A instancias de la Procuraduría General de la Nación se realiza seguimiento a cumplimiento de sentencia que ordena protección a miembros de la comunidad Embera en el Tolima

La Procuraduría General de la Nación presidió la más reciente reunión de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia STC 197 de 2015, emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que se ordena la implementación de planes de contingencia para proveer asistencia especial a la comunidad indígena Embera en el departamento del Tolima.

El alto tribunal dispuso que, bajo la coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se brindara protección a los niños, niñas y adolescentes de esa comunidad, y le indicó a la Secretaría de Inclusión Social del Departamento, a la Policía Metropolitana y al Ministerio del Interior, adoptar estrategias para garantizar el amparo a la comunidad indígena. La Corte dispuso asimismo que las instituciones competentes velaran por el retorno de estas familias a su sitio de origen en condiciones de seguridad y sostenibilidad, y que se les brindara orientación respecto del acceso a programas de atención en salud, educación y estabilización económica.

La Procuraduría Regional del Tolima formuló un llamado a las entidades competentes para que cada una se apropie de las obligaciones a su cargo en relación con las situaciones que afectan a la comunidad indígena Embera presente en el departamento, adelantando oportunamente las gestiones que sean necesarias para su atención, sin que las responsabilidades se endosen a otras entidades y se generen vacíos o demoras en la atención a esa población. Resaltó que además del ICBF y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, las demás instituciones también tienen deberes frente al cumplimiento de la sentencia y a la atención integral de la comunidad indígena. 

Durante la reunión se analizó especialmente la situación de los niños, algunos de ellos en condiciones críticas según las valoraciones nutricionales, para quienes se gestionan medidas de protección por parte del ICBF. Se advirtió que para la entrega de los niños nuevamente a sus familias estas debían garantizar unas condiciones mínimas para su bienestar, y se advirtió que en muchas ocasiones los padres se muestran en desacuerdo con las medidas de protección y acuden a otras instancias para que los niños regresen, así no les sea posible brindarles las condiciones adecuadas, por lo que se formuló un llamado para que en todas las instituciones se le brinde a esas familias la orientación adecuada y respuestas coherentes respecto de las actuaciones y obligaciones de las entidades concernidas, especialmente del ICBF. 

Respecto del retorno de las familias Embera a su sitio de origen, se precisó que el acompañamiento en este proceso a quienes no son víctimas del conflicto corresponde a la Secretaría de Gobierno Municipal de Ibagué, y que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas atiende lo propio con los cuatro miembros de la comunidad Embera que están incluidos en el registro de víctimas. La Unidad Administrativa Especial para la Restitución de Tierras reiteró la importancia de garantizar las condiciones de seguridad de los sitios a los que van a llegar estas nueve familias. Se acordó la realización de una valoración médica integral y de carácter individual a cada uno de los miembros de la comunidad Embera vinculadas al retorno, y conforme a los dictámenes y/o diagnósticos deberá hacerse seguimiento al estado de salud de cada persona.

A la reunión convocada por la Procuraduría Regional del Tolima asistieron el gobernador del Tolima Luis Carlos Delgado Peñón, el personero de Ibagué, secretarios de despacho y profesionales de la administración municipal de Ibagué y del departamento del Tolima,  el director del ICBF Regional Tolima, funcionarios de enlace de las unidades administrativas especiales para la Restitución de Tierras y para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, delegados del cuerpo Jurídico Militar de la Sexta Brigada del Ejército y representantes de la Policía Metropolitana de Ibagué.