Boletín 162
197 vehículos que prestan el servicio de transporte escolar en Boyacá fueron registrados en operativo que acompañó la Procuraduría General de la Nación
Fuente: PGN
Fecha Publicación:
•Ministerio Público considera de la mayor relevancia que se adopten medidas preventivas para verificar criterios básicos de seguridad que garanticen la vida e integridad de los niños y niñas que hacen uso del transporte escolar.
La Procuraduría General de la Nación acompañó el reciente operativo que la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía División Boyacá, con el apoyo de las Secretarías de Tránsito de Tunja y Sogamoso, llevó a cabo en 21 municipios de ese departamento para hacer seguimiento a las condiciones en que se presta el servicio de transporte escolar a los menores de edad desde y hacia los centros educativos.
Fueron registrados 197 vehículos en los que se verificó si se cumplía o no con las exigencias consagradas en las normas vigentes, como la revisión técnico mecánica, la prohibición del sobrecupo, la vigencia de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, la edad del vehículo (que debe ser inferior a 10 años), y aspectos como la identificación con las franjas para transporte escolar en la parte trasera y frontal del automotor, con la palabra ‘Escolar’.
La Procuraduría Regional de Boyacá, las procuradurías provinciales de Tunja, Chiquinquirá, Guateque, Santa Rosa de Viterbo y Sogamoso, y las personerías municipales de Garagoa, Pauna, Villa de Leyva, Saboyá, Chiquinquirá, Tinjacá, Nobsa, Santa Rosa de Viterbo, Soatá, Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso, Miraflores, Moniquirá, Ramiriquí, realizaron el acompañamiento en el operativo que se adelantó de manera simultánea en estas localidades.
El comandante seccional de Tránsito y Transporte de la Policía División Boyacá, reportó que se impusieron ocho comparendos, fueron inmovilizados tres vehículos y se suscribieron 86 actas de compromiso para hacer óptimas las condiciones de seguridad de los vehículos.
Para el Ministerio Público resulta de la mayor relevancia que las autoridades competentes adopten medidas preventivas permanentes para verificar criterios básicos de seguridad que garanticen la vida e integridad de los niños y niñas que hacen uso del transporte escolar. Tanto la Procuraduría Regional los despachos provinciales realizarán requerimientos a las diferentes autoridades competentes para verificar que se hayan subsanado y/o corregido las falencias encontradas.