Por actuación de la Procuraduría, se ampararon derechos de familias desplazadas asentadas en el predio "La Victoria" en el municipio de Silvania (Cundinamarca)

El Ministerio Público argumentó que el predio no tenía las condiciones mínimas para el asentamiento de población desplazada ni para el posterior desarrollo de actividades agropecuarias por parte de los beneficiarios del Programa de Reforma Social y Agraria.

 

La sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá amparó los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el derecho de los consumidores invocados por la Procuraduría 27 Judicial Agraria y Ambiental. Esta fue impugnada por el Incoder y definida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, modificando el numeral primero de la sentencia, en el sentido de revocar el amparo del derecho colectivo a la moralidad administrativa y proteger los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y el derecho de los usuarios a una Reforma Social y Agraria eficaz y eficiente. 

 

El Tribunal ordenó a las entidades accionadas tomar las medidas pertinentes para que las condiciones del terreno objeto de controversia se adecuen a las necesidades de estas familias, o proceder en el término de 60 días a reubicarlos en un terreno que cumpla con las características adecuadas de habitabilidad y aprovechamiento de tierras.

 

Con esta actuación, la Procuraduría General de la Nación cumple una vez más con el deber constitucional de defender y proteger los derechos humanos, especialmente el derecho que tienen los desplazados como usuarios de los programas de Reforma Social y Agraria, de recibir un predio apto para lograr su estabilización socioeconómica y contar con un proyecto de vida digno y autosostenible.