Corte Constitucional participará en audiencia pública de la Procuraduría en la Sierra Nevada
- - “Para esta Procuraduría es un evento digno de destacar por el valor simbólico que representa y por los temas que vamos a discutir”.
- “Hemos querido involucrar a la Procuraduría en la problemática social del país”.
- En audiencia “Pacto social por la protección a la vejez”, el Procurador aseguró que “el sistema de protección a la vejez debe garantizar una seguridad económica y una vida digna para los adultos mayores”
Bogotá, 28 de junio de 2017. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reveló que la Corte Constitucional en pleno participará en la audiencia pública convocada para el 1 de agosto en la Sierra Nevada de Santa Marta y que busca conocer la situación de los pueblos indígenas que la habitan.
“Para esta Procuraduría es un evento digno de destacar por el valor simbólico que representa y por los temas que vamos a discutir”, agregó.
El anuncio lo hizo el jefe del Ministerio Público al término de su intervención de la Audiencia Pública “Pacto social por la protección a la vejez”, donde pidió evaluar los tres esquemas de protección que tiene el adulto mayor –sistema de pensiones, Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y servicios sociales complementarios– en cuanto a “su pertinencia, progresividad, sostenibilidad y todos los ajustes que se requieren para garantizar que todos los adultos de este país puedan tener una protección suficiente y digna”.
“El adulto mayor es un sujeto de especial protección constitucional y por eso la protección a la vejez es imperativa dentro de un sistema que refleje universalidad, solidaridad y eficiencia”.
Según Carrillo Flórez para lograr este objetivo se deben integrar esquemas de eficientes y que establezcan un conjunto de medidas que permitan fortalecer la cobertura, generar mayor pertinencia en los programas y adecuar las condiciones presupuestales.
Pacto por la vejez
Al referirse a la necesidad de un pacto por la vejez, el Procurador General dijo que este acuerdo debe comprometer los diversos actores del sistema: el Gobierno, las ramas del poder público, organizaciones sociales y ciudadanía en general.
“El sistema necesita un ajuste sustancial que de manera definitiva solucione los problemas actuales, para eso es precisamente esta instancia y un punto de partida de este acuerdo que estamos persiguiendo. No más reformas que no tengan consideraciones de mediano y largo plazo, o que solo busquen apagar el incendio financiero del corto plazo”, agregó.
Carrillo Flórez sostuvo que la Procuraduría activará sus competencias preventivas, disciplinarias y de intervención “cada vez que se requiera la protección de los derechos del adulto mayor”.
Concluyó que se necesita una reforma pensional que garantice de una vez por todas la universalidad, la sostenibilidad financiera, la articulación y la especial protección de los adultos mayores más vulnerables.
Foto: Corte Constitucional