Entre 2009 y 2016 Procuraduría General de la Nación desplegó acciones preventivas eficaces en favor de grupos étnicos, población LGBTI, población reclusa y refugiados
La defensa y promoción de los Derechos Humanos ha sido una de las banderas de la Procuraduría General de la Nación durante estos últimos 8 años de gestión institucional.
Sus acciones contemplaron el ejercicio de funciones constitucionales y legales tendientes a proteger y a asegurar la efectividad de los Derechos Humanos de diferentes grupos poblacionales que se enuncian a continuación.
Asuntos étnicos
Los esfuerzos en esta materia se concentraron en dos líneas específicas; el seguimiento a la implementación de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 para víctimas de grupos étnicos adoptados en el marco de la justicia transicional y el proyecto de fortalecimiento de las comisiones de justicia transicional para el seguimiento a la implementación de los señalados decretos Ley.
Frente al primer aspecto el Ministerio Público presentó diferentes informes al Congreso de la República sobre el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, en los que da cuenta del nivel de implementación de las medidas de atención, prevención y protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales de las víctimas pertenecientes a los grupos étnicos.
Con relación al proyecto de fortalecimiento de las comisiones de justicia transicional del Ministerio Público para el seguimiento a la implementación de los tres decretos ya mencionados, la Procuraduría, con el apoyo del PNUD, capacitó a más de 250 integrantes de las comisiones y subcomisiones de justicia transicional del Ministerio Público y los dotó de herramientas para realizar un seguimiento eficaz a las entidades del orden territorial que tienen a su cargo las medidas relacionadas con la satisfacción de los derechos a la verdad a la justicia, reparación y garantías de no repetición.
Población LGBTI
En aras de garantizar los derechos de esta población, la Procuraduría adelantó un conjunto de acciones que se concretan en tres aspectos claves.
El primero directamente relacionado con el seguimiento a la atención de las quejas, denuncias, reclamos y/o peticiones de esta población, el segundo asociado a la promoción y divulgación de los derechos de esta población mediante la participación en diferentes espacios de comunicación interinstitucional y ciudadana tales como la mesa interna de trabajo LGBTI y la mesa de Casos Urgentes y por último, la capacitación a servidores del Ministerio Público sobre identidades de género, sexuales u orientaciones sexuales, derechos y ruta de atención a esta población.
Política criminal y carcelaria
La defensa de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad fue otro de los ejes abordados en materia de Derechos Humanos. En ese sentido, durante los últimos ocho años de gestión se adelantaron acciones tendientes a: minimizar el impacto de vulneración de derechos por el alto grado de hacinamiento en los establecimientos de reclusión, prevenir el maltrato a la población reclusa y a hacer seguimiento a las defunciones de las personas privadas de la libertad, a la prestación del servicio de salud, al cumplimiento de los fallos de tutela que amparan a los internos y a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional.
Instancias internacionales
En el marco internacional, la Procuraduría hizo seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares, provisionales, peticiones y sentencias del Sistema Interamericano y de las recomendaciones de otros organismos e instancias del Sistema Universal de DDHH.
Se destacan además las acciones en favor de los derechos de los refugiados en nuestro país y las medidas cautelares solicitadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la crisis humanitaria que vivieron los colombianos deportados de forma colectiva por parte del gobierno venezolano dada la situación grave y eventualmente irreparable en la que se encontraban las víctimas de este hecho.