Procuraduría pide a la JEP que se abra un macrocaso por la utilización de medios de guerra prohibidos por el DIH durante el conflicto

 

Bogotá, 7 de febrero de 2020. La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz la apertura de un macrocaso que cierre la puerta a la amnistía por casos de terrorismo y permita el juzgamiento de la utilización de métodos y medios ilícitos de guerra durante el conflicto armado y que estaban prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario.

 

En comunicación al Presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, Óscar Javier Parra Vera, el Ministerio Público recordó que la selección y priorización de nuevos casos debe estar dirigida, ente otras, a la “satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia y la verdad”.

 

La Procuraduría solicitó a la JEP atender la petición presentada por Bertha Lucía Fries, en representación de las víctimas del atentado al Club El Nogal, para que “se avoque conocimiento de un caso temático dirigido al esclarecimiento de los hechos más graves y representativos, materializados en el uso de medios y métodos ilícitos durante el conflicto armado interno y que probablemente hayan constituido crímenes de guerra”.

 

Precisó que a lo largo del conflicto armado ocurrieron violaciones al Derecho Internacional Humanitario como el empleo ilegítimo de minas antipersonal, artefactos explosivos artesanales, explosivos camuflados en carros, canecas y animales y ataques indiscriminados contra poblaciones violando los principios de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad.

 

A modo de ejemplo para ser incluidos en este macrocaso, la Procuraduría recordó los carros bomba contra la sede del Gaula de la Policía de Medellín, el 30 de julio de 1999; contra el Centro Comercial El Cid de Medellín, el 16 de enero de 2003; el Club El Nogal, el 7 de febrero de 2003, el del barrio Marroquín de Cali, el 6 de julio de 2004; el atentado contra las instalaciones de Caracol Radio, el 12 de agosto de 2010; el estallido de una chiva cargada con explosivos en Toribío, Cauca, el 9 de julio de 2011; o la utilización de un juguete cargado de explosivos para atentar contra la estación de policía de La Hormiga, Putumayo, el 29 de mayo de 2013.

 

Recomendó incluir las 309 tomas y ataques guerrilleros perpetrados por las FARC-EP y documentados por el Centro  Nacional de Memoria Histórica, entre ellas, las tomas de Las Delicias, Putumayo; Patascoy, Nariño; Caloto, Cauca; El Billar, Caquetá, y Miraflores, Guaviare, entre otras.

 

“Resulta evidente que, además de la gravedad y representatividad de estos hechos, se trata de casos que no son susceptibles de recibir los beneficios estipulados en la Ley 1820 de 2016, por tratarse de graves crímenes de guerra”, puntualizó el Ministerio Público.