Diagnóstico, alertas y recomendaciones de la Procuraduría frente a política pública de prevención y gestión del riesgo de desastres

• Cumplir e implementar la normatividad y generar estrategias de acción conjunta permiten mitigar el impacto de tragedias naturales como la ocurrida hace 30 años en Armero (Tolima), que cobró la vida de más de 25 mil colombianos.

  

En ejercicio de su función preventiva y en busca de promover la optimización de acciones estatales que garanticen la seguridad a la ciudadanía y eviten tragedias ocasionadas por fenómenos naturales, la Procuraduría General de la Nación realizó un diagnóstico a la política pública de prevención y gestión del riesgo de desastres en Colombia.

 

En el informe se destaca que muchos de los entes territoriales el país no cumplen con los mínimos en materia de prevención y atención. Según información suministrada a la Procuraduría por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), de los 32 departamentos que componen el país tan solo 15 confirmaron el contar con un Plan Departamental de Gestión del Riesgo.

 

En el balance municipal el panorama también resulta preocupante. Tan solo 404 de los 1.101 municipios del país reportan tener un plan en la materia y 643 carecen de un cuerpo de bomberos. Un alto porcentaje de los 458 cuerpos de bomberos municipales existentes informa de variadas dificultades que impiden el correcto cumplimiento de las obligaciones y tareas a su cargo. 

 

“Es posible concluir el flagrante incumplimiento de la política pública de prevención y atención de desastres por parte de un gran número de entidades territoriales del orden municipal y departamental (…) Urge la construcción de mecanismos tendientes a superar los obstáculos presentes en aras a obtener el tan anhelado fortalecimiento, en el entendido que solo consolidando la base fundamental, lograremos un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres capaz de enfrentar los retos futuros”, señalan apartados del diagnóstico.

 

 

Como complemento y a propósito del análisis  que será socializado con la Presidencia de la República y las entidades competentes,  en busca de una estrategia conjunta, la Procuraduría General de la Nación se permite resaltar que:

 

1. Existe necesidad de acompañamiento e inversión por parte del nivel central, sin perjuicio de las responsabilidades que por mandato de la Constitución Política y la Ley 1523 de 2012 ostentan las entidades territoriales.

 

2. Existe necesidad de articulación normativa entre las funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Dirección Nacional de Bomberos.

 

3. Existe necesidad de exigir el cumplimiento de los deberes legales y constitucionales.

 

El Ministerio Público advierte igualmente a las autoridades que según el Código Disciplinario Único, se constituye en falta gravísima el “omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales”; y hace un llamado a los alcaldes y gobernadores que tomarán posesión el próximo 1 de enero para que den cumplimiento a lo dispuesto legal y normativamente en la materia, particularmente en referencia a la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes; a los esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial y a la expedición de planes o esquemas nuevos.