Mediante fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a tres servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes habrían planeado el denominado “blindaje” de los resultados del proceso electoral atípico adelantado para elegir gobernador del Valle del Cauca el 1 de julio de 2012.
Se trata del señor José Francisco Angulo Jaimes, en su calidad de técnico operativo adscrito a la planta global sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, destituido e inhabilitado por 15 años; la entonces analista de sistemas Adriana Lucía Castro Guzmán; y la señora Alina Martínez García, analista de sistemas y designada como registradora municipal Ad-Hoc en la Registraduría del municipio de Jamundí (Valle del Cauca); destituidas e inhabilitadas por 10 años.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, el señor Angulo Jaimes presentó la propuesta de “blindaje” de las elecciones atípicas ya señaladas con el objetivo de favorecer ilegalmente al candidato Francined de Jesús Cano Ramírez, para lo cual ofreció 2000 votos (que serían obtenidos a través de la señora Alina Martínez y otras personas) y la creación de un centro de cómputo que permitiría acceder a la información de los resultados electorales, antes que la Registraduría y así poder alterarlos.
Como contraprestación el entonces servidor exigió y recibió una significativa suma de dinero así como la promesa de formar parte del equipo de trabajo del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra después del proceso electoral, entre otros beneficios, tales como hospedaje en hoteles de la ciudad de Santiago de Cali, apoyo económico y logístico para la instalación del centro de cómputo y compra de equipos, para alimentación y pasajes con el fin de trasladarse con sus colaboradores a la ciudad de Santiago de Cali, a diversos sitios de esa ciudad y otros municipios del departamento del Valle del Cauca.
Se cuestiona también la conducta de la señora Adriana Castro, quien colaboró en la planeación irregular e injustificada del denominado “blindaje” y además facilitó la reunión entre los señores Juan Carlos Martínez Sinisterra, Jairo Candelo Banguero y Luis Enrique Forero con el ingeniero José Francisco Angulo Jaimes para que éste último hiciera una propuesta y presentación del plan tendiente a modificar la votación.
Así mismo, la señora Castro Guzmán capacitó a los testigos que iban a colaborar en el señalado plan.
Las pruebas demuestran que la intención y voluntad de la señora Castro Guzmán y el señor Angulo Jaimes “fue la de intervenir de manera activa e ilegal en las elecciones atípicas de gobernador del Valle del Cauca con el fin de alterar los resultados a favor del candidato del movimiento Político ‘MIO’ Francined de Jesús Cano”.
Por último, el Ministerio Público se pronunció sobre la conducta de la señora Alina Martínez García y manifestó que incurrió en falta disciplinaria al colaborar en la alteración de los resultados electorales ya señalados suministrando los listados de los jurados de votación con sus datos personales direcciones y teléfonos, de la jurisdicción que le correspondía como registrador Ad Hoc del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), sobre “lo cual existía la garantía de repartir un dinero, como la de recibir otro tanto por su colaboración (…)”.
Contra esta determinación disciplinaria procede el recurso de apelación.