186 boletín
lunes, 2 marzo 2015 07:37 AM
COMUNICADO DE PRENSA (2 DE MARZO)
La Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de su misión constitucional y legal que le impone defender el ordenamiento jurídico, los Derechos Humanos y propugnar por los intereses de la sociedad, resalta las precisiones que el exsecretario general de la ONU, señor Kofi Annan, hizo a las delegaciones de las FARC y del Gobierno Nacional sobre la imposibilidad de que el Acuerdo de Paz sea un Acuerdo de impunidad y de negación de justicia.
Hace tan solo unos días las FARC reclamaron “cero cárcel”, sin importar la gravedad de los crímenes cometidos, además de insistir en que sus miembros no pueden ser investigados, juzgados y condenados por el Estado.
La Procuraduría espera que las explicaciones que el señor Kofi Annan dio a los miembros de la Mesa de Conversaciones los haga reflexionar sobre la inviabilidad de que se renuncie a la persecución penal no sólo de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, sino también frente a las graves violaciones a los derechos humanos que no adquieran esa connotación. La paz estable y duradera lo será porque sea sostenible y solo es sostenible si es acorde con los estándares señalados en el derecho internacional.
Confía la Procuraduría que gracias a las mencionadas explicaciones los “plenipotenciarios” hayan comprendido que tampoco es posible renunciar a penas privativas de la libertad o sancionar exclusivamente con trabajo social y comunitario a quienes perpetraron atrocidades y son máximos responsables de las mismas.
La “impunidad para todos” que se propone por algunos sectores generaría la intervención de la Corte Penal Internacional, como lo advierte con insistencia la Procuraduría desde el inicio del proceso de La Habana y lo ratifica ahora el señor Kofi Annan.
Las FARC propusieron un debate nacional sobre la justicia aplicable en el marco de la terminación del conflicto y se habla de la necesidad de equilibrar los derechos de las víctimas, la justicia, la lucha contra la impunidad y la necesidad de alcanzar la paz.
La Procuraduría considera necesario y urgente ese debate para definir colectivamente, en la construcción de un Pacto para la Paz, el ordenamiento jurídico aplicable a los agentes estatales que actuaron a título individual en contra de la Constitución, así como a los perpetradores de las AUC y de las FARC. Ese Pacto es el que le dará el carácter de Acuerdo Político y de Estado, asegurará su refrendación y le otorgará seguridad jurídica y política.
No se puede tratar de esquivar responsabilidades o solo reconocerlas exclusivamente en cabeza de las FARC. Lo que se debe buscar no es “impunidad para todos”, sino justicia transicional que permita que lo que se acuerde con las FARC se cumpla y se pueda cumplir.
PGN | Fecha Publicación: lunes, 2 marzo 2015 07:37 AM