En decisión de primera instancia, Procuraduría sancionó a director administrativo y financiero (e) de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para el año 2012
Mediante fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación suspendió por un mes al señor Alberto Ángel Rodríguez, en su calidad de director administrativo y financiero (e) de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, por las irregularidades derivadas de la suscripción de un contrato de apoyo logístico para el desarrollo de una fiesta de fin de año para los empleados por valor de $25.000.000.
El Ministerio Público estableció que el entonces funcionario celebró un contrato de prestación de servicios con una caja de compensación familiar para que brindara un apoyo logístico para la integración de fin de año de los funcionarios de la unidad, prevista para diciembre de 2012, violando las normas de austeridad en el gasto público.
El fallo de primera instancia concluyó que el señor Ángel Rodríguez desconoció la limitaciones reglamentarias para contratar esa clase de servicios, teniendo en cuenta que contrató la realización el apoyo logístico para el mencionado evento pese a que la reglamentación vigente prohíbe expresamente la realización de este tipo de actividades con cargo a recursos del tesoro público.
En su defensa, el disciplinado manifestó que el objetivo perseguido con esta actividad era ayudar a solucionar los problemas de clima laboral en la entidad. No obstante, para la Procuraduría es claro que las estrategias y medidas para mejorar estos aspectos deber ser acordes al ordenamiento jurídico y no en contra de las normas que razonablemente prohíben ciertos gastos y restringen otros a efectos de no generar déficit fiscal.
Lo que reprocha el órgano de control es “(…) ir contra los intereses patrimoniales del Estado, a través de una compra innecesaria, sin justificación, pese a expresa prohibición legal, lo que lleva a concluir que se erogaron dineros oficiales a una destinación específica que por ley se hallaba prohibida, incrementando los gastos de la institución”.
Contra esta determinación disciplinaria de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria del órgano de control.