Procuraduría pidió declarar ilegal decreto que modificó distribución de impuestos de estampilla para pago de personal de la Universidad de La Guajira

Bogotá, 5 de junio de 2020. La Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira declarar ilegal el decreto en el que el gobernador, Nemesio Raúl Roys Garzón, modificó la distribución del recaudo de impuestos de dos estampillas para pagar la nómina y los contratos de prestación de servicios de la Universidad de La Guajira. 

 

A juicio del órgano de control, el mandatario departamental modificó irregularmente la destinación de esos recursos, previstos para infraestructura, capacitación e investigación docente y fronteriza, y los destinó a causas diferentes a las que motivaron el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Cubrir los gastos de la universidad no hace parte de las competencias del gobernador, por tratarse de una entidad autónoma. 

 

La Procuraduría señaló que el mandatario regional interpretó con "lógica acomodaticia y artificiosa la legislación excepcional para desconocer la destinación específica de los dos gravámenes, precedente no solamente peligroso desde la óptica de los principios de legalidad y de representación popular en materia tributaria, sino reprochable desde el punto de vista fiscal, disciplinario y penal".

 

El Decreto 087 del 30 de marzo de 2020 destinó los recursos de las estampillas Pro Universidad y Pro Desarrollo Fronterizo al pago de personal administrativo, servicios generales y contratos de prestación de servicios, amparado en la norma que autorizó temporalmente a los gobernadores y alcaldes a reorientar las rentas y reducir las tarifas de impuestos territoriales durante la emergencia sanitaria. 

 

Precisó que se trata de una desviación irregular de recursos, razón por la cual no solamente debe ser objeto de la declaratoria de ilegalidad, sino que podría tener incidencias disciplinarias, por lo que se dio traslado a las delegadas de la Procuraduría a nivel central.

 

Finalmente, el Ministerio Público solicitó al tribunal que de ser declarado nulo el decreto se compulsen copias de la actuación del gobernador a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por ser un funcionario con fuero.