En fallo de segunda instancia, Procuraduría confirmó sanción a exfuncionarias municipales de Manaure (La Guajira)
• Las disciplinadas incurrieron en irregularidades al expedir y tramitar cuatro certificados de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal de los mismos, cuyos valores ascienden a la suma de $7.117.320.
La Procuraduría General de la Nación, en decisión de segunda instancia, confirmó la suspensión de su cargo por el término de cuatro meses a la señora Carolina Cecilia Paz Ramírez, en su condición de expersonera municipal de Manaure (La Guajira) para la época de los hechos, por liquidar y ordenar el pago por concepto de viáticos y gastos de viajes para la legalización de sus desplazamientos y comisiones a las ciudades de Riohacha, Valledupar, Buenos Aires (Argentina) y Barranquilla sin contar con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal previo.
Por los mismos hechos fue suspendida por el término de un mes la señora Myriam Rosa Gutiérrez Martínez, secretaria mecanógrafa del mismo despacho público para la época de los hechos, quien desempeñaba funciones de pagadora.
El ente de control estableció que los desplazamientos de la señora Paz Ramírez se realizaron en los meses de marzo, abril, agosto y noviembre de 2011 y, los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales fueron solicitados en el mes de diciembre de esa misma anualidad.
Las faltas de las disciplinadas fueron calificadas como graves, cometidas a título de culpa grave, al considerar que infringieron principios que rigen la función pública como la eficacia, imparcialidad y transparencia; y que con su comportamiento desconocieron el manejo de los recursos públicos, afectando el presupuesto de gasto de la vigencia fiscal 2011 del citado municipio.
Esta actuación se originó en el hallazgo relativo a “la omisión de la normatividad para la ordenación del gasto público” encontrado en la Personería de Manaure y remitido al Ministerio Público por la Contraloría General del departamento de La Guajira.
En el caso de la señora Myriam Rosa Gutiérrez Martínez el ente disciplinario precisó que en el evento que haya cesado en el desempeño de funciones públicas la sanción se convertirá en salarios equivalente a 30 días del monto devengado al momento de la comisión de la falta.
Finalmente precisó la Procuraduría que los servidores públicos están llamados a administrar con sigilo y prudencia los recursos asignados, que generalmente son limitados, lo cual implica trabajar en favor del interés colectivo y no del particular.
Esta decisión fue proferida en primera instancia por la Procuraduría Regional de La Guajira y confirmada en decisión de segunda instancia por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública.