Este proyecto busca la muerte política de los corruptos en el sector público y la comercial de las empresas que pagan por hacerle trampa al Estado: Procurador

• “Esto es simplemente la muestra de que le estamos respondiendo a la ciudadanía, porque lo que hubo el domingo fue un clamor contra la corrupción”.
• “Con estas herramientas vamos a continuar en esta batalla sin cuartel contra la corrupción”.

Bogotá, 28 de agosto de 2018. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y el Presidente Iván Duque Márquez radicaron en el Senado un proyecto de ley que busca poner a Colombia a la vanguardia de la lucha contra la corrupción, con responsabilidad penal de las sociedades y empresas que pretendan corromper a funcionarios, inhabilidad para contratar con el estado hasta por 20 años, extinción de dominio exprés y aumento de 5 a 20 años del tiempo para sancionar a servidores públicos.

“Este proyecto busca la muerte política de los corruptos en el sector público y la comercial de las empresas que pagan por hacerle trampa al Estado”, sostuvo Carrillo Flórez al advertir que el sector privado debe comenzar a asumir responsabilidades en la lucha contra la corrupción.

El proyecto de ley, que busca promover la probidad administrativa, fortalecer la institucionalidad y aumentar la articulación del Ministerio Público; establece mecanismos de protección a quejosos y testigos en procesos disciplinarios, situación que en Colombia nunca se había implementado para casos que conoce la Procuraduría; y crea un sistema alertas tempranas para combatir el incremento patrimonial injustificado de servidores públicos.

“Esto es simplemente la muestra de que le estamos respondiendo a la ciudadanía, porque lo que hubo el domingo fue un clamor contra la corrupción, y creemos que hay que materializarlo no solo en leyes, en actos administrativos y resoluciones, sino en cambios de comportamiento ciudadano”.

Carrillo Flórez dijo que la Procuraduría General de la Nación y los demás órganos de fiscalización “vamos a seguir a la vanguardia de esta lucha, porque lo que hemos recibido es un espaldarazo de la ciudadanía, y con estas herramientas vamos a continuar en esta batalla sin cuartel contra la corrupción”.

Proyecto de ley

El proyecto busca la integración de una red nacional para la prevención de la corrupción, con el apoyo de las oficinas de control disciplinario de todas las entidades públicas, las personerías y todas las entidades y dependencias que cumplen funciones disciplinarias.

Con el fin de fortalecer la misión preventiva, establece un sistema de detección de alertas para combatir el incremento patrimonial injustificado de servidores públicos, que estará integrado a partir de información del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad de Información y Análisis Financiero.

El proyecto ajusta el régimen disciplinario para combatir la corrupción, y amplía los términos de prescripción de la acción disciplinaria que pasan de cinco a veinte años para las faltas gravísimas dolosas. Igualmente plantea un ajuste a la dosificación de las sanciones disciplinarias según la gravedad de la falta y el título de responsabilidad, dolo o culpa.

Regula la sanción disciplinaria para los servidores públicos que no diligencien u omitan información en la declaración de bienes, incumplimiento que será considerado como una falta gravísima.

Por primera vez se inhabilitarán las empresas privadas para contratar con el Estado hasta por 20 años, si sus representantes legales o directivos participan en actos de corrupción que beneficien a esas compañías.

Contempla la caducidad de los contratos estatales cuando se demuestre una falta disciplinaria gravísima dolosa, relacionada con la contratación o delitos contra la administración pública o el patrimonio público.

Plantea la creación de mecanismos de protección a quejosos y testigos, con el fin de promover e incentivar las denuncias de actos de corrupción.

El proyecto de ley establece igualmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública, el medioambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y todos los delitos que afecten el patrimonio público. Esa responsabilidad será independiente de los delitos en que puedan incurrir sus administradores o representantes legales.

Entre las sanciones establecidas para las personas jurídicas se encuentran la multa, la remoción de sus administradores o representantes, la prohibición de ejercer la actividad económica, no recibir subsidios ni celebrar contratos con el Estado y la cancelación de la personería jurídica.

También establece la extinción de dominio abreviada frente a delitos que afecten la administración pública o el patrimonio económico, cuando se cumplan ciertas condiciones como un número máximo de bienes y el valor tope de los mismos,  entre otras, lo que permitirá integrar en una misma audiencia las decisiones que se deban adoptar.

Con el fin de incentivar y fortalecer las veedurías, propone la creación de un mecanismo de reconocimiento y premiación a quienes contribuyan a la vigilancia de recursos públicos. Para tal fin las entidades estatales tendrán la obligación de entregar información a las veedurías.

Plantea también normas para fortalecer las personerías, así como la modernización de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y la creación de un sistema integrado de información disciplinaria en todo el país.

Consulte aquí texto completo del proyecto de ley

MLN/shrm | Fecha Publicación: martes, 28 agosto 2018 09:00 PM