Boletín 712

"El país está, como lo advertimos, nadando en coca. Ahora vamos a naufragar en coca": procurador Alejandro Ordóñez

Fuente: PGN
Fecha Publicación:

  • El jefe del Ministerio Público hizo un llamado para revisar la decisión que adoptó el Gobierno Nacional de suspender la aspersión de cultivos de coca en mayo de 2015.
  • Advirtió que “la Constitución no permite que el Gobierno renuncie a cumplir las obligaciones o someta las mismas a un Acuerdo con un grupo narcotraficante”.
  • “La pasividad del Gobierno colombiano agrava la seguridad regional”. 
En carta enviada al ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado solicitó que se convoque con urgencia el Consejo Nacional de Estupefacientes con el fin de revisar la decisión que adoptó el Gobierno Nacional de suspender la aspersión de cultivos de coca en mayo de 2015.
 
Así mismo, el ente de control propuso que dentro de la agenda del Consejo se realice un examen de ingresos recibidos por las organizaciones de narcotráfico provenientes de la expansión de los cultivos de coca y el impacto que dicho aumento tendrá en la seguridad, además, realizar una revisión de los planes y recursos disponibles que tiene el Gobierno Nacional en esta materia.
 
El órgano de control, en cumplimiento de sus competencias constitucionales, realizó esta solicitud al evidenciar el debilitamiento progresivo de la política contra los cultivos ilícitos y el crecimiento de las hectáreas de coca. El jefe del Ministerio Público recordó que desde 2014 ha denunciado esta situación, pero la respuesta del Gobierno en conjunto con la Fiscalía de ese entonces, se concretó en el desmantelamiento casi total de la lucha contra dichos cultivos. 
 
Advirtió el procurador Ordóñez Maldonado que “el país está nadando en coca y ahora vamos a naufragar en coca”, ya que el Gobierno renunció a perseguir este delito y permitió el fortalecimiento del narcotráfico en aras de complacer las demandas de las FARC, conducta que favorece a las bandas criminales y las estructuras de las FARC y el ELN dedicadas a esta actividad.  Además, podría beneficiar a aparatos criminales como el Frente 1 de las FARC que se conviertan en “disidencias” y mantengan la violencia en las zonas donde delinquen.
 
Aseguró que las cifras se quedan cortas frente a la gravedad del problema y citó datos proporcionados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMC– de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que muestran un incremento de 42% de hectáreas de coca entre 2014 y 2015. 
 
“(…) El ritmo de crecimiento indica que a 31 de diciembre del año pasado el país pudo haber llegado a 200.000 hectáreas cultivadas de coca”, enfatizó.

Política de erradicación manual no ha sido exitosa
 
Para el procurador el número de hectáreas es aún mayor a septiembre de 2016, teniendo en cuenta que no se está haciendo aspersión aérea y recordó lo señalado por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez sobre el tema: “La política de erradicación manual no ha podido desarrollarse con el éxito que sería deseable”. 
 
El Ministerio Público también previno sobre el crecimiento de la productividad de las hectáreas de coca, en especial los cultivos de la coca madura e indicó que su extensión se duplicó desde 2012.
 
Señaló que de acuerdo con el Informe del Departamento de Estado, “(…) la producción de cocaína pura aumentó 67%, pasando de 250 toneladas métricas en 2014 a 420 en 2015. La producción será mayor en 2016 considerando que muchas de las nuevas plantas sembradas en 2014 y 2015 están ya maduras”, advirtió el jefe del órgano de control y se preguntó “¿cómo puede el Gobierno omitir tan delicada situación?”.
 
La Procuraduría también percató al Ministerio de Justicia sobre el aumento en 72% de la cocaína con calidad de exportación, la cual pasó de 325 toneladas en 2014 a 560 en 2015.
 
“(…) De acuerdo al Informe citado, la cocaína documentada que sale de Colombia a Estados Unidos ascendió un 81%: de 293 toneladas a 529 en 2015. Más tráfico de cocaína a ese país a través de Centroamérica y el Caribe agudiza los complejos problemas de seguridad en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, donde se ubican corredores que utilizan los narcotraficantes”, enfatizó y agregó que  “la pasividad del Gobierno colombiano agrava la seguridad regional”. 
 

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