En decisión de segunda instancia Procuraduría dejó en firme sanción impuesta a exalcaldesa de Chinú (Córdoba)

• Para la Procuraduría General de la Nación la disciplinada abusó indebidamente de su cargo al expedir actos administrativos cuando estaba en licencia de maternidad.

• La falta fue calificada como grave a título de dolo.

En decisión de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión en el ejercicio de su cargo por el término de tres meses a la señora María Eugenia Ocampo Torres, en su calidad de alcaldesa del municipio de Chinú (Córdoba) para la época de los hechos, por abusar indebidamente de su cargo al expedir actos administrativos cuando estaba en licencia de maternidad.  

Durante la investigación, la Procuraduría pudo establecer que la señora Ocampo Torres encargó como alcaldesa a Karla Enith Ramos Salgado desde el 6 de diciembre de 2011 hasta el 31 del mismo mes. No obstante, el 7 de diciembre expidió el Decreto Nro. 177 “Por medio del cual se conceden medallas de mención de honor al mérito a los agentes de la Policía de nuestro municipio”. 

Posteriormente, suscribió el acta de fecha 20 de diciembre con Johana M. Rivero Jaramillo, en la que consta el resultado del Proceso de Verificación de Compromisos del Programa Familias en Acción. 

En este sentido, el ente de control precisó que la investigada abusó indebidamente de su cargo al expedir el acto administrativo y suscribir el acta de Familias en Acción, “(…) pues estos nacieron a la vida jurídica estando su autora separada temporalmente del cargo en virtud de la situación administrativa que justificó la expedición del decreto de encargo de su subalterna”. 

La falta fue calificada como grave a título de dolo porque era la propia señora Ocampo Torres la que empezaría a disfrutar de su licencia de maternidad, por lo tanto, sabía que en el goce del mismo quedaba separada temporalmente del cargo y no podía atribuirse funciones de alcaldesa ya que había confiado temporalmente el cargo a otra funcionaria de la administración municipal.  

La Procuraduría Regional de Sucre confirmó en segunda instancia decisión de la Provincial de Sincelejo.