Consejo de Estado acogió Acción Popular instaurada por la Procuraduría General de la Nación para controlar pesca de tiburones en Archipiélago de San Andrés
• El Ministerio Público solicitó al Alto Tribunal ordenar a la autoridades competentes que tomen las medidas necesarias para proteger la especie y prohibir su explotación.
Mediante fallo de acción popular el Consejo de Estado ordenó que se tomen medidas de protección al medio ambiente y de especies con amenaza de extinción ante la pesca incontrolada de tiburones en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Así lo dispuso el alto tribunal de lo contencioso administrativo al resolver la acción popular presentada por la Procuraduría General de la Nación ante la explotación indiscriminada de tiburones en el archipiélago que pone en riesgo la especie.
El Ministerio Público indicó que la falta de acciones concretas que protejan la especie vulnera los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especias animales y vegetales y la protección de áreas de especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en zonas fronterizas.
Al conceder el amparo la Sala de conocimiento hizo énfasis en la desidia de las autoridades competentes en la protección del recurso, pues nada se ha dicho acerca de la pesca dirigida, no obstante los estudios que recomendaron su prohibición al afectar el recurso como tal y el ecosistema que es destruido con los diferentes métodos de pesca utilizados.
Señaló que las entidades competentes deben tomar medidas urgentes y efectivas para mitigar sus efectos y regular la manera en que se realiza la actividad pesquera, con el fin de que cada vez sean menores las capturas incidentales.
Entre otras medidas, el Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que expida el acto administrativo que oficialice el Plan de Acción Nacional de Tiburones y la Junta Departamental de Pesca y Acuicultura del Departamento Archipiélago y a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, que prohíba la comercialización y distribución del tiburón y de cualquier producto derivado del mismo en el archipiélago.