Avanza gestión preventiva de la Procuraduría para liderar coordinación entre autoridades responsables de atención a víctimas de Fundación (Magdalena)
• Ministerio Público hace seguimiento permanente a aspectos como manutención, servicio de salud y la entrega de información clara y oportuna sobre las labores de reconocimiento y entrega de los restos mortales.
Por instrucción del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, un grupo interdisciplinario del Ministerio Público trabaja desde el pasado domingo 18 de mayo en Fundación (Magdalena) y en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), para articular las acciones estatales de acompañamiento y apoyo a los familiares de los 33 niños que murieron trágicamente por el irresponsable uso de un vehículo que los transportaba.
A instancias de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, se han gestionado respuestas inmediatas a aspectos como la atención en salud para los heridos, el alojamiento, manutención, transporte y seguridad de los familiares de las víctimas, así como la entrega de información clara y oportuna sobre las labores de reconocimiento y entrega de los restos mortales.
“Se ha buscado una articulación entre las diversas instituciones del Estado para asegurar la atención de las víctimas, para prepararnos a los sucesos de la entrega los cuerpos y la organización del sepelio, pero también la Procuraduría ha pedido unas acciones específicas para lo relativo a los procesos administrativos de restablecimiento de derechos que sean del caso, y al levantamiento de una relación pormenorizada de las personas que van a ser atendidas durante estos meses, teniendo en cuenta que se ha decretado la calamidad pública y que el Estado colombiano ha manifestado, a través del Gobierno Nacional, que prestará la atención”, aseguró desde la zona de la tragedia la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda.
La funcionaria anunció que se elevó una solicitud al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y a otras dependencias, para buscar que las familias tengan el acompañamiento, apoyo y capacitación que necesitan para subsistir y seguir adelante después de esta tragedia.
Situación de la comunidad en Fundación
La procuradora delegada se desplazó hasta el municipio de Fundación para conocer directamente la situación de las familias y de la comunidad afectada por la tragedia. Allí se adelantaron reuniones con autoridades del orden nacional, departamental y municipal, en la que se establecieron compromisos concretos para brindar atención integral a las familias de las víctimas.
Entre los temas acordados estuvo la coordinación logística y de seguridad para el eventual desplazamiento de los familiares a Barranquilla cuando se entreguen los cuerpos, y lo propio para el sepelio que, hasta la fecha, se ha acordado sea colectivo. Asimismo se definió el levantamiento de un censo detallado de las familias afectadas, identificando edad, género, si hay personas en condición de discapacidad, si eran desplazados, etc.
Se reiteró la importancia de coordinar y articular la labor de las entidades que prestan servicios de atención psicosocial, de manera que ninguna familia se quede sin ser atendida. La procuradora delegada solicitó tener en cuenta que dicha atención debe dirigirse a los niños víctimas heridos, a los familiares de los niños heridos, a los familiares de los niños fallecidos, a los compañeros de estudio de los niños fallecidos y a la comunidad de vecinos y amigos.
Ante el anuncio del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad en Salud (FOSYGA), de reconocer para cada familia de las víctimas 12 millones de pesos, la Procuraduría Regional del Magdalena y la Personería de Fundación realizarán un minucioso seguimiento del proceso para evitar que intermediarios inescrupulosos se queden con parte de estos recursos.
“Una vez más las tragedias en Colombia demuestran que la pobreza, que la desatención del Estado, de la sociedad, nos generan día a día víctimas (…) Queda uno sin palabras no solamente para describir lo que fue la tragedia, sino todas las condiciones sociales, económicas, de injusticia, de inequidad en las que viven tantos y tantos colombianos”, aseguró la procuradora delegada tras recorrer las viviendas de algunas familias afectadas por los lamentables hechos y agregó: “No podemos quedarnos en quince días o un mes o seis meses de atención; los niños han planteado que quieren unas condiciones de vida distintas: canchas deportivas, casas diferentes, servicio de agua y alcantarillado, y creo que el Estado tiene una responsabilidad que debe asumir para la atención integral a este municipio”.
La Procuraduría General de la Nación adelantará actuaciones disciplinarias para establecer posibles responsabilidades de servidores públicos en estos hechos.