El país no cuenta con ninguna "cobertura útil" en vacunación, advierte informe de la Procuraduría General de la Nación
• Resultados del seguimiento y control efectuado por el Ministerio Público dan cuenta de las debilidades en aspectos como el manejo de la refrigeración de los biológicos y la medición de las coberturas.
La Procuraduría General de la Nación presentó recientemente al país los resultados más relevantes del seguimiento y el control preventivo al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y a la garantía del derecho a la salud materna, en el marco de los cuales advirtió que en este momento en el país no existe, según los estándares internacionales, ninguna cobertura útil en relación con los biológicos de antituberculosa, difteria, tos ferina, tétanos, polio y triple viral, que debería ser del 95% de la población objeto.
La procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda advirtió además que al analizar los indicadores desagregados por departamentos y municipios, se encuentran en muchos casos condiciones críticas de cobertura, inferiores incluso al 50%, en todas las regiones del país. “El Programa Ampliado de Inmunizaciones tiene muchos recursos, tiene una normativa, una trascendencia, pero no se están viendo los resultados en materia de cobertura; además se evidencia desarticulación entre las entidades del orden nacional y territorial”, señaló la funcionaria.
Durante la presentación del informe se refirió asimismo a las graves deficiencias evidenciadas en el manejo de la refrigeración de los biológicos, dado que no se ejerce una debida inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia de Salud, situación que en últimas afecta fundamentalmente a los niños.
Respecto de las metodologías que se han implementado para hacer medición, la procuradora delegada señaló que la proyección de población realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no corresponde con la población real, lo que ha generado un desfase en las variables con base en las cuales se definen las coberturas, y algunas entidades territoriales registran, por ejemplo, tasas superiores al 100%.
Indicó que por los ajustes en los modelos de medición es muy difícil realizar una comparación año a año, y citó puntualmente el caso de la capital boyacense, que registra una tasa mayor al 200%: “esto indicaría o que los niños de otros municipios llegan a vacunarse en Tunja, o que se están vacunando dos veces, o que hay un problema en el registro, y todo esto plantea que hoy el país no sabe cuál es la situación real de la vacunación infantil”, aseguró.
Preocupaciones en salud materna
Para este organismo de control son asimismo preocupantes los indicadores en materia de salud materna. Según información del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), en 2013 se registraron 100 casos de muertes maternas. Los departamentos con tendencia al ascenso o a la no progresión de la reducción de la mortalidad materna son Atlántico, Chocó, Cesar, La Guajira, Córdoba, Risaralda y San Andrés.
“Tenemos que pensar lo que significa para la sociedad y para el Estado la muerte de una madre gestante, si es además menor de edad, si además tiene otros hijos que quedan huérfanos, lo que significa para las familias esta situación. Consideramos que el tema de la salud materna debe analizarse no solamente desde los indicadores de madres gestantes fallecidas, sino desde las estrategias para prevenir nuevos casos, para hacer oportunamente los controles (…) Debe evaluarse dónde se les ha atendido, que tipo de servicios se les ha prestado, y ahí la Procuraduría ha advertido que ha faltado control y vigilancia”, puntualizó.
La procuradora delegada señaló que este problema de salud pública exige una gran articulación entre las entidades del sector salud, los organismos de control, las entidades territoriales y la sociedad civil. En este sentido se propuso la instalación de una mesa de seguimiento con presencia de las entidades públicas competentes, con el apoyo de Unicef, para se aborde el análisis y el diseño de estrategias frente a las debilidades evidenciadas.
Finalmente invitó a una reflexión nacional sobre los temas expuestos e instó a las autoridades responsables en materia de vacunación y de salud materna en el país a atender el compromiso ético y jurídico con la población objeto de tales políticas públicas.