Boletín 494

Con Acción de Tutela Procuraduría logró protección de derechos fundamentales de 11 estudiantes en Vichada

Fuente: PGN
Fecha Publicación:

• Los adolescentes habían sido retirados definitivamente de sus instituciones educativas.

Con el propósito de amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional Vichada, instauró una acción de tutela en la que solicitó el reintegro de diez estudiantes del Colegio José Eustasio Rivera de Puerto Carreño (Vichada) y de un estudiante del Colegio Eduardo Carranza de la misma ciudad, quienes habían sido expulsados de sus instituciones educativas.

El fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño amparó los derechos fundamentales invocados por el Ministerio Público y ordenó el inmediato reintegro de los estudiantes a sus clases.

Antecedentes

El pasado 2 de marzo y sin el previo procedimiento dispuesto en el Manual de Convivencia, las directivas del Colegio José Eustasio Rivera retiraron de manera definitiva a diez estudiantes del grado noveno, porque supuestamente habrían sustraído unos alimentos de una caseta que funciona dentro del plantel educativo.

Por su parte, directivas del Colegio Eduardo Carranza expulsaron a un estudiante del grado 11 por haberse presentado a clases con una modificación corporal (conocida como “pearcing”), situación que atentaba contra su libre desarrollo de la personalidad.

Los padres de los estudiantes afectados acudieron al Ministerio Público, expusieron los casos y manifestaron su preocupación por el futuro de sus hijos. La Procuraduría Regional del Vichada acudió en primera instancia y de manera directa a las autoridades de los citados planteles educativos, y en segunda a autoridades del orden departamental (Dirección de Núcleo y Secretaría Departamental de Educación y Cultura).

Debido a que en estas instancias no se logró una solución al problema y seguían vulnerados los derechos de los adolescentes implicados, la Procuraduría interpuso, como agente oficioso, la Acción de Tutela ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, despacho que le dio la razón al Ministerio Público y falló el amparo de los derechos de los estudiantes.

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