Adolescentes que incurren en la comisión de delitos siguen recibiendo una intervención focalizada en sus carencias y no en sus derechos, revela informe de la Procuraduría General de la Nación

• El Ministerio Público presentó informe de vigilancia superior al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

• La institución familiar está totalmente ausente de este sistema: una de las conclusiones del informe.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, presentó el informe de vigilancia superior al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el cual revela, entre otros aspectos, que los adolescentes que incurren en la comisión de delitos siguen recibiendo una intervención focalizada en sus carencias y no en sus derechos, luego se está lejos de alcanzar una protección integral que se refleje en la atención de sus diversas problemáticas sociales, pero también en evitar que reiteren sus comportamientos penales.

Durante la presentación del informe la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda señaló que son deficitarias la infraestructura de las unidades de atención existentes para esta población y la oferta de servicios para acoger programas de atención especializados. Indicó además que  ante la ausencia de un órgano rector del SRPA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha asumido esta función, lo cual ha incidido en que recaigan sobre la entidad responsabilidades que exceden su órbita funcional.

Revela el informe que en el SRPA no se respetan las garantías mínimas al debido proceso penal, lo cual se traduce en afectaciones a los principios de la presunción de inocencia, la presunción de la minoría de edad, el derecho de defensa, la investigación integral de los delitos y la libertad como regla general: “El enfoque de derechos no se encuentra reflejado en el cumplimiento de las sanciones privativas y no privativas de la libertad (…) No se garantiza ni un proceso pedagógico orientado a la rehabilitación y la reintegración social del adolescente, como tampoco la remoción de las causas que dieron origen al comportamiento delictivo de los infractores ni a la continuación del proyecto de vida”, indicó la funcionaria.

Llama además la atención del Ministerio Público que la institución familiar está totalmente ausente del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y de las estrategias sobre la materia.

Algunas cifras

Para el 2011, los delitos relacionados con la salud pública (entre ellos el tráfico de estupefacientes) y con el patrimonio económico (entre los cuales se encuentra el hurto), representan más del 60% de los delitos de mayor frecuencia en el SRPA. Para el mismo año se advirtió un incremento respecto del 2010 en los delitos contra la seguridad pública (del 8 al 11%), contra la vida y la integridad personal (del 10 al 11 %) y contra la libertad, la integridad y la formación sexual (del 3 al 4 %).

En cuanto a la proporción nacional de adolescentes entre 14 y 17 años aprehendidos y con orden de aprehensión, frente a la población total (datos DANE), el Ministerio Público evidencia que el porcentaje entre el 2010 y el 2011 disminuyó pasando del 0,50% (17.793 casos) al 0,47% (16.606 casos). “Esto indica que debemos desmitificar el imaginario de que los adolescentes son delincuentes (…) Los adolescentes son sujeto de derechos, son personas en formación, lo que implica corresponsabilidad de la sociedad y la familia”, enfatizó la procuradora delegada.

Recomendaciones de la Procuraduría

• Entre las recomendaciones contenidas en el informe para las autoridades que integran el SRPA, se destacan:
• Evitar que en los centros transitorios permanezcan adolescentes sancionados en el SRPA o que en los centros de atención especializada permanezcan adolescentes con medida de internamiento preventivo.
• Asegurar que el defensor de Familia tenga un conocimiento directo de las condiciones en las cuales se adelanta la intervención psicosocial de los adolescentes, por lo que se recomienda disponer de un solo equipo interdisciplinario desde su ingreso al Sistema hasta el post egreso de la Unidad de Atención, así como la obligación de permanecer regularmente en la misma, de conformidad con directrices que deberá impartir el ICBF.
• Garantizar el cumplimiento de la finalidad restaurativa del Sistema
• Proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, por lo que se recomienda la urgente adopción de un programa de protección especializado en la Fiscalía General de la Nación, articulado con el ICBF.
• Evitar que las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal sean sometidos a tratos crueles o degradantes contrarios a su Dignidad Humana durante su permanencia en las Unidades de Atención y que se quebrante en forma abrupta e innecesaria el proceso educativo, protector y restaurativo. “Es inadmisible que en un Estado Social de Derecho estemos planteando esta recomendación”, advirtió al respecto la alta funcionaria.
• Garantizar el derecho al trabajo, la inclusión social y la continuación del proyecto de vida de los adolescentes sancionados penalmente, por lo que se insta al Gobierno nacional a impartir directrices precisas que favorezcan el ingreso de esta población al sector productivo de la sociedad como un derecho y no un simple entrenamiento mientras se cumple una medida o una sanción penal.

La procuradora delegada agradeció la información reportada por las entidades y autoridades que integran el SRPA y que fueron requeridas por la Procuraduría General de la Nación, y señaló que se hará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones planteadas.