad de corregirlos, enmiende el defecto observado, si fuere posible. Subsanado el vicio o vencido el término, la Corte decidirá sobre la constitucionalidad del acto.

Si es el Magistrado Sustanciador quien advierte el vicio, en cualquier estado de proceso, lo hará conocer a la Sala Plena por conducto del Presidente, quien la convocará para los fines del estudio correspondiente. En caso de verificarse la existencia del vicio subsanable, se seguirá el procedimiento del inciso anterior; en caso contrario, se devolverá el asunto al respectivo Magistrado para que continúe el trámite.

Mientras se surte el procedimiento previsto en este artículo se suspenderán los términos.

ARTÍCULO 68. COSA JUZGADA RELATIVA. Si el fallo de la Corte, al resolver sobre las demandas de constitucionalidad, señalare de manera expresa que los efectos de la cosa juzgada se aplican solo respecto de las disposiciones constitucionales consideradas en aquel, el demandante tendrá diez días, contados a partir de la notificación de la sentencia, para solicitar a la Corte cualquier aclaración, de conformidad con el inciso final del artículo 21 del Decreto número 2067 de 1991.

En caso de que el demandante hiciere uso oportuno de este derecho, el escrito correspondiente se repartirá al Magistrado ponente del fallo, quien, dentro de los diez días siguientes, elaborará el proyecto de sentencia y lo registrará para su estudio en Sala Plena. Esta resolverá sobre el mismo y, si lo hallare pertinente, proferirá la sentencia aclaratoria por mayoría absoluta de votos.

ARTÍCULO 69. ACLARACIÓN DE FALLO. Recibido el negocio del juez para los fines del artículo 24 del Decreto número 2067 de 1991, el Presidente lo repartirá en orden alfabético de apellidos y a la suerte, de acuerdo con el programa de trabajo y reparto, en la forma dispuesta por el artículo 41 de este Reglamento.

El Magistrado Sustanciador registrará el proyecto de decisión dentro de un término de diez días, al cabo de los cuales, la Sala Plena tendrá diez días para decidir. [El artículo 24 del Decreto número 2067 de 1991 fue declarado inexequible por la Sentencia C-113 de 1993, M. P. Jorge Arango Mejía].

CAPÍTULO XVII.

DE LAS DECISIONES SOBRE EXCUSAS PARA COMPARECER AL CONGRESO.

ARTÍCULO 70. REPARTO. El asunto que llegue a la Corte, para resolver sobre comparecencia de personas naturales o jurídicas ante las Comisiones permanentes del Congreso de la República de que trata el artículo 137 de la Constitución Nacional, se someterá al trámite ordinario de reparto de negocios, en orden alfabético de apellidos de los Magistrados y al azar.

ARTÍCULO 71. CITACIÓN Y DERECHO DE DEFENSA. El Magistrado Sustanciador dentro de los cinco días siguientes al reparto, citará a las personas naturales o a los representantes legales de las personas jurídicas que se excusaren de asistir a la respectiva Comisión Permanente, para que den a la Sala Plena las explicaciones razonadas que a su juicio, justifiquen la excusa y puedan aportar las pruebas que sustenten su posición.

ARTÍCULO 72. CONVOCATORIA A AUDIENCIA PRIVADA. El Presidente convocará a Sala Plena para oír a las mencionadas personas, el día que el Magistrado Sustanciador haya ordenado la comparecencia en cuestión. Este deberá informar al Presidente al respecto con la debida antelación.

ARTÍCULO 73. PROYECTO DE PROVIDENCIA. El Magistrado ponente registrará el proyecto de providencia dentro de los cinco días siguientes a la terminación de la audiencia, previa su distribución a los demás Magistrados.

ARTÍCULO 74. DECISIÓN. La Sala Plena resolverá en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al registro del proyecto de providencia, bajo estricta reserva.

ARTÍCULO 75. COMUNICACIÓN. Copia de la decisión que adopte la Sala Plena sobre el particular, se enviará por la Secretaría General al Presidente de la respectiva Comisión Permanente del Congreso.

CAPÍTULO XVIII.

DE LAS ELECCIONES.

ARTÍCULO 76. <CRITERIOS PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ELECTORALES>. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Para el ejercicio de las facultades electorales previstas en los artículos 254, 266, 267 inciso 5o de la Constitución Política, el artículo 98 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y las demás que le sean asignadas por la Constitución y la ley, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: igualdad, celeridad, pluralismo, imparcialidad, prevalencia de los criterios de mérito y capacidad, así como la transparencia y la publicidad de los procesos de selección.

En desarrollo de las funciones señaladas en este artículo, los procesos de selección deben estar sujetos, al menos, al cumplimiento de las siguientes reglas.

ARTÍCULO 77. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. En el caso de procesos de elección asignados de forma directa al Presidente de la Corporación, este deberá sujetarse al criterio de la mayoría de los integrantes de la Sala Plena.

PARÁGRAFO. En ningún caso el Presidente de la Corte Constitucional o alguno de los Magistrados de la Corporación podrá conceder audiencias privadas a los aspirantes a los cargos en cuya provisión intervenga la Corte Constitucional o su Presidente.

SECCIÓN I.

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA ELECCIÓN DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

ARTÍCULO 77A. <CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL>. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. El concurso de méritos requerido para la designación del Registrador Nacional del Estado Civil, consagrado en el artículo 266 de la Constitución, se regirá por la Ley que lo regule y por las demás normas que lo desarrollen.

A efectos de su elección, el Presidente de la Corte Constitucional se sujetará, además, a lo previsto en este capítulo.

ARTÍCULO 77B. PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA ESCOGENCIA DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. En la escogencia del Registrador Nacional del Estado Civil, o en la reforma de cualquier naturaleza del reglamento interinstitucional diseñado para tal efecto, el Presidente de la Corte Constitucional obrará única y exclusivamente como representante de la Corporación que preside. En consecuencia, su participación en dicho proceso se sujetará estrictamente a los siguientes estándares:

a) La lista clasificatoria con los 30 primeros puntajes, obtenidos como resultado del concurso de méritos que se efectúe de conformidad con las normas que rigen el proceso de selección de Registrador Nacional del Estado Civil, se publicará en la página web de la Corporación, a fin de garantizar el acceso universal a su contenido;

b) De la entrevista personal que cada aspirante debe tener con los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, debe dejarse un registro audiovisual, para que cada uno de los Magistrados de la Corte Constitucional se forme un juicio individual suficientemente informado sobre los candidatos. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo número 01 de 2007, la calificación de la entrevista que le asigne a cada aspirante el Presidente de la Corte Constitucional será el que señale por mayoría la Sala Plena de la Corte Constitucional de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

SECCIÓN II.

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA POSTULACIÓN DE ASPIRANTES AL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL.

ARTÍCULO 77C. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. La intervención del Presidente de la Corte Constitucional en la postulación de aspirantes al cargo de Director Ejecutivo de la Rama Judicial se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y demás normas que desarrollen, modifiquen o adicionen lo relativo a la provisión de este cargo.

De acuerdo con lo dispuesto en la Sección anterior, el Presidente de la Corporación actuará como vocero de la Sala Plena de la Corte Constitucional en la postulación de los candidatos.

SECCIÓN III.

DE LAS FUNCIONES ELECTORALES ATRIBUIDAS A LA CORTE CONSTITUCIONAL.

ARTÍCULO 77D. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. El ejercicio de las funciones electorales previstas en los artículos 254 y 267 inciso 5o de la Constitución Política, se efectuará de conformidad con el siguiente procedimiento.

ARTÍCULO 77E. CONVOCATORIA. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. La Presidencia de la Corte Constitucional difundirá, a través de la página web y de un diario de amplia circulación nacional, la invitación a participar a quienes cumplan los requisitos para el cargo que le corresponda proveer. Los interesados deberán remitir la documentación correspondiente dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a aquel en que se haya hecho la convocatoria.

ARTÍCULO 77F. REQUISITOS MÍNIMOS. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. El concurso es público y abierto. En él podrán participar los ciudadanos que para la fecha de vencimiento de las inscripciones, reúnan los requisitos constitucionales y legales para el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 77G. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cierre de la inscripción, la Presidencia de la Corporación estudiará la documentación aportada por los aspirantes, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos.

En caso de ser necesario, el término antes mencionado podrá prorrogarse por una sola vez hasta por uno igual.

Culminada la evaluación, se comunicará la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos, mediante fijación por un término de tres (3) días hábiles en la página web y en la Secretaría de la Corporación.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista, se recibirán las reclamaciones de los aspirantes y las observaciones o informaciones ciudadanas correspondientes, que se resolverán dentro de los quince (15) días calendario siguientes, mediante decisión que no admitirá recurso alguno. De ser necesario, este plazo podrá ampliarse por un periodo igual. La respuesta a las reclamaciones se fijará en la Secretaría y en la página web de la Corporación, por el término de tres (3) días calendario.

ARTÍCULO 77H. CALIFICACIÓN. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Para efectos de la asignación de puntaje, la Sala Plena de la Corporación se sujetará a la reglamentación y acuerdos vigentes que lo regulen. Si no existieren, deberá decidir, en el acto de convocatoria, o en Acuerdo que expida para tal fin, la manera en que serán asignados los puntajes en consideración a los criterios de experiencia general, experiencia relacionada con el ejercicio del cargo, formación profesional avanzada, docencia, publicaciones, entre otros que considere relevantes. El puntaje total asignado a los anteriores requisitos equivale al setenta por ciento (70%) del total de la calificación, el cual será discriminado de la manera en que lo establezca el acto de convocatoria. El porcentaje restante corresponderá a la intervención en la audiencia pública.

El puntaje total asignado a cada aspirante será el resultado de la suma de los puntajes fijados por cada uno de los integrantes de la Sala Plena de la Corporación, los cuales se darán a conocer a los interesados y a quienes así lo soliciten.

ARTÍCULO 77I. PRESELECCIÓN. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Una vez evaluados y ponderados los factores de la etapa clasificatoria, la Sala Plena elaborará un listado, de conformidad con el orden de puntaje obtenido, y citará a audiencia pública a los candidatos que hayan obtenido los diez (10) primeros puntajes.

ARTÍCULO 77J. AUDIENCIA PÚBLICA. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Los candidatos seleccionados serán llamados a intervenir en una audiencia con los integrantes de la Sala Plena.

ARTÍCULO 77K. <PROHIBICIÓN DE AUDIENCIAS PRIVADAS>. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Se prohíbe a los Magistrados la realización de audiencias privadas con los aspirantes a los cargos en cuya elección intervenga la Corte Constitucional o su Presidente.

ARTÍCULO 77L. ELECCIÓN. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la realización de la audiencia pública, la Sala Plena escogerá al candidato que haya obtenido el mejor puntaje. En caso de empate, se deberá someter a votación y seleccionar a aquel que obtenga la mayoría de votos.

SECCIÓN IV.

DE LAS DECISIONES REFERIDAS AL FUNCIONAMIENTO INTERNO.

ARTÍCULO 78. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Para toda elección en propiedad o en interinidad de funcionarios o empleados de la Corporación cuya designación corresponda a la Sala Plena, o para cualquier otra decisión relacionada con el manejo de personal que deba adoptarse en esta instancia, se tendrán en cuenta las siguientes reglas.

ARTÍCULO 78A. CITACIÓN. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Toda elección en propiedad o interinidad, requerirá señalamiento de la fecha con no menos de tres días de anticipación.

Cuando la elección sea en interinidad y además la provisión del cargo se requiera con carácter urgente, podrá omitirse la citación previa.

ARTÍCULO 78B. VOTACIÓN. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. La votación estará sujeta a las siguientes reglas:

1. La elección se efectuará mediante votación secreta.

2. Para una elección se requiere el voto favorable de la mayoría de los Magistrados.

3. Antes de abrir la votación, el Presidente propondrá que se delibere sobre los candidatos y, concluida la deliberación, designará dos Magistrados Escrutadores.

4. Cada voto solo contendrá el nombre del candidato que el elector escoja. Toda adición se tendrá por no escrita.

5. El voto es obligatorio pero podrá votarse en blanco. El voto en blanco no se agregará a ningún candidato.

PARÁGRAFO. Cuando ninguno de los candidatos obtenga la mayoría requerida, la votación se repetirá, con los mismos candidatos, u otros nuevos que se propongan, hasta cuando alguno de los candidatos alcance la mayoría.

ARTÍCULO 78C. <COMUNICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN>. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. La designación la comunicará el Secretario General de la Corte por escrito a la persona elegida, la cual deberá aceptar el cargo, solicitar su confirmación y posesionarse, si fuere el caso, todo según las condiciones y los términos exigidos por la ley.

CAPÍTULO XIX.

DE LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES.

ARTÍCULO 79. EN LOS ASUNTOS DE CONSTITUCIONALIDAD. Todos los asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el Capítulo V del Decreto número 2067 de 1991, en lo pertinente.

ARTÍCULO 80. <DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO>. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. En la revisión de acciones de tutela, el Magistrado en quien concurran causales de impedimento previstas en el Código de Procedimiento Penal deberá declararse impedido, so pena de incurrir en las sanciones penales y disciplinarias correspondientes. En dichos procesos conocerá del impedimento el resto de los Magistrados de las Salas de Selección, Revisión o Plena, según el caso. En el evento de esta disposición se observará el trámite contemplado en el artículo 27 del Decreto número 2067 de 1991.

En el caso del artículo 137 de la Constitución se aplicarán en lo pertinente los artículos 25 a 29 del Decreto número 2067 de 1991. Podrán recusar la persona renuente y el Procurador.

CAPÍTULO XX.

DISPOSICIONES VARIAS.

ARTÍCULO 81. DEBERES DE LOS EMPLEADOS. Todos los funcionarios y empleados de la Corte Constitucional, están obligados a observar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en los términos consagrados en la Constitución y la ley.

También deberán guardar la reserva de cuanto ocurra en la Corte, especialmente en lo que hace a los trámites y deliberaciones de la Sala Plena y a las providencias que estén en proyecto o que no hayan sido dadas a la publicidad legalmente. La inobservancia de estos deberes será sancionada conforme a la ley.

Así mismo deberán cumplir las reglas de cortesía para con sus superiores, con sus iguales y con los particulares.

Ningún funcionario ni empleado podrá asumir funciones que no le correspondan según la Constitución, la ley y este Reglamento.

ARTÍCULO 82. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. El horario de atención al público en los despachos de los Magistrados, las Secretarías y dependencias administrativas del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura fue establecido mediante Acuerdo número PSAA07-4063 de mayo 31 de 2007 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en los siguientes términos: “Artículo 1o. A partir del día primero (1o) de junio de dos mil siete (2007), en los despachos de los Magistrados, las Secretarías y demás dependencias administrativas del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, el horario de servicio de atención al público será de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m. permanecerán cerrados los despachos por ser la hora de almuerzo de los funcionarios y empleados de estas Corporaciones...”.

ARTÍCULO 83. LLAMADAS DE ATENCIÓN. Los Magistrados, el Secretario General, el Relator, el Bibliotecólogo y el Director Administrativo llamarán la atención a los respectivos subalternos de la Corporación, por el comportamiento que observen en el desempeño de su cargo e informarán al Presidente, si fuere del caso, a fin de que se tomen las medidas que se consideren convenientes, salvo que se trate de faltas disciplinarias, cuya investigación y sanción se someterán a la ley.

ARTÍCULO 84. PROHIBICIONES A LOS MAGISTRADOS. Es prohibido a los Magistrados conceder audiencias particulares o privadas sobre negocios que cursan en la Corte.

ARTÍCULO 85. PROHIBICIÓN DE PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA. Los funcionarios y empleados de la Corte Constitucional tienen prohibición constitucional de tomar parte en actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio

ARTÍCULO 86. PROPOSICIONES. Toda proposición de duelo o de honores deberá presentarse por escrito.

ARTÍCULO 86A. SOBRE LAS NULIDADES. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Una vez presentada oportunamente una solicitud de nulidad y previa comunicación a los interesados, la misma deberá ser resuelta por la Sala Plena de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Si la nulidad se invoca con anterioridad a la sentencia, la misma podrá ser decidida en dicha providencia o en un auto separado. Si la nulidad se refiere a aspectos de trámite se resolverá en auto. En este último caso, la decisión se adoptará en los quince días siguientes al envío de la solicitud al Magistrado Ponente por la Secretaría General;

b) Si la nulidad se invoca con respecto a la sentencia, la misma será decidida en auto separado, en el término máximo de tres meses, contado desde el envío de la solicitud al Magistrado Ponente por la Secretaría General. Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto se deberá registrar por lo menos quince días antes de su vencimiento.

ARTÍCULO 86B. SOBRE LAS ACLARACIONES. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Una vez presentada oportunamente una solicitud de aclaración, la misma deberá ser resuelta por la Sala de Revisión o la Sala Plena, en el término máximo de quince días siguientes al envío de la solicitud al Magistrado Ponente por la Secretaría General.

ARTÍCULO 86C. NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN DE CONJUECES. ADICIONADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Designado un conjuez, se le otorgará el término de quince días para aceptar el nombramiento. En caso de no hacerlo, se procederá al sorteo de un nuevo conjuez.

ARTÍCULO 87. VEHÍCULOS. Los vehículos de los Magistrados son para su uso personal.

ARTÍCULO 88. DISMINUCIÓN DE REPARTO AL PRESIDENTE. Al Magistrado elegido para la Presidencia de la Corte se le disminuirá, mientras la ejerza, el reparto de los procesos en un porcentaje razonable según las circunstancias del caso a juicio del mismo funcionario.

ARTÍCULO 89. DÍAS HÁBILES. Cuando en este Reglamento se hable de días, se entenderá que son hábiles en los términos de la ley.

ARTÍCULO 90. REFORMA DEL REGLAMENTO. Este Reglamento no podrá ser reformado sino por acuerdo de la Corte, a proposición de cualquiera de los Magistrados, aprobado en dos debates en sesiones celebradas en días distintos y con los votos de la mayoría absoluta de los Magistrados.

CAPÍTULO XXI.

DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS INTERNAS.

ARTÍCULO 91. <COMITÉ DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS>. MODIFICADO POR EL ACUERDO NÚMERO 01 DE 30 DE ABRIL DE 2015. Un Comité integrado por tres servidores de la Corporación, designados por la Sala Plena, recibirá las quejas y denuncias contra empleados de la Corte, y las remitirá al órgano competente.

CAPÍTULO XXII.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

ARTÍCULO 1o. <sic, es 2o> VIGENCIA. Las reformas establecidas a este reglamento entrarán a regir a partir del primero (1o) de julio de 2015.

Las normas sobre términos dispuestas en esta reforma se aplicarán respecto de los asuntos radicados en la Corte a partir de su entrada en vigencia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2015.

La Presidenta (e),

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA.

El Secretario General (e),

ANDRÉS MUTIS VANEGAS.

Acuerdo número 05 de 1992. Diario Oficial número 40.633 de 21 de octubre de 1992.

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