Ante el progresivo deterioro de la cuenca del río Cauca, Procuraduría advierte sobre necesidad de atender problemática en un contexto interinstitucional de Estado
• Entre los años 2009 y 2011, el Ministerio Público desarrolló una investigación en la materia.
• La acción del hombre ha generado impactos ecosistémicos negativos de altísima consideración en la cuenca hidrográfica del Cauca que atraviesa de sur a norte nueve departamentos del país, beneficiando a la población de cerca de 183 municipios.
La cuenca del río Cauca demanda una atención interinstitucional integral por parte del Estado, concluyó la Procuraduría General de la Nación en su investigación “Río Cauca: Informe Social, Económico y Ambiental”, que busca promover la implementación de políticas públicas que permitan un desarrollo más equitativo e igualitario en la relación sociedad - ambiente.
El documento hace referencia a la situación ambiental que ha tenido la cuenca de este río durante cinco décadas como consecuencia de la deficiente planificación ambiental y la acción del hombre, que se ve reflejada en actividades tales como: descarga de aguas residuales, minería aluvial, desviación del cauce, captaciones ilegales de agua, cambios de uso del suelo, monocultivos de caña de azúcar y presencia de asentamientos ilegales y de explotación porcícola, avícola y sitios de sacrificio clandestinos de este tipo de animales que generan una carga extra de contaminantes a las aguas del río.
El informe señalado aborda la problemática de esta cuenca desde las ópticas social, ambiental y económica, que permiten contextualizar la situación de la principal arteria fluvial del occidente colombiano. En él se advierte la ausencia administrativa que se presenta desde los gobiernos central, regional y local.
Se evidencia una falta de proactividad en beneficio del manejo ambiental de la cuenca del río Cauca por parte de las autoridades ambientales; así como del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que como ente rector de la política ambiental del país debería ejercer una mejor administración de la misma.
Se observa además que las gestiones de las entidades territoriales que hacen parte de la cuenca del río Cauca no contemplan la normativa ambiental dentro de su marco de acción. De hecho, según el informe, en lo referente a la ordenación territorial y a la planificación ambiental del mismo, los municipios que integran la cuenca solo optan por dar cumplimiento a la Ley 388 de 1997 y no hacen que a través del cumplimiento de esta se dé un manejo integral y sostenible del territorio en lo socio-ambiental.
También es objeto de preocupación por parte del órgano de control el amplio déficit de plantas de tratamiento de agua residuales en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca y Valle del Cauca, circunstancia que afecta el mejoramiento y la preservación de las condiciones sanitarias y por consiguiente generan contaminación de los ríos y presencia de potenciales enfermedades gastrointestinales en la población de estos departamentos, principalmente los niños menores de cinco años.
Se advierte además la notoria ausencia que tienen los municipios que integran la cuenca de estudios que evidencien la morbilidad en la población debido a la calidad del agua del río en mención.
En cuanto a los proyectos mineros con licencia otorgada por las corporaciones autónomas regionales y/o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se desarrollan al interior de la cuenca del río Cauca, el órgano de control encontró valores muy bajos de este tipo proyectos en contraste con los valores hallados para la minera ilegal registrados principalmente en Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca.
El fenómeno de la minería ilegal ha crecido de manera vertiginosa en los departamentos que integran la cuenca y esto ha traído consigo no solo deterioro de los recursos naturales, sino también conflictos socio-culturales que se reflejan en fenómenos como el desplazamiento forzado, alteraciones de las formas de uso y apropiación del territorio, ausencia de gobernabilidad en el territorio por parte de las comunidades y alteraciones en el sentido de pertenencia territorial.
Finalmente, a la luz de esta Procuraduría, extraña que al ser las corporaciones autónomas regionales parte fundamental del Sistema Nacional Ambiental (Sina), estas no se encuentren coordinadas de manera unidireccional con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación al establecimiento de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio.