En fallo de segunda instancia, Procuraduría General de la Nación sancionó a exservidores de la Gestora Urbana de Ibagué
La Procuraduría General de la Nación confirmó la decisión de declarar disciplinariamente responsables a los señores Diana Carolina Perea Cadavid y Antonio Guzmán Romero, en su condición de jefe de Vivienda y Proyectos Especiales y profesional universitario de la Oficina de Vivienda y Proyectos Especiales de la Gestora Urbana de Ibagué, respectivamente, para la época de los hechos, por irregularidades en la contratación.
Los hechos investigados se relacionan con la invitación 03 de 2008 para realizar estudios de consultoría con destino a la ampliación del estadio Manuel Murillo Toro del municipio de Ibagué, Tolima.
Para el Ministerio Público la irregularidad se concretó en el momento de hacer la evaluación y adjudicación de las propuestas por cuanto se incluyó como factor determinante de la escogencia del consultor el precio, con lo cual se infringió lo previsto en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007.
Al resolver el recurso de apelación, la Procuraduría Regional Tolima modificó la sanción de destitución e inhabilidad en el ejercicio del cargo por el término de diez años y fijó como sanción la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres meses, tras considerar que se incurrió en falta grave cometida a título de culpa grave.
Explicó que con su conducta los investigados incurrieron en una prohibición, concretamente la prevista en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que señala que en ningún caso se podrá incluir el precio como facto de escogencia para la selección de consultores, y no en desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal.
La sanción fue convertida en el equivalente al monto de los salarios percibidos para la fecha de la ocurrencia de la falta.