"Esta Procuraduría no ha sido un organismo de bolsillo de nadie, ni lo será frente al plebiscito": procurador Alejandro Ordóñez Maldonado en Pasto (Nariño)

 

“Se han presentado fuertes críticas por parte de algunos sectores para que se excluyan del poder disciplinario a algunos servidores públicos, específicamente a los de elección popular,  y para que en últimas se aminoren las competencias que constitucionalmente le fueron atribuidas a la entidad, contrario a ello, otros sectores académicos y la Procuraduría consideramos que el control disciplinario debe permanecer porque este es un instrumento efectivo para combatir la lucha contra la corrupción y erradicar conductas de ineficiencia administrativa”, afirmó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, durante la instalación de capacitación denominada Inducción y Reinducción, dirigida a los personeros municipales de los departamentos de Nariño y Putumayo, esta mañana en la ciudad de San Juan de Pasto.

 

Agregó que “los casos de corrupción y de ineficiencia administrativa que tanto daño le causan al país no van a desaparecer por la vigencia del nuevo Código, pues la causa de estos dos males se debe a la carencia de los principios y virtudes que debe tener cualquier persona que aspire a ocupar un cargo público o a ejercer una función pública”.

 

En el año 2014, la Procuraduría creó una comisión integrada por distintas entidades públicas y privadas, con el objetivo de elaborar el proyecto normativo y reformar así el poder disciplinario del Estado en Colombia, hoy en día el nuevo Código General Disciplinario.

 

El procurador Ordóñez Maldonado, a propósito de los beneficios del nuevo Código, aseveró que “este cumple con unos estándares mínimos, cuyo propósito es el de mejorar y clarificar muchos conceptos elaborados en los anteriores códigos y propender de mejor forma por las garantías y los derechos fundamentales de aquellos que deben ser investigados”.

 

Finalmente, el procurador general de la Nación resaltó un aspecto positivo adicional de la nueva normatividad disciplinaria, “la adopción de la segunda instancia para los servidores públicos aforados, lo cual muestra la coherencia como los mínimos exigidos a nivel internacional y reafirma la competencia que tiene la Procuraduría para investigar a los servidores públicos de elección popular”.

 

 

 

“Mi papel no es el de polemizar con los dirigentes de las campañas del sí o del no, mi tarea es clara en la Constitución, me corresponde vigilar la conducta de los servidores públicos en todos los casos, con elecciones o sin ellas, con plebiscito o sin plebiscito, con acuerdo con las FARC o sin acuerdo”, aseguró el doctor Ordóñez Maldonado.

 

“Me corresponde también defender los derechos humanos, entre ellos, el derecho al voto, en este caso, conforme a lo indicado por la Corte Constitucional, estoy obligado a velar por que ese voto sea resultado de una decisión ‘consciente e informada’”, agregó el jefe del Ministerio Público. “Para que el voto sea libre no puede ser objeto de campañas de confusión y de propaganda engañosa por parte de servidores públicos o del gobierno”, precisó.

 

La Procuraduría hará cumplir el ordenamiento jurídico y la sentencia de la Corte Constitucional de forma estricta, “¿que no guste que ejerzamos nuestra función? ¡No estamos para gustarle a nadie!; sería muy grave que los controlados se sintieran cómodos con el órgano de control. Esta Procuraduría no ha sido un organismo de bolsillo de nadie, ni lo será frente al plebiscito”, ratificó el procurador.

 

De igual forma, sobre el mecanismo de consulta, señaló que “el plebiscito servirá para la paz si es legítimo y la legitimidad se deriva no solo de una mayoría en las urnas, sino del respeto a las reglas”, adicionando que el “resultado en un plebiscito tramposo no será legítimo, indistintamente que favorezca al sí o al no”.

 

Al terminar su intervención, el procurador le aclaró a todos los asistentes que “los servidores públicos pueden expresar si están de acuerdo con el sí o con el no, pero hay limitaciones” sobre estas, “en materia de bienes de uso público, salvo aquellos que se ofrecen en igualdad de condiciones; no pueden presionar a los contratistas; no pueden amenazar la estabilidad laboral; tienen la obligación de hacer pedagogía y explicar el acuerdo, pero que esto no se confunda con la campaña por cualquier opción”.

 

La capacitación de los personeros municipales, organizada por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, se extenderá hasta el día de mañana en el auditorio de la Cámara de Comercio de Pasto.