En fallo de primera instancia, Procuraduría General de la Nación destituye e impone inhabilidad permanente a exdirectivos de Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar (Cesar)
Por prestar colaboración a la organización ilegal de autodefensas en el departamento de Cesar, la Procuraduría General de la Nación destituyó e impuso inhabilidad permanente a los señores Ángel Eléison Maya Daza, exgerente de la Empresa Social del Estado Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar; Érika Patricia Duque Vega, exjefe de la oficina asesora de Control Interno y Apoyo Jurídico; y Édison Eduardo Valle Martínez, profesional universitario del área de mantenimiento de la misma entidad hospitalaria.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa concluyó que los investigados incurrieron en incumplimiento de sus deberes y vulneración de los fines y principios de la administración pública, al haberse establecido que pusieron al servicio de ese grupo armado ilegal el aparato administrativo y financiero de la Empresa Social del Estado.
Concretamente, la falta en cuestión consistió en el apoyo que cada uno de los involucrados brindó a esa organización, de acuerdo con lo manifestado por los mismos comandantes y miembros de ese grupo ilegal en sus declaraciones, prestando su concurso para la creación de una fachada de contratación a través de la cual se legalizaron pagos a empresas creadas a través de testaferros de la organización armada al margen de la Ley.
De igual forma, el Ministerio Público estimó que los investigados incurrieron en incumplimiento de sus deberes al permitir el incremento injustificado del patrimonio de terceros, particularmente de las empresas Dismed Ltda. e Ingemedical, que venían a ser fachadas de las estructuras armadas ilegales que actuaban en el departamento del Cesar.
Las pruebas refieren que los involucrados, en acuerdo con los testaferros del comandante ‘Alejandro’ o ‘101’, diseñaron y ejecutaron procesos de contratación que permitieron hacer diversos pagos a las citadas empresas entre los años 2003 y 2008 sin el cumplimiento del objeto social contratado.
En el caso particular de Dismed Ltda., empresa de propiedad del comandante alias ‘101’, quien la conformó con la ayuda de Édison Eduardo Valle Martínez con el fin de que sirviera de fachada para contratar con el hospital, los registros dan cuenta de contratos con periodicidad casi mensual, sin objeto real, que sirvieron para legalizar pagos permanente a la organización al margen de la Ley entre 2003 y 2007.
El fallo de primera instancia, contra el cual procede recurso de apelación, señala que la cercanía del médico Maya Daza con los comandantes de las autodefensas y su colaboración con ellos fue permanente durante el tiempo que ocupó la dirección de la ESE, “al punto que hacía visitas constantes al corregimiento de La Meza, donde no solo se reunía con los comandantes del Bloque Norte, sino que, aún más lejos, portaba uniforme y armas del grupo llegando a adelantar actividades como prácticas de tiro, entre otras.”