Boletín 1070

Cerca de 300 mil intervenciones efectuó la Procuraduría en asuntos de infancia, adolescencia y familia durante el periodo 2009-2016

Fuente: PGN
Fecha Publicación:

Más de 60 mil audiencias, 30.835 conceptos emitidos y más de 140 mil procesos  hacen parte de las más cerca de 300 mil actuaciones que efectuaron los procuradores judiciales de familia durante los últimos ocho años de gestión, dando cuenta de los buenos resultados registrados en materia de intervención ante la jurisdicción civil.  

En este ámbito la Procuraduría ejerció una vigilancia superior al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la cual se fortaleció con la vinculación gradual de procuradores judiciales de familia que actuaron exclusivamente en la jurisdicción penal adolescente en las ciudades de Bogotá, Sincelejo, Manizales, Armenia, Barranquilla, Buga, Cali y Medellín. 

Así mismo, el Ministerio Público cuenta con un equipo de procuradores judiciales en esta misma materia que, además de actuar ante la justicia ordinaria en asuntos de familia, interviene también en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en 26 departamentos del país.
 
Para asegurar la eficaz intervención en esta materia, durante los últimos ocho años la Procuraduría, en asocio con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), realizó un proceso de capacitación y asesoría técnica sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes a 430 servidores del Ministerio Público y los operadores jurídicos de este sistema en varias ciudades del país.
 
En esta materia se destacan la activa participación en la mesa interinstitucional que fue conformada para la elaboración del Conpes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y en la Comisión de Evaluación del mismo sistema.
 
Entre otras acciones significativas en asuntos de Infancia, adolescencia y familia  se destacan el trabajo desarrollado en los Consejos de Política Social, entre otras instancias, para asegurar el cumplimiento irrestricto de los principios y los enfoques establecidos en el Código de la Infancia y la Adolescencia y el seguimiento al trámite legislativo de la Ley 1453 de 2011 y otros proyectos relacionados con las políticas públicas y las políticas criminales de infancia y adolescencia. 
 

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