Autoridades territoriales y ambientales de San Andrés recibieron con beneplácito pronunciamiento de la Procuraduría sobre reserva de biósfera
• Ministerio Público hizo llamado a autoridades competentes para que se formule política pública que atienda problemática social y ambiental del archipiélago.
• Durante encuentro de procuradores judiciales ambientales y agrarios se plantearon a Incoder aspectos por mejorar en programas agrarios esenciales.
Bogotá, 14 de junio de 2012. El análisis de la situación de los sectores Agrario y Ambiental del país fue abordado por la Procuraduría General de la Nación durante el reciente encuentro anual de procuradores judiciales ambientales y agrarios, evento que sirvió como marco para reiterar el llamado de este organismo de control a que se construya un instrumento de política pública que atienda las problemáticas que enfrenta el archipiélago de San Andrés y se de la relevancia debida a la declaratoria de “Reserva de Biósfera Seaflower” que él ostenta por reconocimiento de la Unesco desde el año 2000.
Al encuentro, que fue presidido por el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas, y contó con la asistencia de 40 funcionarios de la Delegada, asistió la gobernadora de San Andrés, Aury Socorro Guerrero Bowie, las directoras saliente y entrante de la autoridad ambiental del archipiélago “Coralina” Elizabeth Taylor Jay y Opal Marcela Bent Zapata, quienes reconocieron la importancia del pronunciamiento de la Procuraduría al llamar la atención porque la condición de “Reserva de Biósfera” del archipiélago está seriamente amenazada en sus componentes sociales, económicos y ambientales.
El Ministerio Público había señalado que aunque la declaratoria de “Reserva de Biósfera Seaflower” implica la reconsideración del modelo de desarrollo vigente, las formas de ocupación del suelo y el aprovechamiento de los recursos del archipiélago, se han evidenciado serios problemas en el modelo de gestión de residuos especiales y hospitalarios; la carencia de una cobertura adecuada del acueducto; sobrexplotación pesquera; construcciones ilegales en las zonas costeras; ausencia de una estrategia de recuperación de zonas sensibles como manglares, bosques y humedales; presencia de embarcaciones con problemas judiciales y/o mecánicos en la bahía, entre otras circunstancias que deterioran progresivamente la riqueza ambiental de San Andrés.
Se espera una respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible frente a los planteamientos que en su oportunidad fueron presentados por la Procuraduría General de la Nación.
Asuntos agrarios
El evento contó también con la asistencia de la gerente general del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), Myriam Villegas, quien escuchó las realidades de los representantes del Ministerio Público en todas las regiones del país sobre las principales debilidades de los programas a cargo del Instituto.
Fundamentalmente se planteó el problema de la centralización de programas como entrega de tierras y manejo de baldíos, cuyos trámites deben realizarse en Bogotá, en perjuicio de los campesinos. Con el propósito de hacer seguimiento a las condiciones puntuales de cada región, se decidió realizar una reunión bimensual descentralizada. La primera se llevará a cabo en el mes de agosto en la ciudad de Manizales, para analizar la situación del eje cafetero.