Boletín 506
Procuraduría citó a audiencia pública a alcaldesa de Ocaña (Norte de Santander)
Fuente: PGN
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También fueron llamados Jorge Armando Navarro Rueda, secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda; Juan Pablo Bacca Manzano, secretario de Gobierno y Wilson Fernando Arenas Mejía, director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Ocaña.
Bogotá, 28 de junio de 2017. La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a Miriam del Socorro Prado Carrascal, en su condición de alcaldesa de Ocaña (Norte de Santander), por presuntamente contratar con una sociedad que estaba inhabilitada por ser el representante legal un aportante a su campaña política en 2015.
El Ministerio Público también investiga a Jorge Armando Navarro Rueda, secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda; Juan Pablo Bacca Manzano, secretario de Gobierno y Wilson Fernando Arenas Mejía, director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Ocaña, porque al parecer celebraron contratos de suministro y consultoría con la Sociedad EEAA Service SAS, persona jurídica que se encuentra representada legalmente por Édgar Enrique Ataya Sánchez, a pesar de que esta persona aportó la suma de $20 millones, que corresponde a 3.6% de los dineros máximos a invertir en la campaña que adelantó Prado Carrascal.
"(…) Los secretarios de despacho suscribieron los contratos en ejercicio de la facultad de contratación que delegó la señora alcaldesa de Ocaña, a través de los decretos 096 del 7 de abril de 2016 (secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda) y Decreto 106 del 6 de mayo de 2016 (secretario de Gobierno)".
El organismo de control reprocha el actuar de la alcaldesa de Ocaña ya que habría incumplido su deber de vigilancia y control de la contratación estatal, al permitir que el secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda celebrara los contratos 001 de 2016 (suministro), 001 de 2016 (consultoría) y 015 de 2016 (consultoría), así como el secretario de Gobierno celebrara el contrato de SG-011 de 2011 (suministro).
La Procuraduría recordó "(…) que la facultad de contratación es una expresión de la función administrativa y por lo tanto, se encuentra reglada, siendo deber de los servidores públicos respetar y acatar las normas que rigen el proceso contractual".
La presunta falta de los investigados fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.
La diligencia se llevará a cabo el próximo martes 04 de julio a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Procuraduría Regional de Norte de Santander, espacio donde los disciplinables podrán ejercer su derecho a la contradicción y defensa y si lo desean rendir versión libre, verbal o escrita sobre las circunstancias de la comisión de la posible falta que se le imputa.