Boletín 096

Exsecretario de Gobierno de Santa Bárbara (Antioquia) es citado a audiencia pública por la Procuraduría General de la Nación

Fuente: PGN
Fecha Publicación:

La Procuraduría General de la Nación informa que, culminado el proceso verbal adelantado en contra de William Antonio Quintana Upegui, en su condición de secretario de Gobierno del municipio de Santa Bárbara (Antioquia) 2008-2011, no  lo encontró responsable de los cargos imputados.  

 

• Mediante proceso verbal, el Ente de Control investiga las presuntas irregularidades en que pudo incurrir el funcionario al actuar como interventor en representación del municipio, afectando los derechos de la comunidad y el patrimonio público.

Mediante proceso verbal, la Procuraduría investiga a William Antonio Quintana Upegui, en su calidad de exsecretario de Gobierno de Santa Bárbara (Antioquia), por la posible omisión de la vigilancia y control necesarios para el efectivo cumplimiento de un contrato entre un particular y el municipio mencionado, para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la suscripción del convenio entre la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) y el municipio con el objeto de legalizar cerca de 800 predios ubicados en el área urbana.

La diligencia disciplinaria se llevará a cabo el 10 de febrero de 2012 a partir de las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Fredonia (Antioquia), ubicada en el Edificio del Café, segundo piso.

La Procuraduría Provincial de Fredonia busca determinar si se configuró el incumplimiento de las funciones y deberes del señor Quintana Upegui al actuar como interventor del contrato entre el municipio de Santa Bárbara y un particular, por valor de $ 400.030.000, en desarrollo del cual se contrató a varias personas sin el cumplimiento de los requisitos legales, lo que generó la falta de pago a siete contratistas por el trabajo realizado durante tres meses y medio.

Considera el Órgano de Control que el implicado tenía la obligación de adelantar oportunamente las gestiones tendientes a garantizar el correcto desarrollo del contrato e impedir la comisión de irregularidades, el detrimento patrimonial y la afectación de los derechos de la comunidad y el patrimonio público.

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta cometida por el exfuncionario como gravísima a título de dolo.

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