COMUNICADO DE PRENSA (2 DE SEPTIEMBRE)
La Procuraduría General de la Nación registra de forma positiva la declaración de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el Acuerdo Final entre el presidente Juan Manuel Santos y la organización guerrillera FARC.
La Fiscal celebra la firma del Acuerdo y reconoce su valor histórico, pero deja claro que la implementación de los acuerdos debe asegurar “responsabilidad penal” y “castigo efectivo”, según se lee en su declaración.
Dicha Fiscalía subraya que la justicia debe ser “genuina” y que la responsabilidad penal incluye el “castigo efectivo”, con lo cual ratifica los criterios expresados a la Corte Constitucional de Colombia en 2013.
Un “castigo efectivo” implica una sanción adecuada y proporcional a la gravedad de los crímenes perpetrados, tal y como se desprende del Estatuto de Roma y de los pronunciamientos de la misma Fiscalía de la CPI.
La Fiscalía de la CPI no renuncia a cumplir su función en caso de que no exista “castigo efectivo” para los victimarios.
Es evidente que trabajo comunitario para los responsables de miles de masacres por el solo hecho de reconocerlas no es un “castigo efectivo”, ni una sanción proporcional y adecuada. De llegar a imponerse tales sanciones simbólicas frente a los “falsos positivos”, ejecutados por agentes estatales, o los crímenes de lesa humanidad de las FARC, se abre la puerta para la intervención de la jurisdicción penal internacional en Colombia.
La paz, como lo señala la Fiscalía de la CPI, está ligada a que se haga justicia, precepto que está en sintonía con lo advertido en múltiples oportunidades por la Procuraduría General de la Nación, en el objetivo de blindar los Acuerdos y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.