Boletín 650
En fallo de primera instancia, Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años a concejal Nelson Castro Rodríguez
Fuente: PGN
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•La sanción se impuso por la indebida participación en política del exfuncionario cuando estaba vinculado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación, en decisión de primera instancia, destituyó e inhabilitó por trece años para el desempeño de cargos y funciones públicas al señor Nelson Castro Rodríguez en su condición de funcionario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para la época de los hechos, por indebida participación en política.
De acuerdo con la investigación, el señor Castro Rodríguez cuando era trabajador de la EAAB solicitó una licencia no remunerada que fue otorgada el 23 de julio de 2015 para presentarse como candidato al Concejo de Bogotá, y en dicha licencia, desarrolló actividades como negociador del Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos, Entidades Adscritas, Vinculadas e Independientes de Colombia (Sintraserpucol) en un proceso con empresa Distrital.
Según la Procuraduría, la condición de trabajador oficial y servidor público de Castro Rodríguez no desapareció con el otorgamiento de la licencia, por tratarse de una separación transitoria del ejercicio de la función pública, por lo cual no era posible presentarse como candidato al Concejo de Bogotá.
El ente de control recuerda que existe una prohibición general que imposibilita a los funcionarios públicos para participar activamente en las actividades electorales y partidistas, al punto que impide incluso la militancia activa en temas propios de las organizaciones partidistas y mucho menos adelantar campañas con el propósito de hacer parte de eventos electorales en calidad de candidatos, en tanto no se haya expedido la Ley Estatutaria que así lo autorice.
Además, de acuerdo con el fallo de primera instancia, el actual concejal de Bogotá, elegido en octubre de 2015, utilizó su condición como negociador de los intereses laborales de sus compañeros afiliados al sindicato, y con expectativas frente a la incorporación de 1.344 trabajadores de la planta transitoria a la planta definitiva de la entidad Distrital, para ambientar su campaña electoral.
Para la Procuraduría, con esta actuación el señor Castro Rodríguez, contravino los principios de imparcialidad, transparencia y moralidad pública porque al usar la calidad de servidor público y el escenario de la discusión colectiva mientras tenía la condición de candidato político y de negociador, “no se preservó la imagen proba y correcta de la administración pública respecto a la garantía de no interferencia que deben observar los servidores públicos en los procesos electorales”.
La falta fue calificada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa como gravísima a título de culpa gravísima.