En Bucaramanga, Procuraduría advirtió continuo incumplimiento de sentencia de la Corte Constitucional

• Se evidenció la permanente afectación de los derechos de la población asentada en el lote Bellavista.
• Se fijó el compromiso con el Ministerio Público de realizar mesas de trabajo en presencia de representantes del Ministerio de Vivienda.

La Procuraduría Provincial de Bucaramanga encontró vulneración efectiva y continuada a los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna de los habitantes del proyecto Altos de Bellavista - etapas II y IV, por el incumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional a la administración municipal de Floridablanca (Santander).

A través de la sentencia T-109 el alto tribunal ordenó la protección de personas en grado de vulnerabilidad manifiesta y especial condición y protección constitucional, desalojadas arbitrariamente en 2014. Entre ellas: mujeres en estado de embarazo, niños recién nacidos y familias víctimas del conflicto.

Situación actual

En atención a la orden de la Corte Constitucional de determinar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto frente a los habitantes del proyecto de vivienda social Altos de Bellavista, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga citó a la Alcaldía Municipal de Floridablanca y advirtió diversas situaciones en la vigencia 2016-2017.

Ante el hallazgo de la pérdida de confianza legítima frente al Estado, el Ministerio Público solicitó diseñar planes de fortalecimiento de la credibilidad de la comunidad en los entes territoriales.

Frente a la orden de solución de vivienda temporal a los habitantes del lote, la Procuraduría encontró que solo se ha otorgado subsidio de arrendamiento a dos familias, lo que obedecería a la desconfianza con las propuestas de los representantes de la administración estatal. 

Respecto a la decisión tomada por la administración de restringir el ingreso de visitantes o familiares a los cambuches, la alcaldía respondió que son medidas tomadas para evitar la permanencia de nuevas personas en los sitios de asentamiento y que ingresen materiales como camas, colchones y otros, para aumentar la estancia de nuevos posibles reclamantes. Para el ente de control, por la forma en que fue comunicada dicha decisión se aumentó la desconfianza y la desinformación, que también se ha extendido a la posibilidad de brindar nuevos subsidios.

En cuanto a lo ordenado por la Corte de informar los mecanismos de reparación por los daños y perjuicios ocasionados por el desalojo arbitrario del 2014 se conoció que sólo se han tramitado siete conciliaciones por valor de $52.650.000.

La alcaldía afirmó que todo el predio está en riesgo y que para habilitar el lote de Bellavista para la construcción de viviendas de interés social se requieren obras de mitigación. Así mismo la provincial evidenció que la administración se ha concentrado en dar trámite a un plan parcial de vivienda alterno, para generar la licencia de construcción en un predio distinto a Bellavista llamado Rosales, donde los criterios de priorización serán evaluados por el Ministerio de Vivienda.

El Ministerio Público estará vigilante de que se incluya a los habitantes del lote Bellavista como lo ordenó la Corte.  Del mismo modo vigilará la ejecución del contrato para el diseño de la política pública de vivienda del municipio.   

La administración se comprometió con la Procuraduría a realizar mesas de trabajo con las víctimas, con presencia de las representantes del Ministerio de Vivienda, para cumplir con la obligación de restablecer la confianza en la administración municipal y lograr la eficacia de sus actuaciones, planes y programas dirigidos a la población afectada.

CCJ/jpm

PGN | Fecha Publicación: miércoles, 2 agosto 2017 11:05 AM