Boletín 840
En decisión de primera instancia, Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a exsecretario de Movilidad de Bogotá
Fuente: PGN
Fecha Publicación:
Mediante fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años al señor Rafael Eduardo Rodríguez Zambrano, en su calidad de secretario distrital de Movilidad de Bogotá, por irregularidades derivadas de la suscripción del otrosí nro.04 de 2014 al contrato de concesión celebrado el año 2007 con el Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM).
Dentro de la misma decisión disciplinaria se destituyó e inhabilitó por 10 años a los señores William Quintero Duque y Alexander Rincón Endes, subdirector administrativo y asesor de la Secretaría Distrital de Movilidad, respectivamente.
El fallo proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal señala que en el marco del contrato suscrito con el SIM, el señor Rodríguez Zambrano suscribió, el pasado 3 de febrero, estudios de conveniencia y oportunidad en los que justificó agregar como obligaciones del concesionario adelantar los estudios y construcción de una bodega y la adecuación y ampliación de la existente y, como contraprestación, prorrogar el plazo de ejecución de la concesión por seis años más.
En consecuencia, el exsecretario de Movilidad celebró un otrosí el 10 de febrero de 2014 al contrato de concesión ya señalado en el que se pactaron dichas obligaciones así como la prórroga mencionada a pesar de que, conforme al contrato inicial, no estaba contemplada la posibilidad de construir nuevas obras y la mencionada ampliación de la bodega existente era un compromiso que ya tenía el concesionario.
Con respecto a los señores Quintero Duque y Rincón Endes, el Ministerio Público precisó que incurrieron en falta gravísima cometida a título de culpa gravísima al suscribir los estudios de conveniencia y oportunidad en los que se justificó la construcción de la bodega, la ampliación de las instalaciones existentes y la prórroga del contrato.
La Procuraduría comprobó que los disciplinables participaron en la actividad contractual con desconocimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva que rigen la contratación estatal.
Contra esta determinación disciplinaria procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria.