A instancias de la Procuraduría General de la Nación, autoridades competentes adquieren nuevos compromisos para la protección de un bien de uso público del municipio de Tubará (Atlántico)
Con el propósito de determinar la situación jurídica real, medidas y linderos del predio antes denominado “resguardo indígena del municipio de Tubará” (Atlántico), hoy Folio de Matrícula Inmobiliaria 040-62887 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Barranquilla, e individualizar los actos desplegados por particulares y servidores públicos que presuntamente hayan desconocido la situación jurídica de este predio, la Procuraduría General de la Nación lideró una reunión con representantes de las autoridades competentes para la garantía del cumplimiento de las normas que amparan los bienes de uso público en esa región.
En el marco de la actuación preventiva que adelanta la Procuraduría Regional Atlántico, a partir de información suministrada por la Superintendencia de Notariado y Registro sobre posibles actos de adjudicación y ocupación de bienes de uso público del municipio de Tubará -que por su naturaleza son inembargables, imprescriptibles e inalienables-, fueron convocados a esta reunión de seguimiento la Dirección General Marítima (Dimar), la Capitanía de Puerto de Barranquilla, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia de Notariado y Registro y la Alcaldía Municipal de Tubará, entre otras entidades.
Informes de las entidades convocadas
El director territorial Atlántico del IGAC delimitó el polígono constitutivo del antes denominado resguardo indígena del municipio de Tubará, según información obrante en antiguos documentos cartográficos en su poder, señalando que hace falta precisar el lugar en el que existió o existe la desembocadura al mar del “Arroyo Caracol” para determinar con certeza el área y linderos exactos del predio, e individualizar las anotaciones registrales que eventualmente se hayan desprendido del Folio de Matrícula Inmobiliaria mencionado, que afecta a los municipios de Barranquilla, Tubará, Baranoa, Juan de Acosta y Puerto Colombia.
Por su parte el capitán de Puerto de Barranquilla dio cuenta de la labor desplegada por la Dimar, tendiente a determinar la situación jurídica de los predios costeros del Atlántico, y manifestó que la presunta ocupación de bienes de uso público en la zona costera del departamento ha sido puesta en conocimiento de la Alcaldía Municipal de Tubará (en el 2012 y años anteriores), toda vez que la autoridad competente para adelantar el trámite de restitución de bienes de uso público es el ente territorial.
Las funcionarias delegadas de la Superintendencia de Notariado y Registro señalaron que en esa entidad se recibió una queja ciudadana que dio lugar a una actuación administrativa con la que se evidenció que del Folio de Matrícula Inmobiliaria 040-62887, al parecer, se han efectuado 2.228 segregaciones, y reiteraron que en la actualidad no se tiene determinada con certeza el área total del predio objeto de la actuación preventiva de la Procuraduría.
El asesor jurídico de la Alcaldía Municipal de Tubará aseguró que mediante Escritura Pública N° 1 de la Notaría Primera de Barranquilla, quedaron consignadas las medidas y linderos del bien inmueble hoy identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 040-62887, y que el ente territorial ha fundamentado sus actuaciones administrativas en los documentos oficiales que sobre la materia se han expedido. Indicó asimismo que, al parecer, existen unos casos puntuales de apropiación de bienes de uso público por parte de particulares (45 casos), los cuales deben ser objeto de análisis puntual, y que gran parte de las 2.228 desagregaciones de las que dio cuenta la Superintendencia de Notariado y Registro corresponden al casco municipal de Tubará y no a la zona costera.
Señaló finalmente que la Alcaldía de Tubará ha desplegado acciones tendientes a evitar las anomalías del bien inmueble objeto de esta actuación, y que en la actualidad no existe ningún resguardo indígena ni tampoco terrenos baldíos en el municipio.
Compromisos adquiridos
De manera concertada, los representantes de las entidades que asistieron a la reunión establecieron compromisos como la remisión, por parte de la Dimar a la Procuraduría, del estudio de jurisdicción correspondiente a las playas de Puerto Velero y Puerto Caimán, y la actualización por parte del IGAC de la información catastral del departamento del Atlántico, así como de las cabidas y linderos del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 040-62887.
La Superintendencia de Notariado y Registro remitirá a la Dirección Regional Atlántico del IGAC la totalidad de los folios con complementación y escrituras de los bienes ubicados dentro del citado predio, y enviará a la Procuraduría Regional del Atlántico el informe final resultante del estudio de la situación jurídica del mismo.
La procuradora regional del Atlántico, Sandra Bibiana Vargas Castro, reiteró que este organismo de control insta a las autoridades administrativas del municipio de Tubará a reforzar los controles tendientes a la salvaguarda de los bienes de uso público, y anunció que para la primera semana de mayo se citará a una reunión de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos y a los avances registrados en esta la actuación preventiva.