A instancias de la Procuraduría se analizarán insumos para construir una propuesta de ajuste a las normas que regulan el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos
• Jornada se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de junio a partir de las 8:30 a. m. en la Sala de Audiencias de la Procuraduría.
En desarrollo del proyecto estratégico relacionado con el mecanismo para ajustar la regulación del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), la Procuraduría General de la Nación ha convocado para este miércoles 3 de junio, a partir de las 8:30 de la mañana, a una mesa de trabajo nacional en la que se presentará el consolidado de los diagnósticos del orden territorial sobre esta materia.
A través de Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, fueron convocados directivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como magistrados, comisarios, defensores y jueces de Familia, a este evento que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias de la sede central de la Procuraduría en la capital del país.
Antecedentes
En el marco del citado proyecto estratégico y del seguimiento a la Sentencia T-844 de 2011, mediante la cual la Corte Constitucional dejó sin efectos un fallo de adopción, este organismo de control ha evidenciado vacíos jurídicos y contradicciones en la regulación vigente del PARD, que han dado lugar a interpretaciones confusas y en condiciones desiguales, lo que afecta los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
La Procuraduría Delegada lideró el desarrollo de 28 mesas regionales interinstitucionales de discusión sobre la normatividad relativa al PARD, cuyas conclusiones se constituyen en un valioso insumo para la construcción de la propuesta respecto del mecanismo para ajustar su regulación.
El PARD es un proceso que busca la articulación entre el Estado, la familia y la sociedad con la administración de justicia, para la restitución y la restauración de la dignidad, por lo que tiene un carácter eminentemente constitucional y es un medio para la garantía de derechos fundamentales.