Boletín 1112
4.854 solicitudes de insistencia de tutela para que la Procuraduría General de la Nación interviniera ante la Corte Constitucional
Fuente: PGN
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En relación con la función de intervenir en las distintas demandas de constitucionalidad instauradas por los ciudadanos ante la Corte Constitucional, entre los años 2009 y 2016 la Procuraduría General de la Nación emitió 1471 conceptos, en temas de gran relevancia y controversia de la realidad nacional.
Algunos de estos conceptos fueron los relacionados con la demanda del fiscal general contra el acuerdo general del proceso de paz. Se demandó la expresión “acuerdo” contenida en la Resolución 339 de 2012 que incluye el Acuerdo General (AG) por el cual se instala la mesa de negociaciones con las FARC-EP. Se solicitó a la Corte Constitucional que se declarara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda por falta de competencia, pues la competencia es del Consejo de Estado por tratarse de un acto administrativo.
Se analizó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria sobre el plebiscito para la paz. Allí se solicitó de manera principal la inexequibilidad del proyecto pero subsidiariamente se solicitaron varios condicionamientos e inexequibilidades parciales.
Adicionalmente, se demandó un aparte del artículo 14 de La Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se establece la implementación de la cátedra de la sexualidad en los niveles de educación media y superior como medida de prevención de actos de violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes.
Otro concepto destacable, fue el relacionado con la demanda contra el acto legislativo 01 de 2012, por medio del cual se estableció el marco jurídico para la paz, respecto de la investigación penal únicamente para los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.
Por otra parte, la facultad de insistencia ante la Corte Constitucional en la revisión de los fallos de tutela, es un mecanismo que le permite al Procurador General de la Nación asegurar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando las autoridades judiciales, a través de sus providencias, han inobservado el catálogo de derechos y garantías que consagra la Constitución, en defensa del orden jurídico, el patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.
En ese sentido, en el transcurso del período 2009 2016, fueron revisadas y tramitadas 4.854 solicitudes de insistencia de tutela elevadas por los peticionarios para que como Procuraduría se interviniera ante la Corte Constitucional. Del total de insistencias radicadas se insistió en 405 expedientes de tutela; de ellas, la Corte Constitucional seleccionó 201 para revisión, sobre las cuales profirió varias sentencias de unificación.