COMUNICADO DE PRENSA (13 DE MARZO)
Atendí hoy la reunión con el señor Presidente Juan Manuel Santos en cumplimiento de las funciones que asigna la Constitución Política a la Procuraduría General de la Nación. Fue una reunión institucional entre el Gobierno Nacional y el Ministerio Público.
Fue una conversación clara, franca, respetuosa, en el ámbito de las competencias institucionales que a cada uno corresponde.
Expliqué al señor Presidente la iniciativa de la Procuraduría General de la Nación de un Pacto para la Paz, que concite el mayor nivel de consenso posible.
El Pacto para la Paz es un Acuerdo de mínimos sobre lo fundamental y esencial de la democracia y del estado de derecho, que permita garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad política de lo que se convenga con las FARC.
El Pacto para la Paz busca certeza de que lo que se firme con las FARC se cumpla y se pueda cumplir.
Para realizar un Pacto para la Paz es tan importante el señor Presidente Juan Manuel Santos como el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez.
De manera respetuosa, dije al Presidente, que mucho daño hace que a cada observación que hacen los críticos, el Gobierno reaccione estigmatizándolos como enemigos de la paz.
Resalto las manifestaciones de voluntad del señor Presidente sobre la necesidad de dicho Pacto.
Ratifiqué, adicionalmente, al señor Presidente las siguientes preocupaciones, sobre las cuales la Procuraduría aún no tiene respuestas satisfactorias por parte del Gobierno Nacional.
Unas precisiones importantes, para superar la ambigüedad, petición respetuosa que hice en la reunión:
“Paz sin impunidad” para la Procuraduría implica penas de cárcel efectivas para responsables de crímenes atroces. Espero que en ese sentido se pronuncie el gobierno.
“Dejación de armas” para la Procuraduría es desarme total y absoluto de las FARC. Es desarticulación de ese grupo como aparato criminal. Espero que así lo interprete y lo defienda el gobierno en la mesa de conversaciones de La Habana.
“Reincorporación plena, leal y transparente de la guerrilla, sin armas”, para la Procuraduría implica desarticular a las FARC como organización que ejerce coerción sobre los ciudadanos. La reincorporación no puede significar institucionalizar el modelo de control y dominación por miedo que implementa las FARC en ciertos territorios. Espero que ese sea el alcance que el gobierno dé a la reincorporación.
“Reconocerse como victimario”, para la Procuraduría conlleva que las FARC digan la verdad, que su cúpula acepte, confiese los crímenes atroces. La guerrilla debe reconocer que han ejecutado de manera consciente el secuestro, la desaparición forzada, el homicidio, el reclutamiento de niños como una política sistemática y a gran escala. Deben aceptar su responsabilidad. Espero que ese sea el sentido que le dé el gobierno a ese reconocimiento como victimario.
Preocupa a la Procuraduría y a amplios sectores de la sociedad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
También señalé que el Gobierno debe comprometerse en que se revele la suerte y se entreguen vivos o muertos los más de 2760 desparecidos por las FARC. El Gobierno, ni la sociedad pueden aceptar que las FARC ahora desaparezcan los desaparecidos.
Insistí la necesidad de que las FARC entreguen sus inmensas riquezas para reparar a las víctimas y que estas no pueden ser objeto de un inmenso lavado de activos.
Con el propósito de generar confianza en los esfuerzos para alcanzar una paz estable y duradera, la Procuraduría entregó 45 preguntas sobre el proceso de La Habana al Presidente de la República.
Finalmente, quiero decir a la sociedad que puede estar tranquila. Continuaré defendiendo los derechos de las víctimas y el ordenamiento jurídico.
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación