Acción de tutela instaurada por la Procuraduría restableció el derecho a la personalidad jurídica de un ciudadano antioqueño que durante diez años figuró como fallecido

 

 

Mediante una acción de tutela , la Procuraduría General de la Nación, a través de la Provincial Rionegro, logró el reconocimiento de la personalidad jurídica del ciudadano José Abel Quintero Quintero, habitante del municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia), quien estuvo sin identidad durante 10 años.

 

Para resolver su problema acudió a la Registraduría del citado municipio, entidad que le informó que sus huellas dactilares no coincidían y su número de identificación pertenecía a una persona que figuraba como fallecida.

 

En vista de la violencia que para esa época afrontaba El Carmen de Viboral, el señor José Abel Quintero se marchó con su familia para Buenaventura sin llevar consigo su cédula de ciudadanía ni su pase de conducción, a pesar de  ser conductor de profesión. Estas circunstancias le impidieron conseguir empleo y decidió entonces, regresar a su municipio natal, donde en varias oportunidades requirió el apoyo de la Registraduría y la Personería municipales, para solucionar su falta de identificación pero estas entidades respondieron que no era posible atender su solicitud.

 

Durante 10 años este humilde hombre vivió sin acceso a los servicios de salud, seguridad social, trabajo digno y a los beneficios que le otorga el Estado por ser un adulto mayor; pues como si fuera poco, fue incluido dentro del Registro Único de Población Desplazada pero nunca pudo reclamar las ayudas humanitarias por la falta de su documento de identidad. 

 

Cansado de su crítica situación acudió a la Procuraduría Provincial de Rionegro, dependencia que inició una acción preventiva dirigida a lograr que la Registraduría Nacional expidiera una nueva cédula al afectado, pero nuevamente esta entidad sin brindar ninguna alternativa, informó que el trámite era improcedente. 

 

En defensa de los derechos fundamentales del señor Quintero, consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional, referentes al reconocimiento de la personalidad jurídica, entre otros derechos vulnerados por la falta del documento de identidad, el órgano de control interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Antioquia, en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

 

Finalmente, el 23 de septiembre del año en curso el alto tribunal falló a favor de los derechos del ciudadano antioqueño y ordenó a la Registraduría Nacional expedir una nueva cédula de ciudadanía al afectado, quien desde el pasado 13 de noviembre se reincorporó de nuevo a la vida social y podrá volver a ejercer además de su derecho al voto.