Convertir el PAE en una política de Estado y establecer auditorías especializadas, entre las recomendaciones de la Procuraduría para mejorar el servicio de alimentación escolar

• El ente de control evaluó las dificultades legales, administrativas, financieras, técnicas y de infraestructura del programa.

• Enfatizó en la necesidad de construir un esquema de indicadores más rigoroso que mida con precisión el tiempo y las raciones que se brindan.

• Exhortó al ICBF a continuar liderando la formulación, implementación y seguimiento de las políticas encaminadas a mejorar la alimentación de los niños, niñas y adolescentes.

La Procuraduría General de la Nación presentó el “Segundo informe sobre el seguimiento al Programa de Alimentación Escolar – PAE– a nivel nacional”, en el que solicitó a diversas entidades trabajar de manera coordinada para asegurar el derecho de los niños y niñas a una alimentación sana y equilibrada. 

El ente de control evaluó las dificultades legales, administrativas, financieras, técnicas y de infraestructura que presenta aún el programa y elevó diversas recomendaciones encaminadas a mejorar su desarrollo e implementación.

En esta medida, el organismo de control solicitó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) continuar examinando fórmulas para convertir el PAE en una política de Estado, a través de la cual se le inyecten anualmente recursos de manera obligatoria, independientemente del gobierno de turno. Además, pidió invertir en la contratación de auditorías especializadas en el manejo de bolsas comunes, con el fin de garantizar que los recursos destinados al programa sean ejecutados debidamente. 

Así mismo, aseguró que existe un riesgo grande al tomar como referencia los criterios del Gobierno Nacional para controlar el efectivo uso de los recursos en el PAE. 

“(…) Dicho riesgo tiene que ver con el hecho de que para el Gobierno Nacional el giro de los recursos equivale a su ejecución”, explicó. 

Desde este punto, el ente de control reiteró que se requiere fortalecimiento institucional a través de dichas auditorías que brinden información periódica sobre los hallazgos e irregularidades que se encuentren en la ejecución del programa y enfatizó en la necesidad de construir un esquema de indicadores más riguroso que mida con precisión el tiempo y las raciones que se brindan.

Sugirió al MEN liderar iniciativas que involucren a toda la comunidad, con el objetivo de enfrentar la corrupción y capacitar a la ciudadanía de una manera permanente en el ejercicio de sus derechos y en la protección de los recursos públicos. Propuso al  Ministerio de Agricultura continuar promoviendo a través de Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan), la integración de esfuerzos de las diferentes entidades gubernamentales y de control en beneficio del mejoramiento del servicio de alimentación escolar.  

Al Ministerio de Salud pidió promover mecanismos efectivos encaminados a controlar la calidad de los alimentos suministrados, así como el contenido nutricional de los mismos. Por su parte, al Ministerio de Hacienda le sugirió explorar alternativas para incrementar los recursos destinados por el Gobierno Nacional al programa. 

El ICBF y su responsabilidad con el PAE

En el informe del Programa de Alimentación Escolar, el Ministerio Público exhortó al ICBF a continuar liderando la formulación, implementación y seguimiento de las políticas encaminadas a mejorar la alimentación de la niñez y la adolescencia, ejerciendo su papel como organismo rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

“(…) Que el Programa de Alimentación Escolar haya sido trasladado del ICBF al MEN, no exime al ICBF de su obligación como rector de SNBF de buscar protección integral de la población objeto del mencionado programa. Por el contrario, dada su experiencia de varios años manejando el PAE, debe continuar prestando una colaboración cercana para el desarrollo exitoso del mismo”. 

El ente de control afirmó que seguirá acompañando el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar para asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una alimentación sana y equilibrada, así como el derecho al acceso a la educación. 

La totalidad de este informe que contiene: (i) la normatividad reciente expedida por el Gobierno Nacional relacionada con el programa; (ii) las observaciones a los proyectos de ley 250 de 2015 Cámara – 054 de 2014 Senado, 244 de 2016 Cámara y 037 de 2016 Cámara sobre alimentación escolar; (iii) las últimas actuaciones de tipo preventivo adelantadas por la Procuraduría General de la Nación; (iv) la situación actual del Programa; (v) las últimas actuaciones del Ministerio de Educación en desarrollo del PAE y (vi) las recomendaciones encaminadas a mejorar el PAE y proteger los derechos de la población objetivo de la iniciativa, podrá ser consultado en la página web de la Procuraduría General de la Nación (www.procuraduria.gov.co).