COMUNICADO DE PRENSA (10 DE MARZO)
La Procuraduría General de la Nación, respecto al Proyecto de Ley aprobado en el Congreso de la República que modifica la Ley 418 de 1997, ley de “orden público”:
1. La Procuraduría lamenta que el proyecto de ley aprobado permita la creación de zonas de concentración de guerrilleros armados en territorios donde habita población civil.
Eso pone en manos de responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra a las víctimas, los campesinos, trabajadores, indígenas, afrodescendientes y en general a las personas que viven en dichas regiones, muchas de ellas que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad.
Tal disposición está en contra de la Constitución y del derecho internacional, que imponen al Estado y a las autoridades la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas.
2. La Procuraduría confía en que llegado el caso, la Corte Constitucional pueda corregir las graves falencias de la ley, con el fin de proteger a la población civil y no afectar la lucha contra la criminalidad organizada, ni la seguridad nacional.
3. La Procuraduría insiste en que los ciudadanos tienen el derecho constitucional a participar en las decisiones que los afectan y en que las comunidades de los municipios deben manifestarse a través de consultas populares sobre la creación o no de una zona de concentración de guerrilleros en su territorio.
Las autoridades municipales tampoco pueden ser desconocidas en una decisión que compromete los derechos de las personas que conforman las comunidades que representan.
4. En desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, la Procuraduría velará por los derechos de la población civil en las zonas de concentración de guerrilleros armados.