En audiencia pública deberán responder ante la Procuraduría General de la Nación, seis exfuncionarios del departamento de Santander
-Al parecer, los sujetos disciplinables omitieron ejercer las acciones de repetición en contra de un exgobernador que desvinculó a funcionarios de la Contraloría generando múltiples condenas al Estado, por cuanto se ordenó su reintegro.
-Los exfuncionarios deberán concurrir a la Procuraduría Regional de Santander el próximo 1º. de julio de 2015, a partir de las 8:00 a. m.
Mediante procedimiento verbal, la Procuraduría General de la Nación investiga a seis funcionarios de la administración departamental de Santander para la época de los hechos. La diligencia se cumplirá en la sede de la Procuraduría en el mismo departamento el próximo primero de julio de 2015 a partir de las 8:00 de la mañana.
Los investigados son: Luis Fernando Cote Peña, Laura Cristina Gómez Ocampo, Ricardo Vega Jiménez, Ana Doris Chinchilla Pabón, Luis Ernesto García Vargas y Constantino Tami Jaimes.
De acuerdo con el auto de citación a audiencia los sujetos disciplinables, en su condición de miembros del Comité de Conciliación para la defensa del departamento, al parecer, omitieron ejercer las acciones de repetición en contra del exgobernador Miguel de Jesús Arenas Prada, tras demostrarse el daño ocasionado al Estado por modificar la planta de personal de la Contraloría.
Como consecuencia de esta extralimitación el departamento de Santander y la Contraloría tuvieron que asumir el pago de salarios y demás conceptos laborales dejados de percibir desde la desvinculación de los funcionarios hasta su reintegro.
Consideró el Ministerio Público que con su comportamiento los investigados podrían haber trasgredido la confianza depositada por la ciudadanía y por la administración departamental, afectando los principios de moralidad, transparencia y responsabilidad.
La Procuraduría Regional de Santander calificó provisionalmente la falta de los investigados como gravísima cometida a título de culpa gravísima, por afectar los intereses del departamento, toda vez que los dineros que se vienen pagando como resultado de las múltiples condenas que por estos hechos se originaron, pertenecen a las arcas de Santander.