MEMORANDO 4 DE 2018

(febrero 1)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Como una prioridad de la entidad, les comunico que la Procuraduría Delegada para la Conciliación, con el apoyo de un Grupo de Procuradores Judiciales Administrativos a nivel nacional, ha diseñado ocho (8) ejes estratégicos sobre los cuales girará el Plan de Acción de la Delegada, tendientes al cumplimiento de los objetivos que se pretenden alcanzar en el presente año, a saber:

1. Anticipar acciones para el impacto de la intervención (reconocimiento y visibilidad), con énfasis en actuaciones contra la corrupción y sus actores.

2. Impulsar la solución de controversias y la mejora en la justicia con la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

3. Desarrollar la estrategia “Gerencia Jurídica y Eficiencia Institucional”, en coordinación con la jurisdicción contencioso-administrativa - Consejo de Estado, Tribunales y Juzgados Administrativos -.

4. Restablecer unos instrumentos de seguimiento y reconstruir la memoria de los casos.

5. Armonizar a la Delegada con los lineamientos del Procurador General de la Nación y el Plan Estratégico por la Procuraduría Ciudadana. (2017-2021).

6. Desarrollar el proyecto “Talento Humano con Compromiso y Reconocimiento”.

7. Estructurar y desarrollar un sistema digital y estratégico para la intervención y conciliación administrativa.

8. Promover la efectividad de los derechos, verificando la capacidad de respuesta del sistema de justicia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con visibilidad y Gobierno Abierto.

Como instrumento para desarrollar los tres primeros ejes, se hace necesario retomar la construcción de los “Planes Departamentales de Alto Impacto” - PDAI, bajo la coordinación de los Funcionarios de Apoyo de cada distrito judicial y el equipo de esta Delegada. Para tal efecto, se precisan algunos lineamientos a tener en cuenta en su elaboración, a partir de las funciones a cargo de las Procuradurías Judiciales Administrativas, establecidas en el Decreto Ley 262 de 2000.

El Plan Departamental de Alto Impacto, constará de dos componentes, a saber:

1.-) Intervención Judicial

2.-) Intervención Administrativa.

Frente a la Intervención Judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener mayor impacto social, bajo el paradigma de priorización para la efectividad de los derechos y el fortalecimiento de la justicia y las instituciones, seguiremos aplicando los criterios y lineamientos señalados en la Resolución No 104 de 2017, desarrollados en los Memorandos Nos. 15 y 17 del mismo año, que ya ustedes conocen.

Ello, sin perjuicio de los eventos especiales que también se definan desde esta Delegada y aquellos casos que a iniciativa de cada Procurador Judicial, deban hacer parte de la agenda de priorización, por su trascendencia jurídica, económica y social, de acuerdo con las particularidades de sus respectivas regiones y conforme a los parámetros establecidos en la reciente Directiva No. 05 del pasado 13 de diciembre.

Para la pertinencia de esta intervención daremos continuidad a las acciones de colaboración con el Consejo de Estado, Tribunales y Juzgados Administrativos. Por lo tanto, en los PDAI se mantiene el componente de intervención judicial.

La Intervención Administrativa, por su parte, se enmarca dentro del proyecto “Gerencia Jurídica y Eficiencia Institucional”, cuyo objetivo, además de propender por el fortalecimiento de dicha función, está encaminado a incentivar la aplicación de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, mediante el rediseño de políticas públicas y acciones estratégicas, tendientes a optimizar la defensa de las entidades, lograr la efectividad de los derechos y garantías de la ciudadanía y reaccionar ante situaciones atípicas.

Para cumplir con las finalidades de la Intervención Administrativa, se desarrollarán dos líneas de acción:

2.1.- Mesas de Trabajo con el Ejecutivo: Esta estrategia cuyo origen se cimienta en la función de visitas a los Comités de conciliación de las entidades públicas, asignada a los Procuradores Judiciales Administrativos, tiene un alcance mucho más ambicioso, partiendo de una necesaria interacción directa con el jefe de la entidad, sus funcionarios de mayor nivel jerárquico y miembros del Comité de Conciliación, con el fin de impactar significativamente los aspectos que en temas de Gerencia Jurídica y Eficiencia Institucional, resulten más débiles al interior de la misma.

Lo anterior, con el fin de responder como entidad de Vigilancia y Control, a la necesidad apremiante de descongestionar la justicia y generar un ahorro al patrimonio público, mejorando los niveles de eficiencia de la Rama Ejecutiva.

Para tal fin, pretendemos en el año 2018, realizar mesas de trabajo en aproximadamente 1.000 entidades del nivel nacional y, en especial, territorial. Para ello, es indispensable que dentro de los Planes Departamentales de Alto Impacto se contemple un mínimo de cinco (5) entidades por cada Procurador Judicial I y II, que deberán ser visitadas bajo las directrices impartidas por la Delegada, en coordinación con el funcionario de apoyo de cada distrito, y teniendo en cuenta como instrumentos el Plan de Intervención desarrollado en el punto II del Memorando No. 015 del 8 de agosto de 2017 (Folios 5 - 9) y el protocolo de visitas anexo al presente memorando.

Es importante tener en cuenta que de acuerdo con la complejidad de la entidad seleccionada, el objetivo de la intervención administrativa puede agotarse en una o varias mesas de trabajo; sin perjuicio de ello, se hace necesaria la intervención de cada Procurador en mínimo cinco (5) entidades durante el año 2018.

2.2. Línea de Intervención Administrativa Anticorrupción y otras Líneas.

Esta estrategia obedece al desarrollo de lo contemplado en el artículo 8 de la Resolución 104/2017, que señala:

“Los Procuradores Judiciales I y II para Asuntos Administrativos, podrán intervenir en los asuntos que se tramitan en sede administrativa, especialmente, en aquellos casos que así lo ameriten en razón de su importancia jurídica y trascendencia social, relacionados, entre otros, con la defensa jurídica de las entidades estatales, los procesos contractuales, sin perjuicios de la competencia atribuida a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, conforme lo establecido en la Resolución 456 de 2010; en asuntos sectoriales de servicios públicos, de salud, proyectos de infraestructura, sistema de servicio masivo y demás asuntos de impacto de la administración pública, la gestión fiscal y de los órganos de control, según lineamientos que determine el Procurador General de la Nación o por asignación en casos especiales del Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa en desarrollo de sus atribuciones legales; todo lo anterior con el propósito de preservar el interés general, el ordenamiento jurídico, el patrimonio público, la moralidad administrativa y demás derechos colectivos o derechos y garantías fundamentales; así como los derechos de las minorías, las poblaciones con enfoque diferencial, de los trabajadores o de los pensionados”.

Para tal fin, se hace necesario incluir en el Plan Departamental de Alto Impacto un caso que tenga relación directa con el Plan Estratégico de la entidad y de la Delegada (Prioritariamente acciones de repetición y otros medios de control contra los corruptos, y las reclamaciones de los corruptos contra el Estado), y desarrollarlo a través del siguiente esquema:

2.2.1. Identificación preliminar en cada región, del(os) asunto(s) que se tramita(n) en sede administrativa y que amerite(n) intervención, en razón de su importancia económica, jurídica y trascendencia social.

La identificación se logra a través de la intervención judicial, la extrajudicial, información de prensa o queja ciudadana, mesas de trabajo de la línea de Gerencia Jurídica y Eficiencia Institucional (2.1.) y en general por cualquier fuente a través de la cual se pueda llegar al conocimiento del tema; precisando cuál sería su trascendencia específica.

En esta etapa se reúne la información documental y de campo que sea requerida para instruir o documentar el caso o tema en forma debida, en un plazo máximo de dos (2) meses.

2.2.2. Solicitud de agencia especial para aprobación del Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, de acuerdo con el formato anexo al presente memorando.

2.2.3. Revisión de la propuesta por parte de la Procuraduría Delegada y retroalimentación, dentro de un plazo de ocho (8) días.

2.2.4. Asignación de la agencia especial por parte del Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa.

2.2.5. Reportes mensuales (avances, dificultades, modificaciones al cronograma preliminar, etc.) al funcionario de enlace, sin perjuicio del reporte estadístico.

2.2.6. Actualización y ajuste trimestral, de acuerdo con la misma periodicidad de revisión del Plan Departamental de Alto Impacto.

2.2.7. Presentación de resultados y conclusiones.

Así las cosas, el reto para los Procuradores Judiciales Administrativos para el año 2018, es diseñar y comprometerse con el desarrollo de un Plan Departamental de Alto Impacto para la ciudadanía, que incluya los elementos anteriormente expuestos, el cual estará sujeto a seguimientos y ajustes trimestrales, de acuerdo con los avances, necesidades y particularidades del ejercicio de la función judicial y administrativa propia de cada Distrito.

Por ende, se requiere a los Procuradores Judiciales Administrativos I y II de Bogotá y del nivel territorial, para que a más tardar el próximo 15 de febrero, remitan con destino a esta Delegada, el Plan Departamental de Alto Impacto para el año 2018, conforme al formato que se anexa a este memorando, que contemple:

a) La relación de los casos de intervención judicial de alto impacto (Si los hubiere, de acuerdo con lo señalado en el aparte pertinente del presente memorando).

b) La relación de las entidades públicas escogidas por distrito para efectuar las Mesas de Trabajo, dentro del Proyecto Gerencia Jurídica y Eficiencia Institucional, en una primera fase hasta el mes de abril de 2018, que incluya como mínimo dos (2) entidades por cada Procurador Judicial, de acuerdo con los parámetros señalados en el memorando 015 del 08 de agosto de 2017 - (Páginas 5 - 9) y lo contemplado en el presente memorando, pero en todo caso, teniendo en cuenta la meta de cinco (5) entidades durante el año.

c) La relación de la Línea de Intervención Administrativa Anticorrupción y otras Líneas que se pretende desarrollar (Si se encuentra identificada en este momento, de acuerdo con los lineamientos señalados en el presente memorando).

El mencionado instrumento deberá enviarse a los siguientes correos: lgarcia@procuraduria.qov.co; mferreira@procuraduria.gov.co; y fserrano@procuraduria.gov.co

Reitero que el compromiso de los Procuradores Judiciales Administrativos del país se hace indispensable en la ejecución de estas acciones, las cuales, valga la pena recordar, hacen parte integrante de las variables a evaluar y calificar, conforme al ajuste contemplado en el Memorando No. 16 de 2017. Por lo tanto, estos asuntos complementan los compromisos adquiridos en la espectiva concertación de objetivos.

Cordialmente,

IVÁN DARIÓ GÓMEZ LEE

Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa