Bogotá, 4 de noviembre de 2020. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Fundación Chocó Saludable, por más de $2.000 millones.
El órgano de control reprochó al mandatario departamental la presunta vulneración de los principios de legalidad y responsabilidad de la función administrativa y la contratación estatal al celebrar, el 15 de abril de 2020, el Contrato No. 0198, con una fundación que al parecer no tenía la capacidad para ejecutar el negocio jurídico.
En el contrato la fundación debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.
No obstante, el contratista al parecer carecía del atributo que le permitiera ejecutar el negocio jurídico, ya que aparentemente iba a subcontratar con otras personas el desarrollo de las actividades del contrato, lo que indicaría que carecía de la capacidad técnica y administrativa para cumplir a cabalidad con el objeto del bilateral.
El ente de control calificó la presunta falta del gobernador como gravísima a título de culpa grave.
En la decisión, la Procuraduría terminó la actuación disciplinaria por la presunta falta de planeación del gobernador relacionada con que las actividades contratadas no iban a producir efectos reales para garantizar la salud de los chocoanos y la efectiva protección al personal médico, en razón a que el contrato fue terminado sin que se ejecutara el presupuesto.
La PGN en su momento solicitó la suspensión del negocio jurídico por más de $2.000 millones, antes de que se iniciara su ejecución, al advertir su posible inconveniencia.
*Nota absolutoria
La Procuraduría General de la Nación, absolvió de responsabilidad disciplinaria al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón (2020-2023), señalado de celebrar un bilateral con una entidad que no tenía capacidad para ejecutar el objeto contractual, y manifestó que no se demostró que Palacios Calderón “haya incurrido en acto alguno de corrupción de los que refieren las normas convencionales, sino que se trata de supuestos incumplimientos de requisitos de naturaleza administrativa en un contrato, cuyas funciones estaban en cabeza de otros funcionarios”.
A través del material probatorio se evidenció que, por mutuo acuerdo, las partes decidieron terminar el contrato suscrito con la Fundación Chocó Saludable para la realización de una jornada de salud, y en consecuencia nunca tuvo efectos jurídicos, dada la imposibilidad de ejecutarlo debido a las medidas de confinamiento adoptadas por el Gobierno nacional.
AMBJ/ambj | Fecha Publicación: miércoles, 4 noviembre 2020 05:08 PM