Actuación preventiva de la Procuraduría evidenció grave crisis humanitaria en el sistema carcelario del departamento de Santander

• En esta inspección el Ministerio Público visitó siete de los nueve centros de reclusión de Santander.

• Entre las problemáticas encontradas se pueden mencionar: hacinamiento, insuficiencia de personal de guardia, represamiento de la atención en salud, incumplimiento de acciones judiciales, falta de asepsia y de un medio adecuado para transportar a los enfermos.

Dentro de las atribuciones de orden constitucional otorgadas, la Procuraduría General de la Nación presenta el informe de la situación carcelaria actual en el departamento de Santander, en ejercicio de la vigilancia preventiva que le compete adelantar para dar cumplimiento a la sentencia T-762/15 de la Corte Constitucional que busca proteger los derechos de la población reclusa.

En esta inspección la Procuraduría Regional de Santander y sus provinciales adscritas visitaron siete de los nueve centros de reclusión que conforman esta jurisdicción: Establecimiento Penitenciario Carcelario de Mediana Seguridad de Bucaramanga “Modelo”, Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Girón “Palogordo”, Reclusión de Mujeres de Bucaramanga “Chimita”, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil, Barrancabermeja, Vélez y Socorro “Berlín”, encontrando un sobrecupo de 3.020 internos. 

Aspectos críticos encontrados

En seis de los siete establecimientos carcelarios se evidenciaron distintos niveles de hacinamiento que oscilan entre el 19,52% y el 212%.  Esta situación que genera una deficiente prestación del servicio de salud en los centros de atención de primer nivel con que cuentan estas penitenciarías, pues a pesar de que en la actualidad se trabaja en la ampliación de algunos de éstos, se evidenció que su capacidad continúa siendo limitada.

En cuanto al personal del Inpec se observó que el número de guardias es insuficiente para la remisión de internos, con lo cual se ve afectada la atención en salud y se genera el incumplimiento de los estándares de seguridad, en los cuales está instituido el acompañamiento de por lo menos dos guardianes para el traslado de una persona privada de la libertad.

Otros aspectos críticos tienen que ver con el represamiento de la atención en salud y de los procedimientos médicos extramurales que ascienden a cerca de 2.589 en los siete centros penitenciarios, con la interrupción de la entrega de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y retrovirales, la falta de asepsia en los centros de sanidad de las cárceles y de un medio adecuado para transportar a los enfermos, situaciones estas que pueden poner en alto riesgo la vida e integridad tanto de los internos como del personal médico que presta allí sus servicios, sin que se aprecie una solución a corto plazo para dichas problemáticas.

Respecto al cumplimiento de acciones judiciales en temas de salud se estableció que se tutelaron los derechos en 94 de las 135 acciones de tutela interpuestas durante los seis meses anteriores a la visita de inspección en busca de proteger el derecho a la salud, sin embargo, solo se dio cumplimiento a 18 de los casos y los restantes 76 aún no han sido acatados.  

En este sentido, para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios y carcelarios de Santander, el Ministerio Público solicitó declarar el desacato a las entidades que incumplieron las órdenes emanadas por la Corte Constitucional.

Igualmente exhortó a las instituciones concernidas a efectuar acciones encaminadas a proveer de guardia suficiente a los establecimientos carcelarios de Santander, a gestionar un plan de contingencia para evacuar las consultas con especialistas y procedimientos médicos represados y a realizar las adecuaciones necesarias en infraestructura conforme a los estándares del Ministerio de Salud.

Finalmente requirió a las entidades obligadas legalmente con la prestación de los servicios de salud, dar cumplimiento urgente a las órdenes de tutela que dispusieron la protección de los derechos vulnerados a las personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en los establecimientos carcelarios del departamento de Santander.